Testimonio

 

Rodrigo Rivera

Senador de la República

 

Nuestro Personaje  de la LXXV Edición de Salud Colombia es el Senador Rodrigo Rivera. El Dr. Rivera, pereirano, de 41 años de edad, es abogado, casado y con dos hijas.  Congresista desde 1990, primero Representante a la Cámara hasta 1998 luego Senador desde el 98. Presidente de la Cámara entre el 95 y el 96 le correspondió dirigir el juicio en el 96 contra el Presidente Samper. Presidente del Partido Liberal entre el año 2002 y 2003. Columnista de El Tiempo, El Espectador y La Tarde. Autor de los libros “Hacia un nuevo Federalismo para  Colombia”  en el año 2001 y “Colombia Fragmentada” en el año 2004. Premiado por la Cámara Junior  Internacional en el 97 como uno de los 10 jóvenes sobresalientes del mundo. Integra el abanico de los presidenciables por el partido liberal.

El Dr. Rodrigo Rivera es un reconocido experto en el tema del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y avaló uno de los proyectos de Ley que se opusieron a la propuesta gubernamental de reforma de la ley 100, respaldando y enriqueciendo la propuesta de la Federación de Municipios. Por ello es nuestro invitado en Salud Colombia.


 

S.C.-   Senador:  el primer punto tiene que ver con los efectos del T.L.C., el Tratado del Libre Comercio, sobre el costo de los medicamentos en el país. Constituye una enorme preocupación en el sector salud el hecho de que se llegan a fortalecer los derechos de patentes y los monopolios que implican.  Los estudios realizados en el país por Fedesarrollo y otras firmas dicen que extender las patentes le va a costar al sistema de salud cientos de miles de millones. ¿Cual es su visión?

 

R. R.-   Sí, hay una prioridad social en la negociación, que ya ha sido incluso reconocida por los Estados Unidos en escenarios como La Cumbre de la OMC en Doha. Creo que la posición  del país debe ser la de  reconocer que una nación pobre como Colombia, es decir con el 75% de su  población por debajo de la línea de pobreza, y el 25% de ella por debajo de la línea de miseria, pues tiene que negociar el T.L.C. en propiedad intelectual de modo que tengamos acceso a medicamentos genéricos, de bajo costo y a que ese acceso no sea restringido. Creo que allí se centra uno de los puntos más críticos de esta negociación porque, por supuesto, Estados Unidos esta pretendiendo que se endurezca la protección a los datos de prueba; que se amplíen los períodos de protección de las patentes; que haya, en consecuencia, que convertir en una norma incorporada al tratado el Decreto 2085 que dictó el gobierno del Presidente Uribe en Septiembre del año 2002, y que a mi juicio fue una posición unilateral que conviene fundamentalmente a los intereses de los Estados Unidos en esta materia. Y simultáneamente los Estados Unidos se han mostrado muy reacios a concederle a Colombia lo que pide nuestro país en materia de propiedad intelectual para proteger la biodiversidad, los recursos genéticos que se desprendan de la biodiversidad y el conocimiento tradicional asociado con esa biodiversidad. Son dos entornos del mismo capítulo en donde habrán muy sensibles consecuencias para la Salud Pública en Colombia, desde el punto de vista financiero y de acceso real a los medicamentos.

 

S.C.-   Se dice Senador que el hecho de que Colombia negocie por fuera del Acuerdo de DOA, por fuera de la Organización Internacional del Comercio, los puntos específicamente relacionados con Patentes, no es conveniente. Es claro el hecho de que si Colombia aumenta los períodos de protección de patentes,  esto no tendría efecto alguno sobre la investigación en el mundo, argumento con que se justifica la solicitud de protección de los monopolios. ¿Acaso Colombia debería abstenerse de negociar estas cosas unilateralmente, sino dentro del acuerdo internacional?

 

R.R.-   Me parece que así como para los Estados Unidos hay temas extremadamente sensibles y críticos, como los temas de sus ayudas internas y subsidios a las exportaciones  agropecuarias, donde le dicen a nuestro país que no lo negocian con Colombia sino en el marco de la OMC, Colombia también podría decirle a los Estados Unidos que ese tema es extremadamente sensible para nosotros por las circunstancias sociales muy peculiares que tiene nuestro país y que lo negocia dentro del espíritu de DOHA.  Yo no creo que halla que ir mas lejos en esta materia, creo que la protección que hay es suficiente y el espíritu de DOHA reconoce y balancea adecuadamente la necesidad de proteger los derechos de propiedad intelectual a los investigadores de estos laboratorios, con la necesidad de garantizar el acceso real de los pueblos, especialmente los mas pobres, a medicamentos esenciales para la vida.

