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Redacción final del Plan de Desarrollo

Al cierre de esta edición de Salud Colombia, se conocía la redacción definitiva de la Ley del Plan, una vez finalizados los debates del Congreso, aunque no había sido promulgada. Se registran los apartes relevantes para el sector salud.

ARTICULO 8o Descripción de los principales programas de inversión. La descripción de los principales programas de inversión que el Gobierno Nacional espera ejecutar durante la vigencia del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, es la siguiente:

A. SEGURIDAD DEMOCRATICA

.....................

B. CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIBLE Y GENERACIÓN DE EMPLEO

......................

C.  CONSTRUIR EQUIDAD SOCIAL

      1.   Revolución Educativa  ..........

2.      Ampliación y mejoramiento de la protección y la  seguridad  social

·         Se fortalecerán e incrementarán las coberturas de aseguramiento en salud a través de un esfuerzo conjunto entre la nación y los entes territoriales; la transformación de subsidios de oferta a demanda, que se realizará progresivamente a partir del año 2004; el recaudo efectivo de recursos para su financiamiento; y la mejor explotación del monopolio de juegos de suerte y azar. Con estas políticas se espera incorporar por lo menos cinco (5) millones de nuevos afiliados al régimen subsidiado de salud.

·         Se buscará la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y se mejorará el flujo de recursos y la operación del régimen subsidiado.

·         Se mejorará el acceso y la prestación de servicios de salud en el Sistema mediante la reestructuración y capitalización de hospitales, la regulación de la entrada de Instituciones Prestadoras de Salud al SGSSS, la promoción de mecanismos de acreditación para mejorar la calidad y la creación de redes de atención.

·         En salud pública se aumentará la cobertura de vacunación al menos a 95% en menores de 5 años. Se desarrollará una política de promoción y prevención que interactúe con los planes de beneficios del régimen contributivo, subsidiado y complementario.  Se diseñarán programas de salud tendientes a la promoción de estilos de vida saludables; violencia intrafamiliar y sexual;  prevención y control de enfermedades crónicas, salud sexual y reproductiva; formulación e implementación de una política de salud mental con especial atención a afecciones derivadas de la violencia; participación social en las intervenciones de interés en salud pública; desarrollo del sistema de información y vigilancia nutricional; y a la reducción, entre otros, de la incidencia del embarazo en adolescentes, el sida, la malaria y el cáncer de cuello uterino.

·         Se organizará la red cancerológica nacional dependiente del Instituto Nacional de Cancerología a la cual pertenecerán las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas, que atenderán la población pobre no asegurada que padece cáncer, con cargo a la financiación que para tal efecto establezcan el Ministerio de Protección Social y las entidades territoriales, contando además con los aportes voluntarios del sector privado. 

·         Se fortalecerá el poder de los ciudadanos en la toma de decisiones, facilitándose la participación de la comunidad organizada en los diferentes procesos del sector de la protección social.

·         Para la protección a la familia, la juventud y la niñez, se impulsará un proyecto de ley para clarificar las competencias de la nación y las entidades territoriales sobre la protección familiar. Progresivamente se descentralizará el ICBF, entidad que se especializará en la proposición y dirección de las políticas para la asistencia y protección familiar.  Se formulará un plan nacional de alimentación y nutrición que incluirá múltiples estrategias y acciones integrales para mitigar el problema de la desnutrición con la participación de los diferentes actores con responsabilidad en el problema. Como parte integrante de este plan se trabajará en el programa de  ampliación de cupos alimentarios para niños, con el fin de otorgar cerca de 500.000 desayunos o almuerzos, buscando alcanzar hasta 1.300.000 niños beneficiarios de este programa.  Se promoverán los bancos de alimentos.

·         La protección a la familia, la juventud y la niñez, se llevará a cabo con la participación activa del Instituto de Bienestar Familiar, ICBF. Se le dará especial atención a la ampliación de cupos alimentarios para niños, con el fin de otorgar cerca de 500.000 desayunos o almuerzos, buscando alcanzar hasta 1.300.000 niños beneficiarios de este programa. También se trabajará en la prevención y atención de la violencia intrafamiliar, y a los grupos más vulnerables de la población: ancianos y discapacitados. Bajo la coordinación de la Consejería Presidencial de Equidad para la Mujer y, a partir de un proceso de concertación con las entidades rectoras de las políticas sectoriales, se diseñará y se definirán las acciones específicas, responsabilidades y presupuesto, de la política “Mujeres constructoras de paz y de desarrollo” dentro del marco de las estrategias y programas contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) diseñará y ejecutará programas educativos y culturales que permitan la integración entre la tercera edad y la juventud, encaminados a la formación en valores y a la recuperación y fortalecimiento de comportamientos cívicos y el respeto a la comunidad.

·         Se creará una red de protección social operante para dar continuidad a los programas de la Red de Apoyo Social, reformando el sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios para programas sociales (SISBEN) para contar con una adecuada focalización de tales programas.

·         La reforma pensional garantizará equidad intra e intergeneracional. El Gobierno Nacional desarrollará una política integral para hacer frente al problema pensional, a través de la ejecución de la Ley 797 de 2003.

·         Se fortalecerá el SISBEN como sistema de información que consulta la realidad social y regional. El sistema incorporará otras variables necesarias para los propósitos de la gestión, la planeación y la administración, y las ponderará de acuerdo a las condiciones socioculturales de los territorios.

·         Las loterías asociadas, o donde confluyan dos o más departamentos, tomarán sus decisiones por mayoría simple, inclusive para la elección de su Gerente o representante legal.

·         Se diseñará e implementará la Política Pública Nacional de Juventud con una visión a diez años, con base en la concurrencia de la población joven para su diseño y construcción, vinculando los procesos locales y municipales.

·         Se implementará y fortalecerá la promoción institucional de los Consejos de Juventud, entendiendo ello como el hacer visible la función, responsabilidad e importancia de estos espacios, constituidos para la interlocución entre los intereses de la juventud y las Administraciones centrales de los Municipios, Distritos, Departamentos y de la Nación.  Para ello, se implementará el Consejo Nacional de Juventud, el Sistema Nacional de Juventud y el Sistema Nacional de Información de Juventud.  Así mismo se diseñará el sistema de responsabilidad penal juvenil.

·         Se prestará asistencia permanente de alimentos y medicamentos a las mujeres y los hombres mayores de 60 años de escasos recursos económicos y que presenten deficiencias nutricionales. 

·         Se apoyará la creación del Sistema Único de Información Nacional del Adulto Mayor de 60 años, el cual se dará a conocer a través de los medios de comunicación masivos.

·         En la ampliación de cobertura los regímenes de Seguridad Social en Salud se dará prioridad a la vinculación de las mujeres y los hombres mayores de 60 años que no se encuentren vinculados en ninguno de los regímenes.

·         Realizar campañas masivas de divulgación de los Derechos del Adulto Mayor de 60 años, a fin de concientizar a la comunidad en general acerca de la importancia que este grupo poblacional representa para la familia y la sociedad. 

·         También se trabajará en la prevención y atención de la violencia intrafamiliar, y a los grupos más vulnerables de la población: ancianos y discapacitados. En el primer caso, se formulará la política pública en tercera edad y las estrategias de atención para mejorar las condiciones y calidad del envejecimiento, para  lo cual será necesario reforzar los servicios sociales complementarios (salud física, mental y social). Se evaluarán los resultados y el impacto del programa que en este sentido ha venido siendo ejecutado por la Red de Solidaridad Social, para luego definir modalidades de atención más flexibles y que privilegien la atención familiar. Se aplicarán modalidades de atención con subsidios a la demanda que podrán ser monetarios, en   especie, o a través de servicios sociales básicos y complementarios.

