Acrílico del maestro Gustavo Parra

 

De nuestros

Colaboradores

 



LA ABOLICIÓN DEL REGISTRO SUMARIO PARA LOS GENERICOS:

GRAVE ATENTADO CONTRA LA SALUD PÚBLICA

                                                                                   

Por: Germán Holguin Zamorano
Director General Misión Salud

 

I- ACCESO A LOS MEDICAMENTOS: UN DERECHO DEL CIUDADANO Y UN DEBER DEL GOBIERNO

Los medicamentos juegan un significativo papel social, debido a su estrecha relación con el derecho fundamental a la salud y la vida. Por ello se les considera bienes esenciales, para  “insistir sobre el hecho de que deben ser accesibles para la mayoría de las personas”[i].

Por la misma razón cada vez se afianza más en el mundo el concepto de la subordinación del derecho de propiedad intelectual de medicamentos nuevos al derecho a la  salud. Porque aun cuando se reconoce el primero, en la medida que facilita la invención de fármacos cada vez mejores, su protección termina en el momento en que causa daño a las personas. Como lo afirma un alto funcionario de la OMS, “es inadmisible que la gente muera por falta de acceso a medicamentos, por la aplicación de unas normas sobre propiedad intelectual copiadas de los países industrializados, que sólo favorecen los intereses comerciales de un puñado de multinacionales, en perjuicio del grueso de la población”[ii].

En desarrollo de este concepto básico, la OMS “insta a los gobiernos del mundo para que no ahorren esfuerzos a la hora de garantizarle a su población el acceso a los medicamentos más baratos”[iii].

Por su parte, la OMC, no obstante la gran influencia que ejercen sobre ella los países desarrollados, consagra en el Acuerdo ADPIC una serie de principios y objetivos fundamentales, cuya finalidad es establecer un equilibrio entre propiedad intelectual y acceso. Entre ellos destacan el artículo 7, que subordina la propiedad científica a los objetivos de política pública, especialmente el bienestar social y económico, y el artículo 8, según el cual los Estados podrán, “al formular o modificar sus leyes y reglamentos, adoptar las medidas necesarias para proteger la salud de la población”. “Lo que equivale  -según la OMS – a un reconocimiento expreso de las medidas que pueden ser adoptadas para garantizar la accesibilidad”[iv].

Precisamente en desarrollo de estos principios, en 1999 la 52 Asamblea Mundial de la Salud aprobó una resolución urgiendo a los Estados Miembros a “explotar y revisar las opciones que tienen bajo los acuerdos internacionales importantes, para salvaguardar el acceso a los medicamentos esenciales”. Y en noviembre pasado la Conferencia de Ministros de la OMC adoptó la Declaración de Doha, aclarando que el Acuerdo Adpic “puede y debe ser interpretado e implementado de manera que soporte el derecho de cada país de proteger la salud pública y, en particular, para promover el acceso de toda la población a los medicamentos”[v].

Contrastando con estas directrices, “más de un tercio de la población mundial –cerca de 6.000 millones de habitantes- carece de acceso a medicamentos esenciales”[vi]. En los países pobres en promedio la mitad de la población. El 80% de las medicinas que se producen en el mundo las consumen los habitantes de los países ricos. 

Consecuentemente, diariamente mueren en el mundo más de 30.000 personas de enfermedades curables (diez “11 de septiembre”diarios), por falta de acceso a los bienes de la salud. Más del 90% de estas muertes ocurren en los países en  desarrollo[vii]. Solamente la malaria ocasiona 3 muertes por minuto –cerca de 1.500 diarias-[viii] Y el SIDA otros tantos.

De acuerdo con el Informe sobre la Salud en el Mundo de la OMS, “de los 10.3 millones de niños menores de 5 años que murieron en el mundo en el año 2000, 8.6 millones se hubieran podido salvar con un acceso regular a medicamentos esenciales”. 

