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Con la reforma de la Ley 60 se replantea todo el sector salud

El llamado "Proyecto de reforma de la Ley 60 de 1993", complementario del Acto legislativo No. 12, tramitado para frenar el crecimiento de las transferencias de la nación a los municipios establecido en la Constitución de 1991, va mucho más allá de reformar la citada ley, pues modifica por completo la Ley 10 de 1990 y en parte la Ley 100 de 1993.

En principio, el proyecto plantea, como se señaló en anteriores ediciones, la separación clara de las competencias en salud entre nación, departamentos y municipios. Sin embargo esta separación implica un proceso de retorno en el proceso de descentralización, dadas las graves dificultades presentadas en los últimos años.

En primer lugar, el proyecto plantea la devolución de la prestación de servicios, y por supuesto de los hospitales, a manos de los departamentos, los que en adelante serán responsables de la red de servicios. Al mismo tiempo establece con claridad que  los departamentos deberán garantizar la prestación del servicio de salud en todos los municipios de su jurisdicción a la población pobre y vulnerable no asegurada en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y de otros servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado de acuerdo a las normas vigentes.

Tan sólo exceptúa, como es lógico -y no se contemplaba en las versiones anteriores del proyecto-, a los municipios de mayor tamaño y con mayor capacidad de gestión, pero esta excepción deberá ser aprobada no sólo por el Ministerio de Salud sino al parecer también por el DNP, que pretende formar parte de la Dirección del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Cabe preguntar a este respecto si los centros y puestos de salud serán devueltos también a los departamentos o si estos quedarán a cargo de los municipios, como base de los programas de salud pública, o bien se dividirán de alguna forma.

Sorpenden igualmente las siguientes frases del proyecto, versión del 23 de Abril, después de conocido el informe del Cendex Universidad Javeriana que señala que en el país tan sólo hay condiciones de mercado, de competencia, en las grandes ciudades, mientras no se dan tales condiciones  en la inmensa mayoría de los municipios.

En segundo lugar, el proyecto que se propone a nivel gubernamental, deja a los municipios la función de aseguramiento, al señalar que deben "promover y vigilar la afiliación al régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud y de los regímenes de excepción señalados en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, en cada jurisdicción municipal, y también seleccionar la población beneficiaria del régimen subsidiado y financiar y efectuar su afiliación de acuerdo con los lineamentos nacionales y las normas vigentes".  

El proyecto no plantea transformación alguna de recursos de la oferta a la demanda, ni propósito de extender la cobertura de la seguridad social en salud, como si se aceptara el estancamiento actual de cobertura y la existencia de vinculados como un hecho definitivo.

Señala también el articulado propuesto que, el nivel municipal será el encargado de vigilar y controlar la garantía en la prestación de servicios de salud en su jurisdicción para toda la población, así como la garantía del aseguramiento a la población afiliada a los regímenes contributivo y subsidiado, y de promover la integración funcional con las entidades promotoras de salud, administradoras del régimen subsidiado, entidades transformadas y adaptadas y las pertenecientes a los regímenes de excepción, así como los prestadores de servicios de salud, las organizaciones comunitarias y de usuarios y los demás agentes en el Sistema General de Seguridad Social en salud en su territorio,  que contribuyan a la adecuada prestación del servicio de salud.

En tercer lugar este proyecto recoge muchas funciones de Salud Pública de nuevo hacia las direcciones seccionales de salud, al otorgar a estas las siguientes responsabilidades, especialmente relacionadas con el control de factores de riesgo:

En estos aspectos la función del municipio se limita a "Apoyar las acciones de  inspección, vigilancia y control de factores de riesgo del ambiente que desarrolle el nivel departamental."

Sin duda esta propuesta causará polémica, ya que resulta poco práctico concentrar tantas funciones en las direcciones seccionales, las cuales han sido reducidas en los últimos años a la mínima expresión, por no poder, una vez descentralizadas, como lo reitera este proyecto de ley, gastar un solo peso de las transferencias en la dirección seccional.

