Testimonio

 

Gilberto Álvarez Uribe

Director General de Salud Pública

 

Nuestro Personaje es el Dr. Gilberto Álvarez Uribe, Director General de Seguridad Social, del Ministerio de la Protección Social.

El Dr. Álvarez es médico de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en gerencia hospitalaria del CES-Eafit, laboratorista clínico de La UPB y especialista en salud pública con énfasis en enfermedades tropicales de la Universidad de Brasilia.

Ha sido Jefe de programas de salud pública de la Secretaría de Salud de Antioquia, Director de la Unidad Administrativa de Campañas Directas del Ministerio de Salud, Gerente de la Clínica Leon XIII, en Medellín,  Gerente de EPS del Seguro Social en Antioquia y Asesor del Viceministro de Salud.

El Dr. Gilberto Álvarez Uribe se destacó en el proceso de descentralización y entrega a los departamentos de los programas de enfermedades transmitidas por vectores, y hace un par de años hizo historia en el país su renuncia como asesor del Ministerio de la Protección Social en la negociación del TLC, en el campo de medicamentos. Como Director General de Salud Pública, dirige y coordina la implementación del Plan Nacional de Salud Pública, punto de vanguardia del Sistema desde el año pasado. Por ello es nuestro invitado en Salud Colombia.


 

22 de Mayo de 2008


Gilberto Álvarez Uribe

Director General de Salud Pública del Ministerio de la Protección Social

 

S.C.-  Doctor Álvarez. El país está en un proceso nuevo a raíz de la Ley 1122, y con la reciente formulación del Plan Nacional de Salud Pública. Nos interesa saber cómo avanza este proceso y si realmente resuelve el grave problema que se creo desde la Ley 10 de 1990 con la descentralización del manejo de la Salud Pública. ¿Cómo se desarrolla y cómo se están solucionando los problemas de articulación entre los distintos niveles del Estado y entre la necesidad de un manejo técnico de la salud pública y la autonomía territorial para que los programas y acciones de protección de la salud y prevención de la enfermedad realmente puedan operar en el país y se rompa la inercia de una veintena de años en que se afectó seriamente esta gestión, con los consecuentes resultados?.

 

G.A.U.-   Me gusta la pregunta, enmarcada en los procesos que el país ha venido teniendo;  lo primero,  en la descentralización Político-Administrativa, que es un proceso de Ley 10, que arranca en el año 90; un proceso que a mi manera de ver no está todavía concluso, un proceso supremamente importante para el país pero que tiene todavía elementos no bien desarrollados.

 

El segundo proceso que influye es la Constitución del 91 que retoma el tema de salud  a una profundidad tal que lo establece como una condición de derecho ciudadano y da unos lineamientos para que el sistema de salud Colombiano cumpla, por lo que en el 93 hacemos una gran reforma de salud que esta enmarcada en el Sistema de Seguridad Social en Salud, la Ley 100. Entonces hay una serie de transformaciones complejas, a mi manera de ver, que están sobre-montadas y que nos obligan a repensar el desarrollo de la actividad territorial, el papel del departamento y el papel del Ministerio de la Protección Social como entidad nacional en un nuevo contexto. Si se observa el ejercicio que se desarrolla con la Ley 100 durante los últimos 14 años, se puede ver la gran influencia y proliferación de acciones para fortalecer a los nuevos actores del sistema, para fortalecer los aseguradores, para fortalecer los prestadores, para fortalecer la misma capacidad empresarial de los prestadores tanto públicos como privadas, pero no se ve un esfuerzo de igual tamaño e igual empuje para fortalecer las acciones de Salud Pública, ello a pesar que se contemplan las acciones en el Plan de Atención Básica, que son unos lineamientos mas operativos que cualquier otra cosa,  donde se tiene una lista de tareas, una lista de actividades, una lista de intervenciones y se aplican unos recursos que son importantes. De todas maneras hay un avance, pero, por otro lado se ve una  desaceleración en la vigilancia epidemiológica, se ve una desaceleración en los sistemas de información, se ve desaceleración también en la capacidad de análisis. Todo eso conlleva a que finalmente el Sistema y todos los actores del reconozcan que es necesario volver a plantear el tema de la Salud Pública como el pilar fundamental del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

 