Latinoamérica no es una excepción, debido a que más de 121 millones de personas están excluidas de los bienes de la salud[ix]. Tampoco lo es Colombia, ya que a pesar de los avances logrados en los últimos años en materia de cobertura, cerca de 20 millones de personas continúan por fuera del Sistema de Seguridad Social. Con el agravante de que también entre los afiliados al Sistema se da la falta de acceso a medicamentos esenciales, ya que la mayoría de ellos solamente devenga un salario mínimo y por supuesto no está en condiciones de pagar de su bolsillo las medicinas que no suministra el Sistema, las cuales representan el 40% de las prescripciones.

De manera que estamos frente a un problema social de vastas proporciones. Para solo citar un ejemplo, de acuerdo con fuentes oficiales en el país hay cerca de 200.000 infectados de sida –cifra que refleja únicamente parte de la realidad- “y solo se ofrece atención con medicamentos a uno de cada diez”[x].

No podemos permitir que a nuestro alrededor mucha gente sufra o muera por falta de acceso a medicamentos necesarios existentes. El acceso a los medicamentos es un derecho fundamental del hombre. El gobierno tiene la facultad y el deber –y el desafío- de adoptar las medidas necesarias para asegurar su pleno ejercicio por parte de toda población. Así lo  recomiendan la OMS y los demás organismos internacionales competentes, lo consagra la OMC en los principios fundamentales del Acuerdo Adpic y lo exige el bienestar de la comunidad.  También lo ordenan la Constitución y las leyes de Colombia.

                                                                                                      

II- INSTRUMENTO PARA MEJORAR EL ACCESO A LOS MEDICAMENTOS

Según un documento suscrito por varias ONGs de prestigio internacional, “diversos estudios han mostrado de manera inequívoca que la competencia de los genéricos es la vía más efectiva para asegurar la reducción de los precios de los medicamentos y mejorar el acceso”[xi]. 

A igual conclusión llega el estudio “Alternativas al Control de Precios de los Medicamentos: el Caso Colombiano”[xii], elaborado en febrero pasado por encargo de MISIÓN SALUD. Según este trabajo, de todos los instrumentos ensayados tanto por los países desarrollados para bajar el gasto en salud, como por los países en desarrollo para mejorar el acceso a los medicamentos, el que ha demostrado mayor eficacia es sin duda el estímulo de la oferta de genéricos.

Como lo afirma la OMS, “Si el objetivo a alcanzar es la accesibilidad, lo que habrá que hacer es garantizar la oferta de medicamentos más adecuada. Este objetivo coincide con el objetivo principal del GATT desde hace cuarenta años, que tiende a eliminar los obstáculos a los intercambios con el fin de que los consumidores dispongan del mayor acceso posible a todos los bienes disponibles en el mundo”[xiii].  

Similar llamado hace el Papa Juan Pablo II, cuando advierte que “la sola ley de ganancia no puede ser norma de lo que es esencial en la lucha contra la enfermedad y la pobreza.....La iglesia acepta la propiedad intelectual y las patentes, pero siempre que estén regidas por el bien común internacional de la salud.....Es necesario promover legislaciones nacionales y acuerdos internacionales para contrarrestar el monopolio de pocas empresas farmacéuticas, alargar la lista de los medicamentos genéricos que satisfacen a la mayoría de la población y abatir así los precios, en especial para los países en vía de desarrollo”[xiv].

Para las multinacionales la estrategia de estimular la oferta de genéricos es  equivocada porque –según ellas- los genéricos son de mala calidad, excepción hecha de los que ellas mismas producen. Esto no es verdad en la mayoría de los casos, pues lo que determina la calidad es, de una parte, el cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura, y, de otra parte, la seguridad, eficacia y biodisponibilidad del producto. En Colombia prácticamente todos los laboratorios nacionales de alguna importancia, fabricantes de productos genéricos, llenan ambos requisitos, como lo comprueba su aceptación en el mercado interno y en algunos mercados externos[xv].