·         Para atender la situación de discapacidad en  el país, se desarrollará el Plan Nacional de Intervención  en discapacidad, dentro del marco de la política pública, con el fin de garantizar los programas y estrategias  intersectoriales que prevengan las situaciones de discapacidad.  Igualmente propenderá por el respeto y reconocimiento de las diferencias que de la condición de discapacidad se deriva, así como proveer las condiciones para lograr la mayor autonomía y participación de las personas con discapacidad en los espacios cotidianos y de vida ciudadana, con la participación, compromiso y solidaridad de la familia, la comunidad y el Estado.

·         Los entes de control contemplados en el inciso tercero del artículo 97 de la Ley 715 de 2001 no podrán cobrar cuota de auditaje por ningún concepto a las Instituciones  Prestadoras de Servicios de salud (IPS) o red hospitalaria. Ente de control que contravenga esta disposición o que esté inmerso en ella incurrirá en causal de mala conducta. Para este caso también tendrá potestad disciplinaria las dependencias de control interno de la respectiva entidad territorial. 

·         Se fortalecerán las instituciones públicas de Seguridad Social tales como los hospitales universitarios y las Instituciones Públicas y privadas que protegen y atienden a los ancianos desprotegidos/ Para la obtención de recursos económicos el Gobierno Nacional podrá crear y reglamentar los bonos de Seguridad Social integral los cuales serán constituidos con aportes financieros de las entidades públicas de Seguridad Social expedidos, colocados y administrados por estas mediante fiducia/ Las entidades privadas del sector podrán participar en condiciones de igualdad en este proceso de financiación de la Seguridad Social integral cuyo producido se destinará para los hospitales universitarios para atender a los ancianos desprotegidos.

·         Con el propósito de generar un cambio cultural que promueva una visión positiva del joven y de fortalecer el tejido social, se creará a través del programa presidencial Colombia Joven, EL VOLUNTARIADO JUVENIL, el cual reunirá a los jóvenes para realizar trabajo social en el marco de las prácticas estudiantiles, universitarias y laborales.

Se elaborará un documento CONPES que contenga los lineamientos generales para el diseño y construcción de la Política Pública Nacional de la Juventud.

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ARTICULO 45º   Pagos a IPS. El pago que las entidades territoriales competentes realicen a las IPS públicas o privadas, por la prestación del servicio de salud a la población pobre no afiliada en lo no cubierto con subsidios a la demanda, deberá soportarse en la compra de servicios de salud mediante modalidades de pago, que sean consistentes con la cantidad y valor de los servicios efectivamente prestados, en los términos convenidos en los respectivos contratos.

La transferencia de recursos no constituye modalidad de pago.  Solo podrán transferirse recursos cuando procuren garantizar los servicios básicos por entidades públicas donde las condiciones del mercado sean monopólicas y las entidades prestadoras no sean sostenibles financieramente en condiciones de eficiencia, conforme las condiciones y requisitos que establezca el Reglamento. El CNSSS definirá los servicios básicos de que trata el presente artículo.

El Gobierno nacional establecerá, dentro del primer mes de vigencia de la presente ley, la metodología que aplicarán las entidades territoriales para la definición de las modalidades de pago referidas en el presente artículo.

Cada entidad territorial que tenga competencia definirá dentro de  los tres (3) meses siguientes a la vigencia de la presente ley, la priorización del gasto por estructura poblacional y perfil epidemiológico, con base en los recursos disponibles, de acuerdo a los lineamientos generales que define el Ministerio de Protección Social, sin perjuicio de los ajustes futuros que sean necesarios frente a variaciones que se presenten en los factores anteriores.

Parágrafo 1.- La prestación de los servicios de atención del parto institucional de urgencia y del Programa Ampliado de Inmunizaciones en las jornadas especiales de vacunación no requerirá contrato ni orden previa y su reconocimiento se hará acorde con las disposiciones vigentes.

Parágrafo 2.- Cuando bajo circunstancias excepcionales y atendiendo las normas vigentes, el Ministerio de la Protección Social realice contratación para la prestación de servicios de salud, ésta deberá soportarse en modalidades de pago que sean consistentes con la cantidad y valor de los servicios efectivamente prestados, en los términos convenidos en los respectivos contratos.

ARTICULO 46º   Criterios de habilitación. Para la habilitación de las Instituciones Prestadoras de Servicios, Administradoras del Régimen Subsidiado y Empresas Promotoras de Salud, se deberán tener en cuenta criterios de entorno ambiental, accesibilidad, oportunidad y calidad en la prestación de los servicios a los usuarios, así como las condiciones técnicas administrativas y financieras que garanticen la prestación adecuada de los servicios y la administración del riesgo en salud.

El Gobierno nacional y las entidades territoriales podrán contribuir en la financiación de los estudios y adecuación en sismoresistencia, de los hospitales públicos que se encuentren en zona de riesgo.

ARTICULO 47º   De la gestión en la salud pública. La Dirección del Ente Territorial asumirá la gestión de la salud pública desarrollando el sistema de monitoreo y evaluación del estado de salud, y la formulación de la política local, para el logro de las metas prioritarias en salud pública definidas por el Ministerio de Protección Social, de conformidad con la ley 715 de 2001.

Parágrafo.- Para contribuir al desarrollo de una gestión efectiva en salud, se fortalecerán los Consejos Territoriales de Seguridad Social en salud en el ejercicio de control social y demás funciones asignadas por la ley.

ARTICULO 48º   Políticas de recursos humanos en salud.  El Ministerio de Protección Social en cumplimiento de sus funciones establecerá la política de formación y capacitación del recurso humano de salud conjuntamente con el Ministerio de Educación Nacional, así como la política y mecanismos de acreditación del recurso humano de salud en ejercicio.  En tal sentido, las becas, créditos consagrados en el Parágrafo 1 del artículo 193 de la ley 100 de 1993, serán entregadas tomando en cuenta las necesidades prioritarias de formación del recurso humano en las áreas clínicas y de investigación del sector salud, focalizando de acuerdo a la capacidad de financiamiento de los beneficiarios, las necesidades regionales y los recursos disponibles, conforme las condiciones que establezca el Reglamento.

ARTICULO 49º   Sistemas tarifarios.  El Gobierno nacional – Ministerio de Protección Social - establecerá un sistema de tarifas mínimas para la  prestación de servicios de salud.

ARTICULO 50º   Reestructuración de IPS públicas. Para la ejecución de los créditos condonables de que trata el Parágrafo 3º del artículo 54 de la Ley 715 de 2001, la Nación y las entidades territoriales concurrirán, bajo la modalidad de préstamos condonables, en el financiamiento del proceso de ajuste y reestructuración de las IPS públicas, mediante convenios de desempeño con las instituciones hospitalarias, que como mínimo garanticen, por parte de la entidad hospitalaria, su sostenibilidad durante diez (10) años, mediante el equilibrio financiero, eficiencia en la prestación de los servicios y su articulación en red.

Para el efecto, el Gobierno Nacional evaluará anualmente a las instituciones hospitalarias respecto al cumplimiento de las metas financieras y de gestión incorporadas en los convenios, y determinará su liquidación cuando presente incumplimiento, durante dos vigencias fiscales consecutivas, en las metas fijadas, y conforme los procedimientos de liquidación que la ley defina.

Corresponde a los entes territoriales garantizar el cumplimiento de los procesos de reestructuración de las entidades hospitalarias, así como brindar asistencia técnica, monitorear y evaluar el cumplimiento en las metas previstas en los convenios de desempeño.  Igualmente, deberán garantizar la suficiencia y coherencia de la red de servicios, la calidad de los mismos y los mecanismos de subsidiariedad y complementariedad.

El Gobierno Nacional señalará los criterios, de acuerdo con los convenios de desempeño, para condonar a las entidades territoriales, los préstamos efectuados para llevar a cabo el proceso de reestructuración de las IPS públicas.

ARTICULO 51º   Contratación de Entidades del orden territorial.   Las entidades que administran los recursos del régimen subsidiado de salud contratarán los servicios que requiera su población afiliada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 51 de la ley 715 de 2001, con la red hospitalaria pública de la zona de operación regional en la cual se encuentra autorizada para operar el régimen subsidiado.

