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Plan de Desarrollo en salud y seguridad social

El Departamento Nacional de Planeación ha dado a conocer el Plan de Desarrollo del actual Gobierno, el que por supuesto incluye el plan de salud y seguridad social para el cuatrenio, bajo el título "Ampliación y mejoramiento de la protección y la seguridad social", que define cinco programas, a saber:

Analizaremos los cuatro primeros, ya que el último se dedica a la tarea del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Fortalecer el aseguramiento

Partiendo de un diagnóstico en el que se destaca un incremento de cobertura de 8.9 a 22 millones de afiliados en la seguridad social en salud y se señala que los avances más significativos se dieron en términos de equidad, "...el 20% más pobre de la población amplió su cobertura del 4.2 al 43.1%...", se reconoce que el crecimiento en la cobertura disminuyó su dinamismo entre 1998 y 2000 por efecto de la crisis económica, por la caída del recaudo real del Régimen Contributivo, por la no inclusión en el Presupuesto Nacional de los recursos disponibles en la Subcuenta de Solidaridad del FOSYGA, por la transformación insuficiente de los subsidios de oferta a demanda y por la evasión y elusión de aportes al sistema.

Agrega el documento que "A pesar de los innegables progresos en cobertura y equidad, la operación del aseguramiento a cargo de las empresas administradoras (Entidades Promotoras de Salud -EPS- y Administradoras del Régimen Subsidiado -ARS-) enfrenta deficiencias que deben corregirse." A continuación señala que estas afectan especialmente al I.S.S., que presenta gastos insostenibles , así como insuficiencias en los sistemas de información y control, que afectan el recaudo por afiliaciones y favorecen los sobrecostos en la prestación de los servicios de salud, "problemas que no sólo hacen inviable la operación del I.S.S., sino que afectan la del mercado de aseguramiento, la situación financiera de su red de prestadores y la garantía en la prestación de los servicios a los afiliados".

Señala igualmente que a pesar del estancamiento de los últimos años, la afiliación al Régimen Subsidiado en salud se expandió hasta cubrir más de 11 millones de colombianos pobres (el DNP declara públicamente sin embargo que tres millones de los 11 no son pobres). Finalmente reconoce que las coberturas siguen siendo bajas y que las razones residen en el sostenimiento de un gasto hospitalario que creció más allá de la propia capacidad de los hospitales públicos para financiarlo por la venta de servicios.: "En síntesis, el sistema se encuentra hoy atascado en un círculo vicioso: la cobertura del aseguramiento no crece pues una cuantía importante de recursos se dedica a subsidiar la oferta y los subsidios a la oferta se mantienen pues el aseguramiento no crece."

Propone entonces el plan incrementar por lo menos en cinco millones de nuevos afiliados la cobertura del Régimen Subsidiado, progreso que estará sustentado en las siguientes estrategias:

  1. Trasformación de recursos de oferta a demanda: Se señala que los hospitales públicos deben incrementar la capacidad para financiar su estructura de gasto con ingresos por venta de servicios y que como primer paso se sustituirán los mecanismos tradicionales de pago a los hospitales a través de presupuestos históricos) por mecanismos de pago asociados a los servicios efectivamente prestados (planteamiento que se viene haciendo en el Ministerio de Salud y mediante Decretos de Gobierno reiteradamente desde 1985).
  2. Recaudo efectivo de las fuentes: Unicamente se menciona el menguado paripassu del 0.25 establecido por la Ley 715 y otras fuentes tradicionales.
  3. Ajuste en la estructura de las fuentes de financiamiento: En este punto sí se destaca un ajuste a los mecanismos de generación y recaudo de los juegos de suerte y azar, y se señala que se propondrán nuevas fuentes de financiamiento para la salud de la población pobre del país, aunque aclara que "durante los dos primeros años se realizarán estudios y se diseñarán metodologías para el análisis del mercado y de la potencialidad de generar ingresos, los cuales serán la base para modificar la estructura impositiva actual". Se estima que con las variables macroeconómicas previstas el Régimen Contributivo sólo aumentará de 14.1 a 15.1 millones de afiliados en los cuatro años, lo que quiere decir que como el crecimiento poblacional será de cuatro millones en el mismo periodo habrá tres millones de personas más presionando por subsidios. Finalmente se reiteran los mecanismos ya enunciados por gobiernos anteriores para control de la evasión y elusión, como el Sistema Unico de Registro y Recaudo, planteando la ambiciosa meta de disminuir un 50% la evasión.