 

S.C.-   Hay dos puntos también que tienen relación con la negociación de salud en el TLC.  Uno tiene que ver con lo que va a pasar en términos de recursos humanos con esta apertura, y el otro las expectativas de las empresas del sector y las inversiones en en estas empresas tanto prestadoras como aseguradoras en función del tratado. ¿Cual es su opinión al respecto?

 

R.R.-    Tienen que ver, entonces, con la negociación del capítulo de servicios del TLC y francamente lo que creo es que Colombia debe hacer un listado de servicios, que o son servicios públicos o tienen alta sensibilidad y alto interés público, entre los cuales el Estado no puede perder su capacidad regulatoria y su capacidad de control y de intervención, ni siquiera como consecuencia de las cláusulas de un tratado de esta naturaleza;  lo segundo es que en inversiones en servicios y en compras públicas, o compras oficiales, los Estados Unidos no están negociando con Colombia como una sola nación sino como un estado federal y por lo tanto en esta negociación solamente comprometen la voluntad del Gobierno Federal pero no comprometen la voluntad de los estados, de los  cincuenta estados de la Unión Americana. Tendría que ser que ellos expresen, concretamente, su voluntad de adherir al tratado en estos dos capítulos, luego Colombia debe tener en cuenta ese hecho en la negociación y negociar una cláusula que establezca reciprocidad, que Colombia no va a ofrecerles beneficios a empresas o agentes económicos que provengan de estados que no hayan establecido concesiones similares a Colombia en la negociación.  Y en tercer lugar el tema del libre comercio en servicios tiene que ver, en una de sus cuatro modalidades, con la posibilidad de que los servicios se presten en el territorio del otro país, es decir, con el tema de las visas y creo que Colombia ha sido muy tímida en plantear este tema dentro de la negociación.  Colombia debe exigir que, en la negociación, el libre comercio tenga un entorno de alivio migratorio, de alivio en visas temporales, por supuesto, para efectos de que nuestro comercio de servicios en este caso pueda ser verdaderamente libre y no interferido por el tema de las visas. Es más, creo que  si Colombia no plantea ese tema con suficiente verticalidad, el tratado claramente no sería recíproco ni sería equitativo y rompería conceptos constitucionales que harían que, de pronto, tuviera un juicio de reproche por parte de la Corte Constitucional cuando le hagan la revisión.

 

S.C.-    ¿Y el tema de regulación de profesiones finalmente, dado que se han hecho ya dos intentos  por aprobar en el Congreso una Ley de Recursos Humanos del sector salud y todos dicen que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio.....?

 

R.R.-    Sí, esa es otra materia que tiene que ver con la homologación de los títulos, con los requisitos, con los procedimientos para poder ejercer la profesión en un determinado país. A todo eso me refiero yo cuando se habla de inversiones en servicios; también tiene que ver con los estándares mínimos de calidad profesional que se exigen  en ese país y que evidentemente son muy distintos a los colombianos, son muy superiores a los colombianos, y generan una barrera que también impide el libre comercio de servicios. Creo que el tema es parte de la negociación y que los colombianos tendremos que valorar esa negociación con lupa para ver si efectivamente se consigue acceso real al mercado de los Estados Unidos.

 

S.C.-    Pasando al otro tema -el tema de la reforma de la Ley 100 y la Ley 715 del Sistema General de Seguridad Social-, el proyecto de Ley  que aprobó la Comisión Séptima  se centra en profundizar el modelo de aseguramiento actual en manos de las administradoras del Régimen Subsidiado -dándoles mas poder y legitimidad- al tiempo que retira todas las competencias a los municipios. ¿Cuál  es su opinión al respecto?

 

R.R.-   Mi opinión es que el proyecto del Gobierno renuncia a un propósito fundamental de la política de Seguridad Social, que debe ser la cobertura  universal; reconoce que no lo alcanza y eso por supuesto representa, como ya ocurre hoy, no solamente la ilegitimidad del Sistema sino también representa muchos riesgos de falta de control sobre los recursos del mismo. En segundo lugar, renuncia a la necesidad política de que haya un mismo paquete en oferta de servicios a los usuarios en todos los regímenes, independientemente de cual sea la modalidad de financiación que se requiere, que haya un mismo paquete para que el sistema también cobre legitimidad, trasparencia y simplicidad. En tercer lugar no avanza hacia un carné único nacional, como consecuencia de las anteriores anotaciones. En cuarto lugar, no lo consigue, porque el proyecto es muy tímido desde el punto de vista financiero; es decir, el proyecto no avanza en eliminar intermediarios costosos, inútiles, vinculados con los circuitos de corrupción y de violencia que hay en Colombia. A pesar de que el gobierno mismo ha denunciado esos hechos en cabezas de las ARSs,  no se atreve a pedir su eliminación  sino simplemente su cambio de nombre y tampoco se atreve a ir muy lejos en la eliminación de duplicidades como las que hoy tiene el sistema en materia de política de prevención y promoción de la salud. 

