SC.-
Para el observador resulta interesante que
finalmente se haya hecho en el país una propuesta a los trabajadores del
I.S.S. para que formen parte de la administración y de la propiedad de una
posible empresa de economía mixta en que se convertiría el Instituto de
Seguros Sociales. De hecho, esa es una propuesta que se había planteado
hace ya varios años en reunión de expertos convocada por la Dirección
Nacional de Planeación. ¿Cómo ven ustedes, en términos generales, esa
primera oferta de que los trabajadores entren a ser parte de los
propietarios del I.S.S.?
AP.- Bueno,
lo primero que habría que señalar en una apreciación como ésta, es que
del interés o de la iniciativa nuestra no está el ser propietarios del
Instituto, que nosotros pensamos que el Seguro Social es una propiedad
colectiva que le pertenece a toda la clase trabajadora colombiana que lo ha
construido en 50 años. Y es bueno precisar esto porque, aparentemente, se
puede creer que el Seguro Social es del Gobierno, o de los aportes vía
impuestos. No, el Seguro Social está formado por aportes que han hecho los
trabajadores del sector privado, fundamentalmente, y básicamente las áreas
industriales, que es donde el Instituto ha tenido una mayor representación
en la afiliación. Lo que a nosotros nos pone en una situación bien clara,
y es que el problema no se resuelve transfiriendo la propiedad, sino que hay
que ubicar cuál es realmente la problemática que atraviesa el Instituto de
Seguros Sociales, y si esta problemática es interna e inherente a su
condición de Instituto o si es un problema del Sistema General de Seguridad
Social que tiene Colombia a raíz de la aplicación de la Ley 100.
SC.-
Esa observación es muy válida,
digamos que si el Gobierno decide hacer propietarios del I.S.S., no sólo a
sus trabajadores sino a las Centrales Obreras y a todos los trabajadores que,
en una u otra forma, han financiado el I.S.S. en su historia... ¿Habría
posibilidades desde esa perspectiva más amplia?
AP.-
Yo pienso que las posibilidades están más que en la transferencia de
la propiedad en adoptar una política... En
el análisis hay que tener en cuenta lo siguiente. Si el Instituto la
pertenece a la clase trabajadora colombiana,
¿Cuál podría ser un ideal sobre su administración, más que sobre quién
es el dueño cuando ya está demostrado que es de los aportes de todos los
colombianos. Nosotros hemos visto que el país ha sido absolutamente
descuidado en eso y en general el país, todos los componentes del sector de
la Seguridad Social y los gobiernos, porque hemos permitido que la clase política
tradicional sea la que usufructúe el manejo de las Instituciones,
concretamente el Seguro. Entonces si gana las elecciones Ciro Ramírez en
Boyacá, Ciro Ramírez manda al gerente, nombra a los gerentes, a los jefes
de personal, a los médicos. O sea, Ciro Ramírez pasa a ser el Jefe del
Seguro Social. Si gana Name Teherán en Barranquilla, entonces Name Teherán
hace lo mismo, etc., en todas las ciudades.
Pero,
lo que nosotros hemos planeado es que la administración del Instituto
atienda también a su componente como lo señala la Organización
Internacional del Trabajo, al tri-partismo: donde está el Gobierno, donde
están los trabajadores y donde están los empleadores. Y les hemos
planteado ese reto a los empleadores colombianos: ¿Estarán ustedes en
condiciones de compartir la responsabilidad de administrar a la Institución
más grande de la Seguridad Social que tiene el país: el Instituto de los
Seguros Sociales? Y estamos esperando respuesta. El gobierno, por su parte,
pareciera, cuando hace esta propuesta de que nosotros seamos, los
trabajadores en general, los que manejen el Seguro Social, o los que sean
sus dueños, está es como queriendo quitarse de encima un problema, situación
que nosotros no encontramos válida, porque es que el Gobierno Nacional no
puede desconocer responsabilidades que históricamente ha venido eludiendo
frente al Instituto.
