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CNSSS informa al Congreso que el Sistema no es sostenible

El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, en su informe a las Comisiones Séptimas de Senado y Cámara señala que el Sistema de Seguridad Social en Salud ha dejado de ser sostenible y solicita al Congreso, ante tal realidad, considerar las modificaciones legales necesarias.

El Consejo comienza su informe señalando que ha decidido resaltar este año los problemas coyunturales y estructurales del Sistema General de Seguridad Social en Salud, así como algunas alternativas de solución. 

"En nuestro criterio y como máxima autoridad del Sistema, la realidad debe ser conocida por el Congreso de la República, ya que es su competencia abrir el debate y tomar las decisiones que permitan lograr los propósitos de Universalidad, Solidaridad y Equidad establecidos en la Ley 100 de 1993".  

Se transcriben a continuación los principales apartes del informe:

La principal dificultad reside en la estabilidad financiera del sistema. No se dieron los supuestos macroeconómicos proyectados en 1993; es así como la recesión, el incremento en el desempleo, subempleo y la informalidad, sumados a la crisis fiscal del Estado, han frustrado el propósito de cobertura universal y se constituyen en las amenazas esenciales del futuro financiero del sistema. Aunque la cobertura en el régimen contributivo se conserva, han disminuido los cotizantes y el ingreso base de cotización salarial, aumentando los beneficiarios y la densidad familiar. Esto hace que el sistema deje de ser sostenible.   

El monto que deberá reconocérsele a las EPS por sus afiliados cotizantes y beneficiarios en este año, resulta si se mantiene la tendencia a 30 de junio, mayor en 265 mil millones de pesos al que se recaudará por concepto de cotizaciones, causando un déficit en la subcuenta de compensación, que se cubriría con los excedentes de vigencias anteriores y los rendimientos financieros. Como dicha situación no parece que pueda revertirse en el mediano plazo, habrá que tomar decisiones fundamentales, porque de no ser así el sistema colapsará. Para el año 2000, el déficit por compensación fue de 113 mil millones de pesos.

No son menores las dificultades en la financiación de la atención a la población pobre y vulnerable. Encontramos aquí tres problemas; el primero, que de cada 12 pesos que son cotizados por un afiliado al régimen contributivo, un peso se dirige a la subcuenta de solidaridad, que financia el Régimen Subsidiado. Por lo tanto, al haber disminuido los cotizantes y el ingreso base de cotización salarial, lo ha hecho también el aporte solidario. El segundo es la dificultad para la gestión oportuna de los recursos “parafiscales” que provienen del aporte solidario de los cotizantes al Régimen Contributivo, y de las Cajas de Compensación Familiar, cuando deciden no administrar directamente el Régimen Subsidiado. Luego de 7 años de creado el sistema, estos recursos se encuentran dentro del Presupuesto General de la Nación, con las rigideces y demoras que ello significa. En el presente año, mientras se tramita y aprueba la adición presupuestal de los recursos girados por las Cajas de Compensación Familiar al Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), tenemos más de 100.000 colombianos en riesgo de ser desafiliados del Sistema. El tercer problema se refiere a la reducción y al retraso en el aporte del paripassu desde el año de 1995.

La financiación de los eventos de salud denominados “catastróficos” o de “alto costo”, como el cáncer, la insuficiencia renal crónica, el SIDA y los transplantes de órganos, amenazan no sólo la estabilidad financiera del Fosyga, sino la de varias EPS como el ISS, que es la que más concentra dicho riesgo; también la de importantes Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS), como las Cajas de Compensación Familiar; y la de los Departamentos y Distritos, quienes tienen la competencia para atender a la población pobre no afiliada al Régimen Subsidiado en dichos eventos.

Lo anterior se ve agravado por las tutelas, que tienen a muchas entidades hospitalarias de alta complejidad a punto del cierre, al no poder recuperar la cartera por los servicios prestados y a los Departamentos y Distritos sin recursos para la atención especializada, al haber ejecutado el presupuesto anual en solo 7 meses. El CNSSS ha debatido el tema, y ha concluido que una buena alternativa de solución es crear de manera urgente una administración centralizada de dicho riesgo a nivel nacional, mediante un fondo que a su vez reasegure los eventos de mayor costo, tal como ha sido propuesto por las autoridades territoriales, las administradoras del Régimen Subsidiado, importantes EPS del Régimen Contributivo, Asociaciones de Hospitales, gremios del sector salud y parlamentarios, especialmente de las comisiones séptimas del Senado y de la Cámara de Representantes, donde ya se aprobó en primer debate una ley en esta dirección.

