Acrílico del maestro Gustavo Parra

 

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EL ACTO LEGISLATIVO 012 DEL 2000

 Recorte o desaceleración en la política social y en la descentralización

Por: Iván Jaramillo Pérez

La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 quiso proteger la inversión social en el  “Estado Social de Derecho ” y en su diseño descentralizado definió que los ejecutores de la política social eran las entidades territoriales y les asignó entonces el 22% de los ingresos corrientes de la nación como participaciones o transferencias a los municipios y el 24.5% ( vía ley 60) a los departamentos como situado fiscal, para que se hicieran cargo de la salud, la educación, el agua potable y  otras políticas sociales. Ahora el Gobierno ha presentado ante el Congreso el proyecto de acto legislativo Nro. 012 / 2000 para reformar el régimen de transferencias a las entidades territoriales  y no obstante que  es el tercer intento desde 1993, en esta ocasión tuvo aprobación en la primera legislatura y contó , en la segunda vuelta, con el  apoyo de la Comisión Primera del Senado el 25 de abril, luego de un acuerdo con algunos gobernadores y alcaldes que no cambia en nada significativo lo aprobado el año anterior. 

Es de recordar que gracias al esquema constitucional vigente en los artículos 356,357,358 y 359  las transferencias aumentan al mismo ritmo de la economía y de las finanzas públicas, pues al estar atadas a los ingresos corrientes de la nación como una proporción fija, a partir del año 2002, deben crecer entonces en relación directa al producto interno bruto,  a la inflación, a los reajustes tributarios  en general y a la eficiencia en los recaudos; pero con la nueva fórmula gubernamental  se produciría una “desaceleración”  y entonces en el futuro  inmediato las transferencias territoriales solo crecerán por efecto de la inflación y a un aumento preestablecido así: entre el año 2002 y el 2005 crecerán  por inflación más dos puntos, entre el 2006 y el 2007 crecerán por  inflación más 2,25 puntos y en el 2008 subirán  con base en la inflación más 2,5 puntos, como contentillo los negociadores lograron que cuando la economía crezca más del 4 por ciento, el excedente se le devolverá a los departamentos (¿y a los municipios?).  

A partir del año 2009 las transferencias se volverán a amarrar a los ingresos corrientes pero ya las participaciones municipales y el situado fiscal serán reemplazas por un sistema general de transferencias sectoriales. Haciendo las equivalencias del caso:  antes de la Constitución el Situado Fiscal era  el 18% de los ingresos corrientes, hoy es del 24.5% y en el 2009 regresará a su punto de origen o sea al 18%; así mismo las participaciones municipales que eran del 14% en 1991 y ahora están en el 22%, entonces en el 2009 bajaran al 16%. El ahorro de gobierno central se producirá cuando el conjunto  de los gastos social se reduzcan del 46.5% de los ingresos corrientes  que exige hoy la Constitución y la ley 60 y pasen a representar el 36.2 % que establecerá, de hecho, el nuevo Acto Legislativo 12, y por este mecanismo las entidades territoriales aportaran formalmente el 10% de los ingresos corrientes que les pertenecían  para financiar el déficit del gobierno nacional. Como se sabe el gobierno tiene un déficit del 4.13 % del PIB y aspira que en el 2010  baje hasta  el 2.5 % y para tal efecto departamentos y municipios habrán aportado con el Acto Legislativo medio punto del PIB o sea  que correrán con la tercera parte del costo del ajuste.   

Para el presente año 2001 se tiene previsto que los departamentos y municipios reciban como mínimo $ 9.976 billones de pesos en transferencias para financiar las inversiones sociales, e incluso esta cifra original ajustada podría llegar a $ 10,9 billones dado el éxito en los recaudos de los impuestos; pero si el proyecto de Acto Legislativo tuviera éxito en la segunda legislatura, con los ajustes concertados en Cámara y  Senado, estos recursos resultarían recortados en su crecimiento en $1.23 billones  anuales como mínimo ( casi 13% de su nivel actual) en una proyección a diez años.  

Es de observar que el gobierno inicialmente pretendía conseguir un ahorro de $1.7 billones anuales (aunque solo confiesa $ 400 mil millones anuales para no asustar a los parlamentarios, gobernadores y alcaldes), pero debido a los ajustes al proyecto  de Acto Legislativo en la Cámara de Representantes a finales del año anterior, los cuales han sido ratificados ahora por alcaldes y gobernadores ante la Comisión primera del Senado, los recortes inicialmente previstos disminuyeron, aunque solo en  un cuarto de billón de pesos, pasando de $1.70 a 1.23 billones anuales.  

Las diversas negociaciones solo han reducido entonces las perdidas territoriales en $519.517 millones anuales, o sea en un 30% sobre las pretensiones iniciales del gobierno ( ver cuadro  en donde se observa que la reducción  negociada equivale al 2.6%  de las participaciones en los ICN y al 0.21% de las participaciones en el PIB). Como consecuencia, los negociadores de este año, que solo cambiaron el orden de los factores de ajuste para proteger las administraciones territoriales actuales,  permitieron que los reajustes incrementales a las transferencias en siete años , por encima de la inflación causada, se mantuvieran en el mismo nivel ( 16% real) el cual había sido ya acordado el gobierno el año pasado con la Cámara de Representantes.

  

LOS RECORTES DE LAS TRANSFERENCIAS

 

ACTO LEGISLATIVO  012/2000

Recortes anuales

en pesos constantes

del 2001

En participación en los ICN

En participación en el PIB

 

En el 2010

2001

2010

2001

2010

Proyecto Inicial Gobierno

 

$  1´747.443 .460.000

42.2%

33.4%

5.1%

4.4%

Proyecto Actual  “Negociado”

$   1´227.926.332.420

42.2%

36%

5.1%

4.6%

Diferencias

   $     519.517.128

 

-2.6%

 

- 0.21%

 

La desaceleración del crecimiento de las transferencias a  las entidades territoriales es  un recorte directo a las metas de las políticas  sociales que implica la reducción  de las expectativas de expansión del gasto social en $ 1.227.926 millones de pesos anuales a precios del 2001 en un horizonte a diez años.  Este recorte  de recursos traerá como consecuencia la limitación en 2´128.405 cupos en la expansión del Régimen Subsidiado de Salud  equivalentes al 23% de su cobertura actual y de 1´252.000 cupos en las escuelas públicas, reduciendo la tasa de cobertura esperada para el año 2010 del 90 % al 80 %. Con este recorte del gasto social el gobierno aspira financiar el déficit  fiscal y en lugar de ofrecer mas salud y educación, reducirá el tamaño del “Estado Social “  y podrá entonces garantizar la amortización de la deuda sin necesidad, por ejemplo, de recortar con mas intensidad la burocracia nacional o de reducir el gasto que implica la guerra por vía de las negociaciones de paz.

 



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