Editorial

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Editado en Bogotá D.C.

 

Los desequilibrios del Sistema

Es una lástima que haya en el sector salud empresarios igual o más miopes que en el resto del país,  incapaces de entender que perseguir hoy grandes beneficios, a corto plazo, en actitud francamente oportunista, sin importarles las graves necesidades del resto de las instituciones del sector, de los profesionales de la salud y de todos los colombianos, sólo les traerá malquerencias y grandes problemas mañana. 

Las empresas privadas, de cualquier origen, que hacen la función de aseguradoras y administradoras de servicios de salud, del Régimen Contributivo o del Régimen Subsidiado tienen sin duda una responsabilidad solidaria con la sociedad y con el país. Cuando muchas voces se vuelven en su contra, deben preguntarse por qué les sucede esto. 

En este punto es conveniente aclarar que tampoco es posible defender a las EPS públicas, las que si bien no traducen en grandes utilidades y enormes crecimientos patrimoniales su gestión, como sus similares privadas, resultan las más costosas y peores administradoras y, al igual que las demás EPS, se destacan por el franco abuso de la posición dominante.

Lo anteriormente expuesto no quiere decir que la función doble de aseguradora y agencia de estas entidades no sea necesaria.  Por el contrario, es imprescindible en el mundo moderno para garantizar a los ciudadanos -inermes ante la complejidad y los costos de la atención en salud- mejores y más económicos servicios. En nuestros países subdesarrollados resulta aún más indispensable el mecanismo de aseguramiento para garantizar el derecho de los ciudadanos a la atención en salud, de otra forma sujeta al voluntarismo, la caridad, el clientelismo y las disponibilades fiscales.

Tampoco quiere decir lo anterior que el sector privado no pueda operar legítimamente como asegurador y administrador de servicios de salud, pues toda empresa tiene derecho a obtener beneficios por administrar un servicio público y esto no puede cuestionarse en un país capitalista, menos aún cuando los ataques a "los negociantes de la salud" coinciden curiosamente con el interés de defender el ineficiente agenciamiento público o la prestación privada de los servicios.

Similar conflicto al de las aseguradoras y prestadores en salud, encontramos con frecuencia entre las comercializadoras y los transportadores de carga, cuando las primeras abusan de los segundos, lo que no quiere decir que las comercializadoras no sean necesarias y que sea posible suprimirlas, de tal modo que personas o empresas que necesiten en adelante el servicio de transporte se vean obligadas a conseguir los camiones por su cuenta.

Lo que no es posible defender, aclaremos, son los comportamientos especulativos y el maltrato a los prestadores de servicios y profesionales de la salud, en el desarrollo de una función con tanta responsabilidad social. Se pueden observar contratos de capitación en los distintos niveles de atención a tarifas que no permiten garantizar mínimamente los servicios s los afiliados. Se traslada descaradamente la responsabilidad de administrar el riesgo a los prestadores, convirtiendo en aseguradores a entidades no preparadas para el manejo financiero. Se contratan intermediarios que tan sólo especulan para sacar tajadas importantes de la UPC mediante formas de contratación y tarifas que constituyen un verdadero robo a los prestadores, a los trabajadores de la salud y a los usuarios. Se practican políticas de contención de costos sin ninguna consideración ética. Se obtienen rendimientos financieros y utilidades con los dineros que se deben a los hospitales por los servicios que no son pagados oportunamente o son injustamente glosados.

Parece ser que en la cabeza del Sistema los ojos estén vendados frente a la enorme crisis de los prestadores y los trabajadores de la salud. Allí muchas veces los hospitales se ven tan sólo como instituciones problemáticas, burocratizadas e ineficientes, los médicos no son más que malos administradores, los trabajadores de la salud se representan como sindicatos abusivos, y el pueblo sin servicios como evasor y ladrón. Con tal mentalidad se toman las decisiones que cada día desequilibran más el Sistema en favor de unos y en contra de otros. Entretanto parece que la capacidad del Estado para modular el Sistema no avanza a la velocidad del desarrollo del mismo o de la problemática que genera.

En resumen, el cuadro final lo conforman hospitales cerrados, profesionales maltratados y aseguradoras que surgen como milagros económicos en las revistas especializadas. Todo justificado por un supuesto modelo de eficiencia que, por la violencia de su aplicación, hace recordar la fuerza ideológica de cualquiera de las más funestas dictaduras absolutistas.  

Pero estamos hablando de un servicio público. Estamos hablando de que el milagro económico (mejor dicho la especulación) se da sobre unos aportes obligatorios de los ciudadanos hacia estas empresas, dineros que no pueden ni deben generar grandes y rápidas riquezas a empresas privadas, como tampoco malgastarse en empresas estatales, en desmedro de los servicios, es decir de los hospitales, de los médicos, de los trabajadores de la salud y, finalmente, de los ciudadanos con necesidades de salud.

Nuestro entrevistado en esta edición al finalizar el reportaje, señalaba en forma lapidaria: "Así las cosas. ¿Será que esos señores no se dan cuenta que un día los va a tener que operar un cirujano desesperado porque no le pagan su salario o porque su familia se haya empobrecido; angustiado porque ejerce mal la profesión, al no contar con un hospital decente, con equipos adecuados y suministros indispensables; envilecido porque no hay espacio ni preocupación por la ciencia, la docencia y la investigación; amargado porque, en suma,  han pisoteado y arrastrado su orgullo profesional?"

 


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