Los municipios quedan sin embargo con funciones en Salud Pública, tales como

Lo más interesante del proyecto, sin embargo es la creación de tres grandes bolsas de recursos, una dedicada a los subsidios de salud, otra a la salud pública y una última a la prestación de servicios de salud a los vinculados.

La dificultad del trámite del proyecto de ley seguramente se centrarán en  los porcentajes de distribución de estas bolsas entre departamentos y municipios, por ejemplo en el campo de la salud pública, donde las funciones están divididas. Igualmente en los criterios para signar recursos a los departamentos o a los municipios.

En primer término, para la distribución de los recursos de salud pública se plantea tomar en cuenta el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, como si por Constitución este no fuera un servicio gratuito y obligatorio para todos los ciudadanos. Se plantean igualmente criterios de riesgos en salud pública y eficiencia de los municipios, los cuales son rechazados por los representantes de las instancias territoriales, que persiguen unos criterios fijos y no variables al capricho de los técnicos de turno.

En segundo lugar, los criterios que presenta el proyecto para distribuir los recursos para los hospitales vía oferta o para la población sin capacidad de pago no asegurada o parcialmente asegurada en el Régimen Subsidiado, realmente sorprenden por el golpe que supone a un Ministerio de Salud cada vez más sometido a los dictados de los superministerios Hacienda y Planeación. 

Finalmente, la distribución de los recursos destinados a financiar la afiliación al Régimen Subsidiado, ya no será competencia del Ministerio de Salud y el Consejo Nacional de Seguridad Social sino del CONPES, con lo que se completaría el golpe de estado al ya debilitado Ministerio de Salud.

Lo contradictorio del proyecto aquí analizado es que entre las funciones del Ministerio de Salud se encuentra también una que señala: "Definir los criterios de distribución y distribuir los recursos del sistema general de participaciones para salud de acuerdo con las competencias asignadas a las entidades territoriales y realizar la vigilancia y control en la utilización de estos recursos."

Basta observar por otra parte el orden de las prioridades en salud en todo el articulado, donde la primera función para los territorios es siempre recaudar y una de las últimas formular planes de salud, para conocer el énfasis del proyecto y la ausencia de liderazgo del Ministerio de Salud. 

Finalmente, lo más importante es que en la versión actual se reduce la participación de salud en las participaciones territoriales en cerca de dos puntos porcentuales, al dejar el 60% para educación, el 22% para salud y el 18% para otras inversiones. Si a esto se suma la desaparición del paripassu, que para algunos entendidos es un hecho con la redacción actual del acto legislativo, el golpe financiero al sector salud que se propone es de gran magnitud, ello sin contar la limitación al crecimiento a futuro de los recursos que condiciona el acto legislativo.

 

Ministerio cuestiona contratos de prestación con intermediarios

Mediante Carta Circular de Abril 19 de 2001, dirigida a las autoridades territoriales, EPS, IPS y a la Superintendencia Nacional de Salud,  el Ministerio de Salud cuestiona la práctica de algunas EPS de contratar la totalidad de la prestación de servicios por un porcentaje determinado de la UPC con una IPS que actúa como intermediario o agente que a la vez se encarga de subcontratar los servicios con otras IPS.

"Lo que en ningún caso puede entenderse, es que la contratación, asociación o subcontratación pueda significar un nuevo eslabón de aseguramiento o de intermediación, que implique una reducción de los recursos que deben ir a salud, por concepto de la administración de estos contratos o subcontratos.  En otras palabras, no se trata con esta modalidad de trasladarle los costos de administración de las Entidades Promotoras de Salud a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, ni aún en mínima parte", señala la circular firmada por la Ministra de Salud.