Garantizar sostenibilidad financiera del SGSSS

En el Diagnóstico se señala que el gasto público en salud, a partir de la Ley 100 pasó del 3.5% del PIB en 1.993 a 4.5% en el año 2000 (aunque dicho crecimiento obedeció a las trasferencias de ingresos corrientes a los municipios, en su mayoría para educación y salud,  ordenadas por la Constitución del 91 y la Ley 60 de 1993), Agrega que en el mismo periodo el gasto total creció del 7.1% del producto al 8.2% (incluso más según las cuentas nacionales y en ello sí influyó el aumento de la cotización en salud), pero que a pesar de los nuevo recursos, el SGSSS presenta problemas financieros tanto en el Régimen Contributivo como en el Subsidiado y en los prestadores de servicios.

Se registra que los principales problemas del Régimen Contributivo tienen que ver con los altos niveles de evasión y elusión (cercanos al 36%) y las deficiencias en los mecanismos de recaudo. Igualmente que el Régimen Subsidiado también se ha visto afectado por la crisis, lo que ha limitado la ampliación de la cobertura y puesto en peligro la sostenibilidad del mismo. Igualmente, "la asignación del gasto, que muchas veces privilegia el gasto institucional de los hospitales públicos, ha afectado las metas de ampliación de cobertura".

Agrega que los hospitales públicos vienen acumulando grandes pasivos como consecuencia de problemas internos de organización y gestión. Señala igualmente que con posterioridad a la Ley 100 los ingresos y los gastos de los hospitales públicos se incrementaron en términos reales y que mientras sus ingresos crecieron un 108% el total de gastos creció un 155% en el mismo periodo.

Propone entonces el Plan de Desarrollo las siguientes estrategias para garantizar la sostenibilidad financiera:

  1. Diseñar e implementar durante el primer año mecanismos que permitan monitorear, evaluar y ajustar anualmente el valor de la UPC y el contenido del Plan de beneficios.
  2. Poner en plena operación el Sistema Integral de Información en Salud (lo que hasta ahora han propuesto todos los gobiernos)
  3. Redefinir la metodología para calcular los patrimonios técnicos mínimos y los procedimientos administrativos que se exigen para acreditar u organizar una empresa aseguradora nacional o extranjera, e igualmente definir las condiciones de salida de las aseguradoras que no ofrezcan garantías.
  4. Implementar un sistema de evaluación de la eficacia e impacto sobre los afiliados, de los programas de promoción y prevención y de la satisfacción de los usuarios respecto a accesibilidad y calidad de los servicios.
  5. Definir zonas de operación regional con el fin de lograr la concentración poblacional que permita la operación eficiente del aseguramiento. "El otorgamiento de las zonas de operación lo hará el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud por concurso público entre todas las EPS autorizadas, en especial aquellas sin ánimo de lucro, por un periodo no inferior a cuatro años". (Esta función debería ser de los departamentos según las recomendaciones del estudio de la Universidad Nacional, para que fuera consistente con la vigilancia y control de la función de agencia que hace posible la Ley 715).
  6. Modificar las actuales condiciones de flujo de recursos. La meta propuesta es reducir el trámite desde el cobro hasta el pago efectivo de 126 a 60 días.
  7. Se eliminarán los regímenes especiales en salud para el magisterio, Ecopetrol, el Banco de la República y el Congreso.
  8. El ISS no tendrá excepciones. Para mejorar su operación y garantizar su sostenibilidad, deberá fortalecer su capacidad de gestión y hacer las veces de cualquier asegurador en el mercado. Su administración será totalmente independiente de los demás negocios de la empresa.  (Este programa es igual que en los anteriores gobiernos y repite la fórmula de las últimas administraciones supuestamente exitosas y puestas para tal fin).
  9. Formular e implementar una Política Nacional de Medicamentos que reforzará el papel regulador del Ministerio de Salud en la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y el del INVIMA en la vigilancia y control de calidad. Se establecerán directrices que privilegien la comercialización y uso de medicamentos genéricos, y se pondrá en marcha un mecanismo de análisis y monitoreo del uso, pertinencia y costos de los medicamentos y su impacto en la UPC.
  10. Se implementará una política integral para el desarrollo de la investigación en salud.
  11. Se fortalecerá el esquema de inspección, vigilancia y control y se impulsará la expedición de una ley estatutaria para el sector salud "que defina el alcance de los deberes y derechos de los afiliados al sistema e imponga límites razonables al gasto en salud".

