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Editado en Bogotá D.C.

 

La violencia del Estado contra los ciudadanos humildes

La violencia surge día tras dia en las noticias, como fenómeno constante, y sobre ella los expertos comentan y pontifican sin descanso. Pareciera que todo está dicho al respecto y quizás hasta estemos hastiados del tema. Sin embargo existen aristas de la violencia que, por el contrario, se niegan y ocultan en nuestra sociedad. 

Es una violencia que no utiliza ametralladoras ni fusiles, que no requiere bombas ni balas, que ni siquiera acude a las armas blancas o a las agresiones a mano limpia. Bueno, a veces se apoya en la policíaa. Sus ejercitos son empresas del Estado o empresas privadas que ejercen la violencia en nombre de éste, sus soldados funcionarios y empleados, sus armas los papeles y sus balas la supresión de derechos a los ciudadanos. Su discurso no es la defensa del Estado (y de quienes se benefician de ese Estado), sino la defensa del mercado como institución (casi podemos decir religión) y del capital como regidor absoluto del orden social..

No parece tan grave esta violencia de papel, de no observar con cuidado sus consecuencias para los ciudadanos, especialmente aquellos más pobres, poco favorecidos como dirían las señoras de sociedad, excluídos como dirían los intelectuales, pero realmente violentados por la sociedad y el Estado, como se puede señalar con el siguiente ejemplo.

A un importante porcentaje de familias pobres en nuestras ciudades les "cortan" el agua, por retardo o falta en el pago del consabido recibo. Este hecho significa que decenas de miles de personas no disponen en su domicilio de agua potable o al menos corriente en cualquier periodo que se evalúe. ¿Acaso el agua no es indispensable para la vida?. ¿Acaso los seres humanos pueden vivir sin agua? ¿Acaso el agua no es un recurso natural al que los hombres y hasta los animales debieran tener derecho inalienable? ¿Cuando se le puso precio? ¿En que hora se privatizó el agua y se condicionó su disponibilidad a un pago? ¿Paga o muere sin agua, es el dilema?

Por supuesto sabemos, y sabe la sociedad y el Estado, que cuando les cortan el agua estas familias no mueren de sed, porque los pobres están acostumbrados a lidiar con esta violencia permanente contra ellos. Se defienden con utensilios, se defienden robandola de otra tubería, se defienden gracias a la enorme solidaridad que se da en los barrios más humildes. Precisamente porque sabe que se defienden, el Estado y el mercado abusan cortándo el líquido vital. Allá vemos estas familias a diario (sobre todo las mujeres y niños pequeños), mendigando a los vecinos y cargando baldes para sobrevivir. Son culpables, según el Estado y el mercado.

Pero veamos que implica "cortarle" al agua potable o corriente a estas familias, a pesar de que no mueran de sed por conseguir algunos baldes. En primer lugar sobrevienen una serie de riesgos importantes para la salud, riesgos por consumir agua en malas condiciones, riesgos por la falta de higiene, riesgos por el no funcionamiento del sanitario, riesgos en la preparación de alimentos. Estos riesgos se traducen en enfermedades diarreicas de los niños, en un plazo muy breve, e igualmente en riesgo de enfermedad para los jovenes y adultos, en un plazo mayor. En suma, "cortar" el agua a estas familias significa, cuando menos, cortar el derecho a la salud a sus niños.

Y llegada la enfermedad diarreica, llegan los costos de la enfermedad para la familia y para el Estado, costos en atención médica, costos en hospitalización, costos laborales por calamidad doméstica, costos en desnutrición y abandono escolar y hasta costo en vidas de estos niños. Dolor y sufrimiento producto de esta violencia permanente del Estado contra los ciudadanos más pobres. Costos absurdos para la sociedad y para el Estado que paradójicamente tiene entre sus tareas la de luchar contra estas enfermedades.

Se dirá que es necesario conservar la disciplina del pago para que no se derrumben las instituciones del mercado. Sin embargo, la violencia que aquí se señala se deriva de la insensibilidad del Estado y de la sociedad respecto a las necesidades más esenciales para la vida de sus ciudadanos humildes, insensibilidad que se resume en la incapacidad de diferenciar entrre "cortar el servicio domiciliario de agua" y "cortar el agua". 

Para explicar la diferencia basta señalar que antes de que el mercado permeara todos los aspectos de la vida y de la sociedad, cada dos o tres cuadras era posible encontrar una fuente pública de agua en todo pueblo o ciudad. Si el Estado y la sociedad no fueran violentos contra sus ciudadanos humildes y les interesara medianamente su bienestar y su futuro, pondrían a su disposición de nuevo estas fuentes o pilas de agua. Entonces sí podrían cortar el servicio domiciliario de agua, en caso de no pago, sin quitarle el derecho al agua a los ciudadanos sin recursos. Tambien podrían establecer un corte técnico, mediante una válvula de castigo, que limitara el consumo a un hilo mínimo de subsistencia, para garantizar la comida y algún aseo, en lugar del corte total. No hay dificultades técnicas en ello.

De esta forma no se verían sometidas estas familias a un riesgo tan alto y podrían quedarse sin el servicio domiciliario de agua cuando les falte el dinero, pero no sin agua, ni sin salud, tampoco sin dignidad por tener que mendigar la misma. Simplemente sin el servicio domiciliario. Tal es la enorme diferencia entre una sociedad que reconoce derechos esenciales a sus ciudadanos y una sociedad que no los reconoce.

Similares razonamientos se podrían hacer sobre las implicaciones de "cortar la luz" a las familias. El impacto a largo plazo de que muchas familias se quedan sin comunicaciones, de que los niños no purdan estudiar, o de que aumenten el riesgo de accidentalidad por el uso de las llamas par iluminar o cocinar, etc. Igualmente, deberían tener derecho a un consumo mínimo si no cuentan con recursos, o a un salon comunitario con luz a donde acudir por un rato, según la necesidad. Que se molesten las empresas y los reguladores del Estado en establecer mecanismos y tecnologías para castigar el no pago, en lugar de suprimir derechos a los ciudadanos y con ello las posibilidades de salir de la pobreza a muchas familias.

Reconocer que los ciudadanos tienen derechos mínimos en una sociedad implica, en síntesis, el garantizar que si no tienen acceso domiciliario a un servicio por falta de dinero para pagarlo, podrán tener acceso ocasional al mismo, o cuando sea indispensable, en un servicio comunal cercano. Ningún servicio público debería ser ofrecido en una sociedad de derechos sin tal garantía para los ciudadanos sin recursos: ni el de agua, ni el de luz, ni el de teléfono, ni el de televisión por cable o satélite, ni el acceso a computadores o al internet, ni el periodico, ni ningún otro. 

No es necesario señalar que resulta difícil hablar de salud, en términos de acceso al servicio, en una sociedad donde no se garantiza siquiera el acceso al agua. Más difícil aún hablar del derecho a la salud de los niños de las familias pobres urbanas, en estas condiciones.

 

Febrero de 2006

 


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