La exagerada, compleja y en ocasiones contradictoria reglamentación de la Ley 100 de 1993 se ha convertido en uno de los mayores obstáculos para la gestión del Sistema. Por ello, se requiere un proceso de racionalización jurídica, cuya realización corresponde tanto al Congreso como al Ejecutivo.

El no haber logrado que el prestador de servicios diagnostique y registre las enfermedades ocupacionales, como tales, y no como enfermedad común, agrava aún más la crisis financiera del Sistema de Salud, ya que no está siendo asumida por el Sistema de Riesgos Profesionales. Las causas de ello son múltiples, hay dificultades para el reconocimiento de la causalidad ocupacional de las enfermedades profesionales principalmente, lo que a su vez hace incierto el pago por parte de las Administradoras de Riesgos Profesionales, generando un desestímulo al prestador para registrar correctamente dicho evento. Lo mas grave, es que es el trabajador el que mas pierde tanto en prestaciones económicas, como en atención en salud en caso de quedar cesante.   

Igual ocurre con los regímenes especiales creados a partir de la Ley 100 de 1993, que han contribuido al desbalance de la cuenta de compensación. El caso de las universidades públicas, para dar un solo ejemplo, ha impedido en este año el ingreso de más de 10.000 millones de pesos a la subcuenta de compensación del Fosyga.

Si nuestro Sistema General de Seguridad Social en Salud, fuera realmente solidario y universal, y no existieran regímenes de excepción, el proceso de compensación del Régimen Contributivo en el presente año, sería seguramente superavitario,  garantizando la sostenibilidad financiera del sistema. Lo anterior, dado que la densidad promedio del sistema ha disminuido a 2.0 salarios mínimos mensuales vigentes por cotizante y dichos regímenes tienen una densidad salarial por encima de 4.0.

A pesar de la gestión realizada por el CNSSS y el Ministerio de Salud, el obstáculo al flujo de los recursos por parte de todos los participantes en el sistema y muy especialmente del Régimen Subsidiado, ha limitado el acceso efectivo de la población a los servicios y de paso ha causado la mayor crisis hospitalaria estatal en la historia del país.

Si bien el Departamento Nacional de Planeación, reporta para el año 1999 un gasto total en salud de 15,2 billones de pesos, hay que tener en cuenta que esta cifra incluye gastos de los particulares tales como los pagos por planes adicionales o complementarios (medicina prepagada), seguros de prestaciones excluidas del P.O.S. como cirugías estéticas, ortodoncia y otros. Además el componente del gasto doméstico familiar adicional -también conocido como gasto de bolsillo-, que se obtiene a través de encuestas, las cuales incluyen desde los pagos moderadores hasta tratamientos cosmetologicos y elementos de aseo personal, que no pueden ser catalogados como gasto en salud. Deducidos estos conceptos la cifra aplicable al sistema de seguridad social en salud, sería de 6,9 billones, cuya cuantía en ningún caso podría utilizarse en incremento de cobertura o igualación del POS.

Dicha cifra equivale a un gasto percapita de $164.285, insuficiente para garantizar el Plan obligatorio de salud para todos los colombianos, como la ley 100 de 1993 pretendía para el año 2000. Dicho en otras palabras el gasto en salud se ha incrementado, pero continua siendo insuficiente para lograr la meta de la ley: “cobertura universal e igualación de los Planes Obligatorios de Salud. 

Comentarios al Informe

La desesperación mostrada por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud revela que sus miembros, y el mismo Ministerio que lidera el Consejo, no han encontrado soluciones al estancamiento en la cobertura del Sistema y que el déficit de la Subcuenta de Compensación les angustia sobremanera. Ante tal situación deciden lanzar la pelota al Congreso. 

Pero ¿Son efectivamente tan graves y reales los malos resultados del Sistema? Un análisis sencillo permite demostrar que si bien son ciertas las afirmaciones del Consejo, tampoco lo son al grado de asumir posiciones derrotistas.

