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Gobierno desperdicia facultades extraordinarias

El Gobierno Nacional, con base en las facultades extraordinarias concedidas por la Ley 715 de 2001, expidió dos decretos, que parecen declaraciones de principios, más que herramientas para lograr mayor eficiencia y control en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

El Decreto 1280 "por el cual se organiza el Sistema de Vigilancia, Inspección y Control del Sector Salud", establece una serie de definiciones sobre el Sistema, sus agentes, los sujetos de control, los objetivos y los principios, los ejes del Sistema y el Esquema de gestión para la Inspección, Vigilancia y Control, que constituyen una serie de verdades de perogrullo, por todos conocidas.

Y en el campo fundamental, de señalar cuales son las funciones de Vigilancia y Control de los territorios, que concedió la Ley 715, tampoco resulta otra cosa que acatar lo que señale la Superintendencia, como puede verse en los artículos siguientes:

Artículo 6°. Esquema de Gestión de la Vigilancia, Inspección y Control. Para facilitar el ejercicio de las funciones de los organismos y agentes de Vigilancia, Inspección y Control y generar una mayor racionalidad en la consecución de los objetivos del presente decreto, la Superintendencia Nacional de Salud expedirá cada dos años un “Esquema de Gestión” que contendrá como mínimo los procesos prioritarios por ejes, el alcance operativo de competencias y funciones de vigilancia, inspección y control, los resultados esperados, los instrumentos, las formas de articulación y la difusión de las acciones.

Los organismos de vigilancia, inspección y control deberán formular y ejecutar un Plan Anual de Vigilancia, Inspección y Control que, sin perjuicio de las particularidades de cada organismo, deben seguir las directrices del Esquema de Gestión al que se refiere el presente artículo. Igualmente, los agentes que defina la Superintendencia Nacional de Salud deberán formular y ejecutar dicho plan.

Los organismos y agentes deberán consolidar y reportar a la Superintendencia Nacional de Salud en los instrumentos que ésta diseñe y establezca y con la periodicidad que ella determine, los resultados de la ejecución del Plan Anual de Vigilancia, Inspección y Control en cada uno de los ejes.

La actuación de los organismos y agentes de inspección, vigilancia y control estará sujeta a evaluación permanente por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.

Las evaluaciones deberán permitir identificar las necesidades de ajustes al Esquema de Gestión, la aplicación de sanciones por la inobservancia del mismo y los incentivos por su adecuada aplicación.  

Artículo 7°. Obligaciones de las Entidades Territoriales. Para el ejercicio de las funciones de Vigilancia, Inspección y Control las entidades territoriales deberán:

1. Actuar articuladas al Sistema de Vigilancia, Inspección y Control.

2. Adoptar el Plan Anual de Vigilancia, Inspección y Control, incorporando los parámetros del “Esquema de Gestión” establecido por la Superintendencia Nacional de Salud.

3. Organizarse internamente para el cumplimiento de las funciones, identificando los procesos, los responsables y los resultados.

Artículo 8°. Habilitación de los agentes del Sistema de Vigilancia, Inspección y Control. Para actuar como agentes del Sistema de Vigilancia, Inspección y Control del Sector Salud, deberán estar debidamente habilitados por la Superintendencia Nacional de Salud, previo cumplimiento de los requisitos que esa entidad establezca para tal efecto.  

El decreto resulta tan "marco" que requerirá nueva reglamentación o bien se convierte en una forma de postergar eternamente cualquier capacidad de vigilancia que la Ley 715 concede a los departamentos sobre EPS y ARS. 

El Decreto 1281, "por el cual se expiden las normas que regulan los flujos de caja y la utilización oportuna y eficiente de los recursos del sector salud y su utilización en la prestación" resulta igualmente un Decreto que deja al Sistema sin regulaciones claras, y a los niveles de Dirección sin dientes, para hacer que los recursos del sector fluyan oportunamente hacia los prestadores.

El Decreto no adoptó las recomendaciones del estudio de la Universidad Nacional a este respecto, aparte de las incluídas en la Ley 715: acabar los contratos tripártitos y dejar como pagador único al municipio, bajo cuentas independientes presupuestalmente y en tesorería de los demás recursos del municipio, y sujetas a la vigilancia de los organismos de control.

