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El informe del CNSSS al Congreso

El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud presentó su noveno informe anual al Congreso de la República sobre el "avance" del Sistema General de Seguridad Social en Salud. El informe confirma en cifras el estancamiento en el crecimiento de afiliados de los Regímenes Contributivo y Subsidiado, por lo cual no constituye "avance" alguno hacia el mandato de aseguramiento universal.

El estancamiento del Sistema contrasta con la solidez financiera que muestran los dos regímenes en las cifras del Fondo de Solidaridad y Garantía. A pesar de ello no surgen propuestas de ampliación de cobertura y, por el contrario, cada día aparecen normas legales y reglamentarias que fomentan la exclusión.

El informe contiene un primer capitulo destinado a presentar la situación actual del régimen subsidiado. 

En este régimen es importante destacar el gran logro que se tuvo al expedir en un solo cuerpo normativo la forma y condiciones de operación del Régimen Subsidiado dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud el cual permite facilitar y garantizar su implementación en todo el territorio Colombiano. Se determinó la necesidad de rediseñar la operación del Régimen Subsidiado con miras a establecer mecanismos que permitieran corregir y evitar las inconsistencias en el proceso de identificación y afiliación, mantener condiciones de viabilidad y de estabilidad en su operación, disminuir gastos administrativos, lograr una distribución adecuada de los costos de la atención de los distintos tipos de riesgo y garantizar el equilibrio financiero del Sistema, teniendo en cuenta que el perfil epidemiológico y la situación socioeconómica de la población difiere por regiones.

Por ello, el CNSSS planteó un esquema de operación regional con el fin de garantizar una mayor estabilidad financiera y capacidad resolutiva de las Administradoras del Régimen Subsidiado, fortaleciendo su verdadera función, logrando hacer más eficiente los procesos administrativos y garantizando la prestación de los servicios de salud con calidad a los usuarios dentro de los lineamientos del POS-S.

Se destaca en esta vigencia la garantía, entre continuidad y ampliación de cobertura, de la afiliación al Régimen Subsidiado de 11.444.003 personas clasificadas por SISBEN en los niveles 1 y 2 y focalizada a través del listado censal como es el caso de la población indígena y otros grupos vulnerables, los cuales representan una cobertura del 69.67% de la población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) (16.424.878) y corresponden al 46.5% de la población total afiliada al Sistema General de Seguridad Social. 

Esta cifra significa un incremento de tan sólo 374.921 afiliados en el año respecto a los 11,069,182 reportados en el informe del año anterior y un crecimiento del 25.7 al 26.1 % en la cobertura poblacional. En términos de cobertura NBI se reporta un incremnto del 68.5% al 69.7%, pero el efecto obedece a que la Población NBI se reduce del 37.51 al 37.44% de la población en los mismos informes. Tal disminución en porcentaje de la ponlación NBI no parece ser consecuente con las cifras de incremento de la pobreza en el mismo periodo.

 

Afiliación y Cobertura Régimen Subsidiado
Departamento/ Distrito Población   NBI 2002 Afiliados 2002 COBERTURA 2002/NBI
Amazonas 54.625 29.749 54%
Antioquia 1.724.147 1.198.198 69%
Arauca 136.848 75.054 55%
Atlántico 340.409 257.399 76%
Barranquilla 362.883 182.356 50%
Bogotá D.C. 1.161.219 1.286.010 **111%
Bolívar 817.091 390.673 48%
Boyaca 534.508 502.595 94%
Caldas 332.112 252.195 76%
Caqueta 254.623 140.276 55%
Cartagena 315.285 165.897 53%
Casanare 156.954 155.722 99%
Cauca 748.440 445.233 59%
Cesar 561.318 376.968 67%
Choco 333.392 181.054 54%
Córdoba 891.834 424.370 48%
Cundinamarca 746.324 731.280 98%
Guainia 39.577 19.583 49%
Guaviare 98.888 51.221 52%
Huila 379.144 297.966 79%
La Guajira 326.039 195.015 60%
Magdalena 753.568 365.046 48%
Meta 299.265 178.760 60%
Nariño 947.082 698.481 74%
Norte De Santander 578.160 340.583 59%
Putumayo 278.727 146.631 53%
Quindio 139.123 205.180 *147%
Risaralda 259.022 219.944 85%
San Andrés 25.779 17.796 69%
Santander 624.901 552.438 88%
Sucre 532.503 260.109 49%
Tolima 503.146 327.163 65%
Valle 1.056.892 719.237 68%
Vaupés 31.234 20.579 66%
Vichada 79.815 33.242 42%
Total     16.424.878 11.444.003 70%