Afirmar que el desempleo y la informalidad han frustrado la cobertura universal del Sistema es señalar lo mismo que se ha repetido durante años. Alrededor de la crisis económica y sus efectos sobre el empleo se han pretendido desplazar todas las culpas, sin considerar muchas otras causas de la crisis, algunas incluso atribuibles a la propia dirección del Sistema. De esta forma no es necesario, por ejemplo, reconocer que el Régimen Contributivo tuvo serios problemas de diseño, pues desestimó la realidad laboral del país, caracterizada por la informalidad en el empleo desde décadas antes de la existencia de la Ley 100. 

Por otra parte, del fenómeno de desempleo que muestra hoy el país (18%), tan sólo una fracción (4%) puede atribuirse a la disminución real de puestos de trabajo, originada en la crisis económica. Otras variables, como el incremento de la tasa de participación laboral,  empujan igualmente las cifras sobre la base del 8% de desempleo estructural y friccional que viene desde las décadas anteriores. La disminución real de la tasa de ocupación capaz de afectar el número de cotizantes se aprecia en la siguiente gráfica.

Fuente: ENH Departamento Administrativo Nacional de Estadística

De hecho, el número total de cotizantes en el Régimen Contributivo muestra desde iniciada la crisis económica una tendencia al estancamiento e incluso una ligera disminución a partir de 1999, en plena crisis, fenómeno que por sí solo no pone en jaque la sostenibilidad financiera del Sistema, aunque si determina un atraso de varios años en las metas de cobertura.

En cuanto a la informalidad del empleo, el país muestra unas tasas superiores al 50% durante las últimas décadas y esta situación estructural no cambia fundamentalmente por una crisis económica, como no cambió en la anterior crisis, de 1984. 

Fuente: ENH Departamento Administrativo Nacional de Estadística


Lo que si es importante es la proporción de trabajadores independientes dentro de los informales, proporción que se incrementa en las crisis económicas, pero también frente a políticas de flexibilización laboral y contratación de servicios como las que el Gobierno viene implementando incluso en los hospitales públicos, y que puede ser más grave para el Sistema de Seguridad Social si se aprueba una reforma laboral que facilite a los patronos estos tipos de contratación.

Fuente: ENH Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Mientras la afiliación a la seguridad social del total de informales alcanzaba en la Encuesta de Hogares de Junio de 1998, para siete grandes ciudades, un 29%, la afiliación del grupo de trabajadores cuenta propia apenas era del 14%, pues los informales correspondientes a empresas de 2 a 10 trabajadores muestran una afiliación del 46%.

Cabe en este punto destacar que nunca ha sido posible superar tales porcentajes de cobertura de afiliación en los trabajadores informales y entre ellos de los trabajadores por cuenta propia, y este es el punto en que se equivocó fundamentalmente el diseño del Régimen Contributivo que pretendió utópicamente la afiliación de todas las familias de los trabajadores independientes, al tiempo que triplicó la cotización mínima de estos trabajadores, la mayoría de bajos ingresos (del 7% de un salario mínimo al 12% de dos salarios).

En síntesis, de las cifras anteriores se puede evidenciar que no hay cambios dramáticos en el comportamiento de la ocupación que puedan llevar a hacer no viable la financiación del Régimen Contributivo. Sí existen, por el contrario, factores estructurales que impiden su crecimiento, al menos mientras persista como fué diseñado. La pequeña caída porcentual de cotizantes que corresponde a la crisis económica no es motivo para pensar que el Régimen Contributivo o el Sistema no sean viables finacieramente.

Suponemos entonces que el futuro financiero del Régimen Contributivo se ve afectado en función de los cambios en las principales variables que afectan la Subcuenta de Compensación, la cual muestra un déficit a partir del año 2000, déficit que inicialmente puede ser cubierto con las reservas de la Subcuenta, pero no en definitiva si este déficit fuera sostenido.