El artículo sobre intereses moratorios, por ejemplo, que deberían declararse obligatorios e irrenunciables en los contratos del Sistema, se redujo a lo ya establecido en el Código del Comercio u otras normas similares y que se incumple sistemáticamente en el sector salud.

Artículo 4°. Intereses moratorios. El incumplimiento de los plazos previstos para el pago o giro de los recursos de que trata este decreto, causará intereses moratorios a favor de quien debió recibirlos, liquidados a la tasa de interés moratorio establecida para los tributos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.  

En cuanto al manejo de los recursos de la seguridad social y del Régimen Subsidiado resulta mucho más importante la sanción que establece la Ley 715 directamente sobre los funcionarios que demoren los giros (incluyendo los del Gobierno Nacional que según los estudios son los que más tiempo retienen el dinero del FOSYGA), que todo lo señalado por el Decreto reglamentario.

Finalmente los anuncios sobre cotizaciones por ingresos distintos del salario u honorarios profesionales incluídos en el Artículo Octavo,  lanzados con grandes titulares de prensa, no modifican lo ya establecido en el Artículo 204 de la Ley 100, por lo que no debe esperarse cambio alguno.

Algo más claro resulta el Artículo sobre trámite de cuentas y glosas, donde se incorporan los intereses de mora en caso de que las glosas resulten resueltas en favor del prestador, para que no se juege a glosar innecesariamente para retardar los pagos.

Artículo 7°. Trámite de las cuentas presentadas por los prestadores de servicios de salud. Además de los requisitos legales, quienes estén obligados al pago de los servicios, no podrán condicionar el pago a los prestadores de servicios de salud, a requisitos distintos a la existencia de autorización previa o contrato cuando se requiera, y a la demostración efectiva de la prestación de los servicios.

Cuando en el trámite de las cuentas por prestación de servicios de salud se presenten glosas, se efectuará el pago de lo no glosado. Si las glosas no son resueltas por parte de la Institución Prestadora de Servicios de Salud, IPS, en los términos establecidos por el reglamento, no habrá lugar al reconocimiento de intereses, ni otras sanciones pecuniarias.

En el evento en que las glosas formuladas resulten infundadas el prestador de servicios tendrá derecho al reconocimiento de intereses moratorios desde la fecha de presentación de la factura, reclamación o cuenta de cobro.

Las cuentas de cobro, facturas o reclamaciones ante las entidades promotoras de salud, las administradoras del régimen subsidiado, las entidades territoriales y el Fosyga, se deberán presentar a más tardar dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de la prestación de los servicios o de la ocurrencia del hecho generador de las mismas. Vencido este término no habrá lugar al reconocimiento de intereses, ni otras sanciones pecuniarias.

En conjunto con el Sistema de Vigilancia y Control, los dos decretos para los cuales el Gobierno recibió facultades extraordinarias, deberían garantizar el poner fin a la crisis financiera del Sistema, verdadera exigencia del Congreso, de conformidad con la exposición de motivos de la Ley 715. De no tomar el Gobierno medidas drásticas con estas facultades plenas, el legislador anunció que las tomaría por su cuenta, especialmente en cuanto al Régimen Subsidiado se refiere. 

Todo parece señalar, una vez vencidas las facultades, que el Gobierno no aprovecho la oportunidad extraordinaria de expedir decretos con fuerza de ley para reordenar el Sistema, o bien que no entendió, o se desentendió intencionalmente, de las exigencias del Legislador.

 

Supersalud investiga IPS por no remitir información

Según informó la Agencia de Prensa del Gobierno (ANCOL), la Superintendencia Nacional de Salud inició la más grande investigación contra Instituciones Prestadoras de Salud privadas por no acatar los requerimientos. 

El director del Area Financiera de la Superintendencia de Salud, Buenaventura Ordui, afirmó hoy que de las 2.927 instituciones prestadoras de salud privadas que existen en el país, 1.771 no reportaron a tiempo la información financiera, contable, administrativa y jurídica, solicitada. 

Explicó que a estas entidades se les inició un proceso de investigación para establecer el por qué del incumplimiento a la solicitud de información que permitiría estudiar y evaluar el sector. "Información que va a permitir tomar acciones oportunas y preventivas para evitar los cierres de las entidades prestadoras de salud, que en su mayoría son clínicas", aclaró. 

