Editorial

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Editado en Bogotá D.C.

 

Todos en la cama o todos en el suelo

Soplan nuevamente vientos de reforma -o de contrarreforma- en el sector salud. Muchas voces se alzan en los salones del Congreso de la República contra la lamentable situación del Sistema de Seguridad Social en Salud. Todas cantan al unísono contra la intermediación y piden el retorno de los dineros a las instituciones del Estado.

En la exposición de motivos del proyecto de ley 180, presentado al Congreso de la República,  se dice. "Este Proyecto propone simplificar el proceso por el giro directo de los recursos sin situación de fondos, desde el FOSYGA a las clínicas y hospitales, sin ninguna intermediación. Los contratos los realizarán y vigilarán directamente las entidades territoriales, sin manejar el recurso." Y en el primero de los objetivos específicos se explica "Esto con el fin de ampliar la cobertura, pero no sólo en términos de carnetización sino de real prestación de servicios en todos los niveles de atención." 

Pareciera -de la lectura del proyecto- que los principios constitucionales de universalidad, solidaridad y eficiencia, sólo serán posibles si se devuelven los recursos a los hospitales públicos nuevamente. Pareciera ser que el problema fundamental del Sistema es el inoportuno e inadecuado flujo de recursos a los hospitales del Estado y, por tanto el problema del Sistema y de los colombianos se compone al     "Garantizar la atención de la salud como un servicio público a cargo del Estado, asegurar a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud, mediante la superación de la crisis hospitalaria nacional y garantizando el flujo oportuno y equitativo de recursos en el régimen subsidiado, mediante el giro directo de los mismos."

Con tan elemental solución, de evitar los intermediarios en el flujo de recursos, ¿Como no se le ha ocurrido al país tan acertada salida anteriormente? Más aún, si de esta forma efectivamente se logra ampliar la cobertura real de servicios en el país y garantizar los principios constitucionales ¿Por qué se va a dejar a los pobres ciudadanos del Régimen Contributivo por fuera de tan maravillosa solución? ¿Quedarán estos colombianos desprotegidos y condenados a tener cobertura sólo en términos de carnetización, sin una real prestación de servicios en todos los niveles de atención? Que injusto parece.

También cabe preguntarse ¿Como los expertos del Ministerio de Hacienda no se habían dado cuenta antes que, al regresar  al sistema de subsidios de oferta se amplía la cobertura real de servicios, y además el Estado se ahorra muchísimo dinero? Este descubrimiento tambien parece reciente en ellos.

Tenemos la ligera sospecha que alguna trampa -respecto al cumplimiento de los principios constitucionales- debe haber detrás de una propuesta tan sencilla, con la cual se puede lograr la cobertura universal y además ahorrar dineros el Estado. No sabemos por qué, pero todo esto nos recuerda expresiónes populares como "de eso tan bueno no dan tanto", o "a otro perro con ese hueso" o mejor quizás "todo lo del pobre es robado".

Que quede claro -una vez más- que lo que no es bueno para los ciudadanos de estratos altos no es bueno para los ciudadanos de estratos bajos y lo que es bueno para los primeros es bueno para los segundos. ¿Por qué es bueno un sistema de aseguramiento para la población pudiente y por qué es malo para la población pobre. Que nos digan si lo malo del Régimen Subsidiado es el sistema de aseguramiento o las terribles diferencias con el Régimen Contributivo, o el hecho de que la mitad de la población pobre por ingresos no esté asegurada, por lo que cae el peso de los servicios no financiados sobre los hospitales públicos? 

Sería bueno que muchos de los proponentes de la reforma se atrevan a decir lo que en verdad piensan: que los pobres se aguantan lo que sea y que es hora de acabar ilusiones como la  igualdad de derechos o de planes de beneficios.  Que digan de frente que con los pocos recursos existentes mejoraría la situación de los hospitales y se podría atender aceptablemente a la población pobre, así disminuyan sus derechos a escoger, exigir o acceder a otro tipo de servicios.  Que confiesen que no creen que vaya a haber jamás financiamiento para el aseguramiento adecuado de la población pobre y que por eso hacen la propuesta. Que confiesen que se trata fundamentalmente de mejorar la situación de los trabajadores de la salud y sólo indirectamente la situación de la población pobre. Pero, que no nos vengan con la historia de que los pobres van a tener más derechos y mejores servicios que los ciudadanos del Régimen Contributivo mediante los subsidios de oferta.

Cabe advertir que si progresa la contrarreforma, esta tendrá a corto, mediano y largo plazo, efectos políticos y sociales tan graves para el país como los del Acuerdo de Chicoral -por el cual se puso fin a la reforma agraria y en suma a la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de los habitantes del campo colombiano a comienzos de los años 70-. Aquel pacto para frenar un gran proyecto social iniciado por el gobierno Lleras, nos condujo a pasos agigantados a la actual situación de guerra. Si se firma un nuevo pacto para discriminar a los pobres en un derecho fundamental, burlando los principios de la Constitución de 1991, a otra guerra nos llevará. 

A quienes creen que las terribles condiciones sociales del país -entre ellas la enorme inequidad en salud- van a continuar sin modificaciones, y por tanto que en esa lógica debe ajustarse el Sistema y actuar el Estado, es bueno recordarles que los pueblos rara vez reaccionan por la falta de derechos, pero sí por la supresión de los pocos logrados y,  finalmente,  es bueno hacerles pensar que la pobreza es distinta desde que los pobres tienen televisor. El mundo de la información no permite ya sostener tan grandes inequidades.

Ahora bien, si algunos de los gestores de la propuesta consideran que el sistema de aseguramiento no es adecuado, que modifiquen tambien el Régimen Contributivo, y si consideran que lo que no es adecuado es que el aseguramiento funcione en manos de empresas privadas, que modifiquen tambien el contributivo. Si cumple esta condición la reforma, creeremos en la equidad y honestidad de la misma. 

Marzo  de 2004

 


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