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Ley 715 del 2001: Nuevas normas y competencias en salud

Fué expedida por el Congreso de la República la Ley 715 de 2001, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.

El Capítulo II establece así las nuevas competencias en salud de departamentos, distritos y muncipios:

Artículo 43. Competencias de los departamentos en salud. Sin perjuicio de las competencias establecidas en otras disposiciones legales, corresponde a los departamentos, dirigir, coordinar y vigilar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el territorio de su jurisdicción, atendiendo las disposiciones nacionales sobre la materia. Para tal efecto, se le asignan las siguientes funciones:

43.1. De dirección del sector salud en el ámbito departamental.

43.1.1. Formular planes, programas y proyectos para el desarrollo del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud en armonía con las disposiciones del orden nacional.

43.1.2. Adoptar, difundir, implantar, ejecutar y evaluar, en el ámbito departamental las normas, políticas, estrategias, planes, programas y proyectos del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que formule y expida la Nación o en armonía con éstas.

43.1.3. Prestar asistencia técnica y asesoría a los municipios e instituciones públicas que prestan servicios de salud, en su jurisdicción.

43.1.4. Supervisar y controlar el recaudo y la aplicación de los recursos propios, los cedidos por la Nación y los del Sistema General de Participaciones con destinación específica para salud, y administrar los recursos del Fondo Departamental de Salud.

43.1.5. Vigilar y controlar el cumplimiento de las políticas y normas técnicas, científicas y administrativas que expida el Ministerio de Salud, así como las actividades que desarrollan los municipios de su jurisdicción, para garantizar e l logro de las metas del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud, sin perjuicio de las funciones de inspección y vigilancia atribuidas a las demás autoridades competentes.

43.1.6. Adoptar, implementar, administrar y coordinar la operación en su territorio del sistema integral de información en salud, así como generar y reportar la información requerida por el Sistema.

43.1.7. Promover la participación social y la promoción del ejercicio pleno de los deberes y derechos de los ciudadanos en materia de salud y de seguridad social en salud.

43.1.8. Financiar los tribunales seccionales de ética medica y odontológica y vigilar la correcta utilización de los recursos.

43.1.9. Promover planes, programas, estrategias y proyectos en salud para su inclusión en los planes y programas nacionales.

43.1.10. Ejecutar las acciones inherentes a la atención en salud de las personas declaradas por vía judicial como inimputables por trastorno mental o inmadurez psicológica, con los recursos nacionales de destinación específica que para tal efecto transfiera la Nación.

43.2. De prestación de servicios de salud

43.2.1. Gestionar la prestación de los servicios de salud, de manera oportuna, eficiente y con calidad a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, que resida en su jurisdicción, mediante instituciones prestadoras de servicios de salud públicas o privadas.

43.2.2. Financiar con los recursos propios, si lo considera pertinente, con los recursos asignados por concepto de participaciones y demás recursos cedidos, la prestación de servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda y los servicios de salud mental.

43.2.3. Adoptar, difundir, implantar, ejecutar y evaluar la Política de Prestación de Servicios de Salud, formulada por la Nación.

43.2.4. Organizar, dirigir, coordinar y administrar la red de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas en el departamento.

43.2.5. Concurrir en la financiación de las inversiones necesarias para la organización funcional y administrativa de la red de instituciones prestadoras de servicios de salud a su cargo.

43.2.6. Efectuar en su jurisdicción el registro de los prestadores públicos y privados de servicios de salud, recibir la declaración de requisitos esenciales para la prestación de los servicios y adelantar la vigilancia y el control correspondiente.

43.2.7. Preparar el plan bienal de inversiones públicas en salud, en el cual se incluirán las destinadas a infraestructura, dotación y equipos, de acuerdo con la Política de Prestación de Servicios de Salud.

43.2.8. Vigilar el cumplimiento de las normas técnicas dictadas por la Nación para la construcción de obras civiles, dotaciones básicas y mantenimiento integral de las instituciones prestadoras de servicios de salud y de los centros de bienestar de anciano.

43.3. De Salud Pública

43.3.1. Adoptar, difundir, implantar y ejecutar la política de salud pública formulada por la Nación.

43.3.2. Garantizar la financiación y la prestación de los servicios de laboratorio de salud pública directamente o por contratación.

43.3.3. Establecer la situación de salud en el departamento y propender por su mejoramiento.

43.3.4. Formular y ejecutar el Plan de Atención Básica departamental.

43.3.5. Monitorear y evaluar la ejecución de los planes y acciones en salud pública de los municipios de su jurisdicción.

43.3.6. Dirigir y controlar dentro de su jurisdicción el Sistema de Vigilancia en Salud Pública.

43.3.7. Vigilar y controlar, en coordinación con el Instituto Nacional para la Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, y el Fondo Nacional de Estupefacientes, la producción, expendio, comercialización y distribución de medicamentos, incluyendo aquellos que causen dependencia o efectos psicoactivos potencialmente dañinos para la salud y sustancias potencialmente tóxicas.

43.3.8. Ejecutar las acciones de inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo del ambiente que afectan la salud humana, y de control de vectores y zoonosis de competencia del sector salud, en coordinación con las autoridades ambientales, en los corregimientos departamentales y en los municipios de categorías 4ª, 5ª y 6ª de su jurisdicción.

43.3.9. Coordinar, supervisar y controlar las acciones de salud pública que realicen en su jurisdicción las Entidades Promotoras de Salud, las demás entidades que administran el régimen subsidiado, las entidades transformadas y adaptadas y aquellas que hacen parte de los regímenes especiales, así como las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud e instituciones relacionadas.

43.4. De Aseguramiento de la Población al Sistema General de Seguridad Social en Salud

43.4.1. Ejercer en su jurisdicción la vigilancia y el control del aseguramiento en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y en los regímenes de excepción definidos en la Ley 100 de 1993.

43.4.2. En el caso de los nuevos departamentos creados por la Constitución de 1991, administrar los recursos financieros del Sistema General de Participaciones en Salud destinados a financiar la afiliación al Régimen Subsidiado de la población pobre y vulnerable de los corregimientos departamentales, así como identificar y seleccionar los beneficiarios del subsidio y contratar su aseguramiento.

