Reforma a la Ley 100. Un debate de dudosa semántica
De quien tiene el monopolio de
las enfermedades de alto costo
Por:
Félix León Martínez
Presidente FEDESALUD
Investigador Universidad Nacional
Centro de Investigaciones para el Desarrollo -CID-
(Artículo encargado por Portafolio
al Centro de Investigaciones para el Desarrollo para responder a la columna
de Lopez Michelsen en el Tiempo. No publicado finalmente por este medio)
Resultan sorprendentes,
por decir lo menos, los argumentos esgrimidos en la columna del expresidente
López Michelsen, idénticos por cierto a los reiteradamente expuestos por
la Asociación de EPS privadas, en su persistente intento por evitar que el
Gobierno -o el Estado en su conjunto-, cumplan el deber constitucional de
regular el servicio público de salud.
Conviene por ello dejar
explícitas algunas consideraciones que justifican el por qué, tanto el
Congreso como el Ministerio de Salud, no sólo tienen fundamentadas razones
al preocuparse por la dolorosa realidad existente en el país respecto a la
atención de las enfermedades de alto costo, sino que adicionalmente, de
esta forma, cumplen estrictamente con la obligación de perseguir los
principios de universalidad, solidaridad y eficiencia definidos en la Carta
como marco de la Seguridad Social.
Millones de colombianos
que aún se encuentran sin cobertura de Seguridad Social en Salud no tienen
garantizada la atención por enfermedades de alto costo, como el Cáncer, el
SIDA, la enfermedad renal crónica o los trasplantes. Antes de la Ley 100 de
1993 la opción para la mayoría de las familias frente a una enfermedad de
alto costo era la muerte, en la gran mayoría de los casos, de no conseguir
por medio legal o “fraudulento” afiliarse al Instituto de Seguros
Sociales, única entidad que garantizaba la atención de dichas patologías.
Seis años después de
abierta la competencia al Instituto de Seguros Sociales en el aseguramiento,
las EPS privadas superan en afiliados y recaudan más dineros que esta
institución estatal, a pesar de los cual el ISS continúa concentrando la
responsabilidad de las enfermedades de alto costo, dados los antecedentes
históricos y la habilísima capacidad de las EPS privadas de poner trabas a
los enfermos de estas patologías, hecho conocido como selección adversa.
En consecuencia, a la crisis financiera del ISS han contribuido en grado
importante estos gastos excesivos, cercanos a un cuarto de billón de pesos
por año.
De tal modo que las
intenciones del Congreso y el Ministerio no son precisamente crear un
monopolio público para estas enfermedades, “afectando el derecho
constitucional de los particulares” sino más bien por el contrario,
evitar que estas responsabilidades sigan siendo prácticamente monopolio de
la entidad estatal, hecho que por cierto ha resultado conveniente a las EPS
privadas hasta ahora, pero que no lo será a mediano plazo si el ISS entra
en crisis definitiva por la falta de reglamentación adecuada para
distribuir el riesgo proporcionalmente entre las aseguradoras, pues entonces
todo el alto costo se volcará sobre ellas.
En este mismo sentido,
resulta muy desagradable que intencionalmente se quiera mentir al país y se
engañe a un expresidente, al aseverarle que con el proyecto de enfermedades
de alto costo se pretende forzar a todos los ciudadanos a utilizar los
hospitales públicos, afirmación que sólo busca crear terror, pues bien señala
el Dr. López, “semejante paso induciría a los ricos a contratar sistemas
y seguros internacionales”. Tal no ha sido nunca el propósito del
proyecto y ni siquiera consta en ninguna de las propuestas del Ejecutivo ni
del Legislativo sobre las enfermedades de alto costo.
Por otra parte, gracias
al Régimen Subsidiado, nueve millones de colombianos pobres hoy también
están asegurados y tienen garantizada la atención de enfermedades de alto
costo. Como quiera que otros tantos millones de pobres aún no cuentan con
este derecho, los funcionarios municipales tan pronto identifican enfermos
graves se ven abocados a afiliarlos al Régimen Subsidiado, única forma de
salvar su vida. Debido a este fenómeno, las Administradoras del Régimen
Subsidiado soportan ya un exceso de estas enfermedades, que no es
proporcional al grupo poblacional que tienen a cargo, lo que las llevará
indefectiblemente a la crisis, si el Estado no toma medidas.