La Ley 1122 lo que hace, a mi manera de ver, es que reconstruye o corrige algunas fracturas del Sistema. Unas fracturas en el flujo de recursos,  en la afiliación, pero en especial dos muy importantes: en Salud Pública y en la necesidad de crear el Sistema de Inspección Vigilancia y Control en cabeza de la Superintendencia; para mi son esos dos los grandes aportes de esa reforma de la ley, que permiten volver a repensar la Salud Pública desde otra perspectiva: El proceso político de descentralización administrativa debe estar y está fundamentado en que el alcalde y su secretario de salud sean los rectores de la política de salud en su municipio; eso lo dice la Ley 10, eso lo dice la descentralización, lo que pasa es que nosotros fuimos permitiendo en el Sistema que el alcalde y su secretario de salud se convirtieran en unos "contratadores", que reestructuraron las alcaldías, reestructuraron las secretarias, las llevaron a su mínima expresión y se llenaran de una cantidad de contratistas sin compromiso, que no dejaron memoria institucional, no consolidaron los perfiles epidemiológicos, no dejaron planes concretos de hacia dónde debe ir la salud de cada uno de los municipios, y obviamente nos llenamos de un activismo que no es coherente con el ejercicio de la Salud Pública.

 

¿Que es lo que se retoma entonces a nivel de la expedición del Decreto 3039 del 10 de Agosto del 2007 que establece el Plan Nacional de Salud Pública? Primero, se hizo un ejercicio colectivo -y esto sí es muy importante porque hacía mucho rato no volvíamos a centrar la discusión en la salud y en la Salud Pública-. Volvimos a centrar la discusión de hacia donde quiere ir el Sistema, porque si el Sistema quiere elevar y su fin primordial es elevar el nivel de salud de la gente, pues el sistema tiene que preguntarse a donde está el nivel de salud de la gente, no solamente donde están los recursos, o cuantas entidades tiene acreditadas, o cuantas personas tiene aseguradas, sino cuál es el nivel de salud de los colombianos, para poder saber si realmente nosotros estamos siendo exitosos con el ejercicio del sistema.  Lo que hace el plan es volver a situar primero una línea de base del perfil de salud de los colombianos, tomando como fundamento las encuestas de salud publicadas, los estudios publicados, y a su vez propone un gran ejercicio en la formulación, que fue acompañado por las universidades por las facultades de Salud Pública, por los prestadores, por los aseguradores por los gremios, por los profesionales, y termina siendo la formulación de éste decreto, que nosotros lo hemos definido como una muy buena línea, una muy buena política que se convierte en la sombrilla del sistema, y a su vez invita a que el aseguramiento contribuya como herramienta, como metodología para garantizar derechos y acceso a los servicios; pero esto no es suficiente; invita también a que la calidad (el sistema de garantía de la calidad) permita seguridad en la atención del paciente, pero eso tampoco es suficiente; invita a que la cobertura en Riesgos Profesionales en emergencias y desastres y en otros tópicos del sistema hagan su papel, pero esto no es suficiente; Si todos en conjunto, en el ejercicio del Sistema no nos proponemos unas metas, a donde vamos,  a donde queremos llevar… la mortalidad materna, a donde queremos llevar la mortalidad infantil, a donde queremos llevar las enfermedades evitables, a donde queremos llevar la enfermedad ocupacional, a donde queremos llevar la mortalidad ocupacional; si en su conjunto esto no se puede concretar en un plan, nunca vamos a saber para donde vamos, como en aquellas colmenas donde revolotean muchas abejas pero nunca hay miel.

 

S.C.– Uno de los problemas graves con la implementación de la Ley 100 fue que el sistema de información que iba de los hospitales a los territorios y ascendía de los territorios al Ministerio se suprimió. Ahora asciende por vía EPSs y ARSs  hacia Superintendencia y Ministerio y los departamentos y los municipios se quedaron sin información alguna, ni de las actividades de salud que se realizaban en su territorio, ni de la morbilidad de su territorio. En el debate sobre la Ley 715, se planteó este grave problema y nuevamente quedó sentado en la Ley que los territorios, departamentos y municipios tienen la competencia sobre el sistema de información en salud, porque sin este  nunca van a poder desarrollar una mínima planeación en salud.  Eso significaba que en alguna forma en el país todas las IPSs, además de entregar informes parciales a sus EPSs o ARSs,  debían entregar el consolidado de servicios y morbilidad al territorio para que este pueda tener información. Sin embargo, a pesar de expedida la Ley 715 hace ya siete años, el Ministerio nunca reglamentó el hecho de que los departamentos y los municipios pudieran recuperar la información en salud. ¿Cuales son las posibilidades reales o que está haciendo el Plan para que realmente recuperen el manejo de la información, porque  como usted sabe, sin información es imposible plantear ni planeación, ni dirección, ni control.