Mejorar el acceso y la prestación de servicios de salud en el SGSSS

El Plan de desarrollo señala que "se formulará e implementará una política que enfatice mayor nivel de calidad y capacidad resolutiva en el menor nivel de complejidad, y se implementarán mecanismos que integren la atención primaria, la ambulatoria y la entrega de los servicios de salud pública"  ??  Las estrategias para el efecto serán:

  1. Regular la entrada de Instituciones Prestadoras de Salud (de Servicios de Salud) al mercado, mediante el Sistema único de habilitación y obligar a las entidades no competentes por requisitos esenciales a salir del mercado. también se establecerá un sistema de evaluación y monitoreo de la oferta y la demanda que sirva de base para identificar excedentes que puedan reubicarse, reestructurarse, fusionarse o cerrarse y, detectar deficiencias en la oferta para establecer un plan de inversión.
  2. Se definirá un modelo de atención en el cual las aseguradoras establezcan redes de servicios (??? integración vertical o la obligación usual ???). En este contexto las secretarías de salud organizarán la prestación de servicios a las personas pobres no aseguradas.
  3. La Nación y las entidades territoriales deberán concurrir, bajo la modalidad de créditos condonables, en el financiamiento del proceso de ajuste y reestructuración de las IPS públicas mediante convenios de desempeño con las instituciones hospitalarias. El pago a estas instituciones se hará en función de los servicios prestados y no por transferencias. "Aquellas instituciones que no hagan sostenible su operación serán liquidadas". (No se señalan excepciones como las de zonas de población dispersa).
  4. Promover un programa piloto para la capitalización de los hospitales públicos y su transformación en empresas de economía mixta o solidaria, con la participación de los mismos trabajadores, las universidades y grupos de profesionales. (léase proceso clásico de privatización). En este mismo sentido, se pondrá en marcha un programa de administración delegada de estos hospitales con entidades externas bajo condiciones de eficiencia y calidad en la prestación de los servicios.
  5. Desarrollar un sistema de tarifas con codificación única y estímulos a las instituciones que ofrezcan servicios en condiciones de mayor eficiencia y calidad. también se implementarán un sistema único de identificación de beneficiarios, mecanismos de facturación y cobranza, revisión y validación de cuentas únicos.

Acciones prioritarias en salud pública

La meta prioritaria es conseguir y sostener coberturas de vacunación útiles, superiores al 95% en menores de 5 años, en todos los biológicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones. El gobierno impulsará una ley de vacunas que establezca la obligatoriedad (de los gobiernos) de conseguir metas útiles de vacunación y garantice que (el Gobierno) asigne los recursos adecuados del presupuesto nacional. Se introducirá en forma definitiva la vacuna pentavalente.

Se formulará la Política de salud reproductiva y sexual que contribuya a la reducción de embarazos en adolescentes al menos en un 40% antes del 2006. "Esta política deberá enfatizar la corresponsabilidad de la familia y la comunidad y proveer condiciones favorables para el ejercicio responsable de la sexualidad". El Ministerio de Salud, las EPS y entidades territoriales, desarrollarán estrategias conjuntas para fortalecer la prevención y atención integral de las enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el VIH. Se fortalecerán el programa de prevención del Ca de cuello uterino. Todas las entidades territoriales y aseguradoras deberán rendir cuentas de los avances en esta materia.

