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Para reformar la reforma

Ha llegado la hora de reformar la reforma, y prueba de ello son los numerosos proyectos de Ley que hicieron su presentación ante el Congreso de la República al finalizar el último periodo de sesiones. Las razones reales (detras la necesidad de modificar la Ley que rige el Sistema desde 1993), son el agotamiento del modelo -en la práctica se ha estancado la cobertura- y la crisis total del sistema público de prestación de servicios.

Desde el año 1999 el número de vinculados se ha estabilizado en cerca de 18 millones de colombianos, a pasar de que los afiliados han crecido tres millones, la mayoría en el Régimen Subsidiado.  


A la tasa de crecimiento del 1% anual se requerirían casi 40 años para lograr la cobertura universal, pues hoy el Sistema General de Seguridad Social en Salud y los otros Sistemas o Regímenes especiales apenas supera el 60% de la población colombiana. En realidad las proyecciones señalan que nunca superará el 70% de no modificarse la tendencia actual. 

 


El Régimen Contributivo muestra el mayor estancamiento de la cobertura y a pesar de un pequeño repunte en el año 2003, apenas cubre el 30% de la población colombiana, frente a un 63% proyectado en la Ley 100 de 1993. Como demostrara FEDESALUD en su estudio sobre la Universalidad del Sistema (ver Informe Especial 70 Edición), el fracaso fundamental de la reforma se relaciona con la cobertura del Régimen Contributivo, fenómeno que no obedece a una crisis económica coyuntural sino a un problema estructural de diseño del Sistema, relacionado con la afiliacion de trabajadores independientes e informales de los estratos medios de la población. 

Adicionalmente como lo demuestran las proyecciones de población, la tendencia de reducción de la densidad familiar, compensará (negativamente) en los años venideros cualquier incremento de trabajadores cotizantes, para impedir definitivamente el crecimiento del Régimen, si no se garantizan otras formas de acceder al mismo, como la reducción de la base de cotización para independientes o las graves limitaciones al ingreso de otros miembros del hogar.

 


Por su parte el Régimen Subsidiado ha alcanzado finalmente la cobertura propuesta en la reforma, del 27% de la población colombiana. Sin embargo, en términos de los recursos proyectados tan sólo alcanza el 50% de esta cifra, dado que la UPC del Régimen Subsidiado es la mitad de la del Régimen Contributivo y la Ley 100 contemplaba un Plan igual y un per cápita igual para todos los colombianos.


Cabe señalar que el Plan Obligatorio de Salud de los afiliados del Régimen Subsidiado no cubre muchas de las atenciones ambulatorias y hospitalarias de segundo y tercer nivel de complejidad, hecho que junto a la gran cantidad de población no afiliada al Sistema, supuso una pesada carga para los hospitales de segundo y tercer nivel en el país, que contribuyó a su terrible crisis actual.

El Sistema de Selección de beneficiarios de subsidios, SISBEN, que en principio permitió incorporar rápidamente a gran parte de la población pobre, con mucho peso en la evaluación de la vivienda, los servicios públicos y la educación, dejó por fuera a 10 millones de pobres urbanos, 2,5 millones de familias cuyo jefe de hogar no tiene un trabajo formal. Por otra parte, se ha convertido en una tragedia social permanente la ausencia de dinamismo de este Sistema, para incluir a quienes caen o cayeron en situación de pobreza durante la crisis económica, hecho que se ha traducido en la negación del derecho a la salud para muchos habitantes cuya condición laboral, económica o habitacional se modificó, o para los pobres urbanos no clasificados en los primeros dos niveles, aunque sean pobres por ingresos de acuerdo a las mismas estadísticas oficiales.

Por otra parte, la falta de cobertura de las poblaciones rurales en muchas zonas del país no se debe al SISBEN sino a la falta de recursos para su afiliación. Con una pobreza en el campo colombiano cercana al 90%, de alguna forma es más facil crear un Sistema de exclusión que de inclusión en los subsidios. 

Finalmente, el Régimen Subsidiado no responde adecuadamente para garantizar los servicios de salud a las poblaciones dispersas, a quienes si les llega el carnet (que rara vez les entregan), no les llegan los servicios por problemas de accesibilidad geográfica y cultural, de tal modo que su aseguramiento es como tener un seguro de salud en Estados Unidos, pero sin visa ni dinero para viajar a hacer uso del derecho.