Y agrega: "La única razón de la subcontratación de servicios por parte de la Institución Prestadora de Servicios de Salud, es precisamente, que menos recursos vayan a la Entidad Promotora de Salud -aseguradora- y más a la salud y no que una IPS -la contratista-, cobre por la administración de éstos subcontratos, porque en este caso no tendría ninguna razón de ser la autorización del subcontrato.  Tampoco, como lo dice la Ley 100 de 1993, se trata de crear redes que impidan o dificulten la libre escogencia. La figura autorizada por las normas citadas, no permite que quien contrate se valga de su condición de contratista, para reducir el pago que por salud deba reconocer a quienes se asocien o contraten con él la prestación de servicios de salud."

Para dar a entender la ilegalidad de tales contratos el Ministerio concluye: 

"Es entonces reiterado, que los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, deben tener un manejo impecable y destinado única y exclusivamente al fin para el cual fueron creados.  No hacerlo así, constituye el delito de peculado por aplicación oficial diferente, regulado en el artículo 136 del Código Penal Colombiano, modificado por los artículos 18 y 32 de la Ley 190 de 1995, tipificado así:  "El servidor público que dé a los bienes del Estado o de empresas o instituciones en que este tenga parte, cuya administración o custodia se le haya confiado, por razón de sus funciones, aplicación oficial diferente de aquella a que están destinados, o comprometa sumas superiores a las fijadas en el presupuesto, o las invierta o utilice en forma no prevista en éste, incurrirá en prisión de seis (6) meses a tres (3) años, multa de 10 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes e interdicción de derechos y funciones públicas de uno (1) a tres (3) años.", aplicable por extensión a los particulares que han recibido bienes del Estado a cualquier título, para su administración o custodia, de acuerdo con el artículo 138 ibídem, modificado por el artículo 20  de la Ley 190 de 1995."

El Ministerio deja en claro previamente lo varias veces señalado por la Corte Constitucional en el sentido de que el Estado ha delegado parte de la prestación del servicio público de salud en entidades privadas.  Estas han entrado a ocupar su lugar para la prestación de un servicio público de carácter obligatorio y absolutamente irrenunciable. Cita entonces:

El artículo 183 de la Ley 100 de 1993, en su parágrafo 2, prohíbe a las Entidades Promotoras de Salud “los acuerdos o convenios, así como las prácticas y decisiones concertadas que, directa o indirectamente, tengan por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la libre escogencia dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud.”

La contratación de servicios de salud de las Empresas Promotoras de Salud no puede hacerse sino con las personas definidas en el artículo 1° del Decreto 2753 de 1997, a saber:  Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, grupos de práctica profesional y profesionales independientes, siempre garantizando la libre escogencia otorgada a los afiliados en el literal g. del artículo 156 de la Ley 100 de 1993.

A este respecto, el segundo inciso del artículo 185 ibídem consagra: “… Están prohibidos todos los acuerdos o convenios entre Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, entre asociaciones o sociedades científicas, y de profesionales o auxiliares del sector salud, o al interior de cualquiera de los anteriores, que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la libre competencia dentro del mercado de servicios de salud…”  Añade el parágrafo del mismo artículo 185, que toda IPS deberá tener un sistema contable que le permita registrar los costos de los servicios ofrecidos.

Los Decretos 723 de 1997 y 2753 del mismo año, autorizaron a las Instituciones Prestadora de Servicios de Salud para contratar, asociarse o subcontratar con otras IPS, grupos de práctica profesional o profesionales independientes, la prestación de servicios de salud.  Con esta autorización se buscó la optimización de los recursos destinados a la salud, reduciendo el costo que para las Entidades Promotoras de Salud, podría significar el tener contratos con cada prestador.

Esta modalidad de contratación surgió desde el inicio de la Ley 100 y la entidad que inició dicha funesta modalidad fue la Caja Nacional de Previsión, siendo su directora Gina Magnolia Riaño y aún Ministro de Salud Juan Luis Londoño. La consecuencia de contratar por capitación todo el POS con las empresas formadas por los exfuncionarios de la Caja, en las clínicas regionales de la entidad, significó la quiebra de estas nuevas empresas fomentadas por el mismo Gobierno, en razón del pequeño tamaño del pool asegurado, la falta de conocimiento del riesgo financiero que asumían con la población pensionada. En términos sencillos, un par de pacientes para cardiocirugía, un par con cáncer y otro par con insuficiencia renal bastaban para quebrar estas pequeñas empresas.