 

G.A.U.- Esa pregunta es fundamental, porque ese es como el corazón que alimenta el Sistema, el que nosotros definimos en el Plan como vigilancia en salud pública. Pero vigilancia que va un poco más allá del concepto tradicional, porque lo estamos enmarcando dentro de la vigilancia epidemiológica, vigilancia en los riesgos del consumo,  vigilancia en el entorno laboral, y la inspección vigilancia y control, que tiene otra connotación. A todas esas vigilancias nosotros las definimos en el plan como vigilancia en Salud Pública y cada una de ellas tiene un componente para ser desarrollado. El primero, dado que reconocemos esa falta de articulación entre los prestadores y las secretarías, entonces, el primer mensaje que se ha estado impulsando a través de los secretarios de salud  y con las entidades prestadoras, tanto aseguradoras (como) públicas y privadas, es que toda esta información se tiene que consolidar al nivel del municipio. Hay que volver a recuperar esa capacidad de análisis que tiene que tener el municipio. Es la primera unidad de análisis para poder enfrentar los problemas y para poder planificar, porque si no, no podemos planificar, no sabemos para donde vamos, de que se muere y de que se enferma la gente de ese municipio. Es esencial, entonces, esa es primera articulación.

 

La segunda es la capacidad que tiene que  tener también el departamento para hacer este mismo ejercicio de planificación a nivel de su departamento y obviamente la Nación; entonces nosotros centramos como pilares fundamentales en la vigilancia epidemiológica al Instituto Nacional de Salud que es la fuente final (digámoslo) de información, para pasar después a una unidad de análisis nacional; la vigilancia en riesgos del consumo en cabeza del INVIMA y la vigilancia en riesgos profesionales en  el Ministerio de Protección  Social, que ha definido unos lineamientos, una base de datos para esto y la inspección, vigilancia y control en cabeza de la Superintendencia  Nacional de Salud.  Esos componentes es muy importantes desarrollarlos y fortalecerlos, al punto que nosotros estamos buscando elaborar un proyecto macro para lograr la cooperación y recursos internacionales que nos permitan en los siguientes 4 años hacer una gran inversión en fortalecer el sistema de vigilancia y el sistema de información, una cosa parecida a la que ya se hizo en Sistemas Municipales de Salud o la que se hizo con el Programa de Mejoramiento para fortalecer hospitales.  Ahora nosotros necesitamos hacer una inversión grande para fortalecer el Sistema de Vigilancia en Salud Pública.

 

 

S.C.-  En esa misma línea la segunda pregunta: analizado el problema de gobernabilidad en salud, aparte del problema de información que ya mencionamos y que el doctor Álvarez está mostrando la solución, se encuentra el problema de la competencia técnica de los territorios: no se puede desconocer que 700 municipios del país son rurales y la capacidad técnica que tienen para manejar programas de salud pública se acerca a cero, porque muchas veces sus secretarios sociales o de salud, cuando los tienen, cuentan con un nivel educativo apenas de bachillerato. En el viejo Sistema Nacional de Salud existían unidades regionales de salud donde había un salubrista, una enfermera experta en programas materno – infantiles y de promoción y un tecnólogo de saneamiento, que asesoraban o llevaban el control de salud pública y la planificación de un grupo de municipios de la provincia o de la región, en cada una de las 100 regionales que tenía el país. En alguna forma la descentralización no previó el mecanismo para darle a estos pequeños municipios, sin capacidad técnica, la asistencia técnica necesaria en la planeación de sus actividades, porque no es un problema de que no puedan ejecutar las actividades los municipios, el problema consiste en que les llegan los recursos y los pueden ejecutar, pero no tienen la capacidad técnica. Como el doctor bien señaló, acaban contratando asesores, por cierto, bastante regulares, que andan vendiendo el mismo libro -cambiándo la portada- a cada municipio como plan de salud.  ¿Cómo se ha planteado, es la pregunta, que los departamentos creen unidades asesoras o asesoren efectivamente a los municipios en su gestión y planeación? No que les quiten la ejecución, porque se han dado insistentes llamados a recoger la descentralización, porque no ha funcionado. El problema de la descentralización es garantizar asistencia técnica a quien tiene que ejecutar, en lugar de abandonar a los pequeños municipios para que hagan lo que buenamente pueda.

