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Editado en Bogotá D.C.

 

Competencia Regulada

El Sistema General de Seguridad Social en Salud que iniciara en Colombia con la Ley 100 de 1993, fue bautizado en un documento teórico con el nombre de "Pluralismo Estructurado", apelativo que algunos expertos consideran tan sólo una forma eufemística para definir un hecho común hoy en día: el manejo de los servicios públicos por parte de particulares,  denominado genéricamente "competencia regulada". Pero es justo señalar que si bien es este el elemento central del pluralismo estructurado, no es el único.

La competencia regulada es definida como la gestión de un servicio público por particulares, junto con la facultad permanente de intervención del Estado sobre dicho servicio público y las empresas que lo presten. En términos sencillos corresponde a la necesidad de enviar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos sobre el hecho de que empresas particulares manejen estos servicios, tradicionalmente en manos del Estado: "Ahora lo manejarán los particulares, pero el Estado siempre estará vigilando sobre ellos e intervendrá en caso necesario para proteger sus derechos".

El Artículo 48 de la Constitución de 1991 define a la Seguridad Social como un servicio público de carácter obligatorio, así como un derecho que se garantizará a todos los habitantes, y señala que el Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social. El Artículo 365 de la Carta señala igualmente que los servicios públicos podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares. En todo caso el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios.

El Artículo 154 de la Ley 100 de 1993 señala que el Estado intervendrá el servicio público de Seguridad Social en Salud, para lograr entre otros la observancia de los principios constitucionales (universalidad, solidaridad y eficiencia), para asegurar el carácter obligatorio de la Seguridad Social en Salud y su naturaleza de derecho social para todos los habitantes de Colombia, para lograr la ampliación progresiva de la cobertura, para evitar que los recursos destinados a la seguridad social en salud se destinen a fines diferentes y para garantizar la asignación prioritaria del gasto público para el servicio público de Seguridad Social en Salud, como parte fundamental del gasto público social.

La facultad de intervención del Estado y el Gobierno sobre el Sistema es inherente por tanto a la característica de público del servicio y debe estar dirigida en principio a lograr la universalidad del derecho, la solidaridad y la eficiencia, así como a evitar la desviación de los recursos destinados a la Seguridad Social. 

No se entiende por tanto, como esgrimiendo la facultad de intervención, se expiden decretos para restar a los colombianos su derecho a la seguridad social, o hacerlo nugatorio en la práctica, como señala en una sentencia la Corte Constitucional. Se decreta la pérdida de antigüedad al Sistema que no contemplaba la ley, o la pérdida del derecho a la licencia de maternidad si no se han cotizado nueve meses continuos, o el derecho a la incapacidad si el patrón no está al día en los pagos o estuvo algún mes atrasado, o la expulsión hacia hospitales públicos si no se cuenta con recursos y no se han cotizado 100 semanas continuas, etc., normas todas que nos retroceden décadas en el derecho a la seguridad social de los colombianos, y que por supuesto han sido rechazadas, por considerar su aplicación inconstitucional, en distintos fallos de tutela de los máximos tribunales.

Entre tanto el Estado no interviene, como es su función, para distribuir equitativamente el riesgo entre las aseguradoras, permitiendo el oportunismo en contradicción con la solidaridad, tampoco actúa con diligencia y eficacia para garantizar el derecho a muchos colombianos sin seguridad social, en virtud de que los recursos previstos han sido escatimados. Prueba de ello es que las fallas por inclusión siempre son priviligiadas y a nadie parece importar las fallas por exclusión del derecho, que son mucho más evidentes.

Es claro, a partir de las normas mayores que la rigen, que la Seguridad Social en Salud sigue siendo un servicio público, si bien su prestación está a cargo de particulares. No es por tanto un seguro privado de salud el que manejan las EPS, que nadie se confunda al respecto. No es este un seguro particular, al que no se tiene derecho si no se está al día en el pago, o se tiene antigüedad en la respectiva EPS como lo han querido convertir con la reglamentación o normas menores expedidas los últimos años. 

En adelante será necesario estar atentos a cada Decreto que se apoye en las facultades de intervención, pues estas no se están utilizando para defender el servicio público y procurar su universalidad, sino para afectar los derechos de los colombianos o devolver a los patronos las responsabilidades prestacionales que hace varias décadas entregaron con los correspondiente aportes a la entidad de Seguridad Social.

Curiosa resulta esta interpretación de la competencia regulada, cuando la facultad de intervención no es utilizada para asegurar que las entidades privadas, en las que se ha delegado el servicio, cumplan con este cabalmente, reforzando el concepto del servicio público, sino por el contrario, para hacerlo ver cada día más como un seguro particular en manos de cada ciudadano o empresa, que como tal puede ser llenado de cláusulas que en la práctica vuelven nugatorios los derechos de los asegurados. Se dice que estas normas se dictan para evitar el riesgo moral, o para controlar la evasión, es decir las trampas al Sistema, pero por curiosa coincidencia sirven también para justificar la selección adversa por parte de las aseguradoras.

La Seguridad Social de un pueblo queda burlada cuando una mujer embarazada no puede conseguir trabajo, porque el sistema (este sistema no merece mayúsculas) ha decretado que no pagará la licencia de maternidad a las empresas que se atrevan a emplearlas con fruto en su vientre, sépanlo o no. La violencia de una sociedad y de un país no puede comenzar por las mujeres embarazadas, no puede volcarse contra los colombianos aún antes de nacer. Si tales son, en realidad, los efectos inevitables de la competencia regulada, como señalan algunos, quizás deberíamos pensar con ellos en la posibilidad de acabar con la competencia regulada.

 


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