Por fortuna, expertos en seguridad social procedentes en su mayoría del Instituto de Seguros Sociales hicieron durante varios años lo posible desde el Ministerio de Salud por frenar este tipo de práctica por parte de las EPS y advirtieron a las IPS que no era su función asumir el riesgo financiero de la aseguradora, ni la organización de la red de servicios, ni el sistema de referencia y contrarreferencia, por lo que se recomendaba la capitación tan sólo en el primer nivel de atención ambulatorio. No lograron los expertos sin embargo, en razón de diversos intereses, la expedición de un decreto que limitara la subcontratación.

La historia de este tipo de contratación, ampliamente practicada por organizaciones exceptuados de la Ley 100 como el Magisterio, se ha caracterizado por gravísimos problemas en la calidad de los servicios, en razón de las conductas poco escrupulosas de los negociantes de estos contratos. Los pagos ofrecidos a las IPS que finalmente deben prestar el servicio son muy inferiores al promedio del mercado, lo que finalmente se traduce en restricciones disimuladas a los servicios y mala atención a los afiliados.

Las más recientes contrataciones globales por capitación han sido denunciadas por ASMEDAS, como la de CAPRECOM o ha encontrado una fuerte resistencia por parte de las IPS públicas, como la que firmara hace apenas un mes CONVIDA,  que terminó en un escándalo y la consecuente renuncia de sus directivas.

En la misma Carta Circular el Ministerio señala que no es legal la aplicación de impuestos territoriales sobre los contratos del Régimen Subsidiado:

"De otra parte, tampoco pueden gravarse por las asambleas departamentales y los concejos municipales, los contratos del Régimen Subsidiado y los pagos de los servicios de salud con impuestos de ninguna naturaleza, tales como pro - ancianos, pro - desarrollo del municipio, etc., porque la finalidad de los recursos del régimen subsidiado, de acuerdo con el artículo 212 de la Ley 100 de 1993, es financiar la atención en salud de las personas pobres y vulnerables y a sus grupos familiares que no tienen la posibilidad de cotizar al régimen contributivo y teniendo en cuenta el interés social de éstos recursos, mal haría la Nación o las entidades territoriales en establecer un gravamen que implique una destinación diferente, incumpliendo el mandato constitucional ya transcrito, máxime cuando la atención de ancianos y de salud mental está expresamente asignada a las entidades territoriales, con recursos del situado fiscal y participación en los ingresos corrientes de la Nación, de libre destinación."

Ver Carta Circular

Consejo Directivo del ISS toma dramática decisión 

El Consejo Directivo del I.S.S. ante la negación de recursos adicionales por parte del Ministerio de Hacienda, consecuencia de la imposibilidad de llegar a un acuerdo para la reestructuración de la entidad entre Gobierno y sindicatos, tomó una drástica decisión, que conducirá indefectiblemente a la más grande entidad pública de seguridad social del país a a la crisis total de la EPS o a una solución definitiva, en el término de cuatro meses.

El Consejo, por unanimidad,  aprobó un traslado en el presupuesto, del rubro destinado a garantizar el pago de personal en el último cuatrimestre del año, a los rubros de compra de servicios y suministros, para poder seguir prestando los servicios de salud a los afiliados en los próximos meses. De forma que ya no está garantizado el pago de los salarios en los últimos meses del año.

Cabe señalar que la oferta del Gobierno para que la dirigencia sindical asumiera la administración del Instituto quedó descartada, por lo que el Consejo deberá proceder a enviar nueva terna al Presidente de la República para sustituir finalmente a Jaime Arias, quien renunciara ya hace dos meses.