 

G.A.U.-   Nosotros, para ser claros, pensamos que es un gran avance el proceso de descentralización, la elección popular de alcaldes y de gobernadores. La democratización de la participación en la planeación local es un gran avance que tiene el país y lo que necesitamos es estructurar mecanismos que nos permitan profundizar los beneficios para estas comunidades. Esa diferencia, digámoslo así, en capacidad de planificación hay que irla cerrando en el tiempo, está bien identificada. Nosotros elaboramos una guía para la construcción de los planes territoriales, que la compartimos con todas las entidades, más para dar elementos y poder facilitar ese proceso; contratamos en las regiones del país -Costa Atlántica, Costa Pacífica-, contratamos de la misma región tres expertos con el perfil requerido para acompañar, no solamente a los departamentos sino también a los municipios. Ese grupo de 16 personas las contrató directamente el Ministerio para hacer ese acompañamiento y, fuera de eso, estamos fortaleciendo el equipo del nivel nacional. La Dirección de Salud Pública, hoy ya tiene un grupo aproximadamente de 12 epidemiólogos y salubristas; volvemos a retomar una capacidad de direccionamiento para poder acompañar a las entidades territoriales, pero sabemos fundamentalmente que hay un vacío en la capacidad de planificación,  de evaluación y de seguimiento en las entidades territoriales. Entonces, en ese sentido, hemos formulado una conversación permanente con las universidades, con las facultades de Salud Pública; ya llevamos dos eventos, en los cuales estamos invitando a que las universidades nos ayuden en la evaluación, seguimiento y capacitación de los municipios para desarrollar esa capacidad, digámoslo, municipal en planeación.

 

Quiero agregar que este proceso de formular planes locales es un proceso más complejo que lo que teníamos anteriormente, pero que lo consideramos más conducente y que puede consolidar el mismo proceso de descentralización. Yo no puedo ser elegido popularmente como alcalde para ser el rector de la salud, para ser el rector del sector social, educación y salud, sin una capacidad planificadora. Pero somos conscientes de que hay aproximadamente 700 municipios pequeños a los que hay que seguir acompañando, y diseñar muchas estrategias a través de asesores nacionales, a través de asesores regionales, a través de las universidades y porqué no, retomar también  las estrategias de grupos departamentales de acompañamiento en todo el desarrollo de la Salud Pública.

 

S.C.- ¿Cómo son los procesos de articulación nación-departamento-territorio, cómo se maneja en el Plan, porque no queda claro en el decreto?

 

G.A.U.- En la parte de la formulación hay un lineamiento de política general que está enmarcado en el Decreto 3039 o sea, el papel del Ministerio -como órgano de dirección, rector de la política-, es establecer esos lineamientos con objetivos, con metas, con indicadores que son de orden nacional. ¿Cómo se articula o se desarrolla esta política?. Se desarrolla en la formulación de los planes departamentales. El departamento tiene unos recursos que van por el Sistema General de Participaciones, recursos directos de salud pública…. Pero uno se podría preguntar ¿Y cuál es la población del departamento o a quien se obligan los programas de salud pública del departamento? Entonces, ahí es muy importante la obligación que tienen de hacer acompañamiento y de hacer también complementariedad con los municipios sobre todo categoría 4, 5 y 6. O sea, hay una norma específica, hay un lineamiento específico en el plan donde se le dice al departamento que debe complementar, acompañar, supervisar y guiar el desarrollo de los planes a nivel de los municipios categoría A 4,5 y 6, donde tenemos el mayor nivel de inequidad, donde tenemos los peores indicadores de salud pública. Esa es la responsabilidad de los departamentos, y la de los municipios, a su vez, aplicar los recursos que le llegan por participaciones y por la nación y articularlos para el cumplimiento de sus funciones, o sea que, hay una columna vertebral que sigue todo el desarrollo del plan y que es lo que nosotros tenemos que poner a funcionar adecuadamente. Esta nueva cultura significa ya no hacer más la guerra de los afiches, es decir que cada entidad publique y gaste todos sus recursos haciendo afiches, sino que más bien se concentre en verdaderos problemas de salud pública, como el problema de la desnutrición infantil, como el problema de las coberturas de vacunación, como el problema de salud sexual y reproductiva; cuatro o cinco problemas básicos que son muy fáciles de identificar en cada uno de los municipios y donde se concentren todas las acciones para ver cómo mejoramos el nivel de salud, pero dejemos de utilizar recursos para hacer contrataciones inocuas o para hacer publicaciones inocuas que no mejoran el nivel de salud de la gente.