Artículo 44. Competencias de los municipios. Corresponde a los municipios dirigir y coordinar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el ámbito de su jurisdicción, para lo cual cumplirán las siguientes funciones, sin perjuicio de las asignadas en otras disposiciones:

44.1. De dirección del sector en el ámbito municipal:

44.1.1. Formular, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos en salud, en armonía con las políticas y disposiciones del orden nacional y departamental.

44.1.2. Gestionar el recaudo, flujo y ejecución de los recursos con destinación específica para salud del municipio, y administrar los recursos del Fondo Local de Salud.

44.1.3. Gestionar y supervisar el acceso a la prestación de los servicios de salud para la población de su jurisdicción.

44.1.4. Impulsar mecanismos para la adecuada participación social y el ejercicio pleno de los deberes y derechos de los ciudadanos en materia de salud y de seguridad social en salud.

44.1.5. Adoptar, administrar e implementar el sistema integral de información en salud, así como generar y reportar la información requerida por el Sistema.

44.1.6. Promover planes, programas, estrategias y proyectos en salud y seguridad social en salud para su inclusión en los planes y programas departamentales y nacionales.

44.2. De aseguramiento de la población al Sistema General de Seguridad Social en Salud

44.2.1. Financiar y cofinanciar la afiliación al Régimen Subsidiado de la población pobre y vulnerable y ejecutar eficientemente los recursos destinados a tal fin.

44.2.2. Identificar a la población pobre y vulnerable en su jurisdicción y seleccionar a los beneficiarios del Régimen Subsidiado, atendiendo las disposiciones que regulan la materia.

44.2.3. Celebrar contratos para el aseguramiento en el Régimen Subsidiado de la población pobre y vulnerable y realizar el seguimiento y control directamente o por medio de interventorías.

44.2.4. Promover en su jurisdicción la afiliación al Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud de las personas con capacidad de pago y evitar la evasión y elusión de aportes.

44.3. De Salud Pública

44.3.1. Adoptar, implementar y adaptar las políticas y planes en salud pública de conformidad con las disposiciones del orden nacional y departamental, así como formular, ejecutar y evaluar el Plan de Atención Básica municipal.

44.3.2. Establecer la situación de salud en el municipio y propender por el mejoramiento de las condiciones determinantes de dicha situación. De igual forma, promoverá la coordinación, cooperación e integración funcional de los diferentes sectores para la formulación y ejecución de los planes, programas y proyectos en salud pública en su ámbito territorial.

44.3.3. Además de las funciones antes señaladas, los distritos y municipios de categoría especial, 1°, 2° y 3°, deberán ejercer las siguientes competencias de inspección, vigilancia y control de factores de riesgo que afecten la salud humana presentes en el ambiente, en coordinación con las autoridades ambientales.

44.3.3.1. Vigilar y controlar en su jurisdicción, la calidad, producción, comercialización y distribución de alimentos para consumo humano, con prioridad en los de alto riesgo epidemiológico, así como los de materia prima para consumo animal que representen riesgo para la salud humana.

44.3.3.2. Vigilar las condiciones ambientales que afectan la salud y el bienestar de la población generadas por ruido, tenencia de animales domésticos, basuras y olores, entre otros.

44.3.3.3. Vigilar en su jurisdicción, la calidad del agua para consumo humano; la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos; manejo y disposición final de radiaciones ionizantes, excretas, residuos líquidos y aguas servidas; así como la calidad del aire. Para tal efecto, coordinará con las autoridades competentes las acciones de control a que haya lugar.

44.3.4. Formular y ejecutar las acciones de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis.

44.3.5. Ejercer vigilancia y control sanitario en su jurisdicción, sobre los factores de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que puedan generar riesgos para la población, tales como establecimientos educativos, hospitales, cárceles, cuarteles, albergues, guarderías, ancianatos, puertos, aeropuertos y terminales terrestres, transporte público, piscinas, estadios, coliseos, gimnasios, bares, tabernas, supermercados y similares, plazas de mercado, de abasto público y plantas de sacrificio de animales, entre otros.

44.3.6. Cumplir y hacer cumplir en su jurisdicción las normas de orden sanitario previstas en la Ley 9ª de 1979 y su reglamentación o las que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

Parágrafo. Los municipios certificados a 31 de julio de 2001 que hayan asumido la prestación de los servicios de salud, podrán continuar haciéndolo, si cumplen con la reglamentación que se establezca dentro del año siguiente a la expedición de la presente ley. Ningún municipio podrá asumir directamente nuevos servicios de salud ni ampliar los existentes y están obligados a articularse a la red departamental.

Artículo 45. Competencias en salud por parte de los Distritos. Los distritos tendrán las mismas competencias que los municipios y departamentos, excepto aquellas que correspondan a la función de intermediación entre los municipios y la Nación.

La prestación de los servicios de salud en los distritos de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta se articulará a la red de prestación de servicios de salud de los respectivos departamentos. En los mencionados distritos, el laboratorio departamental de salud pública cumplirá igualmente con las funciones de laboratorio distrital.

Artículo 46. Competencias en Salud Pública. La gestión en salud pública es función esencial del Estado y para tal fin la Nación y las entidades territoriales concurrirán en su ejecución en los términos señalados en la presente ley. Las entidades territoriales tendrán a su cargo la ejecución de las acciones de salud pública en la promoción y prevención dirigidas a la población de su jurisdicción.

Los distritos y municipios asumirán las acciones de promoción y prevención, que incluyen aquellas que a la fecha de entrar en vigencia la presente ley, hacían parte del Plan Obligatorio de Salud Subsidiado. Para tal fin, los recursos que financiaban estas acciones, se descontarán de la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Subsidiado, en la proporción que defina el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, con el fin de financiar estas acciones. Exceptúase de lo anterior, a las Administradoras del Régimen Subsidiado Indígenas y a las Entidades Promotoras de Salud Indígenas.

Los municipios y distritos deberán elaborar e incorporar al Plan de Atención Básica las acciones señaladas en el presente artículo, el cual deberá ser elaborado con la participación de la comunidad y bajo la dirección del Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud. A partir del año 2003, sin la existencia de este plan estos recursos se girarán directamente al departamento para su administración. Igual ocurrirá cuando la evaluación de la ejecución del plan no sea satisfactoria.