Fuente: Ministerio de Salud. Dirección General de Seguridad Económica
* Contempla 100.000 subsidios asignados por el FOREC a raíz de la tragedia de 1999 y financiados con los recursos 
de continuidad actualmente por el FOSYGA
** El referente utilizado que es el estimado de la población con NBI  es diferente a la de SISBEN utilizada para la asignación 
de subsidios en salud

Las Administradoras que operaron el Régimen Subsidiado están clasificadas de la siguiente manera

Administradoras del Régimen Subsidiado  

ARS CANTIDAD AFILIADOS %
E.P.S. 13 4.918.859 43%
ESS 9 4.144.299 36%
CCF 13 1.977.566 17%
E.P.S.  INDÍGENA 8 403.279 4%
TOTAL AUTORIZADAS 43 11.444.003 100%

Participación de los Recursos del Régimen Subsidiado por Fuente 2003

 (Millones de Pesos)

Fuente Valor %
Financiación SGP. Continuidad 1.397.306 65,37%
Financiación SGP.   Ampliación 56.116 2,63%
Total S.G.P. 1.453.422 67,99%
Esfuerzo propio 41.712 1,95%
Cajas de Compensación Familiar (CCF) 12.338 0,58%
FOSYGA 1/ 630.084 29,48%
Total 2,137,556 100,00%

   Fuente: Ministerio de la Protección Social - Dirección General de Seguridad Económica y Pensiones - DNP - Entidades Territoriales. Corte: Mayo 2003.

1/ Este es el monto de la apropiación presupuestal para subsidios a la demanda. El Ministerio actualmente está tramitando una adición de $91.000 millones en una adición  presupuestal.

En conjunto, y en comparación con el informe del Consejo Nacional de Seguridad Social al Congreso el año anterior, los rescursos territoriales pasaron de financiar el 63% del Régimen Subsidiado al 70 %, las Cajas de Compensación del 2.5% al 0.58% y el FOSYGA redujo su participación del 36% al 29.5%.

Según la Corporación Colombiana de Secretarios Municipales y Distritales de Salud,  COSESAM, se presenta una situación preocupante para mediados de año en el Régimen Subsidiado

 

REGIMEN CONTRIBUTIVO

Según información suministrada por FISALUD con base en el proceso de compensación, en el año 2002, se encontraban afiliados al Régimen Contributivo un promedio mensual de 13.165.463 afiliados compensados, de los cuales 5,452.380 corresponden a cotizantes y 7,713,083 a beneficiarios.

En el año 2001, según el informe del mismo Consejo se contaban en promedio 13.335.932 afiliados compensados, de los cuales 5.308.261 correspondieron a cotizantes y 8.027.671 a beneficiarios. Ello significa una reducción real de 170.000 afiliados, pero con un incremento de 144.000 cotizantes y una reducción de 314.000 beneficiarios.

En términos de población significa un descenso de cobertura del 30.96% al 30.03%. En cuanto a la distribución por EPS las Privadas aumentaron su participación del 66.9 al 72.6% del mercado.

 

IBC y Densidad Salarial

El Ingreso Base de Cotización promedio del Régimen Contributivo para el 2002 fue de $627.270, equivalentes a una Densidad Salarial (D.S.) de 2,03 salarios mínimos mensuales legales vigentes por cotizante. Las Entidades Promotoras de Salud públicas registraron una densidad salarial de 2.14, sobresaliendo Caprecom con la más alta (3.22) y la E.P.S. Caldas con la más baja (1.39). Las Entidades Promotoras de Salud privadas presentaron una densidad salarial de 2.08, en tanto en las Entidades Adaptadas fue 4.64 salarios por cotizante.

 

Afiliados Compensados, promedio mensual, por Tipo de Entidad 2002                       

Nombre de E.P.S.

DS 2001

DS 2002

Privadas

1.97

2.08

Públicas

2.74

2.14

Adaptadas

4.15

4.64

Total General

2.07

2.03

Fuente: Fisalud. Corte 5 de mayo 2003. Cálculos Ministerio de la Protección Social. Dirección General de Seguridad Económica y Pensiones. Año 2002 Informe del CNSSS al Congreso 2001-2002

Comparado con el 2001 el promedio del ingreso base de cotización de los afiliados al régimen contributivo se redujo de 2.07 a 2.03 lo cual contrasta con el aumento del SMMLV en el mismo período de 8.042%. Este hallazgo pone de presente las dificultades del sector público, que se esperan también en los próximos años.