ARTICULO 52º   Depuración de las bases de datos del SISBEN. Con el fin de depurar  las bases de datos de los beneficiarios de subsidios en salud y avanzar en el aseguramiento del régimen subsidiado, todos los municipios del país realizarán un nuevo barrido del SISBEN en un marco de estricta vigilancia y control.

ARTICULO 53º   Subsidios parciales para la afiliación al SGSSS.  Dependiendo de la disponibilidad de recursos, el gobierno nacional  estudiará el otorgamiento de subsidios parciales para la afiliación al SGSS de grupos de población especiales, tales como mujeres cabeza de familia, taxistas, vendedores ambulantes, deportistas, trabajadores de la cultura y agricultores, entre otros.

ARTICULO 54º   Reforma a la operación del régimen subsidiado.  Para garantizar la sostenibilidad financiera del SGSSS, el gobierno nacional en concertación con el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, reformará la operación del régimen subsidiado, teniendo en cuenta la reducción de costos de administración innecesarios, la agilización de procesos, la evaluación de la política dual en la entrega de subsidios de salud, la operación regional del aseguramiento, la afiliación individual, la disminución de los costos transaccionales y la eficiencia para la administración del riesgo.

ARTICULO 55º  Prestación de los servicios a la población no asegurada y atención de eventos no POS-S de población afiliada al régimen subsidiado. Las entidades territoriales, para mejorar el acceso a la salud y de acuerdo con los recursos disponibles, priorizarán los servicios a esta población de acuerdo con el perfil epidemiológico y los criterios que defina el Ministerio de la Protección Social.  Para el efecto, a partir de la vigencia 2004 se mantendrá en promedio en cada Departamento y Distrito el valor per cápita de la vigencia del 2003, producto de las diferentes fuentes que financian estos servicios en cada entidad territorial, en la misma proporción.  

Cabe destacar que la redacción final de este artículo es mucho menos lesiva para los hospitales públicas y para la población vinculada que la propuesta por el Gobierno de transformar el 70% de los recursos de oferta por igual en todos los territorios. Sin embargo no permite que haya una relación entre el incremento de cobertura y la transformación que sería lo deseable, dada las grandes diferencias entre departamentos y distritos.

ARTICULO 56º   Regulación del uso de la tecnología en salud: El gobierno nacional, a través del Ministerio de Protección Social, regulará el uso de la tecnología en salud.

ARTICULO 57º   Autorización a las Empresas Sociales del Estado y Empresas Promotoras de Salud públicas.  Las Empresas Sociales del Estado, como entidades públicas descentralizadas, y empresas promotoras de salud pública, podrán constituirse como Sociedades de Economía Mixta.

ARTICULO 58º   Condiciones para que operen las exenciones y reducciones por generación de empleo. La exención o reducción de aportes parafiscales de que trata el artículos 13 de la Ley 789 de 2002 y los demás que otorgue la Nación, así como los programas de generación de empleo con recursos públicos, orientados a la creación y promoción del empleo formal, estarán condicionados a la afiliación de los trabajadores al Sistema General de Seguridad Social en Salud. A su vez, la exención o reducción de aportes parafiscales de que trata el artículo 14 de la misma ley, estará condicionada a la afiliación de dichos trabajadores al Plan de Beneficios que defina el Ministerio de la Protección Social.

ARTICULO 59º   Licencia de Paternidad. La licencia remunerada de paternidad de que trata la Ley 755 de 2002 será reconocida por la EPS y recobrada a la Subcuenta de Compensación del Fondo de Solidaridad y Garantía de acuerdo con las reglas y procedimientos previstos por las normas vigentes para la licencia de maternidad.

ARTICULO 60º   Suministro de información. Para la implementación de los mecanismos que permitan monitorear, evaluar y ajustar anualmente el valor de la Unidad de Pago por Capacitación y el contenido de los planes de beneficio, así como para el análisis y evaluación del Sistema General de Seguridad Social en salud, las Entidades Promotoras de Salud, las entidades autorizadas para administrar el régimen subsidiado, las Instituciones Prestadoras de Servicio de salud, las entidades territoriales y demás agentes que hacen parte del sistema, están obligadas a reportar en la forma y con la periodicidad que el Ministerio de Protección Social defina, la información necesaria y pertinente, además de la que establezca el Sistema Integral de Información en salud.

La definición del valor anual de la UPC del Régimen Contributivo y Subsidiado, se sustentará en la información reportada por las entidades promotoras de salud y las entidades que administran el Régimen Subsidiado, respectivamente, sobre el gasto en salud y la frecuencia de uso de un período anual, a más tardar tres (3) meses antes de tratar el proyecto de acuerdo respectivo por parte del CNSSS, sin perjuicio de las información de las demás fuentes que el Ministerio considere necesarias.

ARTICULO 61º   Prohibición de prestación de servicios de salud en forma directa. Prohíbese la prestación de cualquier plan adicional o complementario de servicio de salud, en forma directa, por parte de cualquier entidad estatal, frente a sus propios trabajadores, con excepción de aquellos que hacen parte de los regímenes de excepción contemplados en la Ley 100 de 1993.

PARAGRAFO TRANSITORIO. Las entidades que estuvieren prestando, tendrán un plazo de dos años de transición para dejar de hacerlo.

ARTICULO 62º   Aseguramiento universal. De conformidad con el artículo 50 y el último inciso del artículo 70 de la ley 715 de 2001, el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, definirá dentro de los seis (6) meses siguientes a la aprobación de la presente ley, previo análisis con las entidades territoriales, el plan de generación y reasignación de recursos para lograr el aseguramiento universal de la población, que incluya, entre otros, la ampliación de cobertura en el régimen subsidiado.

El componente financiero que soporte dicho plan, deberá desagregar el origen de la fuente de financiación indicando el esfuerzo propio a cargo de las entidades territoriales y los requerimientos de los distintos recursos que constituyen la subcuenta de Solidaridad FOSYGA..  Para tal fin, el Ministerio de Protección Social informará dentro de los dos (2) meses siguientes a la expedición de la presente ley, el Plan de transformación de las participaciones y de las Rentas cedidas y solicitará a cada entidad territorial, un plan similar que defina la programación de los recursos de esfuerzos propios a cargo de cada una de ellas, el cual deberá ser presentado dentro de los dos (2) meses siguientes.

La transformación de recursos se hará en forma gradual a partir del 2004 tomando en cuenta los recursos disponibles para transformar, la reestructuración de la red hospitalaria, y las metas de ampliación de cobertura definidas en el Plan Nacional de Desarrollo.

Los recursos originados en la transformación de subsidios de oferta a demanda de cada uno de los entes territoriales en cada una de las tres anualidades indicadas, 04 – 05 – 06, no podrán ser utilizados para garantizar la continuidad de los afiliados al régimen subsidiado en las vigencias anteriores, sino destinarse exclusivamente a la ampliación de cobertura.

Los Departamentos Distritos y Municipios deberán destinar los recursos excedentes de la liquidación de los contratos de administración del régimen subsidiado de las vigencias anteriores y los rendimientos financieros, a la ampliación de cobertura al régimen subsidiado de su propia jurisdicción, garantizando la sostenibilidad de acuerdo a lo que defina el Gobierno Nacional, sin que lleve a cabo el reintegro de dichos recursos al FOSYGA.  Dicha ampliación de cobertura se llevará a cabo previa presentación y aprobación por el CNSSS.

El Gobierno nacional destinará recursos de la Subcuenta ECAT para la atención en salud a la población en condición de desplazamiento forzoso sin capacidad de pago, con cofinanciación de entidades territoriales condición que se mantendrá hasta que sean afiliados al régimen subsidiado.