La prestación de estas acciones se contratará prioritariamente con las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas vinculadas a la entidad territorial, de acuerdo con su capacidad técnica y operativ a.

El Ministerio de Salud evaluará la ejecución de las disposiciones de este artículo tres años después de su vigencia y en ese plazo presentará un informe al Congreso y propondrá las modificaciones que se consideren necesarias.

La versión definitiva de la Ley incluye, como puede observarse, importantes cambios sobre el proyecto inicial, entre los cuales se destaca especialmente el Artículo 46, que permite a los municipios descontar un porcentaje de la UPC a las Administradoras del Régimen Subsidiado para manejar los programas de prevención y prevención preferiblemente con los hospitales públicos.

Se destaca tambien la competencia asignada a los departamentos en Vigilancia y Contol en el aseguramiento: "Ejercer en su jurisdicción la vigilancia y el control del aseguramiento en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y en los regímenes de excepción definidos en la Ley 100 de 1993. "

Estos dos artículos van a exigir una reglamentación juiciosa por parte del Consejo Nacional de Seguridad Social y el Ministerio de Salud, en el primer caso porque resulta imposible fraccionar la atención a las personas, en manos de distintos actores, como el caso del control prenatal u otros programas de demanda inducida establecidos por la Resolución 412. 

En el segundo porque es necesario separar las funciones de vigilancia y control que corresponden a la Superintendencia Nacional de Salud y a las Direcciones Seccionales. Prefriblmente la Superintendencia debe conservar la vigilancia sobre la función de aseguramiento (financiera) y los departamentos podrían concentrase en vigilar la función de agencia, es decir la prestación servicios oportunos y de calidad a los afiliados en su territorio.

La nueva ley igualmente integra los recursos de la participación de los municipios en los ICN (40%), del Situado Fiscal (51%) y del Fondo de Compensación educativa (9%), convirtiéndolos en una sola bolsa el SGP (sistema General de Participaciones), por ello no se pueden comparar porcentajes de las anteriores bolsas con los nuevos porcentajes, sin hacer los respectivos ajustes, señala un resumen de los efectos de la Ley sobre la distribución de recursos elaborado por la Dirección Ejecutiva de la Confederación de Secretarios de Salud Municipales COSESAM:

El SGP separa los recursos de cada sector, calculando cada uno en forma independiente para cada muncipio y por ello llegaran por separado con destinación especifica, y no podrán hacer unidad de caja entre ellos, ni con otros recursos muncipales.

Los recursos se destinarán así en la Bolsa general:

                    Del 100% en el año 2002  12 billones de pesos.

Descuentos Iniciales

  1. Resguardos Indigenas 0.52%                                        $ 62.400'  millones
  2. Municipios Rio Grande de la Magdalena 0,08%              $  9.600'   millones
  3. Restaurantes Escolares  0,5%                                       $ 60.000' millones
  4. Fonpet  2,9%                                                             $ 348.000'  millones

El valor restante (11,52 billones) se convierte nuevamente en el 100% y se distribuye así:

Los recursos de salud se distrinuyen en tres grandes bolsas

  • Regimen Subsidiado aprox   $ 1'250.000' millones
  • Salud Publica  aprox.           $   400.000' millones
  • Atencion Vinculados            $  1'170.000' millones.
Los muncipios 4, 5 y sexta categoria podran utilizar el 28% de los recursos que reciban para Propositos Generales para libre inversion o administración, siempre cumpliendo con lo ordenado por la Ley 617 del 2000. el 100% de estos recursos o en el caso de los municipios de categorías 4, 5 y 6  los recursos restantes despues de decontar el 28% se distribuiran así:
  • Agua y Saneamiento 41% de PPG
  • Deporte 7%
  • Cultura 3%
  • Otras inversiones 49%

Comparando los recursos que cada sector recibió en el 2001, se encuentra que hay crecimiento real de más de 4 puntos en Educación y Salud, y Propósitos Generales se sostiene con un crecimiento real de solo el 2% aproximadamente. Este crecimiento en educación cubrirá gastos que antes asumian departamentos y muncipios en nomina con recursos propio; en Salud se destinarán a ampliación de cobertura en Régimen Subsidiado.

Se dividen los recursos en tres partes: Régimen Subsidiado, Salud Pública y Atención a Vinculados y no POS  del régimen subsidiado, cada cual conserva inicialmente los recursos constantes del año 2.001.

El excedente de salud o crecimiento real se destinará a la ampliación de cobertura del Régimen Subsidiado.

Se liberan 160.000 millones de Rentas Cedidas que financiaban el Régimen Subsidiado, permitiendo un crecimiento de las rentas cedidas que se destinaran a la atencion de II, III y IV nivel de complejidad en las actividades no POS para los afiliados al Régimen Subsidiado y los vinculados, todo a cargo de los Departamentos.

Del total del recursos para vinculados el 41% se destinará a I Nivel de atención, y se girarán directamente a los municipios certificados y que habian asumido la prestacion de estos servicios en julio del 2.001 y a los Departamentos en los otros casos.

Se descontará de la UPC del Régimen Subsidiado el porcentaje (%) destinado a Promoción y Prevención, recursos que administrarán los Municipios para acciónes prioritaria en Salud Pública. Se exceptúan de este descuento las ARS Indígenas.

En propósitos generales se tendrá como un indicador de eficiencia administrativa la actualización del Sisben.

Los indicadores a tener en cuenta para la distribución de los recursos del salud pública serán:

Las ARS, están obligadas a contratar mínimo el 40% de la UPC con los hospitales públicos del orden municipal, departamental o distrital sede del contrato, si en el muncipio existen hospitales de mediana o alta complejidad deberan contratar minimo el 50%.

Hasta aquí las anotaciones de COSEAM sobre la distribución de recursos.

En cuanto a la distribución de los recursos de la bolsa de oferta entre los territorios, la Ley 715 ordena:

Artículo 49. Distribución de los recursos de la participación para la prestación del servicio de salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda. Para el cálculo de los recursos del componente destinado a la prestación de los servicios de salud a la población pobre, en lo no cubierto con subsidios a la demanda, se tomará el total de los recursos del Sistema General de Participaciones para salud en la respectiva vigencia y se le restarán los recursos liquidados para garantizar la financiación a la población pobre mediante subsidios a la demanda y los recursos destinados a financiar acciones de salud pública definidas como prioritarias por el Ministerio de Salud.