Evolución de la ejecución presupuestal - Subcuenta de Compensación - FOSYGA*

VIGENCIA Superávit Recaudo UPC % Pago Déficit Proceso de Compensación % Diferencia Proceso Neto de Compensación
1996  $ 72,279 100  $ 20,742 29%  $ 51,537
1997  $ 111,223 100  $ 77,666 70%  $ 33,556
1998  $ 328,690 100  $292,409 89%  $ 36,281
1999  $ 440,038 100  $397,475 92%  $ 42,562
2000 $401,936 100 $475,508 118% -$73,572

* Sin incluir rendimientos financieros e ingresos por rendimientos de cuentas de recaudo
Fuente: Dirección General de Financiamiento, Ministerio de Salud

Tales variables son en primer lugar la densidad salarial y en segundo, el más clave, la densidad familiar. Como puede observarse en la siguiente tabla, la densidad salarial ha sido bastante estable. Aunque decreció moderadamente en el año 2000, sigue por encima de dos salarios mínimos, muy superior a la proyectada en el diseño de la reforma de 1993 (1.6 con un crecimiento anual del 1.8%).

Cotizantes, Beneficiarios, Afiliados y Densidades Familiar y Salarial Por Promedio y Mediana. 1998- 2000 anualizado

Fuente: Aplicativo FOSYGA98, información certificada por FIDUSALUD
Calculo Dirección General de Aseguramiento.

La densidad familiar muestra un incremento progresivo, hasta alcanzar la cifra de 2.45 en el año 2.000, cifra inferior a la esperada de 2.8 en el proyecto que dió lugar a la creación del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Esta cifra es la que causa mayor alarma, pues se teme siga creciendo, lo que significaría más beneficiarios, es decir más UPC a pagar por la Subcuenta con los mismos ingresos. En la siguiente tabla se aprecia la densidad familiar de los distintos tipos de entidades que cruzan cuentas en la compensación. La cifra mayor corresponde a las EPS privadas, pero esta se muestra estable los últimos tres años, mientras que la del ISS ha venido creciendo lentamente, en virtud de la también lenta afiliación familiar.

 

Tipo de Entidad

 

 

Cotizante

 

Beneficiarios

 

Total

 

%

 

D.

Entidades Adaptadas

75.901

110.202

186.103

1.40

2.45

EPS públicas diferentes al ISS

326.479

422.390

748.869

5.65

2.29

ISS EPS

2.175.680

2.799.796

4.975.476

37.56

2.29

EPS Privadas

2.785.121

4.550.268

7.335.388

55.38

2.63

TOTALES

5.363.181

7.882.656

13.245.836

100.00

2.47


Sin embargo, era lógico que esta cifra creciera en el Sistema hasta completar la afiliación familiar, en un período de varios años. A partir de un tope determinado, las cifras deben comenzar a disminuir en razón de las tendencias demográficas. Tan sólo entre 1993 y 1997 el tamaño promedio del hogar colombiano disminuyó un 6.5%, de 4.46 personas a 4.17. El hogar urbano se redujo en el mismo período de 4.32 a 4.05 personas. Se estima que para el año 2010 la familia colombiana esté conformada en promedio por 3.3 personas.

Dicha composición familiar para el mediano plazo indica claramente que no existe riesgo alguno de que el Régimen Contributivo colapse por el incremento de beneficiarios. También (aparte de la crisis económica coyuntural), la tendencia de largo plazo muestra con claridad que los salarios crecen moderadamente por encima de la inflación e igualmente evidencia el incremento de trabajadores por familia, especialmente en función de la vinculación progresiva de la mujer a la fuerza laboral.

En conclusión, si bien la crisis económica puede afectar coyunturalmente el equilibrio de la cuenta de compensación, especialmente si la caída de empleos y salarios coincide con el tope máximo de la curva de densidad familiar (en un mismo año, el 2000, disminuyen un 2% los salarios base de cotización y se incrementan un 2% los beneficiarios), tanto la primera como la segunda variable muestran una tendencia inversa a mediano y largo plazo. En consecuencia, el Régimen Contributivo no se encontraría en una situación irresoluble, ni estaría comprometida la viabilidad o sostenibilidad del mismo. Simplemente tiene una afección coyuntural y pasajera que no requiere su desahucio, sino medidas paleativas.

De hecho, si las reservas de la cuenta de compensación no hubieran sido escatimadas por Decreto de Gobierno en años anteriores (Dec 1725 de 1999), en contra de lo ordenado por la Corte Constitucional para defenderlas, y si el control sobre el recaudo y la compensación hubiesen sido efectivos, las reservas hoy constituídas serían suficientes para despejar cualquier temor de no soportar la crisis.