ARTICULO 63º   Convenios de asociación. Para efectos de racionalizar los costos de supervisión, interventoría o auditoria a los contratos del régimen subsidiado de salud que le corresponde ejercer al municipio, se podrán realizar convenios de asociación con otros municipios, o departamentos con corregimientos departamentales, conforme lo señale el reglamento. El costo de la auditoria será financiado proporcionalmente por cada municipio en función del número de afiliados que cada uno de ellos tenga en la EPS o demás entidades autorizadas en el régimen subsidiado. La interventoría o auditoria a los contratos sólo podrá contratarse con entidades acreditadas en los términos que defina el reglamento.

ARTICULO 64º   Reestructuración del ICBF. Se reestructurará el ICBF para redefinir las competencias y la concurrencia de recursos de la nación y de las entidades territoriales en la asistencia y protección de la niñez y la familia.

ARTICULO 65º   Número Único de Identificación. La Registraduría Nacional del Estado Civil coordinará con el Ministerio de la Protección social el diseño del Sistema Unico de Identificación.  Este número deberá ser utilizado para la identificación de las historias clínicas.

ARTICULO 66º   Evaluación de las instituciones prestadoras del servicio público de bienestar familiar. Las instituciones prestadoras del servicio público de bienestar familiar serán objeto de evaluación a través del sistema de habilitación y acreditación que para tal fin diseñará el Ministerio de la Protección Social, que podrá implementar directamente, o en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El cumplimiento de las condiciones de habilitación será condición necesaria para la prestación del servicio, el cual se contratará prioritariamente con aquellas entidades que ofrezcan los mejores estándares de calidad, acordes a la disponibilidad de recursos.

ARTICULO 67º    Inspección, vigilancia y control.  Para el fortalecimiento del Sistema de Seguridad Social en salud, el Gobierno nacional organizará el esquema descentralizado para el apoyo y la concurrencia de las entidades territoriales en los mecanismos de inspección, vigilancia y control, para la protección de los usuarios.

ARTICULO 68º   Desarrollo integral de la primera infancia. El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Protección Social impulsará las políticas orientadas al desarrollo integral de la primera infancia con particular énfasis en los temas de salud, nutrición, estimulación adecuada, entorno saludable y cuidado óptimo.  

En suma, el Plan sale bastante trasquilado del Congreso. Los artículos más importantes de la nueva ley del Plan estarían relacionados conn los hospitales públicos. Serían la modalidad de pago a las IPS (45 de esta versión), la reestructuración de IPS públicas (50) y la regulación de la transformación de la oferta a la demanda (55), complementados con el Artículo 62 sobre Aseguramiento Universal. Sin embargo se sigue utilizando el término Rentas Cedidas en conjunto a pesar de la separación que hiciera la Ley 715 de la destinación de los recursos de loterias e impuesto a licores.

Cabe destacar igualmente el Artículo 61 sobre la prohibición de prestación de servicios de salud en forma directa por cualquier entidad estatal frente a sus propios trabajadores, aunque no es claro si además de abarcar aquellas instituciones que ignoraron la Ley 100 como el SENA, este artículo tiene alcance sobre las Entidades Adaptadas.

 

¿Sistema de redistribución de riesgo o de pacientes?

El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud expidió un nuevo Acuerdo (245), "por el cual se establece la política de atención integral de patologías de alto costo, para los regímenes contributivo y subsidiado del SGSSS", que a su vez deroga los Acuerdos los Acuerdos 217 y 227 de 2001.

Desde la formulación del Plan Estratégico de Salud se anunció que sería derogado el Acuerdo 217, que había comenzado a generar pagos a algunas EPS con una menor concentración de pacientes de Cancer VIH/SIDA e Insuficiencia Renal, y cobros para el Seguro Social por varios miles de millones, en la medida que concentraba estos riesgos.

El Acuerdo 245 se apoya en las siguientes consideraciones:

Que la información reportada por las EPS en cumplimiento del Acuerdo 217 ha permitido determinar que la atención en salud de las patologías cuyo tratamiento se ha definido como de alto costo, con mayor impacto financiero y mayor desviación del perfil epidemiológico dentro del Sistema General de Seguridad Social en Sal ud, son VIH-SIDA e Insuficiencia Renal Crónica;

Que se evidenció una concentración de pacientes con estas patologías en algunas EPS que afecta principalmente al grupo de 15 a 44 años frente a los demás grupos de etáreos;

Que la redistribución de costos contemplada en el Acuerdo 217 presenta dificultades de índole operativo;

Que es necesario establecer una política de alto costo tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado, que permita corregir y prevenir la concentración de costos por tratamientos para las patologías mencionadas y prevenir el desequilibrio financiero mencionado;

El Artículo 3o. del Acuerdo ordena la Distribución excepcional de pacientes con VIH-SIDA e Insuficiencia Renal Crónica: De manera excepcional y por una sola vez se realizará la distribución de pacientes con Insuficiencia Renal Crónica y VIH/SIDA que están siendo atendidos por entidades Promotoras de Salud y Administradoras de recursos del Régimen subsidiado que presenten concentración de estos, hacia las entidades Promotoras de Salud y Administradoras del Régimen Subsidiado que tengan desviación por debajo de la tasa promedio de pacientes por cien mil afiliados, para lo cual se aplicarán las siguientes reglas:

En el Régimen Contributivo

1. Se identificarán los pacientes con diagnóstico comprobado con tales patologías a 31 de diciembre de 2002 con la información reportada en el Acuerdo 217.

2. Se definirá el número esperado de pacientes con estas patologías utilizando la tasa promedio del número de pacientes por cien mil afiliados de la totalidad de las EPS más una desviación del 20% para cada patología, según información recibida durante el segundo semestre de 2002, en cumplimiento del Acuerdo 217.

3. A partir de la diferencia entre el número esperado de pacientes y el número realmente atendido, se definirá para cada EPS, el número de pacientes adicionales que recibirá según corresponda hasta el cupo establecido por EPS. El proceso se hará por departamento de tal manera que la redistribución de los traslados se realice entre las EPS que operen en el mismo sitio de residencia y de atención de los pacientes con las patologías de que trata el presente acuerdo.

4. La selección de los pacientes que se trasladarán de algunas EPS al igual que los que recibirán otras EPS, serán seleccionados por grupos etáreos según el mecanismo que defina y aplique el Ministerio de la Protección Social.

5. Deberá informarse a los pacientes objeto de distribución y a su grupo familiar sobre las EPS a las cuales se puede trasladar, conforme a lo establecido por el Ministerio de la Protección Social. Dichos pacientes deberán elegir la EPS a la cual se trasladarán dentro del mes siguiente a su notificación por parte de la EPS de la cual se traslada. Si dentro de este período el paciente y su grupo familiar no han elegido la EPS, el Ministerio de la Protección Social procederá a escoger la EPS a la cual serán trasladados. En cualquier caso, el traslado se hará efectivo el primer día hábil del mes subsiguiente al de la escogencia.

En el Régimen Subsidiado

1. Se tomarán los pacientes con diagnóstico comprobado con VIH¿SIDA que se encontraban en tratamiento con antrirretrovirales y aquellos con Insuficiencia Renal Crónica que requirieron diálisis y/o hemodiálisis a 31 de diciembre de 2002, para lo cual el Ministerio de la Protección Social definirá el procedimiento para la recolección de la información.

2. Se definirá el número esperado de pacientes con estas patologías utilizando la tasa promedio del número de pacientes por cien mil afiliados de la totalidad de las ARS más una desviación del 20% para cada patología, según información que para el efecto defina y verifique el Ministerio de la Protección Social.

3. A partir de la diferencia entre el número esperado de pacientes, calculado según el numeral anterior, y el número realmente atendido se definirá para cada ARS, el número de pacientes adicionales que deberá atender y el número de pacientes que entregará según corresponda. El proceso se hará por departamento de tal manera que la redistribución los traslados se realicen entre las ARS que operen en el mismo sitio de residencia y de atención de los pacientes con las patologías de que trata el presente acuerdo.