Las IPS privadas tuvieron plazo para presentar la información hasta el pasado 12 de abril, corte que debía ser al 31 de diciembre de 2001. "Sin embargo, 1.771 de ellas no lo hicieron y ahora se exponen a sanciones, de acuerdo al resultado de la investigación", advirtió. Las entidades involucradas en este proceso pueden recibir multas entre uno y 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según lo establece la ley. 

Reiteró que el mayor número de investigaciones por regiones se realiza en Cundinamarca, incluyendo a Bogotá con 566 entidades, Antioquia con 160, Atlántico con 143 y Valle del Cauca con 122 IPS privadas investigadas. 

                    IPS PRIVADAS INVESTIGADAS          -----------------------------------------------------------------       DEPARTAMENTO            INVESTIGADAS                  TOTAL IPS      -----------------------------------------------------------------         AMAZONAS                         6                             6       ANTIOQUIA                      160                           303    ARAUCA                           6                             6       ATLANTICO                      143                           209     BOLIVAR                         89                           118    BOYACA                          37                            54      CALDAS                          38                            72      CASANARE                         9                            16      CAUCA                            9                            21      CESAR                           16                            33      CORDOBA                         78                           111     CUNDINAMARCA                   566                           990     CHOCO                           15                            17      GUAJIRA                         26                            31      HUILA                           29                            56      MAGDALENA                       42                            55      META                            27                            45      NARIÑO                          52                            67          NORTE DE SANTANDER              47                            74         PUTUMAYO                        15                            18      QUINDIO                         24                            46      RISARALDA                       36                            63       
  SAN ANDRES                       5                                   SANTANDER                       67                           115     SUCRE                           40                            57      TOLIMA                          67                           103     VALLE                          122                           236      
  TOTAL INVESTIGADAS           1.771          
  TOTAL BASE IPS               2.925

 

Nuevos Acuerdos del CNSSS

El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud expidió tres importantes Acuerdos, con los números 227, 228 y 229, que fueron publicados en el Diario Oficial sólo hasta  finales de Junio, a pesar de haber sido aprobados varias semanas antes por el máximo organismo del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

El Acuerdo 227 "establece un mecanismo para el reconocimiento de la desviación del perfil epidemiológico de la atención en salud del Régimen Subsidiado" similar al establecido previamente para el Régimen Contributivo en el Acuerdo 217. 

Sin embargo, el mecanismo de ajuste no incluye en este caso el Acto Quirúrgico y Prótesis en Reemplazos Articulares de Cadera  y/o Rodilla, ni tampoco el Acto Quirúrgico para Transplante de Medula Osea, Corazón y/o Riñón, incluyendo el salvamento de órgano y Medicamentos inmunosupresores post transplante, incluídos en el mecanismo del Régimen Contributivo.

Según el Acuerdo "El reconocimiento de la desviación del perfil epidemiológico, será causado de conformidad con el procedimiento establecido en el presente artículo desde el primero de junio de 2002. Para el reconocimiento del primer cuatrimestre de 2002 (junio-septiembre), el monto a redistribuir será pagado en el siguiente cuatrimestre y de igual manera para los períodos posteriores, mientras se mantenga el período de contratación así el último período sea inferior a un cuatrimestre.". 

Sin embargo, al igual que en el Régimen Contributivo, se considera que este Acuerdo será de difícil interpretación y aplicación.  

El Acuerdo 228 "actualiza el Manual de Medicamentos del Plan Obligatorio de Salud" y lo edita en su totalidad, por lo que constituye la nueva herramienta completa en lo que a medicamentos del POS se refiere.

El Acuerdo 229 "define la proporción de UPC - S que se destinará para la financiación de las acciones de promoción y prevención para el Régimen Subsidiado a cargo de las entidades territoriales y las Administradoras del Régimen Subsidiado", de Acuerdo con lo ordenado por el polémico Artículo 46 de la Ley 715.