Para distribuir los recursos entre estas entidades territoriales, se tomará el monto total de los recursos para este componente, se dividirá por la población pobre por atender nacional ajustada por dispersión poblacional y por un factor de ajuste que pondere los servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado. El valor per­ cápita así resultante, se multiplicará por la población pobre por atender de cada municipio, corregimiento departamental o distrito ajustada p or dispersión poblacional y por un factor de ajuste que pondere los servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado. La población atendida para los efectos del presente cálculo, será la del año anterior a aquel para el cual se realiza la distribución.

A cada departamento le corresponderá el 59% de los montos resultantes de efectuar los cálculos anteriormente descritos de los municipios y corregimientos departamentales de su jurisdicción, los cuales deberán destinarse para garantizar la atención en salud de los servicios diferentes a los de primer nivel de complejidad, con los mismos criterios que la Nación aplica en la distribución para este componente. El 41% restante se deberá destinar a financiar la atención en el primer nivel de complejidad de cada uno de los municipios y corregimientos de los respectivos departamentos.

Para los efectos del presente artículo se entiende como población pobre por atender, urbana y rural de cada distrito, municipio o corregimiento departamental, la población identificada como pobre por el Sistema de Identificación de Beneficiarios que defina el Conpes, no afiliada al régimen contributivo o a un régimen excepcional, ni financiada con recursos de subsidios a la demanda.

Se entiende por dispersión poblacional, el resultado de dividir la extensión en kilómetros cuadrados de cada distrito o municipio entre la población urbana y rural del mismo. El ajuste se hará en favor de los municipios cuyo indicador esté por encima del promedio nacional, de acuerdo con un factor que determinará anualmente el Conpes.

Al departamento Archipiélago de San Andrés y Providencia se le aplicará el factor de ajuste que corresponda a las entidades cuya dispersión esté por encima del promedio nacional.

Parágrafo 1°. Los recursos que corresponden a los servicios para atención en salud en el primer nivel de complejidad de los municipios que a 31 de julio de 2001 estaban certificados y hayan asumido la competencia para la prestación de los servicios de salud y continúen con ella en los términos de la presente ley, serán administrados por estos y la Nación se los girará directamente.

Para los municipios que a 31 de julio de 2001 estaban certificados, pero no habían asumido la competencia para la prestación de los servicios de salud, el respectivo departamento será el responsable de prestar los servicios de salud y administrar los recursos correspondientes.

Parágrafo 2°. Una vez distribuidos a cada entidad territorial, los recursos para la prestación del servicio de salud a la población pobre por atender, en lo no cubierto con subsidios a la demanda, del valor total que corresponde a cada una de ellas, se descontarán los cuotas patronales para la afiliación y pago de los valores prestacionales de pensiones y cesantías del sector salud así como los aportes por cotizaciones en salud y por concepto de riegos profesionales que les corresponda.

La reducción de los costos laborales y de los aportes patronales que hayan realizado o reali ce cada entidad territorial, cuando fuere el caso, se destinarán a la prestación de servicios de salud de oferta o a la demanda, según lo defina el ente territorial que genere el ahorro.

Parágrafo 3°. Los corregimientos departamentales de que trata este artículo, son aquellos pertenecientes a los nuevos departamentos creados por la Constitución de 1991. La población pobre por atender de estos corregimientos departamentales hará parte del cálculo de los recursos de que trata el presente artículo y dichos recursos serán administrados por el departamento correspondiente.

Parágrafo 4°. Si por condiciones de acceso geográfico o funcional la población pobre por atender urbana y rural de los departamentos, distritos y municipios que hayan asumido la prestación del servicio de salud en forma directa, es remitida o demanda servicios de salud de otros departamentos o distritos; la entidad territorial responsable de la población remitida, deberá reconocer los costos de la prestación de servicios de salud a la red donde se presten tales servicios. El Gobierno en la reglamentación establecerá mecanismos para garantizar la eficiencia de esta disposición.

Igualmente, en cuanto a los recursos para financiar el Régimen Subsidiado, en el último item del Artículo 42, competencias de la Nación en salud, se reduce nuevamente el aporte del presupuesto nacional para el financianamiento del Régimen Subsidiado a un 25% de lo que aporten los trabajadores del Régimen Contributivo, en contra de la jusrisprudencia establecida por la Corte Constitucional, al no permitir reducir el paripassu hasta tanto haya cobertura universal de la seguridad social en salud, por lo cual declaró inexequible el artículo correspondiente de la Ley 344 de 1996.

Finalmente cabe destacar la potestad que otorga la Ley al Estado para controlar las inversiones y l desarrollo de IPS, tanto públicas como privadas, la organización en redes de la prestación del servicio y la consolidación de los Fondos Locales de Salud, que deben operar totalmente separados de los demás recursos del municipio y en ellos igualmente los recursos destinados al Régimen Subsidiado tampoco podrán mezclarse ni hacer unidad de caja con el resto de recursos.

La Ley 715 concede al Gobierno acultades extraordinarias por seis meses para regular los siguientes aspectos en relación con el sector salud

111.1. Organizar un sistema de inspección, vigilancia y control, adaptable a distintos tipos de instituciones y regiones, que permita atender situaciones especiales. Para tal fin, se podrán crear los organismos necesarios.

111.4. Otórgase precisas facultades extraordinarias al Gobierno Nacional para que en el término de seis meses contados desde la vigencia de la presente ley expida normas que regulen los flujos de caja y la utilización oportuna y eficiente de los recursos del sector salud y su utilización en la prestación de los servicios de salud a la población del país.

Texto completo Ley 715

Baje Distribución participaciones 2002

 

Incremento del 4% en UPC del Régimen Contributivo

El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud en sesión del 28 de Diciembre, tan sólo permitió un aumento del 4% en la UPC del Régimen Contributivo para el año 2002, a fin de garantizar la sostenibilidad financiera de la Subcuenta de Compensación del Fondo de Solidaridad y Garantía, que ha venido arrojando guarismos negativos en los últimos dos años, aunque estos han sido suficientemente compensados por los rendimientos financieros.