Las cuentas por pagar del Instituto, ya certificadas, se acercan a 650.000 millones de pesos, la mayoría correspondientes a la vigencia del 2000, aunque para algunos conocedores el total de deudas causadas se acerca ya al billon de pesos, que el Instituto no está en capacidad de pagar, pues todo su presupuesto anual para compra de servcicios es inferior a dicho valor. 

Esta situación afecta adicionalmente a cientos de entidades que prestan servicios al ISS o lo proveen de materiales y suministros. El presupuesto aprobado para todo el año en la EPS fué de 1.600.000 millones de pesos, equivalentes a cinco millones de UPC de poco más de 300.000 pesos, presupuesto superior incluso a las expectativas de recaudo por compensación en el presente año.

Para asumir la administración de la entidad, los sindicatos habían exigido al Gobierno un billón de pesos y la suspensión de la sanción de la Superintendencia de Salud que prohibe la afiliación en el Instituto. El Presidente de la República no había dado respuesta a dichas peticiones, hecho que el Ministro de Hacienda interpretó en el Consejo como una clara negativa.

El voto unánime en el Consejo Directivo, incluídos los representantes de los trabajadores significa, para algunos expertos, que las directivas sindicales, llevadas a esta situación extrema, aceptaron finalmente negociar las prestaciones incluídas en la convención colectiva.

 

Mas revocatorias de ARS

La Dirección General de Seguridad Social expidió el cuarto memorando dirigido a las autoridades territoriales sobre las ARS autorizadas o revocadas por la Superintendencia Nacional de Salud hasta la primera semana de Mayo: 

Las 51 empresas cuya revocatoria ha quedado ya en firme (faltan otras aún por resolver) y que por consiguiente no están habilitadas para continuar participando como ARS del Régimen Subsidiado, son:  

1

COOPERATIVA SALUD Y VIDA ESS, COOPSAVID ESS

2

COOPERATIVA INTEGRAL DE SALUD DE BALBOA RISARALDA, ESSBALBOA

3

COOPERATIVA ESPECIALIZADA PARA EL DESARROLLO SOCIAL EN SALUD LIMITADA, COESSALUD LTDA

4

COOPERATIVA ESPECIALIZADA PARA EL FOMENTO DE LA SALUD DEL MUNICIPIO DE BERBEO LIMITADA, ESS COOESAB LTDA

5

ASOCIACION MUTUAL PERMANENTE DE VALENCIA, AMSAP ESS

6

ASOCIACION MUTUAL PARA LA SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL LA ESPERANZA

7

EMPRESA COOPERATIVA DE SERVICIOS SOCIALES, ECOSS

8

EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD PERSONALIZADA ESS, PERSALUD

9

COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO ARAUCA LIMITADA ESS, COOPSOSALUD LTDA

10

COOPERATIVA DE SALUD PARA EL BIENESTAR FAMILIAR, COOBSAFAM ESS

11

COOPERATIVA INTEGRAL DE SALUD ESS, COOINSALUD ESS

12

ASOCIACION MUTUAL ESPERANZA ESS

13

ASOCIACION PLAYAS DEL PACIFICO ESS

14

ASOCIACION MUTUAL GUAVIARE 2000 ESS

15

ASOCIACION EL REVIVIR ESS BAJO BAUDU

16

ASOCIACION MUTUAL EL BUEN SAMARITANO SAN BERNARDO VIENTO AMBUSANBER

17

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META, COFREM

18

COOPERATIVA DE SALUD DE LA COSTA, SALUDCOSTA

19

EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS, MARIA OFELIA VILLAMIZAR BUITRAGO CHINACOTA

20

EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD DE TIBU ESS

21

ASOCIACION MUTUAL LA SIERRA EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS, MUTUAL LA SIERRA

22

EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD, MI SALUD

23

EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD, EL ROSAL DE SAN RAFAEL

24

EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD DE SALAZAR DE LAS PALMAS, ESS DE SALAZAR DE LAS PALMAS

25

EMPRESA COOPERATIVA DE SERVICIOS DE SALUD DEL ORIENTE DE CUNDINAMARCA, ECOSORIENTE ESS

26

COOPERATIVA ESPECIALIZADA EN SALUD, PORSUSALUD ESS

27

COOPERATIVA LA NUEVA ESPERANZA DE CURUMANI ESS

28

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL DEL CARIBE, COOPSACARIBE

29

EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD DE SANTA CLARA ESS. SANTA CLARA - CUCUTA