La disminución de los salarios reales de los cotizantes no afectó el resultado del período de la subcuenta ya que el incremento de la UPC fue inferior al incremento del Ingreso Base de Cotización. El Acuerdo 218 del CNSSS incremento la UPC del Régimen Contributivo en un 4%, la cual fue reajustada a partir del mes de agosto del 2002 según lo dispuesto en el Acuerdo 234. En promedio, la UPC fijada para el 2002 aumentó el 5% que es inferior al 5.38% del aumento observado en el IBC.

El resultado del ejercicio de la Subcuenta de Compensación (Superávit Recaudo UPC frente al Déficit Proceso Compensación) presentó en el período un superávit el cual ascendió a 31 de diciembre del año 2002 a $216.536 millones. Al incluir en el resultado final los excedentes de ejercicios anteriores y los rendimientos financieros del portafolio de la Subcuenta, la subcuenta presentó un superávit total de $428.154 millones.

La tendencia superavitaria se explica por los cambios presentados en las densidades familiares y salariales de los afiliados, aspectos sobre los cuales los organismos de Dirección del Sistema mantienen un permanente seguimiento y monitoreo. El efecto de la disminución de la densidad familiar por los beneficiarios con respecto al 2001 para el Sistema es un reconocimiento de menos UPC por grupo familiar.

Acuerdo 245 “Por el cual se establece  la política de atención integral de patologías de alto costo, para los regímenes contributivo y subsidiado del SGSSS”.

Teniendo en cuenta que la redistribución de costos contemplada en  el Acuerdo 217 presentó dificultades de índole operativo el CNSSS mediante este Acuerdo determinó que se hacía necesario establecer una política de atención integral de patologías de alto costo tanto para el Régimen Subsidiado como Contributivo que permitiera corregir y prevenir la concentración de costos por tratamientos para las patologías de VIH-SIDA e Insuficiencia Renal Crónica teniendo en cuenta la desviación del perfil  epidemiológico de las EPS y las ARS. Esta política de mediano y largo plazo, según el CNSSS, evita que se aplique indefinidamente el mecanismo de redistribución permanente, que podría generar desincentivos a la realización de actividades de Promoción y Prevención. 

En la supresión de un mecanismo real de redistribución o ajuste por riesgo el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud muestra una vez su cualidad de plegarse y ajustar su opinión a la del gobierno de turno. Mas curiosa resulta la excusa de que esto desincentivaría la promoción y prevención. 

Desde la formulación del Plan Estratégico de Salud se anunció que sería derogado el Acuerdo 217, que había comenzado a generar pagos a algunas EPS con una menor concentración de pacientes de Cancer VIH/SIDA e Insuficiencia Renal, y cobros para el Seguro Social por varios miles de millones, en la medida que concentraba estos riesgos.

Como señalara Salud Colombia en la edición 70, del anterior Acuerdo se deduce que deja de existir un sistema de redistribución de riesgo en el Sistema, que desincentive la selección adversa por parte de los aseguradores, claramente demostrada en diferentes estudios, y que por tanto prima la tesis de negocios independientes de las empresas, (cada cual se defenderá como pueda) sobre la concepción de un sistema único en el que se requiere la distribución equitativa del riesgo para evitar desequilibrios entre aseguradoras y lograr igual disponibilidad de recursos per cápita e iguales derechos para los afiliados del Sistema.

 

FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA – VIGENCIA  2002

Ejecución presupuestal de ingresos

(Millones de $)

SUBCUENTA APROPIACIÓN ADICION APROPIACIÓN RECAUDO EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN
INICIAL DEFINITIVA EFECTIVO % COMPROMISOS %
COMPENSACIÓN 875,059 9,3 884.359 1.184.816 133.97 773.057 87.41
SOLIDARIDAD 585 0 585.000 757.677 129.52 575.691 98.41
PROMOCI0N 154,784 0 154.784 154.369 99.73 131.395 84.89
ECAT 140,985 70 210.985 290.543 137.71 206.588 97.92
TOTAL 1,755,828 79,3 1.835.128 2.387.405 130.09 1.686.731 91.91

Fuente: Dirección General de Financiamiento.

