Salud Colombia www.saludcolombia.com
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Editado en Bogotá D.C.
Integración vertical y ética médica
Pensábamos que nuestra capacidad de asombro estaba copada, pues no parecía posible que las entidades encargadas de cuidar la salud de los colombianos imaginaran nuevas formas de incumplir su cometido social, pero, al conocer cada día más comportamientos que socavan la calidad en la prestación de los servicios de salud e incluso la dignidad del ejercicio médico profesional, tenemos que admitir que el problema es nuestra falta de imaginación sobre las mil formas de burlar la ética en el servicio.
En fechas recientes se cuestionaron las entidades que aceptan capitaciones globales de las EPS y subcontratan a su vez la prestación de los servicios de salud con terceros, para obtener un margen de ganancia en las negociaciones de los contratos, comportamiento especulativo totalmente desligado de la verdadera función de una Institución Prestadora de Servicios de Salud, que al reducir los recursos reales para la atención a los afiliados, se traduce en malos servicios hacia estos y pésimos pagos a los profesionales y trabajadores de la salud.
Hoy sabemos que muchas entidades del sector burlan el código del trabajo y contratan a los profesionales de la salud por prestación de servicios, pero para cumplir funciones sujetos a una ubicación física determinada, al cumplimiento de horario y a la obediencia a superiores, condiciones que constituyen clara demostración de la subordinación laboral a un patrono. La Ley exige en estos casos el contrato de trabajo y el pago de prestaciones sociales, especialmente la afiliación a la seguridad social y la justicia respalda toda demanda posterior por las prestaciones, que por cierto son irrenunciables en la legislación colombiana.
Pero lo que causa verdadero estupor ahora, es haber constatado que algunas empresas -cuyos nombres no queremos mencionar- pagan a los profesionales de la salud por actuar contra la ética y contra los derechos de los afiliados. Saber, por ejemplo, que han inventado el pago de bonificaciones a los médicos por no ordenar exámenes de laboratorio a sus pacientes, produce verdadera repugnancia y gran dolor en la dignidad profesional.
No puede ser posible que un médico con la más mínima dignidad acepte tal tipo de bonificación, y si lo hace viola la Ley de Etica Médica (Ley 23 de 1981), que en su artículo sexto reza: "El médico rehusará la prestación de sus servicios para actos que sean contrarios a la moral, y cuando existan condiciones que interfieran el libre y correcto ejercicio de la profesión". Más grave resulta la violación si son médicos los jefes que prometen, califican u otorgan tales bonificaciones.
Es claro que con estas prácticas, en busca de una rentabilidad mal entendida, se interfiere el libre y correcto ejercicio profesional y, por tanto, se pone en riesgo a los pacientes. Una cosa es solicitar al médico mesura en la solicitud de exámenes, lo que la misma Ley de Etica exige (Parágrafo del Artículo 10), a través de infundirle una visión menos mecánica, más familiar, social y humanista de su ejercicio, en beneficio de los mismos pacientes, y otra, muy distinta, pagar para que no los ordenen, pues en el segundo caso no se actúa en beneficio de los pacientes, sino claramente en su contra.
Los tribunales de Etica Médica deben investigar con urgencia estas prácticas y fallar conforme a la Ley, pues de las sanciones ejemplarizantes depende en este momentos la posibilidad de recuperar en algo la ética y dignidad profesional arrastradas por el suelo debido a empresas inescrupulosas.
Pero es necesario señalar que este riesgo ético de interferir sobre el libre y correcto ejercicio de la profesión médica se ha incrementado notoriamente con el proceso de privatización del aseguramiento y la actual tendencia a la integración vertical, es decir cuando las EPS son dueñas de las IPS y patronos directos de los médicos. El control absoluto de la compañía financiera sobre el profesional es la verdadera causa de estos atentados. Debido a este riesgo ético en países como Holanda se ha prohibido totalmente que las aseguradoras sean propietarias de las instituciones de prestación de servicios.
Resulta evidente también que la dirección del Sistema ha permitido la integración vertical en lugar de propiciar la clara separación de funciones, correspondiente al modelo denominado pluralismo estructurado. Ha permitido igualmente la subcontratación sin restricción alguna, que es también un mecanismo de integración vertical, pues la intermediaria actúa como asegurador y prestador en la práctica. Es esta una muestra más de la debilidad regulatoria del Estado frente a un Sistema que se desborda en favor de la especulación y en contra de los intereses de los usuarios. Una muestra en suma de la debilidad de la Dirección del Sistema y de la ausencia de Gobierno.
Octubre de 2001