De hecho, según el gran estudio del Régimen Subsidiado realizado por la Universidad Nacional, tampoco el Régimen Subsidiado responde adecuadamente en prestación de servicios a gran parte de la población, dada la inespecificidad de la oferta de las Administradoras del Régimen Subsidiado. Los estudios proponen como solución la autorización supramunicipal de las aseguradoras con compromisos exante sobre la garantía y la red de servicios en cada municipio, (licitación para administrar el aseguramiento en una provincia o todo un departamento o distrito) que las direcciones seccionales y distritales puedan vigilar y exigir su estricto cumplimiento). De paso se evita la corrupción en negociaciones con más de 1000 alcaldes. 

En síntesis, la reforma debe incluir prioritariamente en el Sistema a los millones de habitantes pobres urbanos, hoy clasificados en el Nivel 3 SISBEN, mediante un Sistema de Subsidios Parciales, así como completar la cobertura del Régimen Subsidiado a la población rural. En este sentido el último proyecto de ley que presentara el gobierno (242), antes de la retiro colectivo y la pausa legislativa, apunta en la dirección correcta. Permitir el ingreso al Régimen Contributivo de trabajadores independientes sobre la base de un salario mínimo es un derecho de estos ciudadanos y resulta posible ahora financieramente.

El aseguramiento parece que sobrevivirá, como forma de hacer efectivo el derecho individual a la seguridad social, mediante el contrato entre el afiliado y el asegurador y posteriormente mediante el contrato entre el asegurador y el prestador. Es la tendencia mundial de la política social. El regreso práctico a la asistencia pública propuesto por la Academia Nacional de Medicina (180) y el proyecto alternativo 138, van en este sentido en contravía de la historia. En nuestra sociedad  inequitativa (una de las 10 más inequitativas del mundo segín el Informe de Desarrollo Humano del 2004) y en medio de la economía de mercado no funcionará jamás adecuadamente ningún servicio para la población pobre que no esté mediado por un pago. El aseguramiento ha demostrado garantizar el acceso a los servicios y mejorado la satisfacción, según las encuestas de la Defensoría del Pueblo.

Ahora bien, la reforma debe garantizar que las aseguradoras (EPS o ARS -deberían ser una sola-), cumplan su pael de aseguradoras y agencias a cabalidad, lo que hoy no sucede. Si no se controla la integración vertical y las aseguradoras puden seguir contratando por capitación varios niveles de atención, (desentendiendose de la función de cálculo y manejo del riesgo, es decir de la función propia del asegurador, trasladánsosela a un prestador que no tiene competencia o a un intermediario), y si adicionalmente estas entidades no se hacen responsables de la red de servicios, los sistemas de referencia y contrareferencia, la asistencia e información permanente al usuario en su tránsito por los servicios, así como el control de calidad (y delegan la función de agencia en las IPS mediante los consabidos contratos por capitación), su labor queda reducida a una intermediación costosa, que no agrega ningún valor y que debe suprimirse. La función de asegurador y agencia es fundamental para los ciudadanos, dada la complejidad de los servicios de salud, bien sea que esté en manos de aseguradores públicos o privados. Es una función de alto nivel de desarrollo en tecnología blanda y es una función costosa que debe exigirse para el bien de los afiliados del Sistema.

El control de la integración vertigal pasa igualmente por la separación de negocios entre aseguradores y prestadores. Exigir la separación jurídica es un primer paso, pero no es suficiente. Se requieren claras normas antimonopólicas para evitar que más de un 20% de la contratación se realice con IPS donde tienen intereses los mismos accionistas de los aseguradores. Un margen pequeño es necesario para controlar los servicios donde existan graves deficiencias o sobrecostos, pero permitir más de ese porcentaje equivale a fomentar posiciones monopólicas que van en contra de la libre elección y los intereses de los usuarios. 