 

Ejecución de Gastos por Subcuenta

 (Millones de $)

  APROPIACIÓN   EJECUCIÓN
COMPENSACIÓN DEFINITIVA COMPROMISOS %
Pago Déficit Proceso de Compensación 851.248 742.976 87.28
Régimen Especial Madres Comunitarias 5.424 2.495 46.00
Pago de Otros Eventos y Fallos de Tutela 23.500 23.495 99.98
Apoyo técnico, Auditoria y Remuneración Fiduciaria. FOSYGA 4.187 4.092 97.75
TOTAL 884.359 773.058 87.41

Fuente: Dirección General de Financiamiento 

SOLIDARIDAD APROPIACIÓN COMPROMISOS EJECUCIÓN
 DEFINITIVA %
Subsidio a la Demanda- Régimen Subsidiado-Fondos Especiales 470.127 462.254 98.33
Subsidio a la Demanda – R S – Aporte Presupuesto Nacional 107.764 107.633 99.88
S. Demanda – Pago Déficit R S Cajas de Compensación Familiar 500 0  
S. a la Demanda – Régimen Especial Madres Comunitarias 2.251 1.892 84.06
Pago Vigencias Expiradas- Pasivos Exigibles 1 1 100
Otros Eventos de Trauma Mayor por Violencia 2.074 2.050 98.85
Pago Otros Eventos y Fallos de Tutela 800 469 58.67
Déficit Madres Comunitarias 475 446 93.78
Apoyo Técnico, Auditoria y Remuneración Fiduciaria FOSYGA 1.008 945 93.70
TOTAL 585.000 575.690 98.41

Fuente: Fisalud Consorcio Fiduciario. Informe de Gestión a Diciembre del 2002


PROMOCION APROPIACIÓN COMPROMISOS EJECUCIÓN
 DEFINITIVA %
Programas de Promoción y Prevención-Proceso de Compensación 118.474 96.072 81.09
Programas de Promoción y prevención Minsalud 34.995 34.995 100
Prevención de la Violencia y Promoción de la Convivencia 963 0 0
Déficit Madres comunitarias 87 81 93.15
Pago Vigencias Expiradas-Pasivos Exigibles 40 40 100
Apoyo Técnico, Auditoria y Remuneración Fiduciaria-FOSYGA-. 226 207 91.83
TOTAL 154.785 131.395 84.89

Fuente: Fisalud Consorcio Fiduciario. Informe de Gestión A Diciembre del 2002

 

ECAT APROPIACIÓN DEFINITIVA COMPROMISOS EJECUCIÓN
%
Reclamaciones Victimas Accidentes de Tránsito 67.511 67.507 100
Reclamaciones Victimas Acciones Terroristas 2.051 1.,347 65.69
Reclamaciones Víctimas Catástrofes Naturales 7.712 5.,858 75.97
Prog. Institución.-Fortalecimiento Red de Urgencias 11.047 10.,896 98.64
Programa Atención Población Desplazada 41.618 41.,502 99.72
Reaseguro Reserva Especial – Excedentes Víctimas  Atentados y Catástrofes 1.600 845 52.81
Reaseguro- Reserva Especial Ajuste 71 0 0
Recuperación procesos de Repetición 672 99 14.68
Pago Fallos de Tutela 131    
Déficit Madres comunitarias 161 151 93.52
Programa de la reestructuración de la red pùblica hospitalaria 50.000 50.,000 100
Viabilización y fortalecimiento de la Red de Urgencias 20.000 20.,000 100
Pago vigencias expiradas-pasivos exigibles 386 386 100
Apoyo Técnico, Auditoria y Remuneración Fiduciaria 8.026 7.,997 99.64
TOTAL 210.986 206.588 97.92

INVERSIONES

Al cierre de mayo de 2003 las inversiones con recursos del FOSYGA ascendieron a $1.831.019,8 millones (94,2% del total de los recursos), frente a $1.472.093,7 millones en diciembre de 2002, cuando representaron el 92,5% del total.

   Fuente: Consorcio FISALUD. Informe de Gestión a Diciembre de 2002 e Informe de   Gestión a Mayo de 2003

En cuanto a la distribución de las inversiones, se nota un aumento en la participación relativa de los CDT’s que pasan a representar el 31,6% de estas (19,4% en diciembre de 2002). Este aumento no sólo es posible por el mayor valor de los recursos totales, los cuales en el presente año han experimentado un crecimiento del orden de los $352.490,2 millones (22,1%), y al manejo atomizado de las inversiones por parte de las fiduciarias consorciadas, para efectos de reducir el riesgo de mercado ante la variación repentina de los precios de referencia empleados en la valoración de los diferentes instrumentos.