El proyecto que tramita
el Congreso y que apoya el Ministerio de Salud pretende crear un mecanismo
de distribución del riesgo y del gasto correspondiente a estas enfermedades
entre todos los colombianos, de tal modo que se proteja a los ciudadanos sin
distinción del riesgo financiero que supone la costosa atención médica, y
también se proteja a las aseguradoras del exceso de riesgo por concentración
de estas enfermedades, mediante el mecanismo tradicional de reaseguros, tal
cual las aseguradoras de vivienda se protegen por ejemplo frente a un riesgo
excesivo por terremoto.
Cabe agregar que tanto el
Ministerio como las comisiones séptimas del Congreso, se han mostrado
abiertas a discutir cual es el mecanismo de redistribución del riesgo más
adecuado entre las aseguradoras y también cual el mecanismo más adecuado
para cubrir a los 20 millones de colombianos que hoy no están protegidos,
por lo que las campañas en contra del proyecto, además de evidenciar una
preocupante insensibilidad ante el gravísimo problema social que estas
enfermedades significan, resultan francamente injustas con quienes, desde el
poder Ejecutivo o el Legislativo, buscan proteger el Sistema, a las
aseguradoras, a los prestadores y a todos los ciudadanos del país.
Por supuesto que el
proyecto puede ser aún mejorado, pues resta un largo trámite
constitucional para ser convertido en Ley de la República y hay tiempo
suficiente para ello. No es necesario, por ejemplo, que el alto costo
originado en urgencias por trauma, quemaduras graves, o cuidados intensivos
por patologías agudas, sea incluido en el sistema de reaseguro, pues por
definición estos costos, a diferencia de los correspondientes a las
enfermedades crónicas, no pueden desviarse intencionalmente hacia unas u
otras aseguradoras. La población no asegurada, así como las clínicas
privadas y los hospitales públicos, se podrían proteger para estos eventos
contingentes con los excedentes de la ya existente Subcuenta de Eventos
Catastróficos del FOSYGA.
Para finalizar, es ya
hora de que el conjunto de las EPS privadas entienda que la labor gremial no
puede reducirse a defender intereses cortoplacistas a costa de las
necesidades de los colombianos y del país, hecho que sin duda les seguirá
generando la reacción y el rechazo de gran parte de la comunidad. El crecimiento de
estas empresas, como su éxito económico, están suficientemente asegurados
por su eficiente gestión, por su capacidad de aportar en servicios dignos y
oportunos a los colombianos. Es hora ya de una actitud libre de torpes egoísmos
o burdas manipulaciones, de un comportamiento más medido y responsable, que
aporte al desarrollo del Sistema de Seguridad Social,
de modo que la empresa privada siga creciendo en el sector salud y
aportando eficiencia, pero en armonía con la cobertura del Sistema y la
solidaridad necesaria para alcanzar la salud de todos los colombianos.
Desde el Centro de
Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional hemos
defendido el aseguramiento, así como su gestión por parte de empresas
privadas sólidas financieramente y con alta capacidad técnica para la
administración de servicios de salud adecuados para todos los colombianos,
pero también hemos señalado que este servicio público delegado a los
particulares requiere un Estado fuerte capaz de regularlo. De modo que no se
trata de una falsa oposición entre Estado y sector privado, cuento
neoliberal mandado a recoger por trasnochado y desprestigiado.
Cálculos FEDESALUD para poblaciones
iguales de 5.000.000 de afiliados conbase en cifras ISS y ACEMI
Grupo 1 Urgencias de alto costo o Contingentes. Politrauma, Gran Quemado,
UCI por enfermedad aguda
Grupo 2 Patologías crónicas de alto costo y alta tecnología con
selección adversa. IRC. SIDA, Cancer
Grupo 4 Procedimientos heroicos. Trasplantes. Tratamientos en el exterior.
Algunas enf. congénitas