En el campo de las enfermedades de alto costo y los reaseguros, es hora de corregir las deficiencias, entendiendo que es indispensable un sistema de redistribución de riesgo para las patologías de alto costo en las que se han demostrado claramente fenómenes de selección adversa por parte de los aseguradores. Es hora de mostrar que el Sistema es uno sólo y que requiere formas técnicas de redistribución de riesgo entre aseguradores, no reaseguros por costo de paciente que resultan absolutamente innecesarios. Es hora igualmente de garantizar la cobertura universal por trauma grave distinto del accidente de tránsito, para proteger a las IPS públicas y privadas que deben atender a miles de pacientes no asegurados sin que nadie responda posteriormente por el pago, más en un país en guerra. La cuenta de ECAT es capaz de manejar esta cobertura para los no segurados, más si se aumenta significativamente la cobertura del aseguramiento. 

También resulta indispensable la organización del Sistema Nacional de Trasplantes, con comités en las grandes ciudades del país, para garantizar criterios científicos en la priorización de trasplantes y otros procedimientos heroicos, asi como un manejo adecuado de los bancos de órganos. Todo ello para generar una via legal y no dejar las decisiones en manos de los jueces. Un sistema de reservas de destinación obligatoria y el correspondiente sistema de información de las enfermedades de alto costo, como lo ha propuesto FEDESALUD, resultan el camino menos traumático para el Sistema y los aseguradores.

Finalmente, es hora de que el país busque desarrollar los mecanismos para el cuidado de enfermos crónicos y ancianos, de inválidos sensoriales y motores, de enfermos de Alzhaimer o de otras insuficiencias, de retrasados mentales y todas las formas de discapacidad que requieren más cuidados que atención médica. La vieja familia nuclear colombiana tenía siempre algún pariente para cuidar al anciano, al bobito, al trastornado o al enfermo crónico. La nueva y pequeña familia urbana no puede darse ese lujo, pues ambos adultos trabajan, ni el país puede asumir ese gasto por el Sistema de salud o pensar en millones de personas institucionalizadas. Cada pueblo y cada barrio requiere, como en los países desarrollados, un hogar social para el cuidado de estas personas, al menos diurno, mientras los hijos y parientes trabajan. De otra forma que futuro tienen los ancianos en nuestro país. La reforma debe abordar con seriedad lo que la Ley 100 señaló en su libro IV como servicios sociales complementarios, así como idear la estrategia y las formas de financiamiento, antes de que sea demasiado tarde.

Respecto a la terrible crisis a que se ha llevado a los Hospitales Públicos, crisis que -hay que señalarlo- no es responsabilidad de estos solamente, ni tiene como causa fundamental su ineficiencia. El comportamiento fundamentalista de quienes han llevado las riendas del Sistema durante los últimos ocho años, sin consideración alguna para dejar sin servicios hospitalarios a medio país, es realmente el responsable de la crisis. Sin embargo, esta catástrofe no se resuelve devolviendo los recursos del Régimen Subsidiado a las secretarías de salud departamentales, sino aumentando efectivamente la cobertura del Sistema. Veinte millones más de asegurados en hospitalización y cirugía sobrarían para financiar esta red y aún habría que ampliarla. Diez millones sólamente y se resuelve el problema financiero de los hospitales. Lo definitivamente cierto es que la doble moral de pedirle a los hospitales que sean eficientes y vivan de la venta de servicios, y al mismo tiempo colocarlos en la posición de tener que atender a más de veinte millones de colombianos sin que nadie les pague por sus servicios, no se sostiene. 

No es equivocado tratar de acabar con esta terrible situación a través de los proyectos de reforma, que en el fondo significa una grave violación de los derechos ciudadanos en la forma como se viene manejando el Sistema, pero la solución no puede pasar tampoco por mejorar la situación de los hospitales y sus trabajadores, sin garantizar los derechos efectivos a los ciudadanos más pobres, es decir cambiando de manos la pobreza del financiamiento de la salud. Tampoco con la pretensión de volcar los escasos recursos restantes de la oferta todos a la demanda, sin consideración ni análisis de los costos de mantener abiertas instituciones de salud en zonas dispersas. Ningún peso, de los mínimos que hoy financian la oferta, debería moverse hacia la demanda, si no va acompañado de otro peso nuevo y fresco que garantice un incremento real de cobertura y la consiguiente descarga de las responsabilidades de los hospitales sobre la población pobre. Una operación de traslado sin cobertura total, no sólo de asegurados sino de beneficios en hospitalización y cirugía, se convertiría en más violencia contra la población.