La única diferencia real entre medicamentos originales y genéricos de calidad es el precio, que, como es bien sabido, es sustancialmente menor en el caso de los segundos. Lo cual se debe, no solamente a las inversiones en investigación y desarrollo -I&D-, como  suele afirmarse engañosamente, pues, como lo advierte la Organización Británica OXFAM, para la mayoría de las aplicaciones farmacéuticas la I&D representa menos del 5% del precio de venta[xvi], sino a la ley de la oferta y la demanda, ya que por cada competidor que entra al mercado el precio cae un 10% como mínimo.

Por esto es normal al adquirir un genérico obtener una economía de hasta 50%, 70%, 90%  y más respecto del precio del producto original (Ver Cuadros y Gráficas Comparativos de Precios en los Anexos 1 a 4).  

La diferencia de precios también la explican los altos márgenes de utilidad de las multinacionales farmacéuticas,  que oscilan alrededor del 30%[xvii], y los altos gastos en actividades de mercadeo, que en este sector industrial representan actualmente el 35% de las ventas, el doble de lo que invierten en investigación y desarrollo de nuevos medicamentos[xviii].           

De suerte que la estrategia consistente en fortalecer la oferta de genéricos es, sin lugar a dudas, la apropiada para mejorar en el país los niveles de acceso, dado el efecto de reducción de precios que conlleva.                                                         

 

III- ESTRATEGIA PARA FORTALECER LA OFERTA DE GENERICOS

Durante los tres últimos años MISIÓN SALUD ha analizado cuidadosamente los instrumentos adecuados para incrementar significativamente en el país la oferta de medicamentos genéricos –nacionales e importados-, llegando a la conclusión de que lo procedente es una estrategia montada sobre dos pilares básicos: fortalecer la política de genéricos e impedir el establecimiento de nuevas barreras para los genéricos.

En relación con lo primero, MISIÓN SALUD se propone adelantar próximamente, conjuntamente con otras ONGs interesadas en el tema, un estudio dirigido a evaluar el impacto de la política de genéricos en el país, identificar los obstáculos normativos y las imperfecciones del mercado que limitan su efectividad, y establecer  nuevas áreas de acción para su fortalecimiento, de orden legal, reglamentario, de opinión o de otra índole. El trabajo se encuentra en la fase de definición de los términos de referencia y la metodología. La meta es tener las conclusiones y recomendaciones de política el próximo año. 

En lo que respecta al tema de las barreras, no se trata de desconocer los derechos de propiedad intelectual, que Colombia respeta y protege suficientemente, mediante el otorgamiento de patentes y la protección de los secretos empresariales, como lo ordenan la OMC y la CAN.  Se trata es de que el gobierno no siga haciendo concesiones a las multinacionales, como ocurrió en 1993 cuando Colombia, conjuntamente con sus socios andinos, estableció precipitadamente el sistema de patentes, sin medir sus  efectos sociales y renunciando, a cambio de nada,  al período transitorio de varios años que le otorgaba el Acuerdo Adpic de la OMC. Otros países, incluidos algunos de mayor desarrollo relativo, sí utilizaron el período transitorio, con lo cual retrasaron el daño social que las patentes siempre ocasionan a los pobres en los países en vías de desarrollo.

En otras palabras, el propósito es impedir que las transnacionales nos impongan, a través de  barreras para los genéricos,  una protección a ultranza de la propiedad intelectual de medicamentos, más allá de los dictados de la OMC, cuyo resultado será  neutralizar la competencia y subir precios para incrementar su participación en el negocio de la salud, sin importar el daño que ello cause a la salud pública.

 

IV- LA ABOLICIÓN DEL REGISTRO SUMARIO PARA LOS GENERICOS: UNA NUEVA BARRERA.

Como es sabido por todos, las patentes de invención constituyen la barrera por excelencia para los medicamentos genéricos, desde luego que impiden su fabricación durante el período de protección del producto original, que es de 20 años. Sin embargo, y a pesar del daño social que generan en términos de precios altos y pérdida de acceso, hoy solo muy pocos las cuestionan, pues se reconoce que ellas contribuyen al desarrollo de substancias cada vez más eficaces.    