30

ASOCIACION MUTUAL SOLIDARIAS DE SALUD DE VALLEDUPAR

31

ASOCIACION SOLIDARIA DE SALUD DE ASTREA

32

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA, COMFAMILIAR ANDI

33

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA DORADA, COMFAMILIAR

34

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, COMPENSAR

35

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS

36

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIARES UNIDAS DEL VALLE, COMFAUNION

37

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR MAGDALENA

38

COLSUBSIDIO

39

COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD, COOESSALUD

40

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO DEL VALLE DEL CAUCA, COMFENALCO VALLE

41

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, CONFAMILIAR DEL ATLANTICO

42

CAJA DE COMPESACION FAMILIAR DE GIRARDOT, COMFAGIRARDOT

43

CAJA DE COMPESACION FAMILIAR COMFAMILIAR DE BARRANQUILLA, COMBARRANQUILLA

44

EMPRESA COOPERATIVA DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CUNDAY, ECOOPSCUNDAY ESS

45

COOPERATIVA MULTIACTIVA METROPOLITANA PARA LA SALUD, COOMSALUD ESS

46

COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD, COOPSOLSA ESS

47

ASOCIACION MUTUAL FAMILIAS UNIDAS ESS DE ANTIOQUIA

48

ASOCIACION MUTUAL DE URABA EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD

49

COOPERATIVA Y EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD DEL HUILA, COOEMSALUD LTDA ESS

50

ASOCIACION MUTUAL CAMPESINA DE SALUD BOLIVAR ESS

51

ASOCIACION MUTUAL SOLIDARIA PARA LA SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL PARA FUNDACION

Con este memorando la Dirección general de Seguridad Social da alcance a los memorandos de fecha 26 y 28 de marzo de 2001 y, 19 de abril de 2001, y los complementa con la información de estas 51 ARS.

Agrega el memorando del Ministerio: "Dado que con estas empresas las entidades territoriales pudieron haber suscrito contratos de aseguramiento en el Régimen Subsidiado a partir del 1° de abril de 2001, vale reiterar que para estos casos, debe darse aplicación a lo previsto en el artículo 7° del Acuerdo 111.

En este sentido, debe hacerse hincapié en cuanto a que la revocatoria de la autorización de funcionamiento de las ARS, si bien comporta su desaparición como tales, implica el deber de garantizar la prestación de los servicios incluidos en el POS-S a los afiliados, hasta el momento en que se realice la entrega de dichos afiliados a la nueva ARS.

Con base en la información contenida en este memorando, deben proceder entonces las entidades territoriales a adelantar el traslado de los afiliados de las empresas a las cuales se les haya revocado la autorización como ARS, a las ARS que se encuentran autorizadas por la Superintendencia Nacional de Salud para manejar el Régimen Subsidiado en sus regiones.

Para este efecto, las entidades territoriales con base en el artículo 31° del Acuerdo 77 y en los plazos allí establecidos, promoverán las labores de mercadeo necesarias para garantizar la libre elección de ARS por parte de los afiliados que se trasladen bajo estas circunstancias.

Una vez celebrados, los nuevos contratos deben ser reportados por las entidades territoriales a la Dirección General de Aseguramiento del Ministerio de Salud, debidamente acompañados con sus anexos y bases de datos.

Resta recordar a las entidades territoriales que de conformidad con el parágrafo del artículo 7° del Acuerdo 111, deberán garantizar que no exista interrupción de la afiliación entre uno y otro contrato y, adelantar la liquidación de los contratos terminados anticipadamente."

Ver memorandos previos (ARS autorizadas en Edición 56)

 


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