En aseguramiento se dará prioridad a las mujeres gestantes y a los menores de cinco años. La expansión de la cobertura en este grupo deberá ser del 100% al final del cuatrenio (cabe señalar que los niños menores de cinco años prácticamente han desaparecido del Régimen Subsidiado por la inmovilidad del SISBEN realizado hace más de seis años). Así mismo, se dará prioridad en el aseguramiento a los niños bajo protección del ICBF.

Se impulsará el desarrollo de la red de laboratorios de salud pública, la red de bancos de sangre y de trasplantes, incorporando mecanismos regulatorios de habilitación y acreditación. Se promoverá activamente la cultura de donación de sangre y órganos para lograr una oferta suficiente y oportuna.

Se plantea disminuir la incidencia de malaria en un 50% y la de dengue en 60%, mediante el fortalecimiento del control de vectores, concentrando esfuerzos en las zonas de mayor riesgo e incluyendo mecanismos de participación comunitaria en 140 municipios con mayor incidencia. Adicionalmente seguimiento de la resistencia a los antimaláricos e integración de acciones entre las EPS y las entidades territoriales.

 

Crédito externo para reestructuración hospitalaria

El Consejo de Política Económica y Social (CONPES) recomendó incluir en el Plan Financiero del cuatrenio 2003-2006, y en el presupuesto de la Nación para los mismos años, recursos por 250 millones de dólares para la financiación de la modernización de la red pública de prestación de servicios, en sesión del 6 de Noviembre pasado, registrada en el documento CONPES  3204.

Igualmente recomienda autorizar a la Nación para contratar créditos externos con la banca multilateral por la misma cuantía de acuerdo con los lineamientos expresados en el Documento, que son los mismos antes expuestos en el Plan de Desarrollo para mejorar el acceso y la prestación de servicios de salud en el S.G.S.S.S..

El CONPES solicita por tanto al Ministerio de Hacienda gestionar ante el Fondo Monetario Internacional el reajuste en la meta de déficit anual aumentándola en 0.1% del PIB, con el fin de destinar dichos recursos a la financiación del proyecto de modernización y estudiar mecanismos de financiamiento como créditos puente con la banca comercial hacia los hospitales públicos o la titularización de vigencias futuras del presupuesto general de la Nación, para poder disponer de recursos en el corto plazo y poder anticipar la ejecución del proyecto, siempre que estén sujetos a los convenios marco que el Ministerio de salud suscriba con las entidades territoriales y no generen mayores costos a los previstos en la operación de crédito.

Solicita asimismo al Ministerio de Salud desarrollar el plan de modernización bajo la modalidad de créditos condonables y mediante convenios de desempeño con entidades territoriales e instituciones hospitalarias, así como las estraegias de la política de prestación de servicios de acuerdo a lo establecido en el documento CONPES.

También solicita al Ministerio diseñar e implementar una política de estímulos a la inversión privada para la modernización de la red pública de prestación de servicios.

Recomienda en la misma forma definir antes del 31 de Diciembre del 2002 los parámetros que rigen los planes bienales de inversión para las IPS públicas (de conformidad con la Ley 715) e igualmente definir antes de esa fecha los mecanismos de compra de servicios de salud para la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, los cuales deberán ser implementados para la ejecución de los recursos del sistema general de participaciones de la vigencia 2003.

El documento CONPES revela adicionalmente algunas cifras importantes, como la disminución del gasto en salud en el país como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), del 9.3 %  en 1997 y 1998, y 10.2% en 1999,  al 8.2% en el año 2000. Adicionalmente señala que el gasto público en salud como porcentaje del PIB pasó del 3.3% en 1994 al 4.5% en el 2000, y el gasto privado pasó del 3.0% al 3.7% para tales años respectivamente. El gasto público que registra la gráfica del documento fue superior al 5% del PIB entre 1996 y 1999, aunque las cuentas nacionales en que se basa consideran como gasto público el del ISS.