Uno
hace un balance de cuanta plata le debe el Gobierno Nacional al Seguro y
encuentra que hay varios estudios. Hay un estudio que hemos realizado
nosotros, que se denomina: “El Gobierno, Principal Deudor del I.S.S.”,
que arroja una suma cercana a 55 billones de pesos. El mismo Instituto, en
su interior, reconoce que el Gobierno le debe treinta y tres billones; pero
la Comisión de Cuenta Legal del Congreso, en un estudio que hicieron,
reconoció que le deben al Seguro Social 65 billones de pesos. Entonces es
bueno que miremos que hay detrás de las propuestas, y en ese sentido
consideramos que los trabajadores colombianos debemos tener una actitud
madura, muy consecuente, muy precisa, muy analítica, y que evaluemos la
cuestión en el largo plazo. ¿Cómo garantizamos que la Institución llegue
a otros 50 o 100 años, pero superando los vicios que la han mantenido cómo
hoy está?
SC.-
Bueno, existiría el
problema de que parte de los empleadores ya tienen intereses en otras
empresas de la competencia. Mal podrían entrar entonces a dirigir el ISS.
Especialmente la Andi o Fenalco en una u otra forma representan intereses de
otras E.P.S. Por tanto habría que seleccionar de los patronos aquellos que
no tengan ese tipo de intereses.
AP.-
Absolutamente de
acuerdo. La verdad es que el Seguro Social ha venido resistiéndose a morir
porque nunca antes lo habían atacado tantos enemigos juntos al tiempo y tan
malos ¿No?, tantos enemigos tan complicados. Por ejemplo, si usted tiene en
el seno del Consejo Directivo a la competencia representada en los fondos
privados de pensiones, si la tiene representada en las aseguradoras, en el
sector asegurador colombiano y la tiene en las E.P.S. y en las clínicas y
sectores hospitalarios privados y públicos, incluso el mismo Ministerio de
Salud; pues es muy difícil que una institución como ésta salga adelante.
Además, si cuenta con un representante del gobierno como el actual
Presidente del Seguro, que todas sus políticas desde que llegó a la
administración del mismo han sido orientadas a desmontar sus fortalezas, a
hacerlo menos eficiente, a hacerlo más paquidérmico, a hacerlo más
politiquero, a hacerlo más burocratizado, a hacer lo más costosa la
operación de todos sus recursos y a hablar mal del mismo Instituto en cada
momento en que tiene oportunidad de hacerlo, pues, es muy difícil que esto
pueda salir adelante. De ahí que sea válida la apreciación de que quienes
están en la dirección de una empresa como ésta no deben tener ninguna
incompatibilidad ética. Por el contrario, deben estar absolutamente
convencidos de que el Seguro Social es la opción que ellos tienen que
defender. Y eso va para los integrantes del Consejo Directivo, va para los
integrantes en representación de los empleadores y del Gobierno Nacional.
SC.-
Pero ahora, dado que el Gobierno reconoce que tiene una deuda muy grande con
los trabajadores -aparte de la deuda con el I.S.S. que usted menciona- ¿Cómo
es que el Gobierno, si intenta salir de un enorme pasivo laboral, hace una
oferta tan mala, en el sentido que pretende ofrecer a los trabajadores
tan sólo la parte del ISS a la que le ha cargado todo el pasivo
prestacional o la parte menos rentable. Es decir, de la carne y el hueso
ofrece el hueso y sólo un pedazo: el 30% de las I.P.S.
AP.-
Sí. Es bueno también hacer una precisión antes de evaluar en detalle
la propuesta del Gobierno, y es que el Seguro Social puede tener veinte
problemas, de un total de muchos puede tener veinte; y la carga prestacional
o el pasivo laboral es solamente un veinteavo. No es representativo dentro
de la gama de problemas a los que se ha visto abocado el Instituto de
Seguros Sociales. De ahí que, si nosotros aceptamos de entrada, que una
oferta de pronto atractiva para algunos que no estén enterados del tema,
como esa, pueda ser aceptable por nosotros, estaríamos también aceptando
que esa es la raíz del problema.