Según el estudio presentado por el Ministerio de Salud al Consejo, que dió lugar a la aprobación del Acuerdo 218, "Es evidente que los reconocimientos por UPC superaron ampliamente los recaudos, y que se consumieron excedentes acumulados hasta niveles críticos que pronostican su agotamiento total en la próxima vigencia." Se muestra la siguiente tabla

 

 Tabla1

 

1998

1999

2000

 A Oct. 2001

INGRESOS 

 

 

 

 

Superávit del recaudo

328.690

440.038

391.356

602.366

Rendimientos Financieros Inversiones

44.124

56.041

31.705

22.392

Rendimientos Financ. Cuentas Recaudo EPS

13.868

18.597

5.737

10.728

Excedentes Financieros (Vigencia Anterior)

128.439

221.293

335.956

256.677

Rendimientos 2% mes sobre valores a reintegrar

0,0

0,0

649,3

377,2

Sanciones

4,4

0,9

6,4

1,9

Reintegro liquidación Convenios/Conttos Vigencias anteriores

0,0

0,8

0,0

0,0

SUB TOTAL

515.127

735.972

765.411

892.543

 

 

 

 

 

GASTOS

 

 

 

 

Pago proceso de compensación

292.409

397.475

505.060

705.477

Régimen Especial Madres Comunitarias

0,0

0,0

0,0

0,0

Pago Otros Eventos y Fallos de Tutela

0,0

183,3

4.016

3.962

Apoyo Técnico, Auditoria y Remuneración Fiduciaria FOSYGA

1.229

2.220

722,8

2.070

 Pago Vigencias Expiradas - Pasivos Exigibles

0,0

0,0

0,0

69

SUB TOTAL

293.638

399.879

509.799

711.579

 Tabla 1.  Ejecución presupuestal de la subcuenta de compensación, 1998 y 2001, en millones de pesos corrientes.  Fuente: Dirección General de Gestión Financiera.

Entre tanto el Consejo normó un incremento del 8.04%, el mismo porcentaje de incremento del salario mínimo legal para el año 2002. Cabe señalar que ya se conocía que la Ley 715 autorizaba a los muncipios a descontar de la UPC los recursos para promoción y prevención, de acuerdo con lo que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.

La Unidad de Pago por Capitación por estructura poblacional y de costo para el Régimen Contributivo, queda así:

 

Grupo etáreo

Estructura de Costo

Valor Año

Menores de 1 año

2.47

$ 742.690,42

De 1 a 4 años

1.28

$ 384.876,01

De 5 a 14 años

0.68

$ 204.465,38

De 15 a 44 años( Hombres)

0.60

$ 180.410,63

De 15 a 44 años( Mujeres)

1.24

$ 372.848,63

De 45 a 59 años

0.81

$ 243.554,35

Mayores de 60 años

2.28

$ 685.560,39

 

A la Unidad de Pago por Capitación del régimen contributivo se reconocerá una prima adicional del 33% en los departamentos de Amazonas, Arauca, Casanare, Caquetá, Chocó, Guajira, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, San Andrés y Providencia, Sucre, Vaupés, Vichada   y  la  región  de  Urabá,   dando

como resultado un valor promedio de UPC anual de $399.909,60 que corresponde a un valor diario de $1.110,86. Se exceptúan de este incremento las ciudades de Arauca, Florencia, Riohacha, Sincelejo, Villavicencio, Yopal y sus respectivas áreas de influencia, en las cuales se aplicará la UPC del resto del país.  

 

El Consejo también fijó el valor que se reconoce a las Entidades Promotoras de Salud para el desarrollo de actividades de Promoción y Prevención, durante el año 2.002 en la suma anual de $12.690,oo año, que corresponde a  un valor diario de $35,25 para el Régimen Contributivo.

 

La Unidad de Pago por Capitación del Régimen Subsidiado para el año 2.002 queda en la suma anual de $168.022,80, que corresponde a un valor diario de $466,73 y el cual será único por afiliado independientemente de su grupo etáreo.

 

A la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Subsidiado se reconocerá una prima adicional del 25% en los Departamentos de Amazonas, Arauca, Casanare, Caquetá, Chocó, Guajira, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, San Andrés y Providencia, Sucre, Vaupés,  Vichada  y la región de Urabá, dando como resultado un valor de UPC anual de $210.027,60, que corresponde a un valor diario de $ 583,41. Se exceptúan de este incremento las ciudades de Arauca, Florencia, Riohacha, Sincelejo, Villavicencio, Yopal y sus respectivas áreas de influencia, en las cuales se aplicará la UPC del resto del país.

Finalmente el Consejo aprobó modificar el inciso primero del artículo 12º del Acuerdo 030 de 1996, el cual quedará así: “Artículo 12o.- Autonomía de las EPS. Las Entidades Promotoras de Salud están en libertad para definir las frecuencias de  aplicación de las cuotas moderadoras y copagos para lo cual deberán tener en cuenta la antigüedad del afiliado y los estandares de uso de servicios. En todo caso deberán contar con un sistema de información que permita conocer las frecuencias de uso por afiliado y por servicios de manera tal que en un año calendario este exenta del cobro de cuota moderadora la primera consulta o servicio previstos en el artículo 6º del presente Acuerdo, con excepción de la consulta externa médica de que trata el numeral 1”.    

 

Sistema de Redistribución del Riesgo por enfermedades de alto costo

En la misma sesión el Consejo aprobó, mediante Acuerdo 217, el Sistema de Redistribución de Riesgo por enfermedades de alto costo o mecanismo para el reconocimiento de la desviación del perfil epidemiológico de la atención en salud del régimen contributivo.