Es necesario, sin embargo, reconocer que el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud tiene razón absoluta en culpar a los regímenes especiales aprobados por el Gobierno, el Congreso e incluso la Corte Constitucional, de romper el principio de solidaridad al haber permitido no compensar a estos grupos de mayores salarios. Por esta vía se perdió el ingreso de decenas de miles de millones a la Subcuenta de Compensación.

En cuanto al Régimen Subsidiado, es necesario resaltar que la disminución de recursos correspondientes al punto de solidaridad no constituye la principal causa de los problemas financieros de este Régimen, ni coloca en riesgo grave la sostenibilidad o el incremento de cobertura a mediano plazo. Más aún, este problema no alcanza a ser significativo frente al incumplimiento de aportes del paripassu por parte del presupuesto nacional o al hecho de que se burlaran los recursos de la bonanza petrolera para este efecto. Sí iene razón el Consejo en cuanto al segundo problema que plantea, la clara inconveniencia del manejo de estos recursos a través del presupuesto nacional.

Al respecto merece la pena señalar que el proyecto de Plan de Desarrollo, presentado por el actual Gobierno al Congreso, no planteaba el incremento de cobertura en el Régimen Subsidiado y el Ejecutivo procedió en consecuencia, de modo que no era dable esperar mayores desarrollos al respecto. De hecho la crisis fiscal fué el determinante principal del freno de los recursos para el Régimen Subsidiado, y subsistirá como grave limitante por años, como consecuencia del freno aplicado al crecimiento de los recursos para la inversión social mediante el Acto legislativo No.12 del 2001.

 

SIDA, ¿Enfermedad o estadísticas en descenso?

Tan sólo 147 casos de SIDA y 715 personas con VIH positivo fueron diagnosticadas en el país en el año 2000. En el año 99 se habían registrado 367 y 720 respectivamente, según  cifras de la Dirección de Salud Pública del Ministerio de Salud. Las muertes registradas en el año 2000 fueron 72, contra 180 en 1999.

En 1998 se detectaron 774 casos de SIDA y 1824 personas con VIH positivo en el país,  cifra similar a las que se venían registrando desde 1994. ¿Es posible que la incidencia del SIDA haya disminuido a una quinta parte en los dos últimos años? ¿Obedece la disminución de los pacientes de SIDA a un tratamiento efectivo de los VIH positivos?

Lo curioso del informe sobre el año 2000 es, sin embargo, que el número de muertes acumuladas registradas en Colombia por causa del SIDA se reajusta de 2.317 a 3.717 respecto al informe dado a conocer el año anterior, es decir que acepta implicitamente un subregistro en la mortalidad hasta el año 1999 de más de 1300 pacientes (72 corresponden al 2000), es decir una mortalidad un 60% superior a la previamente reconocida.

 

 

Igualmente, tras observar el gráfico, puede pensarse que se esperaría una importante reducción de la mortalidad a partir de 1998 o 1999, con el ingreso de los inhibidores de la proteasa y los tratamientos triconjugados, pero que no existe explicación alguna para la disminución de las muertes correspondientes a los años 1995, 1996 y 1997, por lo que podría persistir un serio problema de subregistro.

Igualmente la gráfica correspondiente a los casos nuevos de SIDA y VIH registrados por año muestra una disminución de los nuevos casos de SIDA a partir de 1999 que podría explicarse por la introducción del tratamiento triconjugado. Sin embargo, señala también una disminución rádical de los casos nuevos de VIH a partir del mismo año, hecho que no tiene explicación lógica alguna, por lo cual resultaría más lógico atribuir tal reducción de la incidencia a la disminución de la búsqueda de casos o al simple subregistro de los mismos. 

 

 

Para el año 2000 el Instituto de Seguros Sociales reporta 2.702 pacientes en tratamiento, sin distinguir entre SIDA y VIH positivos y las EPS privadas agrupadas en ACEMI 963. Faltan datos de otras EPS públicas y entidades adaptadas. Como quiera que el informe de 1999 reportaba 12.572 personas diagnosticadas viviendo Con VIH y 7.173 con SIDA, cabe preguntarse donde reciben tratamiento todas estas personas.