La
verdad es que los salarios del Seguro Social, comparados con salarios del
sector, no han crecido de la misma manera como lo han hecho en el sector
privado e incluso en algunas partes del sector oficial. Tanto así que el
Seguro Social no ha aumentado sus salarios desde el primero de noviembre del
98. No tuvimos ningún aumento durante el año 99 ni ningún aumento durante
el año 2000. Somos la única institución que lleva más de dos años sin
aumento del salario. Y ése, como ustedes podrán observar en el debate, no
es el tema de discusión. Nosotros hemos llegado a un punto de concientización
con los trabajadores de que hemos dado la prioridad a la salvación de la
empresa, al fortalecimiento de la misma, y después, posteriormente claro,
miramos resolver los problemas de los salarios. Ahora hay un fallo de la
Corte al que el Seguro Social tendrá que hacerle caso y es que los salarios
no pueden perder el poder adquisitivo constante. Pero igual también hay una
serie de elementos, la carga prestacional ha venido bajando porque hay más
de 6 mil cargos vacantes. En los últimos dos años no se ha reemplazado
ningún cargo de quienes han fallecido, se han retirado, se han pensionado
por alguna razón.
Todos
estos son elementos que demuestran que no es la carga prestacional la que
plantea el mayor costo en la institución. El problema está en que, lo que
ha señalado la Ley 100, es que la competencia entre prestadores y
aseguradores, fundamentalmente tiene que separar esa actividad que hoy está
unida en el Seguro. Si miramos la Ley 100, ésta dijo que el Seguro Social
puede ser asegurador y prestador, pero la administración de Arias viene
empeñada en desmontar esa gran ventaja, de tener a muchos colombianos
asegurados en el Instituto pero también tener el propio mecanismo para
prestar esos servicios a través de sus propias clínicas y centros de
atención especializada. Ésta que es una gran ventaja en otros países se
quiere desmontar en el nuestro, con el argumento de que hay prestadores, y
que deben ser independientes y sueltos, y en eso quieren convertir a las clínicas
y hospitales del Seguro: en empresas sociales del Estado, con autonomía
administrativa, con patrimonio propio, con su propia planta de personal, sus
propios recursos y que sobrevivan a la confrontación que dé la suerte del
mercado.
¿Qué
está probando eso hoy? Y hemos hecho algunos balances en el Consejo
Nacional de Seguridad Social en Salud. ¿Se ha ampliado la cobertura? ¿Se
ha mejorado la calidad de los servicios? ¿Se han disminuido los costos? ¡No!
Por el contrario, hay un estancamiento o incluso a veces una regresión a la
tendencia de ampliar la cobertura. Los costos han aumentado terriblemente
por intermediación de una manera absolutamente gravísima y se observa que
la calidad en los servicios no es la mejor. Hay, incluso, la reaparición de
algunas enfermedades que se creía que ya estaban resueltas. Y dentro de
esto, el Seguro Social es un ente regulador de todo el Sistema de Seguridad
Social en Salud. Y lo que se ha buscado, repito, es que el Instituto pierda
esa importante ventaja. De ahí que nosotros no encontremos atractivo en ser
dueños del Seguro cuando de hecho ya lo hemos sido. Lo que no hemos tenido
los trabajadores es la decisión de manejar lo que nos corresponde.
SC.-
Hay otros problemas que se derivan del hecho de que esta empresa, como
lo señalaba, sea pública, y esté siendo manejada como un ente público.