4. Los pacientes que se trasladarán de algunas ARS al igual que los que recibirán otras ARS, serán seleccionados por grupos etáreos según el mecanismo que defina y aplique el Ministerio de la Protección Social.

5. Deberá informarse a los pacientes objeto de la redistribución y a su grupo familiar sobre las ARS a las cuales se puede trasladar, conforme con lo establecido por el Ministerio de la Protección Social. Dichos pacientes deberán elegir la ARS a la cual se trasladarán dentro del mes siguiente a su notificación por parte de la ARS de la cual se traslada. Si dentro de este período el paciente y su grupo familiar no han elegido la ARS, el Ministerio de la Protección Social procederá a escoger la ARS a la cual serán trasladados. La entidad territorial hará los ajustes presupuestales en los contratos de las ARS a que haya lugar. En cualquier caso, el traslado se hará efectivo el primer día hábil del mes siguiente al de la escogencia.

Esta distribución se realizará a más tardar el 30 de junio de 2003 en el Régimen Contributivo y del 30 de octubre del mismo año en el Régimen Subsidiado. En cualquier caso se hará extensiva a sus respectivos núcleos familiares. Se exceptúan de este mecanismo de redistribución, los afiliados a las entidades adaptadas al Sistema.  

El Acuerdo señala claramente que es un mecanismo transitorio y por una sóla vez, de modo que con posterioridad a la aplicación del mecanismo excepcional previsto en el presente Acuerdo, la población distribuida se sujetará a las normas vigentes del régimen general de movilidad aplicables en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Como mecanismo de largo plazo propone el "Ajuste de la UPC por grupo de edad": 

"Para la definición de la UPC del año 2004 el Ministerio de la Protección Social presentará al Consejo Nacional de Seguridad Social un ajuste de la UPC del régimen contributivo y subsidiado, por edad y sexo, que reconozca el efecto de las tasas de prevalencia de las enfermedades de que trata el presente acuerdo."  

En el artículo 4 del Acuerdo determina un mecanismo de cofinanciación para los afiliados con VIH/SIDA o Insificiencia Renal Crónica que se trasladen de EPS, despúes de esta distribución excepcional de pacientes.

Artículo 4°. Medida para control de selección del riesgo. Para todos los traslados que se efectúen de manera regular con posterioridad a la vigencia del presente acuerdo, como medida para evitar la selección de riesgo, se establece el siguiente mecanismo de cofinanciación del costo de la atención de los afiliados con VIH/SIDA y/o IRC que se trasladan entre EPS, habiendo cumplido los períodos mínimos de permanencia, durante el primer año de traslado:

1. La EPS o ARS que atienda por VIH/SIDA y/o Insuficiencia Renal Crónica un paciente trasladado de otra EPS o ARS, tendrá derecho durante el año siguiente, a exigir el reconocimiento y pago de la EPS o la ARS de la cual se traslada, una proporción del costo de la atención.

2. La EPS o ARS que recibe al paciente pagará el total de la atención y recobrará a la EPS o ARS de la cual se traslada la proporción que resulte de dividir el número de semanas que faltan para completar un año de permanencia en ella, sobre el total de semanas del año (52 semanas).

3. Este porcentaje se aplicará al total del costo de los servicios prestados a la fecha de la prestación de los mismos, relacionados con las patologías mencionadas.

4. El cobro por parte de la EPS que recibe los pacientes, ante la anterior, se efectuará mediante la presentación de las cuentas de cobro correspondientes, donde se identifique claramente la fecha y el valor de la prestación de los servicios, con base en los cuales se calculará la proporción por pagar entre las partes.

5. Este mecanismo no aplica para los pacientes redistribuidos según lo dispuesto en el artículo 3°.

El Ministerio de la Protección Social evaluará la forma de aplicar el mecanismo de cofinanciación con la entidad territorial, cuando las ARS atiendan personas pobres con VIH/SIDA y/o Insuficiencia Renal Crónica no afiliadas al régimen subsidiado, y presentará al Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud dicha evaluación como parte del estudio que se realice para la definición de la UPC de 2004. 

Del anterior Acuerdo se deduce que deja de existir un sistema de redistribución de riesgo en el Sistema, que desincentive la selección adversa por parte de los aseguradores, claramente demostrada en diferentes estudios, y que por tanto prima la tesis de negocios independientes de las empresas, (cada cual se defenderá como pueda) sobre la concepción de un sistema único en el que se requiere la distribución equitativa del riesgo para evitar desequilibrios entre aseguradoras y lograr igual disponibilidad de recursos per cápita a los afiliados del Sistema.

Los mecanismos de selección adversa hacen que la tasa de prevalencia de las enfermedades, de la que trata el Artículo 7o. sea distintas para cada EPS o ARS. Los mecanismos previstos en el Artículo 4o no evitarán la selección adversa que se produce siempre en el momento de la afiliación, máxime con las suspensiones de la antiguedad impuestas en la reglamentación o el no reconocimiento de la misma en los cambios de Régimen, que son contrarias a los postulados de la Ley 100. No es común que tal selección adversa se de en el momento del traslado, pero con este Artículo las EPS privadas se anticipan a la llegada de enfermedades de alto costo proveniente de la imparable crisis del I.S.S.

 

El nuevo Acuerdo sobre la operación del Régimen Subsidiado

El Ministerio de Protección Social  expidió el Acuerdo 244 "por medio del cual se definen la forma y las condiciones de operación del Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. " considerano que se hace necesario integrar en un solo cuerpo normativo las disposiciones que regulan la forma y operación del Régimen Subsidiado a fin de facilitar y garantizar su eficiente implementación y desarrollo en todo el territorio nacional, armonizándolas en el marco de las competencias y en el modelo de asignación de recursos a las entidades territoriales previsto en la Ley 715 de 2001.

Igualmente considerando, señala el Acuerdo, que debido a la complejidad en la operación del Régimen Subsidiado se hace necesario su rediseño con miras a establecer mecanismos que permitan corregir y evitar las inconsistencias en el proceso de identificación y afiliación, mantener condiciones de viabilidad y de estabilidad de la operación, disminuir gastos administrativos, lograr una distribución adecuada de los costos de la atención de los distintos tipos de riesgo y garantizar el equilibrio financiero del SGSSS, teniendo en cuenta el perfil epidemiológico de la población relevante, los riesgos cubiertos y los costos de prestación del servicio en condiciones medias de calidad y hotelería, de acuerdo con la tecnología disponible en el país, con el propósito de garantizar la adecuada prestación de los servicios de salud de la población beneficiaria.

Considerendo también que el número de afiliados con el que operan las Administradoras del Régimen Subsidiado, las condiciones de alta dispersión geográfica, las desbalanceadas relaciones de oferta y demanda entr e aseguradores, afiliados y prestadores en algunas regiones apartadas del país, conllevan a plantear un esquema de operación regional para garantizar una mayor estabilidad financiera y capacidad resolutiva de las Administradoras del Régimen Subsidiado. En el mismo sentido que se requiere fortalecer la función de las Administradoras del Régimen Subsidiado, con el fin de facilitar la continuidad de la afiliación, hacer más eficientes los procesos administrativos y garantizar la prestación de los servicios de salud con calidad a los usuarios, dentro de los lineamientos del POS-S y que es necesario adoptar medidas para la correcta aplicación de la asignación de subsidios a la demanda y la selección de los beneficiarios por parte de las entidades territoriales.

En consecuencia fija desde el objeto las respuestas a estos considerandos, que en buena parte responden a las recomendaciones de las investigaciones realizadas a través del Programa de Apoyo a la Reforma, especialmente a la de la Universidad Nacional, y en parte a las políticas del actual Gobierno. 

El Capítulo I señala en su artículo único el objeto del Acuerdo:

Artículo 1º. Objeto. El presente acuerdo define la forma y condiciones de operación del Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud. En consecuencia, determina los criterios para identificar, seleccionar y priorizar a los potenciales beneficiarios de los subsidios, el procedimiento de afiliación de beneficiarios, la operación regional de las Administradoras de Régimen Subsidiado y el proceso de contratación del aseguramiento.