En síntesis, las cifras altamente inconsistentes revelan un serio descuido de la Dirección del Sistema frente a esta grave enfermedad, no una reducción real de la mortalidad y los casos nuevos de SIDA basadas en el oportuno y adecuado disgnóstico y tratamiento de las personas VIH positivas, lo que puede significar que la población colombiana se encuentra ahora en mayor riesgo de resultar contagiada por el virus que en los años anteriores.

 

EPS privadas al cierre del 2000

La Superintendencia Nacional de Salud dió a conocer los balances aprobados del año 2000 correspondientes a 15 de las principales EPS privadas del país, que en general arrojan buenos resultados, pues 13 de ellas mostraron utilidades en la vigencia, que suman 31 mil millones de pesos (promedio de 2.400 millones) y tan sólo dos registraron pérdidas. 

Los ingresos operacionales de estas 15 entidades alcanzaron 2.033.301 millones de pesos, por lo que la utilidad de 24.054 millones de pesos que presentaron significó el 1.18% de los ingresos operacionales, margen moderado correspondiente a este tipo de empresas de alta rotación de sus activos (debe esperarse del 1 al 2% de utilidad sobre los ingresos operacionales, según estudio de la Universidad Nacional)


Como puede observarse en el gráfico anterior, cuatro EPS superan el margen de utilidad sobre ingresos operacionales esperado para este tipo de empresas, al tiempo que otras cuatro no alcanzan el 1% (aparte de las dos que presentaron pérdidas).

Tres de las EPS que superan las utilidades esperables, Cruz Blanca, Colmena y Salud Total, prácticamente triplican el margen considerado razonable. Estas tres empresas igualmente logran una utilidad sobre el patrimonio de la empresa superior al 70%, contra un 13% en promedio de las 15 EPS analizadas.

El conjunto de EPS privadas presenta en el Régimen Contributivo un gasto médico que equivale al 83% de la respectiva UPC, o al 80% si se tienen en cuenta los ingresos adicionales por copagos y cuotas moderadoras. (Las cifras de la Superintendencia no muestran los ingresos por promoción y prevención). 

Frente a este promedio de gasto médico razonable sobre la UPC, Salud Total tan sólo gasta en salud el 64% de la UPC, con gran diferencia con las demás EPS, todas con un gasto médico superior al 70%, la mayoría sobre el 80% y cuatro EPS sobre el 90%, Compensar (90.62%), Comfenalco Valle (93.70%), Sánitas (94.59%) y por último Famisanar, que gasta el 97.72% de los dineros que recibe de los afiliados en servicios asistenciales.

Sin embargo, la mejor forma de evaluar el comportamiento de estas empresas, es observar el porcentaje del gasto médico sobre el total de ingresos operacionales, en promedio del 81.69%. Indudáblemente puede considerarse más plausible el comportamiento de las EPS a la izquierda, en el gráfico siguiente, que las de aquellas ubicadas al lado derecho, desde el punto de vista de la defensa del afiliado, aunque lo contrario pueda decirse desde el punto de vista del negocio. En realidad pueden considerarse los mejores resultados aquellos que se encuentran dentro de la desviación estándar.


En cuanto a los gastos administrativos de las EPS privadas, promediaron un 13.48% como porcentaje también de los ingresos operacionales. Colseguros muestra el peor resultado, con un 19.26%, seguida de Colmena, con un 18.65%. Los más bajos costos administrativos corresponden a Sánitas, con un 6.59%, seguida de Famisanar, con un 8,42%, Cruz Blanca, con 8.84% y Humana Vivir, con 9.04%.

Finalmente, los gastos de ventas promediaron un 4.16% de los ingresos operacionales para el grupo de 15 EPS. Los más altos corresponden a Colpatria, con 14.41%, seguida de Cruz Blanca, con un 9.62%, Humana Vivir, con un 9.42% y Salud Total, con 8.18%. Al otro extremo no gastan en publicidad y mercadeo o gastan muy poco, como si no searan más afiliados: Sánitas y Compensar con 0%, Comfenalco Valle, con 0.06%, Condor con 0.66% y Famisanar con un 0.97%.

Al igual que en años anteriores, Salud Colombia evalúa negativamente a las EPS con gasto médico inferior al 80% de los ingresos operacionales. 

Para cifras más detalladas ver Informe Especial de la presente edición

 

 

 


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