Lo que tiene que ver con la politización, lo que tiene que ver con los difíciles
manejos que implican los regímenes de presupuestación, de contratación,
etc., etc., incluso de personal, que, dentro de un mercado de competencia,
no hay duda que ponen a una E.P.S. de carácter público en desventaja
franca frente a E.P.S. de carácter privado. Respecto a ese hecho de la
modificación de la naturaleza jurídica, no tanto de la propiedad... El
hecho de cambiar la naturaleza pública para hacerla más eficiente, como
por ejemplo las Cajas de Compensación, que también tienen a los
trabajadores en sus juntas directivas pero operan bajo un régimen
presupuestal privado, un régimen contractual.
AP.-
Sí, nosotros le encontramos ventajas al carácter de que el Instituto
de Seguros Sociales sea un ente público, es en el sentido de mantener su
objeto social, en el sentido de mantener, por encima de cualquiera otra de
las actividades que deben hacerse con absoluta eficiencia y con criterios
que no impliquen pérdida de recursos sino máxima rentabilidad incluso económica,
prime sobre todo la rentabilidad social, que se pueda tener esa posibilidad
de extender a más colombianos servicios, que no hay otra forma de hacerlo
sino mediante el aseguramiento grande de todas las contingencias en una
institución como ésta. El peligro que el Instituto de los Seguros Sociales
pueda tener frente a la competencia, porque es un ente público, se deriva
no porque sea público sino precisamente porque sus administradores son
personas que no están formadas en la Seguridad Social, sino son personas
que están formadas en la política o, para que hablemos claro, en la
politiquería; entonces no obedecen al criterio de una institución de alta
rentabilidad social y compromiso social. Incluso debería ser una expresión
de la política social del Estado pero resulta que no, entonces son
expresiones del desarrollo político.
Que
se propone en cambio, que a la Institución, que siga siendo pública, se
vinculen las personas mediante un riguroso mecanismo de examen, de evaluación
de sus hojas de vida, de sus requisitos, un concurso de méritos. Que sean
los mejores colombianos los que pertenezcan a un ente público como éste y
que esos mejores colombianos sean los que tengan la responsabilidad de hacer
la mejor labor pública y ser realmente eficientes, y ser mucho más rápidos
que el sector privado en muchas cosas como lo es el sector público en otros
países, en donde no se mira a las instituciones propias del Estado como
enemigos porque se piense favorecer al sector privado, sino por el
contrario, el sector privado juega un papel complementario. Aquí lo que se
ha querido dar es una preponderancia de que el sector privado es el que
resuelva los problemas sociales y hemos visto que no, que nunca se resuelven
de esa manera.
SC.-
Una de los problemas
graves para el Instituto en este momento, usted lo ha señalado, tiene que
ver con la suspensión de la afiliación por parte de la Superintendencia de
Salud. Acaban de salir los resultados de la Encuesta de Profamilia que
demuestran la concentración de las personas mayores de 55 años
en el Seguro Social y por el contrario, la concentración de adultos
jóvenes en las E.P.S. privadas. Ello sin duda implica una diferencia en el
riesgo enorme y una situación financiera complicada derivada de que los
riesgos se ubiquen en el sistema más en unas aseguradoras que en otras.
AP.-
Sí, ese es un riego que el Instituto,
precisamente por su fortaleza, ha venido manejando eficientemente. Antes de
la Ley 100 el Seguro Social manejaba un volumen alto de las patologías de
alto costo, de las enfermedades catastróficas, pero hoy observamos que el
Seguro Social maneja el 92% de las enfermedades de alto costo del país,
como si las otras E.P.S. que surgieron después de la Ley 100, no hubiesen
tenido la posibilidad de recibir también a esos pacientes que demandan
realmente recursos de una manera grande en las instituciones. Nosotros al
respecto hemos propuesto que el Seguro Social complete el 100% y que sea el
Estado el que le reconozca a través de los fondos de garantía, su cuenta
especializada, lo que le corresponde por esa materia. Pero encontramos que
no hay esa voluntad tampoco. Pero, ahí es donde uno entiende como el Seguro
Social sí es bueno, cuando hay enfermedades graves. ¿Por qué las E.P.S.
no reciben enfermos graves?, ¿Porqué solamente reciben a sectores jóvenes?