Cuando a principios de los 90s se discutía en el marco internacional el establecimiento del régimen de patentes a nivel universal, los representantes de los países desarrollados amortiguaron los temores del mundo en desarrollo asegurándole que sus aspiraciones en materia de protección de la propiedad intelectual iban hasta allí. No obstante, al día siguiente de la aprobación del Acuerdo Adpic, las multinacionales farmacéuticas, respaldadas por algunos de sus gobiernos, empezaron a concebir nuevos instrumentos monopólicos y a exigir su implantación a todos los países. 

De tales instrumentos forman parte, para solo citar dos ejemplos de actualidad en Colombia: 1- La solicitud de patentes para productos o procesos que no reúnen los requisitos establecidos por la normativa vigente, a través de lo cual las transnacionales persiguen, utilizando artificios y subterfugios técnicos, como el patentamiento de polimorfos, obtener exclusividad para sustancias que por carecer de novedad o por cualquier otro motivo no han podido patentar en el país, y 2- Las patentes de segundos usos, hoy expresamente prohibidas por la CAN y no reconocidas por la OMC debido a que el segundo uso carece de uno de los requisitos de la patentabilidad: el nivel inventivo. Conceptualmente, a través de este tipo de patentes las multinacionales podrían llegar a proteger una sustancia prácticamente de por vida, en la medida que el inventor siempre podrá reportar un nuevo uso, y podrían lograr protección aún para productos como la aspirina, inventados hace cien años, generándose unos monopolios injustificados.

También forma parte de esta lista de herramientas monopólicas la abolición del registro sumario para los genéricos.

El Decreto 677 de 1995, reglamentario del régimen de registros sanitarios,  distingue dos tipos de medicamentos: los medicamentos nuevos y los incluidos en las normas farmacológicas (genéricos). La diferencia entre unos y otros, en lo que a registro sanitario se refiere, es que mientras para la aprobación de los nuevos es necesario presentar los estudios que demuestren la eficacia y seguridad de la sustancia (pruebas farmacológicas), para los genéricos basta probar que contienen la sustancia -además de la calidad del producto-. Esto es lo que se conoce como registro sumario.

La razón para exonerar a los genéricos de demostrar que el principio activo es eficaz y seguro es que la autoridad sanitaria ya lo sabe. Exigir la repetición de la prueba equivaldría a ignorar que se trata de “conocimientos adquiridos” por la autoridad sanitaria, lo que es a todas luces absurdo. Aparte de que sería rechazable desde el punto de vista ético, pues los acuerdos internacionales prohíben la repetición innecesaria de experimentos que involucran riesgos para seres vivos.

Otra razón para exonerar a los genéricos de presentar información farmacológica es que los resultados de los experimentos farmacológicos adelantados por el innovador son de dominio público, debido a que unos los pone a disposición de la humanidad la autoridad que otorga la primera patente, como contraprestación al monopolio de 20 años, y otros los divulga el propio inventor, a través de diferentes medios, por razones académicas y para promocionar el producto entre el cuerpo médico. Tanto la normativa de la OMC (Adpic art. 39.3), como la de la CAN (Decisión 486, art. 266), ordenan proteger los datos de pruebas no divulgados del registro sanitario, mientras conserven el carácter de secretos. Los datos divulgados no -como es el caso de las pruebas de eficacia y seguridad del principio activo- por ser un bien público.   

En los últimos meses las multinacionales, apoyadas por el gobierno norteamericano,  han venido presionando al gobierno colombiano para que expida un Decreto estableciendo que durante los cinco años siguientes al registro de un medicamento innovador no hay proceso sumario, por lo que los fabricantes de genéricos deben repetir los experimentos farmacológicos.

¿Qué persiguen con esto? Como los estudios farmacológicos son muy costosos y demorados, lo que ocurriría en la práctica, en caso de aplicarse la medida retroactivamente, es que las multinacionales lograrían protección de monopolio para muchas sustancias que por su antigüedad o por cualquier otro motivo no tienen patente en Colombia, con el consiguiente retiro del mercado de los genéricos respectivos. Además, en el futuro por esta vía –la protección como secreto a lo que no es secreto- lograrían exclusividad para productos que no cumplen los requisitos para merecer una patente. 