Es el momento de señalar que la reforma a La Reforma tiene que centrarse en el campo financiero. No sirve de nada una reforma para repartir o cambiar de mano los escasos recursos que sostienen la atención de la población pobre del país, que es una mayoría. El gasto público en salud ha venido dismunyendo desde 1997 y el gasto per cápita igualmente, como puede verse en el Informe Especial de esta edición. Es necesario revertir esta tendencia si hay una voluntad política de fortalecer al sector salud y no seguirlo debilitando, con el fin de garantizar el derecho a los ciudadanos .

Se requieren recursos nuevos y frescos para salir de la grave situación actual. Se requiere imaginación para acopiarlos. No se requiere ningún fondo para recoger los dineros constitucionalmente descentralizados, cuando ha sido precisamente la nación el principal retenedor de los dineros del sector salud, como lo demostró el estudio de la Universidad Nacional sobre el Régimen Subsidiado. Para evitar la inconstitucionalidad de este retorno de resursos al centro, no basta el eufemismo "giro sin situación de fondos", operación propuesta que, para ser más precisos, debería llamarse  "asignación presupuestal sin giro".

Para imaginarse de donde pueden salir recursos frescos para la salud hay que hacer dos preguntas (frente a las dificultades fiscales de un Estado en guerra interna). La primera, ¿Cuanto dinero del gasto de bolsillo que hoy tienen que hacer los ciudadanos en salud puede incorporarse al Sistema?. Este dinero, como los pesos de oferta, sólo se podrá incorporar al Sistema de aseguramiento si va acompañado al menos con otro peso de subsidio del Estado, tal como parece proponerlo el proyecto de Gobierno. 

La otra pregunta que cabe hacer es ¿Quienes generan en mayor parte el gasto en salud? veamoslo en ejemplos: Dado el alto indice de accidentalidad en el tránsito y el pésimo comportamiento de los conductores, especialmente del servicio público, podremos decir ¿Es suficiente un seguro de ciento cincuenta mil pesos para que los transportadores se liberen de toda responsabilidad? ¿Que interés van a tener en fomentar un manejo responsable y controlar la accidentalidad, si con los 150.000 pesos se quitaron la responsabilidad de encima? ¿Que interés van a tener los constructores en afiliar a sus trabajadores a la seguridad social, si resulta más conveniente el sistema de subcontratos para no incluirlos en nómina y si se accidentan, como sucede con frecuencia, el Estado los atiende en los hospitales públicos o les paga el SISBEN? ¿Que interés van a tener los preparadores de alimentos en medidas higiénicas, pues si se llega a presentar una intoxicación colectiva, el gasto lo asume el Estado?

Las sociedades nórdicas siempre han funcionado sobre la base del principio de responsabilidad social, que conlleva clara responsabilidad civil. Sería suficiente que una nueva Ley de Salud Pública señalara que la responsabilidad civil por las enfermedades y accidentes llega hasta la totalidad del costo de la atención y las secuelas de incapacidad que pueda producir, e incluso a la indemnización de los familiares afectados económicamente. También las lesiones y muertes violnetas deberían llevar, adicionalmente a la responsabilidad penal, la responsabilidad civil para proteger económicamente la familia del incapacitado, inválido o fallecido. De esta forma resultaría mal negocio herir y matar en nuestro país. Tal es la base que garantiza la prevención del riesgo y tambien el financiamiento de su atención, más alla de la escasa cobertura del POS sobre las secuelas. Es un principo fundamental para garantizar la salud pública. La responsabilidad civil de transportadores, constructores y de todas las actividades económicas debe implicar polizás de seguros que cubran la totalidad de los riesgos a terceros y cuyo valor se incremente en la medida de la accidentalidad. De otra forma seguiremos teniendo un sistema de salud que en buena parte subsidia a la empresa privada y fomenta su irresponsabilidad frente a la salud de los ciudadanos, mientras afirma protegerlos. Se requiere en este sentido un Estado más policivo y menos concertador para proteger a los ciudadanos.