El Capítulo II se centra en la identificación y selección de beneficiarios, donde lo más destacado es la afiliación de los niños recien nacidos y los menores de cinco años. 

Artículo 4°. Identificación de potenciales beneficiarios mediante instrumentos diferentes de la encuesta Sisbén. La identificación de las siguientes poblaciones se realizará sin aplicación de la encuesta Sisbén:

Artículo 5°. Documento de Identificación de los potenciales afiliados al Régimen Subsidiado. Los potenciales beneficiarios y afiliados al Régimen Subsidiado se identificarán mediante Registro Civil, Certificado de nacido vivo, tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía o cédula de extranjería en los casos de residentes extranjeros y, en los casos de excepción, de acuerdo con lo establecido en las Resoluciones 890 y 1375 de 2002 del Ministerio de Salud y demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Artículo 6°. Identificación para comunidades indígenas y menores de edad. En el caso de las comunidades indígenas que no posean documento de identidad permanecerán en el Régimen Subsidiado siempre y cuando las autoridades tradicionales del Resguardo, parcialidad o cabildo legalmente constituidas certifiquen la existencia o permanencia de los miembros afiliados al Régimen Subsidiado de su comunidad quienes continuarán en su calidad de afiliados y por ellos se reconocerá el valor de la UPC S correspondiente. Para el registro individual de cada uno de ellos en las bases de datos la entidad territorial asignará el código del Departamento, código del Municipio más el indicador de población y más un consecutivo por municipio y en los municipios donde exista más de una comunidad indígena se agregará una letra que identifique el resguardo, parcialidad o cabildo al que pertenezca la población.

Los menores de dieciocho (18) años que no cuenten con documento de identidad permanecerán en el Régimen Subsidiado siempre y cuando, en su núcleo familiar, la madre o el padre posea documento de identidad; se identificarán mediante el número de identificación de la madre o el padre afiliad o y un consecutivo dependiendo de su lugar en el núcleo familiar hasta tanto le sea expedido el registro civil correspondiente o sea posible definir un número único de identificación por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Artículo 7°. Criterios de priorización de beneficiarios de subsidios. Las alcaldías o Gobernaciones en el caso de los corregimientos departamentales, elaborarán las listas de potenciales afiliados al Régimen Subsidiado, clasificados en los niveles 1 y 2 de la encuesta Sisbén, en orden ascendente de menor a mayor puntaje y de la más antigua a la más reciente, con su núcleo familiar cuando haya lugar a ello, así como en los listados censales y se priorizará teniendo en cuenta los siguientes criterios:

1. Recién nacidos.  
2. La población del área rural.  
3. Población indígena.  
4. Población del área urbana.

En cada uno de los grupos de población, descritos en los numerales anteriores, se priorizarán los potenciales afiliados en el siguiente orden:

1. Mujeres en estado de embarazo o período de lactancia que se inscriban en programas de control prenatal y postnatal.  
2. Niños menores de cinco años.  
3. Población con discapacidad identificada mediante la encuesta Sisbén  
4. Mujeres cabeza de familia, según la definición legal.  
5. Población de la tercera edad.  
6. Población en condición de desplazamiento forzado.  
7. Núcleos familiares de las madres comunitarias  
8. Desmovilizados

Parágrafo 1°. Los recién nacidos y la población infantil menor de 5 años, prioritaria según lo establecido en el presente artículo, podrán afiliarse sin su grupo familiar.

Artículo 10. Verificación de la condición de beneficiarios del Régimen Subsidiado. Sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponde a la entidad territorial, el Ministerio de la Protección Social verificará que los listados de priorizados remitidos por las entidades territoriales cumplen con lo dispuesto en el presente acuerdo. Las ARS y los usuarios podrán consultar en el Ministerio de la Protección Social estas bases de datos en cualquier tiempo, las cuales estarán disponibles noventa (90) días calendario antes de la contratación.

Las veedurías Comunitarias, los Comités de Participación Comunitaria en Salud (Copacos), las Asociaciones de Usuarios o cualquier institución de participación comunitaria o las Administradoras de Régimen Subsidiado de manera periódica podrán verificar la condición de beneficiarios de las personas afiliadas al Régimen Subsidiado. Cuando se detecte alguna irregularidad será denunciada a las autoridades competentes.

Parágrafo 1°. Cuando en el proceso de verificación se identifiquen afiliados al Régimen Subsidiado que no cumplan con las condiciones para ser beneficiarios de los subsidios, habiendo sido identificados previamente por la entidad territorial o cualquiera de las instituciones de que trata el presente artículo, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al reporte del proceso de verificación, mediante acto administrativo motivado expedido por el alcalde o gobernador, o por quien este delegue, se ordenará su exclusión del Régimen Subsidiado, sin perjuicio de que contra este acto procedan los recursos de ley. No obstante se podrán aplicar las sanciones a que hubiere lugar por las autoridades competentes. De esta situación se dará traslado a la Superintendencia Nacional de Salud.

Parágrafo 2°. Cuando se detecte que la aplicación de la encuesta Sisbén o la conformación del listado se realizó de manera irregular, se cancelará con el procedimiento anterior la afiliación que se originó con base en dicha identificación, debiendo el ente territorial reconocer a la ARS correspondiente todos los gastos tanto administrativos como de prestación de servicios en que haya incurrido.

La entidad territorial repetirá contra el funcionario responsable que dio origen a la afiliación irregular.  

El Capítulo III se dedica a los procedimientos de afiliación y en ellos se destaca la prohibición total del mercadeo propuesta en el estudio de la Universidad Nacional, básica igualmente para la intención del Gobierno de disminuir los costos de administración. Igualmente se fija un periodo de permenencia mínimo de tres años en la ARS. Los artículos más destacados son:

Artículo 11. Procedimiento de afiliación. El procedimiento y características para la afiliación será el siguiente:

Artículo 15. Afiliación de recién nacidos. Todo recién nacido, hijo de afiliado al régimen subsidiado, automáticamente quedará afiliado a la ARS a la que pertenezca cualquiera de sus padres, quienes deberán informar la novedad, anexando copia del Certificado de Nacido Vivo y recibiendo el carné correspondiente, dentro de los treinta días calendario siguientes a la fecha de nacimiento. Los padres contarán con treinta días calendario para aportar el Registro Civil de Nacimiento.

Todo recién nacido no cubierto por el régimen contributivo, el régimen subsidiado u otro régimen excepcional, cuyos padres o responsables de su cuidado se encuentren clasificados en los niveles 1 y 2 de la encuesta Sisbén o en los listados a los que se refiere el artículo 4° del presente acuerdo, quedará afiliado al Régimen Subsidiado, según la disponibilidad de cupos en los contratos de régimen subsidiado. Cuando no existan cupos disponibles en el respectivo contrato, la ARS solicitará autorización a la entidad territorial para proceder a su afiliación.

Artículo 19. Período mínimo de permanencia. El período de permanencia de un afiliado en la misma entidad administradora del Régimen Subsidiado será de tres años continuos. Salvo en los casos previstos en los artículos 21 y 53 del presente acuerdo.

Artículo 20. Procedimiento de traslado. Para efectos de traslado de Administradora de Régimen Subsidiado se seguirá el siguiente procedimiento:

Parágrafo. Las actividades que adelanten las administradoras del Régimen Subsidiado tendientes a obtener el traslado de afiliados entre Administradoras de Régimen Subsidiado, se circunscribirán a las instrucciones que sobre la materia imparta la Superintendencia Nacional de Salud. En ningún caso podrán ofrecer incentivos ni desarrollar mecanismos de promoción de traslados puerta a puerta.