Las presiones de la administración Bush sobre el gobierno colombiano han llegado al extremo de condicionar la inclusión de Colombia en el ATPA y la autorización para utilizar los helicópteros y otros elementos del Plan Colombia en la lucha contra la subversión, a la protección generalizada de los datos del registro sanitario y al establecimiento de las patentes de segundos usos. También, aunque no de manera tan explícita, al otorgamiento de patentes a substancias que no tienen derecho a ello. Como si fuera legítimo colocar a un país en guerra, con cerca de 10 millones de personas entre desempleadas y subempleadas y con la mayoría de la población en estado de pobreza y sin acceso a medicamentos, frente al dilema: paz o acceso a medicamentos, empleo o salud.

El gobierno de E.U. trata de justificar lo injustificable alegando que “las firmas farmacéuticas americanas están experimentando pérdidas significativas en el mercado colombiano por causa de la inadecuada protección de los datos de pruebas del registro sanitario...”, según puede leerse en un reporte del USTR, la autoridad en materia de comercio, lo cual, como quedó explicado, no es verdad. [xix]

Y es más. Por este motivo y por no reconocer patentes de segundo uso el USTR acaba de colocar a Colombia en la “Priority Watch List”, una especie de “lista negra” que elabora anualmente para descalificar el comportamiento de la propiedad intelectual en los demás países. El informe dice que “el gobierno estadounidense está decepcionado por acciones tomadas por Colombia para debilitar la protección de datos y prohibir las patentes de segundo uso en la Comunidad Andina” y “urge a Colombia a tomar acción inmediata para remediarlo, tanto a través de la legislación nacional, como de las instituciones de la CAN”. La decepción es nuestra. Insistimos que Colombia protege la información del registro sanitario exactamente como lo ordenan  el Acuerdo Adpic de la OMC y la Decisión 486 de la CAN.

Ceder a la pretensión de los E.U. en esta materia tan solo favorecería a sus grandes empresas farmacéuticas y causaría grave daño a nuestra población, en la medida que la tutela generalizada de la información del registro sanitario constituye una nueva forma de monopolio. También significaría desconocer la soberanía que asiste a nuestra nación para regular el campo sanitario, en uso de la cual estableció el registro sumario, violaría las normativas de la OMC y la CAN, y, lo que es más grave aún,  atentaría contra el derecho del Estado, la comunidad científica, el cuerpo médico y los consumidores, institucionales y particulares, de conocer y utilizar los resultados divulgados de los experimentos del inventor para proteger la salud y la vida de las personas. Derecho humanitario que por supuesto prevalece sobre los intereses comerciales de las transnacionales.

 

V- EFECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DEL FORTALECIMIENTO DEL MONOPOLIO DE MEDICAMENTOS.

Un estudio realizado por FEDESARROLLO el año pasado[xx] muestra que el fortalecimiento del monopolio a través de la protección generalizada de los datos del registro sanitario, generarían los siguientes efectos económicos y sociales:

·        Retiro del mercado de muchos medicamentos genéricos, condenando a la población a consumir solamente medicamentos originales de alto precio.

·        Incremento promedio del 61% del precio de los medicamentos de mercado ético, que representa el 86% del mercado total[xxi].

·        Pérdida de bienestar de la población al tener que dedicar una mayor proporción de  ingresos a la compra de medicamentos, en detrimento de otros bienes  necesarios. FEDESARROLLO estima esta perdida en la “astronómica suma de US$777 millones de anuales”, cifra superior a los aportes anuales de E.U. al Plan Colombia.