 


Fuente: Departamento Nacional de Planeación

 

Destaca también el documento que, de acuerdo con la Encuesta de Hogares del 2000, los hospitales públicos atienden dos terceras partes del total de hospitalizaciones (66.5%), pero esa proporción fue del 49% en las cuatro grandes áreas metropolitanas, del 70% en el resto urbano y del 85% en zonas rurales.

El Documento CONPES registra como positiva la experiencia de la última reestructuración de hospitales:

"En 1999 se destinaron $146.288 millones16 para financiar un proceso de ajuste y reestructuración hospitalaria que benefició a 26 instituciones de segundo y tercer nivel de atención. Este proyecto tuvo como objetivo ajustar la estructura de costos y redistribuir los recursos asignados para mejorar los niveles de productividad de las entidades.""

"Los principales logros del proyecto fueron: (1) se redujeron los costos de la planta de personal en 30%, favoreciendo la disminución de la brecha entre ingresos y gastos; (2) se redujo el volumen de camas subutilizadas, lo que permitió mejorar notablemente la productividad y el porcentaje ocupacional de las mismas; (3) se disminuyó el número de días de estancia de los pacientes; y (4) se pudo apreciar un incremento en el volumen de cirugías y consultas de urgencias, así como la disminución en actividades correspondientes a otros niveles de atención como partos vaginales y consulta externa."
 

 

Lo no aceptable del documento CONPES

Las afirmaciones no aceptables del documento CONPES se sintetizan en la siguiente gráfico, donde se manipula el cálculo de recursos para la población no afiliada. Intencionalmente se coloca sólo como no afiliada la población NBI menos la afiliada al régimen subsidiado para mostrar un supuesto gasto per cápita alto de los hspitales públicos para la población vinculada..

Convendría recordar al DNP que los hospitales públicos tienen que atender, por norma legal, a los afiliados al Régimen Subsidiado en lo no cubierto por el POS y que la diferencia entre el POS Subsidiado y el Contributivo para más de 11 millones de personas apenas se cubre con todos los recursos de transferencias para los hospitales públicos, poco más de un billon de pesos.

Adicionalmente a los cinco millones de NBI no afiliados que muestra la gráfica, también deben cubrir el 70% del servicio a toda la población vinculada de Nivel 3 SISBEN, también pobre y no afiliada al contributivo y sin seguridad social, estimada sólo a nivel urbano en más de diez millones de personas. En conjunto los tres grupos equivalen a cerca de 20 millones de personas con un per cápita que apenas equivaldría a los 60.000 pesos o 20 dólares año.

 

 

Resulta también sorprendente que en las gráficas de proyecciones fiscales se estén incluyendo como gasto fiscal los recursos que ingresan a los hospitales por ventas de servicios al Régimen Subsidiado, puesto que sólo sumando los dos componentes de las participaciones de ingresos corrientes de la nación se podría hablar de un gasto de 2.5 billones para los años 2001 y 2002. Esta es una forma de inflar artificialmente el gasto hospitalario, pues por oferta apenas se destina un billon de pesos y reducirlos a la mitad apenas permitiría la afiliación a 300.000 personas como señala el mismo documento, mientras dejaría en gravísima situación a los diez millones de vinculados del Nivel 3 SISBEN. Como señala el Plan de Desarrollo este círculo vicioso no se soluciona de tal forma.

Por último, extraña la insistencia en seguir sobrefinanciando al primer nivel de atención. Tres leyes consecutivas, la Ley 10 del 90, la Ley 60 de 1993 y la Ley 100 del 93, con la reglamentación del POS Subsidiado concentrado en financiar el primer nivel llevaron a un sobrefinanaciamiento del mismo y a un gasto desbordado en este nivel como lo demuestra el mismo documento, mientras se afectaba gravemente a los niveles dos y tres. Pretender que centros de salud con camas, lo que son realmente los hospitales de primer nivel, sean los adecuados para manejar la mayoría de los servicios de salud de los colombianos en el siglo XXI resulta a todas luces inaceptable.