En otro aspecto fundamental de la salud pública está la responsabilidad del Estado, en todos sus niveles, con el cuidado de la salud de su población. La grave crisis de la salud pública obedeció en buena parte a un proceso de descentralización acelerado y poco responsable. La reforma debe garantizar la competencia técnica en el manejo de las acciones o programas de salud pública a nivel territorial y amarrar la ejecución de los recursos a esta condición. No se trata de concentrar las actividades de salud pública, ni los recursos, y menos la responsabilidad, sino de sujetar la ejecución a una planeación técnica basada en adecuados sistemas de información, organizados a niveles supramunicipales, para que quienes ejecuten acciones y recursos no malgasten los dineros por simple incompetencia, dejando a la población a su suerte, desprotegida de los principales problemas de salud pública. Es hora igualmente de fortalecer al Estado en el campo del cuidado de la salud pública y en general en el campo de la prevención de las enfermedades, y dejar de pretender que esta función la ejerzan prioritariamente las empresas privadas. Todos los estudios demuestran que nunca lo han hecho con seriedad.

No se puede hacer tampoco una reforma del Sistema para combatir la corrupción o con esta disculpa. Las preocupaciones alrededor de la corrupción que rodea la ejecución bien de los recursos de oferta o los de demanda, no son propias del Sistema de Seguridad Social en Salud, sino de la organización del Estado, basado en un sistema político que se sostiene mediante el reparto de posiciones y presupuestos, sistema realmente responsable de toda la corrupción. Para solucionar este problema hay que modificar el régimen político, como diría un ex-dirigente del partido conservador, y no el Régimen Subsidiado.

Finalmente, es hora de devolverle al sector salud su Ministerio, pues no tiene sentido que el Sistema de Protección Social, eje de la política social propuesta para esta década por el Banco Mundial -que busca controlar los principales riesgos que afectan la economía familiar y el capital humano, para evitar la reproducción y perpetuación de la pobreza-, se centre en un Ministerio y no en la misma Presidencia o en el DNP, que fuera creado precisamente para dirigir y coordinar la inversión social. El Sistema de Protección Social es importante para articular los distintos sectores sociales y comprometerlos en el enfoque planificador, pero sin anular con su visión global economica la especificidad propia de cada sector, pues el resultado demuestra ser crítico. 

El manejo del sector salud tiene una especificidad sectorial y profesional que va mucho más allá del simplismo de los elementos de financiamiento de la seguridad social o de la visión economicista de la política social. El no reconocer este hecho evidente ha supuesto el error estratégico que tiene casi destruido al sector salud. No es aceptable por tanto sacar las competencias de salud hacia el Instituto Nacional de salud, sino devolverle al sector salud su Ministerio y llevar la dirección de la política social al DNP o a una Consejería Presidencial, donde debe estar.

 

Gasto en salud se redujo 1,5% del PIB

El Programa de Apoyo a la Reforma del Ministerio de Protección Social en conjunto con el Departamento Nacional de Planeación, han dado a conocer una versión preliminar de las Cuentas de Salud, estudio a acargo del consultor Gilberto Barón.  Advierte que esta versión está sujeta aún a revisión y ajustes para su publicación oficial.

El gasto en salud, como proporción del Producto Interno Bruto del país, según el estudio, ascendió del 6.2 al 10.1 entre 1993 y 1997 e igualmente muestra dos grandes caidas en 1998 y 2000, para estabilizarse en 8,5% en 2001 y 2002.


En pesos constantes del 2000, el gasto en salud ascendió un 80% entre 1993 y 1997, desde 9.5 billones hasta 17 billones. Posteriormente muestra los descensos de 1998 y el año 2.000, para estabilizarse cerca de los 15 billones en 2001 y 2002. Al desagregar el gasto en salud en sus principales componentes se observa que el rubro que más se reduce es el del gasto privado, integrado por seguros privados, medicina prepagada, planes complementarios, SOAT y el gasto directo o de bolsillo. Es este último el que más se afecta, pero también resulta la cifra más dudosa del análisis, pues mientras en este estudio se señala un gasto de bolsillo reducido, de 2.92 billones en 1998 y 1999, el estudio de cuentas nacionales difundido en 2001 por el DNP mistraba un gasto de bolsillo para los mismos dos años de  4.2 billones.