 Otros efectos, medidos por MISIÓN SALUD, son:

·        Pérdida de la ya precaria estabilidad financiera del Sistema de Salud. Al analizar las condiciones en que en 1998 el ISS compró a multinacionales 28 medicamentos a precios de competencia, se concluyó que si hubiese tenido que pagar precios de monopolio,  el   sobrecosto  en este pequeño grupo habría  sido de $173.000 millones. También se concluyó que si 20 medicamentos ofrecidos por un solo laboratorio hubieran tenido competencia, el ahorro hubiera sido del orden de $24.000 millones. Cuando se extienda este cálculo a todas las adquisiciones del ISS y de las EPSs -como se lo propone MISIÓN SALUD- la cifra resultante será sencillamente escandalosa[xxii].

·        Mayor desempleo, debido a la pérdida de mercado por parte de la industria farmacéutica de capital nacional. Un estudio reciente muestra que ésta genera 10.626 empleos directos, equivalentes al 58% del empleo del sector[xxiii]. 

·        Impacto negativo sobre la balanza comercial. En 1.992, el año anterior al establecimiento del sistema de patentes, la balanza comercial del sector mostraba un déficit de US$ 48.7 millones. En 2.001 el déficit subió a US$ 416 millones[xxiv], debido a que cada vez es menor el portafolio de las multinacionales de productos fabricados en el país y mayor el de importados. El fortalecimiento del monopolio agravará esta tendencia.

·        Alto costo fiscal, resultante de tres factores: i- El subsidio que el Estado debería otorgar al consumidor para compensarle la pérdida de bienestar; ii- El mayor precio que las entidades públicas deben pagar por los medicamentos, y iii- Los impuestos de renta que dejan de pagar tanto los laboratorios nacionales que salen del mercado,  como las  multinacionales que reportan pérdidas en su operación local mediante el incremento de los precios de transferencia de los insumos o productos terminados que adquieren de sus matrices o filiales. 

Abolir el registro sumario para los genéricos para complacer al gobierno norteamericano, ignorando este altísimo costo social, no constituye una alternativa legítima de política social y de salud pública para un Estado Social de Derecho como el nuestro y tan solo contribuiría a agudizar la situación de pobreza, enfermedad y frustración, con el consiguiente mayor deterioro del clima de paz. 

Las organizaciones de la sociedad civil debemos unirnos en una cruzada dirigida a impedirlo y, en general, a mejorar el acceso de la población de escasos recursos a los medicamentos esenciales. Es indispensable brindar al gobierno nacional el apoyo necesario para resistir las presiones del gobierno de E.U. tendientes a imponer esta y otras barreras a los medicamentos genéricos de bajo precio. El derecho a la vida está por encima del interés de conquistar mercados para nuestros productos de exportación o de la necesidad de evitar la aplicación de sanciones indebidas. Ninguna amenaza, por fuerte que sea, llámese ATPA o PLAN COLOMBIA o como se quiera, justifica sacrificar la salud y el bienestar de la población en aras de intereses comerciales.


APÉNDICE 1

¿SE JUSTIFICA FORTALER EL MONOPOLIO PARA AUMENTAR LA

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA –IED- EN EL SECTOR ?

 

Con frecuencia oímos decir que el fortalecimiento del monopolio de medicamentos es condición indispensable para la atracción de IED al sector farmacéutico.

Al respecto conviene tener en cuenta el informe que en 1999 pasó al gobierno colombiano el profesor argentino Carlos María Correa. Según éste, no existe ninguna evidencia empírica que soporte tal planteamiento. Por el contrario, “evidencia reciente de los países que ya han introducido patentes en el campo farmacéutico -como Chile y Colombia- señala que lejos de establecerse nuevas empresas o ampliarse las existentes, se han cerrado numerosas plantas de firmas extranjeras, las que en adelante se limitan a comercializar productos importados”[xxv].

Como es obvio, en el caso colombiano Correa se refiere al hecho de que desde que en el país se protege la propiedad intelectual, el número de plantas de multinacionales pasó de 31 a 11, de las cuales 4 proyectan cerrar próximamente. (Ver listas en los Anexos 5 y 6).  Simultáneamente, los registros de inversión extranjera neta en el sector pasaron de un promedio anual de US$ 63.8 millones en el período 1994-1998, a solo US$ 37.0 millones en el período 1999-2000[xxvi].