   Fuente: Consorcio FISALUD. Informe de Gestión a Diciembre de 2002 e Informe de   Gestión a Mayo de 2003

 

Fuente: Consorcio FISALUD. Informe de Gestión a Diciembre de 2002 e Informe de   Gestión a Mayo de 2003

 

Fuente: Consorcio FISALUD. Informe de Gestión a Diciembre de 2002 e Informe de   Gestión a Mayo de 2003

PROPOSITOS 

El Consejo Nacional de Seguridad Social requiere que el Gobierno Nacional realice las gestiones pertinentes a fin de lograr la autorización de cupo fiscal dentro del Presupuesto General de la Nación para utilizar excedentes de la Subcuenta de Solidaridad del FOSYGA y así poder ampliar cobertura que permita el ingreso de la población pobre y vulnerable al Régimen Subsidiado.  

Esta preocupación del Consejo es justa y las cifras anteriores evidencian que una vez más los recursos de solidaridad del FOSYGA que deberían estar financiando la ampliación del Régimen Subsidiado están prestados a la Tesorería General de la Nación.

Con el fin de lograr mantener el equilibrio financiero del Sistema el CNSSS ha adoptado las recomendaciones que por parte del Ministerio de la Protección Social se han presentado, las cuales han sido objeto de estudios y análisis realizados con relación a la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación, su relación con los Planes de Beneficios, estudio de los costos de los servicios de salud, y análisis del Comportamiento de las Subcuentas del Fondo de Solidaridad y Garantía, entre otros. No obstante se requiere realizar un análisis mas detallado que permita al CNSSS tener mayores insumos para los ajustes de UPC, actualización de los Planes de Beneficios y el impacto económico frente a la Unidad de Pago por Capitación de la inclusión o exclusión de medicamentos y tecnología dentro del POS.  

Se reitera la impresión de que el Gobierno no está interesado en aumentar la cobertura hasta que no pueda reducir la unidad de capitación del Régimen Subsidiado.

Así mismo se hace necesario adoptar medidas que generen agilidad y un proceso debidamente sistematizado y efectivo para el reconocimiento de recobros de medicamentos, igualmente la revisión del mecanismo de la Tutela la cual debe incluir la  Organización y determinación clara de las fuentes de financiación de los fallos con relación a los servicios de salud, con el fin de racionalizar el uso de recursos como los del FOSYGA, para así preservar el equilibrio financiero del Sistema y del Sector.  

Una vez más se llama a una Ley estatutaria que frene el mecanismo de la Tutela, insistencia crónica de ACEMI, o bien a la supresión total del mecanimo constitucional para este derecho social, como predica el Ministerio de Gobierno. Lo anterior a pesar de que el costo total de rubro apenas supera los 23 mil millones, cifra sin importancia alguna dentro de la financiación del Régimen Contributivo, y que apenas representa un 5% del superavir de esta vigencia.

Aunque a través de los Acuerdos 25 y 57 el CNSSS estableció las reglas de funcionamiento de los Consejos Territoriales de Seguridad Social en Salud, se definirán nueva estrategias que permitan la operatividad real de estas Instancias de concertación y generen en las diferentes Entidades Territoriales desarrollar mecanismos que mejoren las condiciones de salud y bienestar de las Comunidades.

En conjunto, resulta este informe del Consejo una demostración de que el Sistema está absolutamente estancado y sin posibilidades a futuro. Mas aún, sin propuesta alguna para salir del estancamiento y retornar el camino hacia la obligación ética y constitucional de la equidad y la universalidad.

 

El proyecto de ley 017 ¿Flexibilización laboral en el sector salud?

Una verdadera tormenta ha desatado entre las asociaciones de profesionales del sector el proyecto de Ley 017 del Senado de la República, “Por la cual se establecen los criterios generales que regulan el ejercicio, entrenamiento y empleabilidad del recurso humano para la atención en salud” , presentado por iniciativa del Gobierno, con la firma de los Ministros de Protección Social y Educación.