Artículo 25. Prohibiciones de publicidad y comercialización. Las autoridades y entidades públicas de los órdenes nacional, distrital, departamental y municipal no podrán promover o inducir la afiliación a una determinada administradora del Régimen Subsidiado. En consecuencia, las entidades administradoras del Régimen Subsidiado tanto públicas como privadas, no podrán tener en forma pr ivilegiada personal, publicidad, medios de divulgación comercial u oficinas al interior de las gobernaciones, entidades territoriales distritales o municipales o Direcciones de Salud, excepto en los actos públicos de libre elección, guardando la igualdad de condiciones para todas las ARS.

Artículo 30. Traslado del Régimen Subsidiado al Contributivo. Cuando el afiliado informe a la entidad territorial que ha ingresado al régimen contributivo temporalmente, con posterioridad a la afiliación al régimen subsidiado, la entidad territorial suspenderá esta afiliación por un término no mayor a tres meses. Esta afiliación se activará nuevamente, una vez el afiliado informe su desvinculación al Régimen Contributivo.

Durante el tiempo de la suspensión de la afiliación no se reconocerán UPC-S a la ARS. La Entidad Territorial deberá informar a todos los afiliados del Régimen Subsidiado el procedimiento que deberán seguir cuando se encuentren en esta situación. Igualmente informará a la ARS los afiliados sobre los cuales le suspenderá la afiliación y la fecha a partir de la cual se suspende la misma.

Durante el período de suspensión la entidad territorial no podrá disponer del cupo de la población que se encuentra en esta situación. Si transcurridos los tres meses la persona continúa afiliada al Régimen Contributivo, se cancelará su afiliación y los cupos se reemplazarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 del presente acuerdo.

El Capítulo IV se centra en la propuesta de operación regional. Su redacción sin embargo no es suficientemente clara en cuanto a las responsabilidades de la autorización, nacional y seccional o local, y requerirá ampliaciones por parte del Ministerio de Protección Social. Se destaca tambien la limitación del gasto de administración a un 10% sobre la UPC, que el gobierno adoptó (incluso pretendía inicialmente reducirla al 7%) a pesar de las recomendaciones en contrario por parte de investigadores y expertos. Sus artículos más destacados son: 

Artículo 35. Definición de Regiones para Aseguramiento. Para efectos de la operación regional del Régimen Subsidiado el Ministerio de la Protección Social, definirá regiones de aseguramiento en el territorio nacional las cuales deberán permitir la eficiencia en la administración de los recursos y el manejo adecuado del riesgo en salud por parte de las Administradoras del Régimen Subsidiado, propiciando economías de escala, articulando y adecuando la oferta de prestadores con la demanda de servicios de los afiliados.

Artículo 36. Manejo del Riesgo en Salud. Las ARS que sean seleccionadas por la entidad territorial, deberán desarrollar un esquema de operación de manejo del riesgo en salud, con el fin de garantizar su sos tenibilidad en el Sistema y mejorar y mantener las condiciones de salud de su población afiliada. Los indicadores que reflejen la calidad de la atención en salud de la población afiliada serán considerados como un elemento diferencial de la ARS incidiendo en su calificación de acuerdo con la reglamentación que expida el gobierno nacional.

Parágrafo. Los recursos por UPC-S que perciban las administradoras de Régimen Subsidiado correspondiente a una región determinada, serán aplicados para garantizar la prestación del Plan Obligatorio de Salud Subsidiada de la totalidad de los afiliados de esta ARS, sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en el artículo 51 de la Ley 715 de 2001.

Artículo 37. Criterios para la definición de las regiones de aseguramiento. El Ministerio de la Protección Social definirá las regiones de aseguramiento teniendo en cuenta la población y su grado de dispersión en los municipios de la región, la disponibilidad de prestadores y aseguradores, considerando variables de comunicación, infraestructura de servicios y su articulación con ciudades de referencia regional.

La definición de las regiones de aseguramiento se hará dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigencia del presente acuerdo y deberá informarse al Consejo Nacional de Seguridad Social en forma posterior a su definición.

Artículo 38. Operadores regionales del Régimen Subsidiado. De acuerdo con la población afiliada al Régimen Subsidiado y las poblaciones potencialmente beneficiarias de los subsidios para cada región, el Ministerio de la Protección Social, establecerá el número plural de administradoras del Régimen Subsidiado, exceptuando las ARSI, que pueden operar en cada una de estas. El Ministerio de la Protección Social establecerá los municipios en los que por sus condiciones particulares podrá operar una sola ARS.

Para que una administradora del Régimen Subsidiado, pueda operar en una o varias regiones de aseguramiento, deberá ser habilitada por la Superintendencia Nacional de Salud, de conformidad con la reglamentación del Sistema Único de Habilitación para ARS y EPS.

Artículo 39. Selección de ARS por las entidades territoriales. Las entidades territoriales, seleccionarán las ARS hasta el número máximo definido por el Ministerio de la Protección Social en cada región. La selección se hará mediante concurso que se realizará de la siguiente forma:

1. Entre las ARS que se encuentran autorizadas y cumplan las condiciones de habilitación para ser seleccionadas se elegirán las mejores calificadas en estricto orden descendente.

2. En caso de presentarse varias ARS habilitadas con igual calificación, se seleccionarán en su orden, las ARS con las siguientes características: 

a) Las empresas solidarias de salud y demás entidades promotoras de carácter comunitario, según lo establecido en el artículo 216 de la Ley 100 de 1993;  
b) Las Cajas de Compensación Familiar que administran directamente los recursos previstos en el artículo 217 de la Ley 100 de 1993; 
c) Aquellas que se encuentren operando en el mayor número de municipios de la región;  
d) Aquellas con mayor número de afiliados en la región.

La selección de las ARS para operar en cada uno de los municipios que hacen parte de la región se hará por acto administrativo del jefe de la entidad territorial respectiva.

Las ARS seleccionadas para operar en una región deberán garantizar la cobertura en todos los municipios que hacen parte de la región, salvo en los siguientes eventos:

1. Cuando la ARS tenga una participación menor al 5% de la población afiliada o no reúna un mínimo de 1.000 personas afiliadas en un municipio.

2. Cuando una Caja de Compensación Familiar que administra directamente los recursos no se encuentre autorizada para operar como Caja en ese Ente Territorial.

Parágrafo 1°. Las administradoras del Régimen Subsidiado que a la expedición del presente acuerdo se encuentren autorizadas por la Superintendencia Nacional de Salud deberán ajustarse a la reglamentación del Sistema Único de Habilitación de conformidad con la reglamentación del Gobierno Nacional.

Parágrafo 2°. Si una Caja de Compensación Familiar no es seleccionada para operar en la región en la cual está autorizada para realizar la administración directa de los recursos de que trata el artículo 217 de la Ley 100 de 1993, deberá girarlos en la forma establecida en el artículo 16 de la Ley 789 de 2002.

Parágrafo 3°. En la sesión en la cual se seleccionen las ARS que van a contratar con la dirección de salud, deberá participar un representante de los beneficiarios del Régimen Subsidiado, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 216, numeral 3, de la Ley 100 de 1993, el cual será el/los representante(s) de los usuarios ante el CTSSS de la jurisdicción territorial respectiva.

Parágrafo 4°. El retiro de la ARS de uno o varios municipios de la región por las causales previstas en el presente artículo, no las inhabilitan para continuar operando en la región. En los casos de retiro se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 53 del presente acuerdo.

Artículo 40. Divulgación de la evaluación y calificación de administradoras del Régimen Subsidiado. Todos los municipios deberán hacer público en las Secretarías de Salud respectivas y en medios de amplia difusión de la jurisdicción, el resultado del proceso de habilitación y selección de las ARS que operan en su territorio, así como el resultado de sus posteriores evaluaciones y calificaciones.

Artículo 43. Gastos de administración de administradoras de Régimen Subsidiado. Al cierre de la vigencia fiscal del año 2003, los gastos de administración en ningún caso podrán exceder el 10% del total de los ingresos operacionales.