Las actividades de promoción y prevención que quedarán a cargo de los municipios serán:

A. Promocion de la salud

B. Prevencion de la enfermedad

El Acuerdo establece que la prestación de las actividades, procedimientos e intervenciones que pasan a cargo de las entidades territoriales del orden distrital y municipal, así como su administración, será financiada con el 4.01% de la UPC-S correspondiente al total de la población afiliada por la cual se reconoce la UPC-S en el área de su jurisdicción, exceptuando lo correspondiente a la población afiliada a las EPS y ARS indígenas.  

Igualmente, el Acuerdo determina que "Las entidades objeto de aplicación de las presentes disposiciones, podrán iniciar la ejecución de las acciones a su cargo, a partir del 1° de agosto de 2002, efecto para el cual deberán demostrar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 46 de la Ley 715 de 2001, en los términos que señale el Ministerio de Salud. Mientras las entidades territoriales asumen las competencias de que trata el presente acuerdo las ARS continuarán garantizando la prestación integral de las acciones de promoción y prevención del POS-S" y que "Las entidades territoriales que no inicien el primero de agosto, asumirán las competencias en el bimestre siguiente de haber demostrado el cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin".

Finalmente el Acuerdo (que no traslada más responsabilidades y recursos, como pretendían algunos municipios, para compensar los 10 puntos de transferencias de salud de libre destinación que recibían con anterioridad a la Ley 715), deja una puerta abierta a la posibilidad de responsabilizar de otras actividades a los municipios, al ordenar que "El Ministerio de Salud, en un plazo no mayor de un año y a partir del inicio de su aplicación, presentará a consideración del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud la evaluación respecto de las acciones de promoción y prevención no incluidas en el presente acuerdo, con el propósito de garantizar que su traslado a las entidades territoriales no comporte riesgo para la salud de sus afiliados, ni afecte la integralidad y continuidad de la atención."

 

Indicadores poblacionales básicos 2002

 

INDICADORES DEMOGRAFICOS

 

INDICADORES DE POBLACION

No.

Proporción

Población total para el año 2002[1]

43.834.117

 

Población Urbana2

31.472.896

71.8%

Población Rural2

12.361.220

28.2%

Población femenina1

22.167.685

50.57%

Población masculina1

21.666.432

49.43%

Tasa de crecimiento demográfico anual 1

                            1.72 %

Densidad poblacional (Nº habitantes x kilómetro cuadrado) 2

                       38.39

 

Tasa cruda de natalidad por mil habitantes (estimada para el 2002) 2

26.6

Tasa cruda de natalidad por mil habitantes, zona urbana2

26.6

Tasa cruda de natalidad por mil habitantes, zona rural2

26.63

Nacimientos esperados en el 20022

1.166.847

Tasa general de fecundidad por mil mujeres en edad fértil (estimada para el 2002 con mujeres de 10 a 49 años) 2

82.86

Tasa global de fecundidad por mujer (estimada para el 2002) 2

2.62

Tasa cruda de mortalidad por 1.000 habitantes  (1.999) 2

4.43

Tasa cruda de mortalidad en Hombres por 1.000 habitantes (1999) 2

2.65

Tasa cruda de mortalidad en Mujeres por 1.000 habitantes (1999) 2

1.76

Tasa cruda de mortalidad Urbana por 1.000 habitantes (1999) 2

3.72

Tasa cruda de mortalidad Rural por 1.000 habitantes (1999) 2

0.66

Defunciones esperadas en el 2002 1

240.210

Tasa de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos[2] (estimada para el 2002) 1

25.6

Tasa de mortalidad infantil en hombres por 1.000 nacidos vivos (estimada para el 2002) 1

30.10

Tasa de mortalidad infantil en mujeres por 1.000 nacidos vivos (estimada para el 2002) 1

22.51

Razón de dependencia en 2002 (Número de personas 15-60 años por cada mil habitantes) 1

584.3

Esperanza de vida al nacer (estimada para el 2002) 1

72.17 años

Esperanza de vida al nacer en Hombres (estimada para el 2002) 1

69.17 años

Esperanza de vida al nacer en Mujeres (estimada para el 2002) 1

75.32 años



[1] DANE, Serie Estudios censales No. 2-4-5, 1998.

[2] INS, cálculos propios realizados sobre Series Estudios Censales DANE No. 2-4-5, 1.998.

 


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