Editorial

Salud Colombia www.saludcolombia.com
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Editado en Bogotá D.C.

 

Malos vientos soplan para el sector salud

Tomando en cuenta tanto la crisis de las principales EPS públicas, como los recientes decretos de escisión de las mismas entidades, no cabe más remedio que agregar una nota pesimista sobre el grave efecto en la prestación de servicios de salud del país.

La crisis de estas entidades, la frialdad de los funcionarios de Hacienda y Planeación, la política gubernamental y la desfachatez de los directivos del ISS, junto con una Superintendencia Nacional de Salud inexistente, ha permitido que se ponga en riesgo la vida de miles de personas y la salud de cientos de miles más , abandonados a su suerte en las clínicas sin suministros o medicamentos, o en sus casas esperando autorizaciones para tratamientos que nunca llegan, salvo que acudan a un juez de la República.

Sin duda la prestación de servicios en las nuevas IPS escindidas, con nombres tan patrióticos, seguirá por similar camino, pues el artificio jurídico parece ser útil únicamente para despedir trabajadores sin tener que responder el Estado por gravosas prestaciones e indemnizaciones. No cabe el optimismo entonces con estas nuevas entidades, en las que de antemano nadie cree.  La perspectiva actual no se dirige a punto distinto de su rápida desaparición, salvo que en corto plazo demuestren lo contrario.

Por otra parte los hospitales públicos (perdon empresas sociales del Estado), prosiguen su calvario y el Ministerio insiste en que demuestren su viabilidad financiera o las cerrará -como cualquier accionista de empresa que no tuviera responsabilidad ni con los trabajadores ni con los usuarios del servicio-. Al mismo tiempo el Gobierno pretende quitarles más recursos para transformarlos a la demanda, o subsidios en salud, vía Plan de Desarrollo, sin explicar con que recursos se prestarán servicios a más diez millones de pobres que no caben en el SISBEN o con que recursos se prestarán los servicios no incluídos en el Plan Obligatorio a los afiliados al Régimen Subsidiado.

Para completar el cuadro trágico de la financiación de servicios de salud, el Gobierno anuncia una nueva reducción de las transferencias a los deprtamentos y municipios (con las que se financia educación y salud), en la próxima reforma tributaria. Sin duda, al sumar estas medidas, no podrá obtenerse otro resultado que una crisis total de la prestación de los servicios en los hospitales públicos para el 70% de los colombianos que no pertenecen al Régimen Contributivo.

En conjunto, el gasto público en salud seguirá disminuyendo dramáticamente como proporción del gasto público total y tambien en proporción al Producto Interno Bruto. Las instituciones encargadas de la prestación de servicios de salud de orígen público se irán consumiento y se cerrarán progresivamente, sin que haya posibilidad de que la oferta privada pueda responder a las necesidades, bien sea por razones de infraestructura o por razones de capacidad de pago de quienes necesitan los servicios.

Pero lo verdaderamente triste, en medio de este panorma desolador, es que los médicos y demás profesionales y trabajadores de la salud, por aferrarse a sus salarios o sobrevivir -aunque sea mientras les toca el turno de ser despedidos-, sigan trabajando en estas condiciones y permitan que los pacientes sean mal tratados, sin importar el resultado para su salud o la vida, contrariando su vocación y su juramento, en las lamentables condiciones de prestación de servicios que hoy son una constante en la mayoría de las instituciones públicas del país.

El problema ya no se resuelve modificando la Ley 100, como insisten tercamente algunos colegas. Menos organizando una manifestación para que paguen los salarios. Es de mucho más fondo. Es un gravísmo problema social. Es un problema político, por cuanto significa el dolor y la muerte a millones de colombianos. Es, en resumen, la indolencia total, de la que sin duda tendremos que rendir cuentas tarde o temprano ante nuestros conciudadanos, e incluso ante ciudadanos del mundo, pero especialmente ante las próximas generaciones.

 

Junio  de 2003


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