Reza así en su presentación el controvertido proyecto de Ley

ARTÍCULO 1°. OBJETO.- La presente Ley tiene por objeto definir las criterios generales para el ejercicio, entrenamiento y empleabilidad del recurso humano para la atención en salud, de acuerdo con los principios de equidad, eficiencia y calidad que orientan el Sistema General de Seguridad Social en Salud definidos en la ley 100 de 1993. 

ARTICULO 2°. CAMPO DE APLICACIÓN.- La presente Ley regula el ejercicio, entrenamiento y empleabilidad del recurso humano para la atención en salud.

ARTÍCULO 3°.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- Las disposiciones contenidas en la presente Ley, deben conducir al logro de los siguientes objetivos específicos: 

  1. Garantizar que el ejercicio, entrenamiento y empleabilidad del recurso humano para la atención en salud cumpla con los estándares de calidad definidos por el Gobierno Nacional;
  2. Propender porque el ejercicio de los profesionales, técnicos, tecnólogos y auxiliares que participan en la atención en salud, sea coherente con los principios éticos y los objetivos sociales del Sistema General de Seguridad Social en Salud;
  3. Propiciar que el ejercicio, entrenamiento y empleabilidad del recurso humano para la atención en salud sea concordante con las necesidades en salud de la población y responda a las características del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Hasta este punto la Ley no tiene objeción alguna y existe desde hace años un reclamo general de las asociaciones de profesionales y academias sobre la necesidad de controlar el exceso de formación de profesionales y la calidad de las Facultades, tarea que debería corresponder fundamentalmente al Ministerio de Educación.

En la exposición de motivos del proyecto de ley se señala. 

"En la actualidad existen 440 instituciones autorizadas para impartir educación superior en salud en el país, 101 son oficiales y 339 son privadas. Adicionalmente, estos programas se concentran geográfica en las principales ciudades del país: 34% en Bogotá, 15% Antioquia, Valle 7%, Atlántico 6% y Santander 6%."

"En relación con la empleabilidad,  se observa una tasa de desempleo global del personal de salud del 14.7%, con diferencias importantes entre las profesiones y en general una tendencia hacia el crecimiento. Las estimaciones hechas por el Ministerio de la Protección Social señalan las siguientes  cifras de desocupación:  terapias 48%,  enfermeras  30%, bacteriología y nutrición  19%, odontología 17% y médicos generales  7%. De otro lado, los estudios realizados destacan que existe una  alta concentración  de personal de salud  en las ciudades y muy poca en el nivel rural, lo cual explica y justifica la necesidad de incentivar la distribución geográfica del recurso humano en salud de forma equitativa."

Sin embargo, el estudio reciente de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia para el Programa de Apoyo a la Reforma del Ministerio de Salud demuestra que el exceso de profesionales en el sector, sólo es tal por la baja cobertura del Sistema y que, en el caso de incrementar la cobertura, se presentaría un déficit real de los mismos. 

Por otra parte, los escasos contenidos en cada uno de los objetivos del proyecto de ley parecieran dejar un cheque en blanco al Gobierno Nacional para reglamentar las profesiones de la salud, hecho evidente en el Artículo 23, que genera suspicacias y rechazos.

ARTÍCULO 23º.  FACULTADES EXTRAORDINARIAS.-  De conformidad con el numeral 10 del ARTÍCULO 150 de la Constitución Política, revístase de precisas facultades extraordinarias al Presidente de la República por el término de seis (6) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, para expedir normas con fuerza de ley, que definan de los requisitos y calidades para el ejercicio de las profesiones de la salud y sus especialidades.

Los siguientes son los artículos que levantan mayores resistencias.

ARTÍCULO 10°. DE LOS PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO DE SALUD.  El Ministerio de la Protección Social, con el objeto de hacer coherente la formación del recurso humano de salud con las necesidades en salud de la población y las características del Sistema General de Seguridad Social en Salud, definirá los roles y las competencias que el recurso humano debe cumplir.

Las asociaciones ha dejado en este punto explícita la protesta y fijado la posición irrenunciable de que las profesiones de la salud deben autorregularse por sí mismas. Adicionalmente existen una serie de leyes vigentes y concertadas en el Congreso en las últimas décadas que regulan el ejercicio de las profesiones y que resultarían derogadas.