 

En términos de per cápita, el gasto en salud fijado en el estudio en pesos del año 2000, muestra igualmente un importante incremento entre 1993 y 1997, de 255 mil a 425 mil pesos, es decir un incremento del 66 por ciento en estos cuatro años, que no se logra sostener, especialmente por dos grandes caídas, la primera en 1998 y la segunda en el año 2000. 

Al traducir a dólares, se observa que el gasto en salud aumentó notoriamente, de 112 a 269 dólares en el periodo 1993-1997 y que desde ese año viene reduciendose hasta alcanzar los 157 dólares per cápita en 2002. Desde luego la curva en dólares se ve afectada por los fenómenos de revaluación y devaluación del peso.

 

Uno de los resultados que permite apreciar el estudio es que el total de subsidios de oferta y demanda asignados por el Estado, a nivel nacional, departamental o municipal, cifra cercana a los cinco billones de pesos para los últimos años, para la mayoría de la población colombiana, resulta inferior a la del Régimen Contributivo, que cubre poco más del 30% de la población.

 

 

Para mayor información ver Informe Especial de esta edición

 

Estudio Nacional de Salud Mental 2003

Recientemente fueron dados a conocer los principales resultados del Estudio Nacional de Salud Mental, adelantado por la Fundación FES para el Ministerio de Protección Social, en respuesta a la Iniciativa de la OMS Sañlud Mundial 2002.

Luis Carlos Gómez Serrano. Director Ejecutivo de la Encuesta 
José A. Posada Villa  Gestor e Investigador Principal                  

Muestra:

  • Diseño probabilístico, multietápico y estratificado a nivel nacional

  • Población urbana, 18 65 años de edad, hogar fijo 5.526 hogares

  • 4.544 entrevistas completas de adultos.   

  • tasa de respuesta: adultos = 87.8%.

Presentamos una síntesos de los resultados

Resultados

Prevalencia de cualquier trastorno

  • Alguna vez en la vida                     40.1%
  • Últimos 12 meses                         16.0%
  • 30 días                                          7.4%

Prevalencia de trastornos más frecuentes  (alguna vez en la vida)

  • Trastornos de ansiedad                 19.3%

  • Trastornos afectivos                      15.0%
  • Trastornos uso de sustancias        10.6%

Prev. de trast. afectivos por sexo (alguna vez en la vida)

H.         M.

  • Episodio Depresivo Mayor                                8.6    14.9
  • Distimia                                                          0.6     0.7
  • Episodio Maníaco                                            2.1     1.5
  • Cualquier trastorno afectivo                             11.7   17.5

Prev. de trast. de ansiedad por sexo (alguna vez en la vida)

                H.        M.

  • Trast. de pánico                                                         0.6      1.7
  • Agorafobia sin pánico                                                 1.5      3.3
  • Fobia social                                                               5.1      5.1
  • Fobia específica                                                         0.9    13.9
  • Ansiedad generalizada                                                1.5      1.2
  • Estrés postraumático                                                  0.8      2.5
  • Cualquier trastorno de ansiedad                                 16.0     21.8

 Prev. de trast. por uso de sustancias (alguna vez en la vida)

            H.        M.

  • Abuso de alcohol                                                  13.2     1.6
  • Dependencia a alcohol                                            4.7     0.3
  • Abuso de drogas                                                     2.1     0.1
  • Dependencia de drogas                                           1.2     0.2
  • Dependencia de nicotina                                          2.9     0.5
  • Cualquier trast. por uso de sust.                             20.8     2.6

Trastornos de la impulsividad (alguna vez en la vida)

            H.           M.

 Prevalencia de suicidio por sexo (últimos 12 meses)

  H.        M.

Accesibilidad a servicios

   


El informe de Desarrollo Humano del 2004

Colombia muestra una triste caída en el Indice de Desarrollo Humano publicado anualmente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, desde el puesto 64 que ocupara en el informe del 2003, al puesto 73 en el reporte del 2004, posición que aún nos conserva entre los países de desarrollo medio. Cabe señalar que comenzamos en el puesto 57, en el primer informe del PNUD, en1990, y ascendimos hasta el puesto 50 en 1997. Es decir que hemos caído 23 puestos en los últimos siete años.