Es que, como lo advierte FEDESARROLLO, el cierre de plantas en el país “obedece a una política global de mercados trazada por la casa matriz” y a la posibilidad establecida por la normativa andina de explotar una patente mediante la importación del producto patentado. 

En lo que respecta a las transnacionales que no tienen planta de producción en Colombia, su presencia en el país se reduce a unas organizaciones comerciales con requerimientos mínimos de inversión. Con el agravante de que el sector farmacéutico multinacional presenta una balanza comercial negativa, como lo vimos atrás.

Debe señalarse, además, que la contribución de la industria farmacéutica multinacional al fisco nacional por concepto de impuestos de renta y complementarios no es significativa, como puede comprobarse en las publicaciones anuales de la revista Semana sobre el sector empresarial.  Esto se debe básicamente a que, en su mayoría, las multinacionales tienen la estrategia de reducir sus utilidades locales con precios de transferencia altos, con lo cual cumplen tres objetivos: transfieren por anticipado sus utilidades a la casa matriz, evitan pagar impuestos de renta locales, y presentan costos de producción elevados que les permiten justificar precios locales altos ante las entidades gubernamentales.

De suerte que no se justifica fortalecer el monopolio so pretexto de fomentar la IED. Mientras subsistan la política de globalización y la posibilidad de abastecer el mercado desde el exterior, la perspectiva de aumentar la IED no pasará de ser promesa vana o un sueño imposible.

También debe quedar claro que no es cierto que la protección a ultranza de la propiedad intelectual conduzca a una mayor inversión en investigación en el país.  La verdad es que las multinacionales continúan adelantando su I&D en sus países de origen, y que esta actividad se centra especialmente en las enfermedades de mayor incidencia en tales países (sistema cardiovascular, sistema respiratorio,  cáncer, etc). Los gastos de I&D para enfermedades características del mundo en desarrollo (sistema gastrointestinal,   tuberculosis, malaria, etc.) son en muchos casos nulos y en otros mínimos[xxvii]. La poca investigación que adelantan las transnacionales en países como Colombia tiene fines fundamentalmente promocionales.


APÉNDICE 2

¿SE JUSTIFICA QUE LAS MULTINACIONALES RECUPEREN SUS GASTOS DE I&D EN LOS PAISES EN DESARROLLO?

Suele afirmarse que una característica de la industria farmacéutica a nivel mundial es que se trata de una actividad intensiva en inversión en I&D, pues el desarrollo de una droga tiene un costo promedio –según ellos- de 700 millones de dólares, los cuales deben ser recuperados en todos los mercados a los que llega el producto.

Sea lo primero aclarar que reconocemos el derecho del inventor de recuperar sus gastos de I&D, ya que ello contribuye a la invención de fármacos mejores. Sin embargo, también es claro que este negocio no implica para el inventor inversiones tan altas como se quiere hacer creer, pues para la mayoría de las aplicaciones farmacéuticas la I&D representa menos del 5% del precio de venta[xxviii]. Además,  porque la cifra de US$700 millones no tiene en cuenta que la mayor parte del  conjunto de las inversiones en I&D proviene de contribuciones del sector público[xxix] .

Por lo demás, “el gran interrogante que se plantea es si es efectivamente necesario para las  multinacionales recuperar sus inversiones en I&D en los países en desarrollo”[xxx]. Muchos piensan que no, dado que estos mercados, aparte de ser poco significativos, carecen de capacidad para pagar precios de monopolio, que ocasionan efectos dramáticos sobre el bienestar colectivo. 

De esta opinión participan organizaciones como OXFAM, para quien tal pretensión constituye “una de las principales causas de pobreza y sufrimiento en el mundo”, pues contribuye a excluir a millones de personas de los bienes y servicios de salud. 