 

Nueva ley de riesgos profesionales

El Congreso de la República aprobó una nueva ley "por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales", sancionada por el ejecutivo y publicada el pasado 17 de Diciembre como Ley 776 de 2002.

La Ley 776 curiosamente modifica en la práctica el Decreto 1295 de 1994, puesto que la Ley 100 de 1993 apenas estableció un articulado general para definir el Sistema de Riesgos Profesionales.

Entre las modificaciones más importante de la Ley se incluye el Parágrafo 2 del Artículo 1o. que establece que las prestaciones por enfermedad profesional si bien deben ser pagadas por la ARP a la que se encuentre afiliada la empresa, son responsabilidad de todas las administradoras previas del riesgo, contra las que podrá repetir proporcionalmente.

Parágrafo 2°. Las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, serán reconocidas y pagadas por la administradora en la cual se encuentre afiliado el trabajador en el momento de ocurrir el accidente o, en el caso de la enfermedad profesional, al momento de requerir la prestación.

Cuando se presente una enfermedad profesional, la administradora de riesgos profesionales que asume las prestaciones, podrá repetir proporcionalmente por el valor pagado con sujeción y, en la misma proporción al tiempo de exposición al riesgo que haya tenido el afiliado en las diferentes administradoras, entidades o a su empleador de haber tenido períodos sin cobertura.

Para enfermedad profesional en el caso de que el trabajador se encuentre desvinculado del Sistema de Riesgos Profesionale s, y la enfermedad sea calificada como profesional, deberá asumir las prestaciones la última administradora de riesgos a la cual estuvo vinculado, siempre y cuando el origen de la enfermedad pueda imputarse al período en el que estuvo cubierto por ese Sistema.

La Administradora de Riesgos Profesionales en la cual se hubiere presentado un accidente de trabajo, deberá responder íntegramente por las prestaciones derivados de este evento, tanto en el momento inicial como frente a sus secuelas, independientemente de que el trabajador se encuentre o no afiliado a esa administradora.

Las acciones de recobro que adelanten las administradoras son independientes a su obligación de reconocimiento del pago de las prestaciones económicas dentro de los dos (2) meses siguientes contados desde la fecha en la cual se alleguen o acrediten los requisitos exigidos para su reconocimiento. Vencido este término, la administradora de riesgos profesionales deberá reconocer y pagar, en adición a la prestación económica, un interés moratorio igual al que rige para el impuesto de renta y complementarios en proporción a la duración de la mora. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.

Para garantizar estas obligaciones la Ley exige la constitución de reservas a todas las ARP. Es obvio que esta medida afectará fundamentalmente a la ARP del ISS donde los trabajadores tenían antigüedad, contra la que repetirán las ARP privadas, que verán disminuidos sus gastos en la misma proporción. Adicionalmente se afecta más al ISS en la medida que se supone que la enfermedad profesional ha sido causada en toda la vida laboral, lo que no es necesariamente cierto. En síntesis, el Estado sigue actuando contra si mismo como lo hizo previamente en pensiones y riesgos profesionales en la Ley 100.

Los artículos 2 y 3 definen y reglamentan la incapacidad temporal. La modificación respecto al Decreto 1295 es que aclara que los pagos de cotizaciones por salud y pensiones correspondientes al trabajador que realiza la ARP mientras dure la incapacidad podrán ser deducidos del pago de la prestación. La parte correspondiente al empleador seguirá siendo asumida por la ARP. Así lo establece el Parágrafo 3 del Artículo 3o.

Parágrafo 3°. La Administradora de Riesgos Profesionales podrá pagar el monto de la incapacidad directamente o a través del empleador. Cuando el pago se realice en forma directa la Administradora deducirá del valor del subsidio por incapacidad temporal el porcentaje que debe cotizar el trabajador a los otros subsistemas de Seguridad Social, valor que deberá trasladar con el aporte correspondiente del empleador señalado en el parágrafo anterior, a la EPS o Administradora de Pensiones a la cual se encuentre afiliado el trabajador en los plazos previstos en la ley.