 

S.C.-   La tercera pregunta tiene que ver con los riesgos externos laborales. Una preocupación muy grande que hemos venido trabajando con la Universidad Nacional ese refiere al problema de riesgos derivados de la actividad económica y los vacíos que tiene la legislación colombiana en ese sentido; para  poner varios ejemplos, uno de los riesgos de salud más grandes que hay en Colombia en este momento son los mensajeros y repartidores en motocicleta, que tienen una  accidentalidad violenta, que son contratados a destajo, por mensaje, por pizza entregada. Estos muchachos jóvenes se mueren trabajando sin que nadie asuma nada, pues no están cubiertos por el Sistema de tienen riesgos profesionales. Igualmente los trabajadores de la construcción se encuentran en un problema similar, pues todos son contratistas del contratista y ninguno está en la nómina con seguridad social.  Se accidentan y el sector salud acaba asumiendo los costos, y más si todos los afilian al Régimen Subsidiado y evaden el Contributivo, los costos recaen sobre el sector salud, también los costos sociales que significan en términos de incapacidad y de muerte. Hay riesgos de salud pública muy grandes que están fuera de control y no hay en el país, en alguna forma, una legislación como la que se observa en otros países en el sentido de que la actividad económica que genera ese riesgo tenga que tener,  por lo menos, seguros de responsabilidad civil, asuma la competencia y por tanto la responsabilidad en controlar esos riesgos.. En los países desarrollados quién genera el riesgo tiene que responder siempre por ese riesgo. Por ejemplo, un transportador debe tener una póliza contra cualquier daño que le pueda suceder a cualquier transportado, o a un tercero que atropelle. Por esta razón se cuidan mucho de la accidentalidad y manejan con seriedad los planes de prevención, porque si no lo hacen, el costo de las pólizas los saca del mercado. Se alinean de esta forma los intereses económicos con los intereses de proteger la salud. En Colombia no asumen ninguna responsabilidad as actividades económicas frente a los riesgos que generan. ¿Cómo se ha pensado, realmente, parar estos riesgos de salud pública sin un cambio de enfoque.   Es importante recordar que cuando se hizo el intento hace  4 o 5 años de reformar la ley de Salud Pública, la ANDI frenó el proceso porque no le  convenía asumir los riesgos en alguna manera. Cual es la perspectiva en el plan de Salud Pública

 

G.A.U.- En el campo de la cobertura en riesgos laborales digamos, a la que accede todavía un grupo pequeño de colombianos, porque el empleo formal en Colombia es de lejos rebasado por el empleo informal o por el sub – empleo. Entonces, a pesar de que los colombianos que están en el empleo formal, en el empleo pleno, con todas las garantías de derecho, están accediendo a una serie de programas de promoción, de prevención de salud ocupacional, no hay una buena cobertura. Lo que preocupa mucho desde el punto de vista de salud pública es el empleo informal, es el empleo, digámoslo el trabajador de la calle que no tiene ningún tipo de seguridad social. Por eso lo que se ha propuesto desde el plan de salud pública es que los recursos que tiene la subcuenta de promoción y prevención en riesgos profesionales (que es diferente a la subcuenta de promoción y prevención del FOSYGA),  se dedique completamente a trabajar acciones de promoción y prevención dirigidas a esa población, que es la que está más descubierta y mientras en Colombia, por ejemplo, haya seis millones de personas en riesgos profesionales, podemos estar hablando de once millones de personas en el empleo informal, que es una proporción muy alta y de mucho problema. ¿Qué tiene de bueno el plan de salud pública?... Que no dejó ese tema por fuera, sino que lo incluyó como uno de los pilares e invita a que las aseguradoras contribuyan con esos recursos, más los recursos que direcciona directamente el Sistema, para atender tanto a los trabajadores del empleo formal como a los trabajadores informales.

 

 

S.C.- Coincidiendo con lo que acaba de señalar, ¿Cree usted que los 15.000 pesos aproximados que recibe por afiliado al régimen contributivo cada E.P.S. del país, para promoción de la salud y prevención de la enfermedad, se están usando eficientemente y están dando resultados?