A partir de este Acuerdo, el valor de la Unidad de Pago por Capitación que el Sistema General de Seguridad Social en Salud le reconocerá a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y demás Entidades Obligadas a Compensar (EOC) por cada uno de sus afiliados, deberá tener en cuenta la desviación del perfil epidemiológico 

Para definir la participación a asignar a cada EPS y demás entidades obligadas a compensar se seleccionan en principio las siguientes actividades, procedimientos, intervenciones y medicamentos:

  1. Los medicamentos anti – retrovirales utilizados para el tratamiento del VIH SIDA.

  2. Diálisis Peritoneal y hemodiálisis Renal por Insuficiencia Renal Crónica,

  3. Tratamientos con Radioterapia del Cáncer y / o Medicamentos incluidos para tratamiento con quimioterapia.

  4. Acto Quirúrgico y Prótesis en Reemplazos Articulares de Cadera  y/o Rodilla.

  5. Acto Quirúrgico para Transplante de Medula Osea, Corazón y/o Riñón, incluyendo el salvamento de órgano y Medicamentos inmunosupresores post transplante.

  6. Acto Quirúrgico en Tratamiento por Enfermedad Cardiaca: Angioplastia coronaria (incluye colocación de marcapaso y coronariografia post-angioplastia inmediata); Puente coronario (Bypass) Aortocoronario (con vena safena) uno o más vasos; Recambio valvular. Cambios valvulares con aplicación de prótesis; Corrección de cardiopatías congénitas)  

El porcentaje de la Unidad de Pago por Capitación que se destinará para la distribución por ajuste epidemiológico se realizará según la propuesta que el Ministerio de Salud presente al Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, la cual deberá ser sustentada con los estudios correspondientes que tendrán en cuenta como mínimo:

  1. El número y tipo de eventos por EPS y EOC definidos y demás información requerida previamente analizada, criticada y validada.

  2. Calculo de medidas estadísticas que se consideren pertinentes y que reflejen un rango por encima del cual se entenderá que existe desviación del perfil epidemiologico por cada uno de los eventos, con base en la población efectivamente compensada de las EPS.

  3. Calculo de las desviaciones por EPS sobre las cuales se determinará el porcentaje a descontar por ajuste epidemiologico.

El porcentaje definido será descontado de cada una de las UPC que el Sistema les reconoce a las EPS y EOC, y se distribuirá de conformidad con lo establecido en el artículo siguiente.  

Una vez definido el porcentaje  objeto de distribución por ajuste epidemiológico, los recursos correspondientes a dicho porcentaje se distribuirán entre las EPS y EOC conforme la siguiente metodología:

  1. Con la información reportada por las EPS y las EOC se determinará la frecuencia de  los eventos del trimestre anterior por  cada una de ellas.

  2. A cada uno de los eventos definidos en el presente Acuerdo se le asignará una Unidad de Valor que reconozca las diferencias en valores de cada uno de los eventos, la cual será establecida por el Ministerio de Salud.

  3. Una vez determinada esta información se multiplicará el número de eventos de cada EPS por la Unidad de Valor correspondiente y se efectuará la sumatoria por EPS, sobre las cuales se determinará el porcentaje de la UPC a redistribuir.

  4. Posteriormente el resultado de cada EPS y EOC se dividirá entre la sumatoria de los resultados de todas las EPS y dicho valor será el porcentaje que la EPS recibirá de los recursos previstos para el ajuste epidemiológico.  

Las EPS y EOC deberán presentar la información prevista en el presente acuerdo, consolidando la información entre junio 1 y diciembre 30 de 2001 que será entregada a mas tardar el 20 de  Febrero del 2.002, dicha información será tenida en cuenta como base estadística y no causará redistribución de recursos.  

 

 

CONPES revisa y ajusta el SISBEN

El Consejo Nacional de Política Económica y Social, de conformidad con el Documento CONPES 55 del 2001, concluye que la estrategia de focalización de los servicios sociales y del gasto social da través del SISBEN debe mantenerse, por cuanto ha demostrado ser un camino eficaz para avanzar hacia la universalización de los servicios sociales básicos, en tanto da prioridad a la población más pobre y vulnerable que no tiene acceso, dentro de un marco de sanidad fiscal. Adicionalmente porque ha demostrado un significativo impacto redistributivo.

Sin embargo, el CONPES plantea un largo proceso de pruebas piloto, ajustes, transición para ajustar el SISBEN en el país a partir del 2002.

EL CONPES se basó en las evaluaciones que realizaron el Ministerio de Salud, el Departamento Nacional de Planeación –DNP- y la Misión Social1 durante el año 2000, en tres componentes: i) La política de focalización del gasto social; ii) el instrumento de focalización; y iii) los aspectos institucionales.

En términos generales, los principales problemas que se encontraron, señala el documento CONPES son:

Adicionalmente, se identificaron debilidades en el diseño del instrumento, relacionadas con la incapacidad de algunas variables para captar elementos básicos de la pobreza, y con el conocimiento que la comunidad ha adquirido de lo que se requiere para ser calificado como pobre2. Las recomendaciones plantean una serie de estrategias que actúan en cada una de los puntos críticos del proceso.

A continuación el documento CONPES describe los principales resultados de la evaluación del instrumento.

1. La política general de focalización del gasto público social: evaluó la pertinencia de la política de focalización y de los criterios utilizados en su aplicación. Los principales resultados de este componente fueron:

Cuadro 1. Población total, sisbenizada y en el régimen subsidiado. 1997-2000 (miles)

  1996 1997 1998 1999 2000
           
Población total 39.281 40.018 40.772 41.539 42.299
Población NBI 10.213 10.365 10.601 10.343 9.686
Población sisbenizada 14.916 18.568 22.220 24.249 26.578
Régimen subsidiado 5.982 7.027 8.527 9.284 9.510
Régimen subsidiado / NBI % 58.6 67.8 80.4 89.8 98.2

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección General de Seguridad Social.

  • La focalización individual entraña riesgos por la posibilidad que tienen los hogares y algunos funcionarios de distorsionar la información para obtener mayores beneficios de los que le corresponderían según sus características socioeconómicas. Por ejemplo, los funcionarios de elección popular tienen un incentivo político para clasificar gente no pobre como pobre, al mismo tiempo que los individuos buscan ser clasificados como pobres para capturar los subsidios del Estado.