Los Artículos 5o. y 6o definen la incapacidad permanente parcial y la forma de declararla sin variación sustancial respecto al Decreto 1295, salvo que no podrá ser declarada por médico de la ARP sino forzosamente por la comisión médica interdisciplinaria. Respecto al monto mínimo de la indemnización, se establece en dos salarios mínimos en el Artículo 7o., mientras la norma previa hablaba del salario base de cotización. El máximo sigue en 24 veces el salario base de cotización.. Los Artículos 4o. y 8o. se refieren a la reubicación del trabajador con Incapacidad permanente parcial. No se presentan tampoco diferencias con la norma previa.

El Artículo 9o. se refiere a la calificación de invalidez y devuelve a la comisión médica interdisciplinaria de las ARP la calificación en primera instancia, tal como lo había establecido el Numeral 1 del Artículo 3o. del Decreto 1346 de 1994, que fuera declarado nulo por el Consejo de Estado, de tal forma que las Juntas de Calificación de Invalidez actuarán de nuevo únicamente en segunda instancia.

Respecto al monto de la pensión de invalidez establecidos en el Artículo 10o. no hay cambios. Tampoco en la definición y el monto de la pensión de sobreviviente establecida en los Artículos 11 y 12. De igual manera permanece sin alteración el monto mínimo y máximo de las pensiones (1 y 20 salarios mínimos) y la forma de reajuste conforme a la inflación del año inmediatamente anterior, tal como lo establecen los Artículos 13 y 14 de la Ley.

La indemnización sustitutiva continúa sin modificación (Artículo 15). Tampoco se modifica la normatividad en relación al auxilio funerario (artículo 16), ni los motivos de suspensión de la pensión de invalidez, cuando el afiliado no se someta a los exámenes, controles y prescripciones que le sean ordenados o a los procedimientos necesarios para su rehabilitación física y profesional o de trabajo. (Artículo 17).

Donde si hay un cambio importante es en la creación de la figura de prescripción de la prestación de invalidez, que la nueva Ley 776 establece para las mesadas pensionales en tres años y para las demás prestaciones en un año. La nueva norma pondría término definido a la suspensión.

Respecto a los factores que determinan la tarifa de cotización de las empresas y la variación del monto de las mismas, que no podrá realizarse antes de un año, la Ley establece:

Artículo 19. Determinación de la cotización. Los literales del artículo 15 del Decreto-ley 1295 de 1994 quedarán así:

(para establecer la tarifa se toma en cuenta)

a) La actividad económica;

b) Un indicador de variación del índice de lesiones incapacitantes y de la siniestralidad de cada empresa;

c) El cumplimiento de las políticas y el plan de trabajo anual del programa de salud, ocupacional de empresa elaborado con la asesoría de la administradora de riesgos profesionales correspondiente y definido con base en los indicadores de estructura, proceso y resultado que establezca el Gobierno Nacional.

Parágrafo. Todas las formulaciones y metodologías que se utilizan para la determinación de la variación de la cotización, son comunes para todas las Administradoras de Riesgos Profesionales y no pueden ser utilizadas para prácticas de competencia desleal, so pena de la imposición de multas correspondientes.

En relación con el traslado de ARP se fija un periodo mínimo de permanencia de 2 años para el ISS y uno para las demás ARP. (Artículo 21).

Finalmente la Ley establece que con cargo al Fondo de Riesgos Profesionales, además de campañas de educación y prevención, también podrán financiar estudios de investigación que soporten las decisiones que en materia financiera, actuarial o técnica se requieran para el desarrollo del Sistema General de Riesgos Profesionales, así como para crear e implementar un sistema único de información del Sistema y un Sistema de Garantía de Calidad de la Gestión del Sistema de Riesgos Profesionales.


 

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