 

G.A.U.- Esa es una pregunta muy importante y es un cuestionamiento que todos nos hacemos en el Sistema, y son recursos muy importantes. Estamos hablando de aproximadamente quince millones de colombianos en el régimen contributivo y estamos hablando de otros casi diez y seis millones en el régimen subsidiado, donde inmersos en la U.P.C. hay recursos para promoción y prevención. Con la formulación del Plan de Salud Pública hemos llamado a las E.P.S.s para la formulación de los planes territoriales y municipales y las E.P.S.s han estado también en la tarea de formular a su interior su propio plan de trabajo en promoción y prevención, ya no con la visión de un listadito de citologías o de acciones sino, pensando como contribuir a mejorar el nivel de salud de los asegurados. Nosotros acabamos de expedir un lineamiento para las E.P.S.s  en el cual ellas se proponen, al igual que cualquier entidad territorial a realizar el perfil epidemiológico de sus afiliados, conocer de qué se les enferman y de qué se les mueren y empezar a invertir para disminuir la carga de enfermedad que tienen sus propios afiliados, que a la postre es lo que va a permitir a futuro, no solamente hacer viable un sistema de aseguramiento, sino también contribuir a mejorar el nivel de salud de la gente. Nosotros vemos un efecto positivo también ahí y ahí hay muchos recursos. Pero hablemos de los recursos de S.G.P. que se están girando directamente a los municipios; estamos hablando más o menos 190 mil millones de pesos al año; hablemos de los recursos de salud pública que recibe el Ministerio, estamos hablando de 160 mil millones de pesos al año, entonces no son pocos los recursos, la obligación es muy grande y creo que aquí no podemos continuar sin evaluar. Por ello el Plan está invitando a que se establezcan metas e indicadores y que año a año hagamos la evaluación. Nos propusimos cuatro años, pero vamos a hacer una evaluación anual y en cuatro años debemos estar formulando una nueva versión del Plan muy mejorada, muy corregida, muy adecuada,  porque el país no puede seguir haciendo una inversión tan grande, con tantos recursos, con tantas obligaciones, sin hacer evaluaciones año a año de qué esta mejorando.

 

S.C.- Hablemos de salud mental, por último.

 

G.A.U.- La salud mental es uno de los aspectos -digámoslo así-,  que La Ley 100 dejó de lado, en una forma importante, a pesar de que en el POS están incluidas la atención de urgencias, algunas terapias, algunos medicamentos, hay un reconocimiento nacional y expreso en la Ley 1122 de que se debe trabajar nuevamente este tema a profundidad para corregir algunas inequidades que hay en el tema de la salud mental.  El Ministerio expidió recientemente una política nacional de salud mental y expidió también un modelo de inclusión social para trabajar uno de los aspectos de salud mental que preocupa mucho, que es el consumo de sustancias psicoactivas; en el ámbito laboral también diseñó toda una estrategia de trabajo para la promoción, prevención y rehabilitación de los trabajadores que sean incluidos en problemas de drogadicción. En salud mental hay un hecho muy importante y es que este año estamos contratando el estudio La Evaluación de la U.P.C. para determinar qué pesa, cuanto pesa lo que hay en salud mental hoy; que es lo que no está que debería estar, cuanto pesa esto y cuanto valdría; cuales son los medicamentos que hoy no están en el P.O.S., que deberían estar para tratar correctamente los pacientes y cual sería el sistema más optimo de atención en salud, que hoy están en cabeza de cinco hospitales mentales departamentales que no están en las mejores condiciones. Igualmente la contratación de la Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas que se está realizando éste año para poder orientar la política de prevención del consumo de drogas a través de esa gran encuesta.

 

Usted no me ha preguntado sobre el tema de salud oral y yo le voy a regalar ese concepto porque es muy importante.  Vamos a contratar la Encuesta Nacional de Salud Oral que no se hace desde el año 98, para volver a conocer cual es el estatus de los colombianos en el tema de salud oral, pues si bien están incluidos en el P.O.S. algunas acciones de promoción y de prevención, se necesita evaluar si realmente Colombia comparado el 98 y hoy, ha evolucionado, ha mejorado  el tema de la salud oral,; para eso el ministerio está contratando un grupo de expertos y esperamos tener ese estudio a mediados del 2009, que nos permita, también, trazar unas políticas incluyentes y de mejoramiento en el tema de salud oral.


 


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