2. El diseño del instrumento de focalización: se analizó su calidad y eficacia, la pertinencia de sus variables y ponderaciones, la construcción del índice y el diseño del sistema. Los principales resultados incluyen:

  • El índice SISBEN ha demostrado ser eficiente en reducir los errores de exclusión (error tipo I).Cerca del 85% de la población considerada pobre está correctamente clasificada (17.3 millones de personas). Presenta una menor eficiencia para reducir los errores de inclusión (error tipo II): alrededor del 25% de los clasificados como pobres, en realidad no lo son (4.4 millones).

  • Algunas de las actuales variables del índice son irrelevantes, bien sea porque no discriminan pobreza; bien sea porque son altamente vulnerables a la distorsión; o porque están altamente correlacionadas con el ciclo económico (caso del ingreso). En adición, existen variables que actualmente no están en el índice (ya que no se medían o eran poco representativas), pero tienen buena capacidad discriminatoria.

3. Los procesos institucionales que cumplen los niveles territorial y nacional: se evaluó la aplicación de la encuesta SISBEN; la clasificación y selección de beneficiarios de programas sociales; la administración, uso, manejo y sostenibilidad del sistema en el nivel territorial; y la utilización de la información. Sus principales resultados muestran:

  • La encuesta SISBEN se ha aplicado en todos los municipios sin excepción.

  • Con excepción de la Evaluación Integral del SISBEN, tanto a nivel nacional como territorial, se ha hecho muy poco en cuanto al análisis, depuración, control de calidad, seguimiento y evaluación de la información.

  • Para el adecuado funcionamiento del instrumento a nivel municipal se requiere que el personal encargado de la administración del sistema esté conformado por personas calificadas que se desempeñen en áreas técnicas. En cuanto al recurso físico, se requiere de un espacio para la ubicación del personal que cuente con redes eléctricas y archivos de seguridad. Adicionalmente, es indispensable al menos un equipo de cómputo. En cuanto al financiamiento, se debe asegurar que exista un rubro presupuestal para el SISBEN con apropiaciones anuales para el mantenimiento y actualización del sistema. La evaluación encontró que: i) recurso humano: el 63% de los encargados del SISBEN no cuenta con estudios universitarios completos; ii) recursos físicos: este aspecto presenta pocos problemas, ya que el 92% de los municipios dispone de cartillas, equipos de cómputo y oficinas adecuadas; iii) recursos financieros: tan solo el 42% de los municipios cuenta con un rubro especial de presupuesto para la administración e implementación del SISBEN; iv) manejo de la información recolectada: el 40% de los municipios no conservan las fichas originales; y v) planes de actualización del SISBEN: existen planes de actualización en el 80% de los municipios.

  • El uso del instrumento en otros programas, diferentes a salud, se ha restringido a los recientes de la Red de Apoyo Social (se ha utilizado marginalmente para otorgar subsidios PACES y últimamente para la entrega de subsidios de vivienda de interés social).

  • En la mayor parte de los municipios actúa al menos un organismo de control social, pero se presentan quejas sobre la interferencia de intereses partidistas o personales en la inscripción al SISBEN. En concreto, el 70% de afiliados al Régimen Subsidiado son en efecto personas pertenecientes a los niveles 1 y 2 del SISBEN; cerca del 15% corresponden al nivel 3 y el 15% restante (1.3 millones de personas) no se encuentra sisbenizado, por lo cual se desconoce si en efecto serían elegibles para recibir el subsidio.

FUNDAMENTOS PARA EL NUEVO SISBEN

El Documento CONPES 55 concluye: Con respecto a la política de focalización del gasto público social, la evaluación recomienda:

  • La estrategia de focalización de los servicios sociales y del gasto social debe mantenerse por cuanto ha demostrado ser un camino eficaz para avanzar hacia la universalización de los servicios sociales básicos, en tanto da prioridad a la población más pobre y vulnerable que no tiene acceso, dentro de un marco de sanidad fiscal.

  • Debe mantenerse el instrumento de focalización individual implantado en la última década, mediante la aplicación del SISBEN, pues ha demostrado un significativo impacto redistributivo.

Por otra parte, son varios los aspectos que deben ajustarse. Estos aspectos contemplan:

1. Con relación al Instrumento:

  • Actualizar el sistema de ponderación estadístico de variables (índice I-SISBEN).

  • Actualizar el instrumento, lo cual requiere omitir del índice algunas variables irrelevantes e incluir las relevantes; rediseñar la encuesta para incluir información y nuevas variables que identifiquen las diferencias regionales; desarrollar el nuevo software para el manejo operativo del instrumento; diseñar las nuevas cartillas del SISBEN con las nuevas normas y procedimientos.

  • Reglamentar, en coordinación con las autoridades municipales, los aspectos necesarios para actualizar, depurar y asegurar la calidad de la información con bajo costo.

  • Desarrollar un marco regulatorio y sancionatorio que contemple sanciones para la información mal reportada y para los funcionarios que alteren los datos.

  • Adoptar medidas para minimizar el riesgo de distorsión de la información y la posibilidad de manipulación por parte de los diferentes actores involucrados, que incluya sanciones para estos casos.

2. Con relación a los procesos institucionales

  • Diseñar e implantar un sistema de control de la calidad de la información, depurando las basesde datos existentes. El objetivo es que las personas estén clasificadas de acuerdo con sus características socioeconómicas actuales y las de su familia, y que aparezcan una sola vez en el sistema. Adicionalmente, hacer el cruce de la información que reposa en el SISBEN con las bases de beneficiarios de los distintos programas sociales, a fin de eliminar múltiples afiliaciones intra e inter regímenes.

  • Crear procedimientos estandadarizados que definan las instancias para identificar y dar una solución a situaciones comunes en la población (desplazamiento, fallecimientos, nacimientos, etc). Adicionalmente, diseñar la normatividad legal que permita sancionar las conductas punibles. El resultado debe ser un cuerpo normativo acordado con los organismos de vigilancia y control del nivel municipal: veeduría, personería, defensoría del pueblo, fiscalía. La normativa debe incluir la obligación de hacer públicos periódicamente los nombres de las familias incluidas en los niveles bajos del SISBEN.

  • Fortalecer la participación de la comunidad para que se utilice la información en la toma de decisiones. En particular, es preciso reglamentar el papel de las diferentes instancias municipales de control social: Personerías Municipales, Veedurías Comunitarias, Mesas de solidaridad, Consejos Territoriales de Seguridad Social en Salud, Asociaciones de Usuarios.