Y ¿Por qué, fundamentalmente, reciben a aquellos que tengan un salario
estable o buen salario? Al Seguro Social le ha tocado recibir a todos, a los
que tengan buen salario, mal salario, a los jóvenes, a los viejos, a los
enfermos...
Pero
la tendencia es segmentar el mercado, de tal manera que el Seguro se quede
con los pobres, con los viejos y con los enfermos. Pero, repito, esa debía
ser es una fortaleza para el Instituto. Poder demostrar que puede con los
pobres, los viejos, los enfermos y además con
todos los demás. Porque el Instituto tiene esa capacidad. ¿Qué
demuestra eso? Que hay un ánimo de lucro en la Seguridad Social, que hay un
ánimo de lucro en el manejo de los recursos y que los colombianos debemos
pensar muy bien si un derecho humano fundamental como la salud debe tratarse
de esa manera, debe ser objeto de que se enriquezcan algunos. Hoy día ¿Cómo
se valora a un buen profesional de la salud? Hombre, al que ve más
pacientes en una hora, y al que ve más pacientes sin formularles grandes
cantidades de medicamentos, sin conocer su estado de salud, sino
fundamentalmente que no formule exámenes de laboratorio, que permitan
evaluarlo. O sea, que le evite costos a la E.P.S. ¿Cierto? Pero le produzca
ganancias. Entonces tenemos una transfiguración de lo que es el derecho de
la salud. Y los jóvenes, que están en las E.P.S. no han evaluado eso.
Cuando se enferman realmente, los mismos de las E.P.S. resultan enviándolos
al Seguro.
Y
sí, ha afectado mucho la sanción de la Superintendencia Nacional de Salud.
El Seguro Social cometió un error gravísimo en cabeza de su Presidente al
aceptar que la sanción era buena. Él lo dijo inicialmente que la sanción
era buena, que el Seguro tenía muchos afiliados, que tenía 12 millones.
Hoy el sistema le está compensando al Seguro Social solamente por 4
millones cien mil, pero al Seguro atiende a 8 o 9 millones de colombianos en
sus estadísticas, en sus volúmenes de atención se demuestra esto.
Entonces uno no entiende por qué se acepta una sanción de una manera en
que la institución sancionada lo es permanentemente, cuando ya las causas
que originaron la sanción están superadas. No ha habido ninguna institución
del país, en la historia de Colombia, que haya sido sancionada de una
manera continua, permanente e irreversible, como lo ha planteado la sanción
de la Dra. Inés Gómez de Vargas en contra del Instituto de Seguros
Sociales, que no solamente le impide que ingresen nuevos afiliados al
Instituto sino que también le impide el manejo adecuado de los recursos en
salud, que le impide la inversión y el desarrollo de algunas clínicas que
estaba en curso, que están paralizadas totalmente por esto. Y que, además,
impide que las personas que quieren ingresar al Instituto lo puedan hacer,
porque encuentran que es una Institución válida para resolver sus
problemas pero que, con esta sanción, se ven obligados a irse a las E.P.S.
Pero ¡ojo!, no reciben a todos. Ya queda claro que no reciben ni a pobres,
ni a viejos, ni a enfermos. Y resultan llegando al Seguro por Urgencias.
SC.-
Llama la atención a ese respecto el
hecho de que se haya personalizado un poco el problema de la
sanción y se reclama a la Superintendencia. Pero, en términos legales, las
Superintendencia no tiene otra opción distinta que cumplir un decreto que
dice que haga eso, y no es opcional para esta. ¿Por qué, en lugar de
debatir con el organismo de control, no se presiona al Gobierno por cambiar
el decreto sobre el margen de solvencia, que es el que tiene realmente la
potestad de cambiarlo?