La declaración de Madrid de 1987 de la Asociación Médica Mundial reza: “El elemento principal de la autonomía profesional es la garantía que el medico puede emitir, con toda libertad, su opinión profesional con respecto a la atención y tratamiento de sus pacientes,  por tanto la Asociación Médica Mundial y sus Asociaciones Médicas Nacionales, reafirman la importancia de la autonomía profesional como componente esencial de la atención médica de alta calidad y por consiguiente como un beneficio que se debe al paciente y que debe ser preservado. Por lo tanto se comprometen a mantener y garantizar ese principio de ética esencial”. Afirma igualmente con respecto a la Autorregulación por pares académicos: “Paralelamente al derecho de la autonomía profesional,  la profesión médica tiene una responsabilidad permanente de autorregulación y no obstante la existencia de otros reglamentos aplicables a los médicos, la profesión médica debe tomar a su cargo la tarea de regular la conducta y actividades profesionales del médico”.

ARTICULO 19º.  DEL CONSEJO NACIONAL DE RECURSO HUMANO DE SALUD.-  Créase el Consejo Nacional de Recurso Humano en Salud con sede en la ciudad de Bogotá, D.C., como un organismo de carácter técnico permanente, cuyas funciones serán de concertación, dirección y proposición de políticas del recurso humano en salud.

ARTICULO 20º.  DE LA CONFORMACIÓN.- El Consejo Nacional de Recursos Humanos, estará integrado por los siguientes miembros:

ARTÍCULO 21º.  DE LAS FUNCIONES.-  El Consejo Nacional de Recursos Humanos tendrá las siguientes funciones:

El problema derivado de estos tres artículos resulta evidente: No hay asociaciones de profesionales de la salud en este Consejo Nacional de Recurso Humano en Salud propuesto, de tal modo que la regulación de las profesiones se hará sin la participación de las mismas.

ARTÍCULO 11°. DE LAS ESTRATEGIAS DE PROFESIONALIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO TÉCNICO Y AUXILIAR PARA LA ATENCIÓN EN SALUD. El Gobierno Nacional fijará las condiciones para la profesionalización del recurso humano del nivel técnico y auxiliar en el sector salud.  

El artículo causa un recelo especial por cuanto se teme que permita a técnicos y auxiliares asumir competencias que hoy son exclusivas de los profesionales.

ARTÍCULO 16°. De las terapias alternativas. El ejercicio de las terapias alternativas en el país, se permite exclusivamente a quienes acrediten título universitario de carácter profesional otorgado por universidades reconocidas por el Estado y que hayan recibido la capacitación específica de conformidad con la reglamentación que expida el Ministerio de la Protección Social.

Por supuesto que genera un rechazo el artículo por no especificar el tipo de profesionales que podrían ejercer estas terapias, pero cabe recordar un repetido pronunciamiento de la Academia Nacional de Medicina en el sentido de que medicina hay una sola y que las terapias alternativas serán incorporadas a la práctica médica en la medida que demuestren por el método científico inequívocamente su utilidad terapéutica, es decir en el momento que avancen de fe a ciencia.

Más aún, entre las funciones del Consejo Nacional de recursos Humanos en Salud se incluye la función de "Realizar estudios para la promoción y el desarrollo de las Culturas Médicas Tradicionales y de las Terapéuticas Alternativas". Es decir, que no sólo no se controlarán sino que se promoverán las terapias alternativas por Ley. Adicionalmente se podrán autorizar centros de formación, facultad que tambien deja la Ley al Consejo. El conjunto resulta muy peligroso sin duda.

ARTÍCULO 18°. DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ESTÍMULOS E INCENTIVOS DEL RECURSO HUMANO DE SALUD.- El Gobierno Nacional desarrollará el sistema de estímulos e incentivos del recurso humano de salud, el cual incluirá como mínimo los siguientes componentes:  

Dos preocupaciones básicas genera el Artículo 18 en las asociaciones profesionales. La primera una regulación de sistemas de contratación y remuneración que favorezca a los Aseguradores y perjudique a los profesionales de la salud, es decir un nuevo proceso de flexibilización laboral dirigido nuevamente por el Minsiterio de Protección Social desde la prespectiva patron al y en contra de los trabajadores. 

La segunda es la inconsistencia entre mercado y regulación. Cabe preguntarse como es posible que para aseguradores y prestadores se invoque permenentemente el mercado como único e ideal regulador y para los profesionales y trabajadores de la salud se vaya a regular salarios, contratos y distribución geográfica para afectarlos, de modo que no se les pague en dinero o estímuylos lo que el mercado exigiría para trabajar en ciertas regiones.

