Editorial

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Editado en Bogotá D.C.

 

Otro intento de liquidar el Régimen Subsidiado

El trámite de la Ley 715 del 2001 significó una oportunidad excepcional para acabar con el Régimen Subsidiado de Seguridad Social en Salud y devolver a los ciudadanos colombianos sin recursos al Régimen de Asistencia Pública. Sin embargo el intento fracasó una vez más.

Pero si bien no se acabó el Régimen, si resultó herido, pues a cambio de permitir la existencia del mismo, concesión amable de los ponentes de la Ley -aún en contra de su querer, según señalan en la exposición de motivos-, el Gobierno debió ceder y entregar una parte de la UPC a los municipios, para que estos contraten los servicios de promoción y prevención preferentemente con la red pública.

En consecuencia, la seguridad social de los pobres, de acuerdo con la misma ponencia, quedó en cuidadosa observación, o mejor con "matrícula condicional", para ser analizado de nuevo por el Congreso de la República en un plazo prudencial, que no se especifica.

Por supuesto, es necesario reconocer que el Régimen Subsidiado, desarrollado bajo la receta del libre mercado, ha tenido una existencia traumática, por un lado porque no se dieron en su aplicación las condiciones de mercado, como lo señalan los estudios de la Universidad Nacional y la Universidad Javeriana, sino un proceso forzoso e irresponsable de privatización en manos de entidades sin mínimos requisitos, que no garantizó calidad en los servicios y si condujo a un grado de corrupción pocas veces visto y a una nueva forma de clientelismo.

Si a lo anterior se agrega el ingrediente fundamentalista de la costo efectividad y la severa limitación del POS que hizo imposible un proceso de trasformación racional de la oferta a la demanda, hecho que agravó el problema financiero estructural de los hospitales públicos, -originado desde el inicio de la Ley por el proceso de nivelación y la creación y la retención del situado fiscal prestacional-, no extraña que el Régimen tuviera tanta oposición.

Sin embargo, todos los problemas de las Administradoras del Régimen Subsidiado juntos, más todos los problemas financieros de los hospitales públicos, no son razón suficiente para acabar con la posibilidad de seguridad social para la mayoría de los colombianos. No se puede negar que el carnet significó y significa un derecho que el pueblo no se va a dejar sustraer facilmente, pues ello implicaría retornar a suplicar caridad en los hospitales públicos.

Desde luego que tampoco el problema se arregla recortando recursos de la pobre UPC del Régimen Subsidiado para darsela a los municipios -pues está demostrado que más del 90% de estos no tienen capacida técnica para manejar los programas de promoción y promoción-, o a los hospitales, que hace rato se desembarazaron del problema y del personal dedicado a la promoción y prevención.

Lo que se ha dado en la Ley 715 es una simple rapiña por recursos, sin la más mínima preocupación por lo que les suceda a los ciudadanos o al sector. La crisis del Régimen Subsidiado no se resuelve de esta manera, ni la crisis de los hospitales públicos tampoco, pero si se aleja cada vez más el postulado constitucional de la universalidad y el mandato legal de igualar el POS y la UPC del Régimen Contributivo y el Subsidiado.

Por esta vía no se logra un país de ciudadanos con los mismos derechos, sino por el difícil camino de luchar por un sistema con iguales aseguradores e igual UPC para todos, independientemente de quien sea el pagador. La destrucción progresiva del subsidiado y su alejamiento del contributivo lleva a un país con ciudadanos de primera, para los que existe seguridad social y ciudadanos de segunda, para los que la asistencia pública resulta más que suficiente. 

Si los aseguradores públicos o privados son buenos para las personas acomodadas (con el Contributivo nadie se mete), ¿Por qué no son buenos para el resto de los colombianos?. Si el sistema de asistencia pública es bueno para los ciudadanos pobres, ¿Por qué no es bueno para los ciudadanos más acomodados?. La verdad es que la salida más cómoda, en lugar de un sistema único de seguridad social en salud para todos los colombianos, consiste en no tocar los privilegios de quienes están hoy asegurados, por una parte, y poner fin al Régimen Subsidiado para asegurar la tranquilidad de las entidades y los empleados públicos, por otra. 

De esta forma se requiere menos esfuerzo fiscal y menos esfuerzo político. Los aguerridos funcionarios y trabajadores del sector público de seguro en el próximo intento resultarán victoriosos en su lucha, lograrán su cometido, acabarán con el Régimen Subsidiado y asegurarán mayor financiamiento para sus instituciones. Habrán ganado finalmente la pelea al Gobierno, lástima que ello sea pisando a los de más abajo. 

Así parece ser el orden social que queremos. Lo mismo hicieron los trabajadores de Ecopetrol y el magisterio al no querer hacer solidaridad con sus mayores salarios en la compensación. Igual ejemplo dieron al país los profesores de las universidades públicas al lograr por ley su régimen especial de seguridad social. Cada cual defiende sus intereses y utiliza su capacidad de presión, los demás colombianos que se las arreglen como puedan. 

Es la ley del más fuerte. Es el "orden natural", con claras escaleras sociales donde se sube pisando gente. Un orden social en el que arriba se exigen derechos y abajo también se tiene el derecho.... a pedir limosna. Una sociedad donde nuevamente por Ley -gracias a nuestros iluminados y combativos congresistas- se dejan perfectamente establecidas las diferencias sociales. Después nos preguntamos por qué somos un país violento.

 

Diciembre de 2001


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