Editorial

Salud Colombia www.saludcolombia.com
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Editado en Bogotá D.C.

 

No habrá protección social (ni salud) sin responsabilidad civil 

La noticias señalan que decenas de colombianos fallecen en accidentes de transito cada semana. Las estadísticas nos dicen que miles cada año, y las autoridades anuncian una y otra vez investigaciones, sanciones y suspensiones de las licencias de funcionamiento a las empresas transportadoras.

Sin embargo, la situación sigue y seguirá igual mientras las actividades económicas que generan riesgos para terceros puedan ser ejercidas en el país sin necesidad de responder en la práctica por dichos riesgos. De que riesgos estamos hablando, del riesgo de muerte, del riesgo de invalidez, del riesgo de enfermedad. 

Los anteriores riesgos se traducen, en términos de protección social, en riesgos financieros y de empobrecimiento de muchas familias colombianas: el riesgo de pérdida de ingresos para las familias por la muerte del trabajador, el riesgo de la pérdida de ingresos por la invalidez del trabajador, el riesgo de pérdida de activos por los costos del funeral, el riesgo de pérdida de activos de la familia por los gastos de la atención médica, el riesgo de que la familia pierda muchos de sus ingresos por la lesión, incapacidad o muerte del trabajador y aumente sus gastos por los costos de la atención médica, tenga que perder la vivienda que estaba pagando o retirar del colegio a los hijos, lo que ya significa pérdida de capital humano.

Estos son los riesgos que amenazan a diario a los colombianos porque nuestra sociedad y nuestro Estado propician y mantienen la irresponsabilidad de los agentes económicos sobre terceros. Los transportadores cumplen con la adquisición del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, que brinda escasa cobertura en términos de dinero y sólo para cubrir parte de la atención médica, y se libran de cualquier otra responsabilidad. El Sistema de Salud asume el resto de los gastos y las familias las pérdidas humanas y económicas.

En el actual estado de cosas, las empresas de transporte no tienen ningún incentivo para reducir el exceso de velocidad, e incluso han fomentado la guerra del centavo, pues los muertos que causen no los pagan ellos. El principio de responsabilidad que funciona en las sociedades nordicas implica todo lo contrario, el agente económico responde por todos los daños, absolutamente todos los que pueda ocasionar a terceros derivados de su actividad.

La solución es bastante sencilla para proteger la vida de los ciudadanos, su salud y la economía de miles de familias, El Estado debe exigir pólizas de responsabilidad civil, con muy amplia cobertura, a las empresas de transporte. También a los demás agentes económicos como se verá más adelante, pero comencemos por esta terrible mortandad diaria.

Las compañías de seguros, en tal caso, estarían obligadas a responder por la totalidad de los riesgos de salud, incapacidad, invalidez, muerte, indemnización y sustitución del ingreso familiar, salvo fallo judicial en contrario, es decir se invertiría la carga de la prueba en favor de las víctimas. Con gran rapidez el costo de las primas subirá para las empresas que causen más accidentes. Las empresas de transporte, para no quebrar, debido al alto costo de las pólizas, deberán controlar estrictamente la velocidad, seleccionar muy bien a sus conductores y pagarles mejor, educarlos estrictamente, dar mantenimiento estricto a sus vehículos, promover campañas de seguridad, etc., etc.. Existirá entonces el incentivo para que protejan la vida de los ciudadanos, incentivo que ahora es contrario a dicha responsabilidad fundamental. 

Es hora de que el Ministerio de la Protección Social proceda, junto con el Ministerio de Transporte, a proteger seriamente a los colombianos con esta simple medida, además de educar sobre el riesgo, hecho que nunca está de más. Pero en términos de protección social, además de prevenir, hay que asegurar efectivamente a los ciudadanos contra los riesgos. No hemos visto que lo que promulga la teoría de la protección social se esté desarrollando en nuestro país, a pesar de tener ya un Ministerio con este nombre.

La exigencia de pólizas de responsabilidad civil lograría al mismo tiempo que tan sólo empresas serias y responsables puedan prestar este servicio público, y por tanto sacaría rápidamente del mercado a los taxis motos y todas las demás formas de transporte informales que no generen tranquilidad a una compañía de seguros, para que les expida la póliza de responsabilidad civil sobre terceros. Hoy el Ministerio de Trasporte no logra un argumento válido para su prohibición, aunque intuye que la actividad es riesgosa y sabe bien que afecta a los trasportadores formales.

Por otra parte, el mecanismo de responsabilidad y aseguramiento pleno garantiza el financiamiento completo de la atención médica del accidente y de sus secuelas, y no descarga gran parte de los costos de los accidentados sobre los hospitales públicos o privados del país, las aseguradoras, el FOSYGA, el SISBEN o, en conjunto, el Sistema de Seguridad Social en Salud.

Por supuesto que el aseguramiento sobre los riesgos derivados de la actividad económica no deberá cubrir sólo a las empresas transportadoras, sino a todas las empresas que pueden poner en riesgo la vida o la salud de sus trabajadores o de terceros. Señalemos por ejemplo la construcción, actividad económica prioritaria en protección social, por cuanto en ella las firmas no vinculan formalmente a los trabajadores, que suelen ser subcontratistas del subcontratista, y cuyos accidentes de trabajo acaban en manos del sistema público de salud, muchas veces gracias al Régimen Subsidiado. ¿A quien subsidia entonces el Estado, a los ciudadanos pobres o a las empresas irresponsables? ¿En que queda adicionalmente la invalidez de un trabajador de la construcción que la empresa no reconoce como suyo? ¿En que condiciones queda la familia? 

Se puede seguir con las empresas mineras y con muchas más, todas aquellas que tienen contratistas y vendedores o repartidores en las calles o viajando, asumiendo riesgos, sin reconocerlos como trabajadores, muchas veces en moto, una de las actividades más riesgosas para la vida, como lo demuestran las cifras de accidentalidad de tránsito en esta misma edición. Cuanto más flexible sea la contratación laboral y menor cobertura de accidentes de trabajo tengan los ciudadanos que prestan los servicios, más importantes se tornarán las pólizas de responsabilidad civil a cargo de las empresas que generan utilidades de dicha actividad económica.

Es importante reiterar que las pólizas deben cubrir los riesgos para terceros derivados de cualquier actividad económica. Por ejemplo, los productores y expendedores de alimentos, para que se responsabilicen de las intoxicaciones colectivas que ocasionan; los establecimientos públicos, donde por ausencia de medidas de seguridad se originan lesiones y muertes, como las discotecas; los productores de medicamentos o sustancias medicamentosas; las empresas que manejan químicos o sustancias tóxicas; las empresas agropecuarias que avden toda responsabilidad sobre los accidentes de sus trabajadores, etc.. Incluso los hospitales y clínicas deben responder por los errores de práctica médica, falta de asepsia, ausencia de medicamentos o suministros, mal funcionamiento de equipos o fallas graves en los procesos, pero ya no por la irresponsabilidad absoluta de las demás empresas.

Empresas responsables, ciudadanos protegidos, responsabilidad civil, significan desarrollo. Lo demás es continuar en el subdesarrollo, la irresponsabilidad total  y el asistencialismo de Estado, continuar igualmente con las eternas lamentaciones porque no alcanzan los recursos para la salud.

 

Enero  de 2005

 


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