Resulta absolutamente inconsistente, por no decir absurdo, proponer un servicio social, con salario reducido, al servicio de empresas con ánimo de lucro. El servicio social que cabía en un sistema de asistencia pública estatal no cabe en un Sistema de Seguridad Social regido por la utilidad. Los profesionales de la salud tienen derecho a trabajar igualmente en función de la utilidad, como las empresas que les compran sus servicios. Lo contrario sería como obligar a los economistas a prestar servicio social en los bancos o a los administradores a prestar servicio social en las transnacionales.

Por último, para algunos estudiosos de los tratados de libre comercio, este proyecto se origina en la necesidad de cumplir unos compromisos de país frente al ALCA o al TLC con Estados Unidos.

Dentro del ALCA, existe un capítulo dedicado al tema del comercio de servicios, en el cual se contempla el tema de los servicios profesionales, definidos estos como “Los servicios que para su prestación requieren educación superior especializada o adiestramiento o experiencia equivalentes y cuyo ejercicio es autorizado o restringido por una Parte, pero no incluye los servicios prestados por personas que practican un oficio o a los tripulantes de barcos mercantes y aeronaves”.

En los sectores en los que se contraigan compromisos específicos respecto de los servicios profesionales, cada Parte establecerá procedimientos adecuados para verificar la competencia de los profesionales de otras Partes. Estos procedimientos están contenidos en un Anexo para servicios profesionales, cuyo objeto es establecer las reglas que habrán de observar las Partes para reducir y gradualmente eliminar, en su territorio, las barreras a la prestación de servicios profesionales.

Según el párrafo 3 del anexo, “Las Partes alentarán a los organismos pertinentes en sus respectivos territorios a elaborar normas y criterios mutuamente aceptables para el otorgamiento de licencias y certificados a los prestadores de servicios profesionales, así como a presentar al Comité recomendaciones sobre su reconocimiento mutuo”.

”Las normas y criterios a que se refiere el párrafo 3 podrán elaborarse con relación a los siguientes aspectos:

a) educación: acreditación de escuelas o de programas académicos;
b) exámenes: exámenes de calificación para la obtención de licencias, inclusive métodos alternativos de evaluación, tales como exámenes orales y entrevistas;
c) experiencia: duración y naturaleza de la experiencia requerida para obtener una licencia;
d) conducta y ética: normas de conducta profesional y la naturaleza de las medidas disciplinarias en caso de que los prestadores de servicios profesionales las contravengan;
e) desarrollo profesional y renovación de la certificación: educación continua y los requisitos correspondientes para conservar el certificado profesional;
f) ámbito de acción: extensión y límites de las actividades autorizadas;
g) conocimiento local: requisitos sobre el conocimiento de aspectos tales como las leyes y reglamentaciones, el idioma, la geografía o el clima locales; y
h) protección al consumidor: requisitos alternativos al de residencia, tales como fianza, seguro sobre responsabilidad profesional y fondos de reembolso al cliente para asegurar la protección a los consumidores.

Entre los anteriores aspectos y el proyecto de Ley 017 existen sin duda elementos comunes. 

Para finalizar resaltamos el pronunciamiento del Secretario Académico de la Confederación de Organizaciones de Profesiones de la Salud -COPSA-, Luis Guillermo Restrepo Velez: 

"Indiscutiblemente, los papeles de los profesionales a título individual y de las profesiones como entes sociales pueden y deben ser cuestionados en el proceso de construcción de una nación respetuosa de la dignidad humana, en términos de la necesidad de que el conocimiento y la técnica no se conviertan en factores de discriminación, inequidad y ampliación de la brecha entre una élite con poder y dinero y unas mayorías despojadas de ambos.  Hay que reconocer que existen problemas en este sentido, que deben ser tratados seria y profundamente ya que hacen parte de la crisis."

"Sin embargo, en el proyecto de ley se pretende lograr una articulación de la formación, el ejercicio profesional y la “empleabilidad” (nuevo término), que se fundamenta en una racionalidad centrada en la maximización de las ganancias y la minimización de los costos, independiente de los efectos que las medidas que se tomen para lograr estos objetivos tengan sobre quienes producen y consumen bienes y servicios, en este caso, relacionados con la salud y por lo tanto, de forma conexa, con el derecho fundamental a la vida."

 

Resultados de la encuesta de la Defensoría del Pueblo II

  Continúa........... Encuesta de la Defensoría del Pueblo II R. Subsidiado


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