Siendo esto así, resulta éticamente inaceptable la pretensión de fortalecer en el país  el monopolio de medicamentos con el argumento de que ello es indispensable para que las multinacionales puedan continuar investigando, pues no es la contribución de mercados como el nuestro, sino la de los países desarrollados, la que hace posible esta importante labor.

 

 

 

 

ANEXO 3

LABORATORIOS MULTINACIONALES QUE PRODUCÍAN MEDICAMENTOS Y HAN CERRADO SUS PLANTAS EN COLOMBIA 

 

ANEXO 4

LABORATORIOS MULTINACIONALES CON PLANTA DE PRODUCCIÓN EN COLOMBIA

 

 

Fuente: ASINFAR, Junio 2001

 

NOTAS



[i] OMS, op. cit.p.22

[ii] GERMAN VELÁSQUEZ, Director del Programa de Acción para los Medicamentos Esenciales, citado por Ambito Jurídico, publicación de Legis, No. 95, Diciembre 10 de 2001.

[iii] OMS, Resoluciones WHA 54.10 y 54.11 de 2000.

[iv] OMS, op. cit. p.23

[v] OMC, Declaración de Doha, Qatar, Noviembre 13 de 2001.

[vi] AIS (Acción Internacional para la Salud, ONG internacional con sede en Holanda) “Lo que todo participante de AIS debe saber”, Diciembre 1999.

[vii] OXFAM, Organización Humanitaria Británica, “Campaña Bajar los Costos”.

[viii] EL TIEMPO, editorial de la edición de mayo 31.02.

[ix] Tobar, Hamilton y Vásquez, 2000. Citados por OPS, Ediciones ISALUD, mayo 2001.

[x] EL TIEMPO; editorial citado.

[xi] “Asegurando el acceso a medicamentos esenciales”, mayo 02, documento de AIS, OXFAM, VSO y Save the Children. 

[xii] LUIS ALBERTO ZULETA JARAMILLO, “Alternativas al Control de Precios de los Medicamentos: el Caso Colombiano”, Febrero de 2.002.

[xiii] OMS, obra citada, página 22.

[xiv] Intervención de la delegación de la Santa Sede en la Asamblea Plenaria de la OMS, Mayo 16 de 2001.

[xv] Las empresas nacionales exportan principalmente a la región andina y Centro América, y en menor escala a México, E.U. y Asia. 

[xvi] OXFAM, documento citado.

[xvii] Dato de The Economist referente al año 1996.

[xviii] AIS, op. cit. 

[xix] USTR / Sectors – Intelectual Property. 2002 Special 301 Report, 

[xx] FEDESARROLLO, “Efectos Económicos y Sociales de la Regulación sobre la Industria Farmacéutica Colombiana”, Abril de 2001.

[xxi] ANDI, CAMARA DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA, “La Industria Farmacéutica en Colombia 1991-2000”.

[xxii] MISIÓN ADPIC, “Las Patentes de Medicamentos en el Proceso de Adaptación de la Legislación Andina a la Normativa de la IOMC”, septiembre de 1999.

[xxiii] LUIS ALBERTO ZULETA,  “Impacto de la Industria Nacional de Medicamentos Genéricos sobre la Economía Colombiana”, Enero 02.

[xxiv] ANDI, CAMARA DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA, documento del 2.002.

[xxv] CARLOS MARIA CORREA, Universidad de Bueno Aires, “Implicaciones de las Patentes en el Sector Farmacéutico tras la Ronda Uruguay”, septiembre de 1999.

[xxvi] Fuente: Banco de la República.

[xxvii] S.O. Schweitzer, 1997.

[xxviii] OXFAM, documento citado.

[xxix] Una investigación realizada en 1998 por el Boston Globe concluye que 45 de los 50 medicamentos más vendidos en Estados Unidos entre 1992 y 1997 recibieron un significativo apoyo económico del Gobierno. 

[xxx] FEDESARROLLO, “Incidencia del Régimen de Patentes de la Industria Farmacéutica sobre la Economía Colombiana”, Julio de 1.999. 

 

 



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