La caída de nueve puntos del último año se produce por un triple fenómeno. Unos países mejoran sus indicadores y nos pasan, otros caen como nosostros, y algun otro, que no hacia parte del reporte, se integra al listado con un indicador superior, como Tonga.

Entre los que mejoraron sus indicadores y nos pasaron, ¡Quien lo creyera!, se encuentra la otrora tran atrasada Albania, que asciende muy notoriamente, del puesto 95 al 65; igual Ucrania, que asciende del puesto 75 al 70, y Rumania, que mejora su puesto del 72 al 69. Estos países, de la anterior órbita soviética, nos sobrepasan por mejorar su índice de desarrollo humano, siguiendo el progreso de Rusia que ahora ocupa el puesto 57, tras ascender seis posiciones en el último año. Tambien mejoró notoriamente Surinám (Guyana Holandesa), que ascendió 10 posiciones, de la 77 a la 67.

Entre los que pierden posiciones se encuentran básicamente Brasil y Colombia. Brasil cae del puesto 65 al 72 y Colombia del 64 al 73, quedando por debajo de Brasil. En la caida quedamos también por debajo de países que continuaron bastante estables en su ubicación en el Indice de Desarrollo Humano, como Venezuela (68), Bosnia (66) y Santa Lucia (71).

Los países Latinoamericanos con mejor posición en el Indice de Desarrollo Humano son Argentina (34), Chile (43), Costa Rica (45), Uruguay (46), Cuba (52) y México (53), todos clasificados en el grupo de desarrollo humano alto. En el grupo de desarrollo humano medio se encuentran en mejor posición que Colombia, Panamá (61) y Venezuela (68) y Brasil (72). 

Con peor posición que Colombia se encuentran Perú (85, perdió tres puestos), Paraguay (89, perdió cinco), República Dominicana (98, perdió cuatro), Ecuador (100, perdió tres), El salvador (103, ganó dos), Bolivia (114) y Honduras (115), estos últimos dos sin cambio de posición.

Las cifras, es cierto, corresponden en su mayoría al 2001 y 2002, por lo que reflejan la crisis económica y social de esos años. La magnitud de la crisis la muestra el informe al ubicarnos entre los diez paises más inequitativos del mundo, con un Coeficiente de Gini de 57,6, sólo superado por Brasil y Sudáfrica en los países de desarrollo medio, coeficiente que proviene del hecho de que el 20% más rico de la población participe con el 61,8% del ingreso o consumo, mientras el 20% más pobre tan sólo participa con el 2,7% ( 22,9 veces más los primeros) , o también por deciles, 46% del ingreso y consumo para el 10% más rico contra 0,8% del ingreso y consumo para el 10% más pobre (es decir 57,8 veces más).

Los países latinoamericanos aparecen en el siguiente orden, según el gasto en salud como porcentaje del PIB, para el año 2001. El gasto per cápita está ajustado a la capacidad adquisitiva de cada país para hacerlo comparable.

 

Puesto Desarrollo Humano

País

Gasto público en Salud Gasto privado en Salud Gasto total en Salud Gasto per cápita en salud
    % del PIB % del PIB % del PIB US dólares
46 Uruguay 5,1 5,9 11,0 971
34 Argentina 5,1 4,4 9,5 1130
103 El Salvador 3,7 4,3 8,0 376
89 Paraguay 3,1 4,9 8,0 332
118 Nicaragua 3,8 4,0 7,8 158
72 Brasil 3,2 4,4 7,6 573
45 Costa Rica 4,9 2,3 7,2 562
52 Cuba 6,2 1,0 7,2 229
61 Panama 4,8 2,2 7,0 458
43 Chile 2,9 3,9 6,8 792
53 Mexico 2,7 3,4 6,1 544
68 Venezuela 3,8 2,3 6,1 386
98 Rep. Dominicana  2,2 3,9 6,1 353
115 Honduras 3,2 2,9 6,1 153
73 Colombia 3,6 1,9 5,5 356
114 Bolivia 3,5 1,8 5,3 125
121 Guatemala 2,3 2,5 4,8 199
85 Peru 2,6 2,1 4,7 231
100 Ecuador 2,3 2,3 4,6 177

 

 


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