Igualmente se queda corto -el proyecto del gobierno-, en cuanto a la alternativa de la utilización de la capacidad institucional  instalada en municipios y departamentos como actores del Sistema, y finalmente, mantiene un esquema en donde una parte de la población aporta mucho mas de lo que se requiere para financiar su seguridad social en salud y otra parte no aporta nada, cuando hay un nivel intermedio que podría aportar una pequeña cuota y que contribuiría, entonces, a que las cifras cuadraran en la financiación de una cobertura verdaderamente universal como nosotros lo proponemos en nuestro proyecto. Ahora, el proyecto del Gobierno es también centralista porque es un proyecto que, a mi juicio, violando la constitución, impide el giros de los recursos, ordenados por la constitución para salud, a los municipios y departamentos, los sitúa en cuentas nacionales y los ejecuta a través de decisiones de la nación, no de decisiones de departamentos y municipios. Finalmente el proyecto del gobierno mantiene la  condición del viejo estado gendarme replegado, que no interviene ni en los estándares básicos de atención a los pacientes ni en los de provisión de medicamentos, ni en salarios mínimos profesionales para todo el sistema de prestación de servicios de salud, ni tampoco en una especie de FOGAFIN para la salud, para salvar instituciones mal administradas del Sistema y, desde ese punto de vista, pues cada vez acentúa más la condición de mercancía y de negocio particular del Sistema de Salud, cuando lo que deberíamos hacer es acentuar cada vez más la condición de servicio público y de derecho fundamental, y francamente no de mercancía.

 

S.C.-   ¿Cuál es la perspectiva del proyecto en el Congreso? Obviamente, había un acuerdo muy grande entre el Gobierno y los ponentes para aprobar el proyecto de ley en ese sentido, pero también en el debate en la Comisión y alrededor de la Comisión se vislumbró un consenso igualmente de los otros proyectos sobre algunos puntos en los que definitivamente no se puede ceder respecto al proyecto gubernamental en el debate posterior, como son la descentralización el manejo de la salud pública a nivel territorial y la posición de que si el sector privado opera el régimen subsidiado con los recursos del Estado puede tener una función de administración, pero no de manejo total de los recursos públicos; y.   ¿Cómo se ve desde esta perspectiva el debate que se va a dar en la plenaria próximamente?

 

R.R.-   Yo creo que si hay información y si hay una buena estrategia política, el proyecto no debería pasar como pasó en la Comisión Séptima del Senado, porque es un proyecto que claramente lesiona la institucionalidad de municipios y departamentos del país y uno supone que esa institucionalidad tiene muchos dolientes en el Congreso, incluso dentro del Uribismo,  porque son muchos los congresistas que tienen amigos alcaldes y gobernadores y compromisos con municipios y departamentos, por lo que no debería pasar por lo menos en ese tema de descentralización. Ahora, en el tema de las ARSs,  me preocupa que la estrategia ya no es política sino de opinión, porque a nivel parlamentario si creo que existe una gran infiltración de las ARSs en el Congreso Nacional, una gran influencia. Entonces, los municipios y departamentos defenderán lo suyo, pero las ARSs  pues van a hacer lo propio, y poderlas enfrentar para que desaparezcan yo creo que requiere una estrategia de opinión pública que yo todavía no advierto. Creo que se requiere una gran movilización de grandes íconos de opinión pública en el país, que claramente empiecen a meditar tras las tesis de que esas instituciones deben desaparecer y finalmente creo que el sector privado, si tiene una participación dentro del sistema de salud, ya la tiene en las tareas de aseguramiento del régimen contributivo y ya la tiene en la prestación de servicio de salud.  

Creo que también se requiere crear una gran conciencia de opinión en Colombia para garantizar derechos muy importantes, como el derecho a escoger el prestador de servicios: que un usuario, que un paciente quiera que lo atienda; y eso se hace rompiendo la integración vertical y se hace garantizando que haya una separación entre el aseguramiento y la prestación de los servicios, y se hace garantizando un entorno de competencia adecuado, razonable entre las IPSs privadas y la red hospitalaria pública. Eso solamente se logra si a la red hospitalaria pública le quitamos las cargas financieras derivadas de sus altos niveles salariales y prestacionales -que no fueron consecuencia ni decisiones de ellos, sino decisiones centralistas que les impusieron nivelaciones estándares para todo el país-, y también si garantizamos una cobertura universal que permita que todo el servicio que se preste pueda ser facturado. O sea, son temas vinculados con la estructura del Sistema en donde yo veo muy tímida la posición del Gobierno o si no, francamente equivocada y dirigida a quebrar la red hospitalaria pública del país.                   

S.C.- Gracias, Senador

 


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