  • Realizar un análisis del costo-beneficio de diferentes estrategias de actualización de la información que asegure que la focalización se haga al menor costo posible.

  • Optimizar la utilización del SISBEN en la selección e identificación de la población objetivo, en términos de pobreza, para cada programa público que involucra subsidios o identificación de determinados grupos de población, para programas de carácter Nacional (Red de Apoyo Social, Becas Paces), institucional (ICBF, INURBE, Ministerio de Educación), o regional.

  • Estandarización de los procesos y procedimientos.

  • Crear una unidad central que haga el monitoreo permanente, el seguimiento y control de calidad. También será la responsable de las bases de datos actualizadas y de realizar los cruces con otras bases cuando sea necesario.

  • La unidad central deberá implantar un sistema de control de calidad y monitoreo para minimizar los errores de filtración en el uso del sistema, con evaluaciones por muestra en forma rotativa por región, que permita revisar las fichas del SISBEN y que especifique medidas punitivas a ser aplicadas al municipio cuando el nivel de error encontrado sea superior al 15%.

  • Finalmente, establecer incentivos a los mandatarios locales para que hagan una adecuada labor de actualización, seguimiento y control de calidad del instrumento. Se sugieren, en principio, tres mecanismos. En primer lugar, el uso de los recursos apropiados en el presupuesto de 2002 y los provenientes de la cooperación técnica negociada con el BID para 2003 prioritariamente en municipios que estén dispuestos a realizar las labores encaminadas a cumplir los requisitos necesarios para el apropiado funcionamiento del instrumento (estos recursos serán utilizados para re-encuesta). En segundo lugar, la cofinanciación de la Nación, cada dos años, a los municipios que apropien recursos para la actualización y control de calidad del instrumento. Finalmente, se estudiará la viabilidad de incluir un incentivo en la distribución anual de la participación de propósito general del Sistema General de Participaciones para aquellos municipios que adelanten esas labores de manera apropiada.

Para poder realizar los anteriores ajustes el CONPES plantea un largo proceso de pruebas piloto, ajustes, transición y posteriormente un sistema de evaluación permanente. Igualmente estima que se debe ap´licar de nuevo el instrumento a 7.5 millones de familias o 30 millones de personas y presenta un presupuesto de 16.000 millones de pesos para cubrir un tercio de esta población.

Finalmente en anexo al documento CONPES se detallan las variables que deben ser modificadas en el instrumento para las zonas urbana y rural.

Variables que hoy hacen parte del índice SISBEN:

  • Vivienda: material de las paredes, material de los pisos, material de los techos, equipamiento de electrodomésticos.

  • Servicios: acueducto, alcantarillado, disposición final de basuras.

  • Educación y Seguridad Social: educación promedio de las personas de la familia de 12 y más años de edad, años de educación del jefe, afiliación a la seguridad social del jefe.

  • Ingreso y Composición Familiar: ingreso per cápita de la familia, número de habitaciones por persona, proporción de niños de 0 a 6 años de edad por familia, proporción de personas ocupadas por familia mayores de 12 años.

Variables omitidas del índice SISBEN por ser altamente vulnerables o por su poca capacidad de discriminación.

  • Material de las paredes, material predominante de los techos, abastecimiento de agua, recolección de basuras, escolaridad promedio de personas de 12 años o más, escolaridad del mayor perceptor, seguridad social del mayor perceptor, equipamiento del hogar, proporción de ocupados en la familia, ingreso per cápita.

Variables a incluir en el nuevo indicador:

Atendiendo las recomendaciones surgidas en el proceso de evaluación del indicador, las cuales tienen que ver con la regionalización del indicador, la eliminación del ingreso, la mínima vulnerabilidad del indicador por parte de los informantes, y la robustez de las variables, se identificaron las siguientes variables para el nuevo indicador:

Para la zona Urbana:

  • Localización de la vivienda: región, tamaño de la cabecera del municipio, estrato socioeconómico, zona de riesgo.

  • Condiciones de la vivienda: material del piso, ubicación del sanitario, ubicación del agua, número de sanitarios, tenencia de baño con ducha.

  • Servicios en la vivienda: recolección de basuras, teléfono, tipo de sanitario, combustible con el que cocinan.

  • Escolaridad y no asistencia: escolaridad del jefe del hogar, escolaridad del cónyuge del jefe del hogar, no asistencia escolar en primaria (menores de 5 a 11 años), no asistencia escolar en secundaria (jóvenes entre 12 y 17 años).

  • Características demográficas: número de hogares en la vivienda, edad del jefe del hogar, número de niños menores de 6 años, sexo del jefe del hogar y presencia de cónyuge, existencia de personas incapacitadas para trabajar que no perciben ingresos.

  • Seguridad social: número de personas en el hogar con seguridad social contributiva.

  • Bienes durables: número de bienes durables entre refrigerador, lavadora, servicio de televisión por cable, televisor, calentador, horno y aire acondicionado.

Para la zona Rural:

  • Localización de la vivienda: región, tamaño de la cabecera del municipio, zona (centro poblado o rural disperso).

  • Condiciones de la vivienda: material del piso, material de las paredes, ubicación del sanitario, ubicación del agua, número de sanitarios, tenencia de baño con ducha.

  • Servicios en la vivienda: recolección de basuras, teléfono, tipo de sanitario, combustible con el que cocinan, electricidad, tipo de alumbrado.

  • Escolaridad y no asistencia: escolaridad del jefe del hogar, escolaridad del cónyuge del jefe del hogar, no asistencia escolar en primaria (menores de 5 a 11 años), no asistencia escolar en secundaria (jóvenes entre 12 y 17 años).

  • Características demográficas: hacinamiento, edad del jefe del hogar, número de niños menores de 6 años, sexo del jefe del hogar y presencia de cónyuge, existencia de personas incapacitadas para trabajar que no perciben ingresos.

  • Seguridad social: número de personas en el hogar con seguridad social prepagada.

  • Bienes durables: número de bienes durables entre refrigerador, lavadora, televisor a color, calentador, horno y aire acondicionado.

 


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