Artículo 44. Mecanismos alternativos de operación del Régimen Subsidiado. En zonas de grave perturbación de orden público y zonas de rehabilitación, donde la entidad territorial respectiva ha seguido el proceso general descrito en el artículo 39 del presente acuerdo y como resultado de este, no exista mercado de Administradoras de Régimen Subsidiado habilitadas en la región, a solicitud del jefe de la entidad territorial, los Consejos Departamentales de Seguridad Social o quien haga sus veces, autorizarán la aplicación de mecanismos alternativos hasta por un año, que garanticen el aseguramiento de la población objeto del subsidio a la demanda, a través de convocatoria pública a diferentes entidades públicas y privadas de manera independiente o a través de asociaciones, uniones temporales o consorcios.

El Capítulo V se refiere a la contratación y en el se establece la interventoría externa, reafirmando la posibilidad de realizar dicha interventoría con cargo a los recursos de la UPC, medida una vez suspendida, pero de conformidad con un conocido concepto del Consejo de Estado posible nuevamente. El monto máximo o porcentaje permitido para Auditoría no se establece, monto que en última instancia se suma al porcentaje de administración de la UPC subsidiada.

Artículo 49. Interventoría y supervisión de contratos. En desarrollo de las competencias previstas en las Leyes 100 de 1993 y 715 de 2001, las entidades territoriales deberán realizar el seguimiento y control del cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de las Administradoras de Régimen Subsidiado, según los parámetros definidos de manera conjunta entre el Ministerio de la Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud.

Para este efecto, se deberá establecer una interventoría permanente de carácter interno o externo que podrá ser desarrollada en el ámbito regional o municipal, debiendo elaborar como mínimo dos informes anuales y remitir el resultado a los Departamentos para su consolidación en el formato que para el efecto establezca el Ministerio de la Protección Social. Tales resultados podrán ser solicitados por el Ministerio de la Protección Social o los organismos de control correspondientes .

Los costos que demanden dichas interventorías no podrán financiarse con recursos de la Unidad de Pago por Capitación.

Parágrafo. Para efectos de lo establecido en el presente acuerdo, y buscando eficiencia en el uso de los recursos, la totalidad o varias de las entidades territoriales que conforman una determinada región podrán asociarse y aportar recursos para el pago de una interventoría interna o externa por región, subregión o grupo de municipios.  

El Capítulo VI se refiere a la garantía de afiliación en circunstancias excepcionales.

El Capítulo VII al retiro voluntario de las Administradoras del Régimen Subsidiado. 

El Capítulo VIII fija las fechas y períodos para el inicio de la nueva operación.

Artículo 58. Períodos de contratación. Los períodos de contratación del Régimen Subsidiado se sujetarán al siguiente régimen de transición:

1. El período de contratación que inicia el primero de abril de 2003, se celebrará por un término de seis meses que vence el 30 de septiembre de 2003 y se regirá por las condiciones de operación del presente acuerdo. Para este período de contratación, las ARS que no cumplan con el margen de solvencia a 31 de diciembre de 2002 previsto en el Decreto 882 de 1998 o incurran en la situación prevista en el artículo 36 del Decreto 050 de 2003, no podrán suscribir contratos de aseguramiento.

2. Si a treinta (30) de septiembre de 2003, los actos administrativos de la Superintendencia Nacional de Salud, que decidan sobre la habilitación de las Entidades Administradoras del Régimen Subsidiado no se encuentran en firme, los contratos de aseguramiento suscritos el primero de abril de 2003, se entenderán prorrogados de manera automática por seis meses más, con las condiciones pactadas inicialmente, incluyendo los recursos de financiamiento, previo el trámite presupuestal correspondiente.

3. Si a treinta (30) de septiembre de 2003, los actos administrativos de la Superintendencia Nacional de Salud, que decidan sobre la habilitación de las Entidades Administradoras del Régimen Subsidiado se encuentran en firme, se suscribirán nuevos contratos de aseguramiento, previo el trámite presupuestal correspondiente, por seis meses, con las ARS autorizadas, habilitadas y seleccionadas, aplicando plenamente las disposiciones del presente acuerdo.

4. A partir de la contratación del primero de abril del año 2004 el término de la contratación será de un año y se prorrogará en los términos previstos en el presente acuerdo y el término de afiliación será de tres años.

5. Para los contratos suscritos el primero de abril de 2003 se aplicarán las reglas de carnetización previstas en el Acuerdo 192 del CNSSS.

6. Para efectos de la liquidación de los contratos suscritos con anterioridad al primero de abril de 2003, se aplicarán las normas vigentes a la fecha de suscripción de los respectivos contratos

El Capítulo IX se refiere a otras disposiciones complementarias

 

Premio FEDESALUD a la Gestión Social en Salud

La Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Salud y la Seguridad Social  -FEDESALUD- presentó en Bogotá el nuevo Premio FEDESALUD A LA GESTION SOCIAL EN SALUD.

El premio será otorgado anualmente a Instituciones y personas de cualquiera de las ramas o actividades del sector de la salud y de la seguridad social,  que trabajan en pro de garantizar el derecho a la salud de todos los ciudadanos, y cuya gestión sea ejemplo para superar las barreras económicas, culturales, sociales, raciales, de género, por incapacidad o enfermedad, que implican discriminación o exclusión en el derecho a la salud y el acceso a la prestación de servicios, propiciando de esta forma la universalidad y la equidad.

El Consejo Directivo de FEDESALUD integrará un jurado de reconocidas calidades para el otorgamiento de este Premio. El reglamento y procedimientos para la adjudicación del Premio a la Gestión social en Salud,  será difundido ampliamente a todas las instancias tanto a nivel nacional como internacional.

Con motivo del lanzamiento del premio, FEDESALUD otorgó un reconocimiento a las siguientes personas y entidades destacadas por la gestión social en salud.

GERMAN VELÁSQUEZ ARANGO, coordinador del Programa de Acción de Medicamentos de la Organización Mundial de la Salud, quien  ha realizado una excelsa y destacada labor para reducir el costo de los medicamentos esenciales para el tratamiento del VIH/SIDA en los países subdesarrollados o con altos índices de pobreza. Gracias a su gestión, y la de quienes apoyaron su lucha a nivel internacional, se han logrado superar efectivamente las barreras económicas que impedían el acceso a estos medicamentos, indispensables para preservar la vida de millones de personas en todo el mundo.

BERTHA GOMEZ MARTINEZ, Technical Officer in the Regional Program on HIV/AIDS/STD, de la Organización Panamericana de la Salud, quien ha realizado una excelsa y destacada labor en defensa de los derechos y en contra de la discriminación de los pacientes afectados por el VIH/SIDA, así como en el desarrollo de los Programas de Control de la enfermedad, tanto a nivel nacional en Colombia como a nivel internacional.

FACULTAD NACIONAL DE SALUD PUBLICA, de la Universidad de Antioquia, institución que, a través de todos los años dedicados a la formación y capacitación de expertos y técnicos en el campo de la salud pública del país y de la Región, se ha caracterizado por inculcar en sus educandos el sentido social de su profesión y la preocupación permanente por lograr la equidad en el derecho a la salud y en el acceso a la prestación de servicios de salud, haciendo énfasis en la gestión sanitaria hacia la población desposeída como pago de la deuda social.

CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO –CID- de la Universidad Nacional de Colombia, por haber realizado en los últimos años un importante aporte al sector salud de nuestro país, a través del estudio “Evaluación de los procesos del Régimen Subsidiado”, y las publicaciones “¿Ha mejorado el acceso en salud?”, “Los avatares del servicio de salud para pobres” y “Hacia una Reforma del Sistema de Seguridad Social”, estudio y publicaciones en los que reitera el principio de la salud como un derecho universal, y afirma el aseguramiento como instrumento idóneo para lograr la solidaridad y la equidad, y para garantizar el ejercicio de los derechos sociales que posibilita una nueva concepción de ciudadanía.

 


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