AP.-
Sí, nosotros hemos
acudido a varios análisis en relación con la sanción. Uno de esos es
modificar el decreto, pero igual los detractores del Seguro están diciendo:
“¡Ah, claro! Modifican el decreto para no sancionar al Seguro” Y
entonces ya hay toda una trinca del otro lado que están diciendo: “No
modifiquen el decreto”. Pero lo curioso es que con el mismo argumento del
margen de solvencia solamente han sido sancionadas E.P.S. públicas y
entiendo que una sola del sector privado, y eso por manejos muy complicados.
Uno ve que hay instituciones del sector privado que tienen dificultades económicas,
que tienen también dificultades en el manejo de sus recursos, en las deudas
que manejan, y la verdad es que no encuentra uno que hayan sido objeto de
sanción. Al Seguro se le sanciona fundamentalmente por qué: porque no tenía
sus cuentas al día dentro de un periodo razonable de 90 días, cuando hoy
en día todo el mundo compra a 6 meses, a 8 meses los servicios que
necesite. Incluso le financian a uno a 24 meses lo que uno quiera. Entonces
uno no entiende por qué hay ese ánimo de mantener irreflexiva la sanción.
Se
han hecho proyectos de decreto, en la búsqueda de modificar este decreto
782 que mantiene sancionado al Seguro, pero no ha habido la voluntad política
de la Señora Superintendente de decir que eso sea viable, sino que por el
contrario ella objeta, objetan los de ACEMI, objetan los de las E.P.S,
objetan todos los que eso los iría a afectar, el que el Seguro vuelva a
coger fuerza. Entonces uno dice aquí hay una cuestión, hay una trinca, del
Gobierno, en representación del Ministerio de Salud y de la
Superintendencia, y del sector privado por mantener al Seguro así.
Una trinca que se complementa, como cuando uno tiene al diablo
adentro, y es cuando ya ha sido invadida la empresa por la misma órbita,
como lo dijimos antes, de que los que están queriendo acabarla la están
manejando. El caso más concreto es el del Presidente del Seguro, Jaime
Arias, que él está contento con la sanción. Él no ha vuelto a señalar
que ése sea un problema. Ahora él cree que lo mejor sea desmontar,
liquidar y dividir al Seguro Social.
SC.-
Por último, para cerrar, si se diera el caso de una salida con
participación de los trabajadores realmente en la propiedad del I.S.S.,
entiendo que el ministro de trabajo decía que si los trabajadores asumían
la responsabilidad podrían tener el respaldo económico de organizaciones
de trabajadores de Europa...
AP.-
Es posible, es posible
que esa propuesta haya sido apoyada por algunas instituciones no
gubernamentales o de pronto sindicales de otros países. ¿Qué queremos
nosotros señalar sobre el particular? Que tiene que haber una decisión
sobre qué tipo de Seguro requiere Colombia. Porque la idea es que no se
trata de mantener al Seguro Social en medio de una situación que,
seguramente, lo va a llevar más adelante seguramente a un colapso. La idea
es que podamos nosotros fortalecer las ventajas que tiene el Seguro Social,
que podamos, más que ubicar las personas, mantener una política sobre la
Institución. Y, es lógico, que si en ese entendido se necesitasen
recursos, podría recurrirse a organizaciones de la misma clase, como seríamos
los trabajadores.
Pero
los análisis financieros que hemos hecho nosotros demuestran que el Seguro
Social no está en crisis económica, que lo que hay es una profunda crisis
administrativa, que hay una serie de despilfarros gigantescos en esta
administración de estos dos años del gobierno del Presidente Pastrana, que
hay es una pésima inversión de los recursos, que hay una burocratización
excesiva. Donde antes se criticaba a administraciones anteriores, nosotros
hemos hecho las comparaciones y encontramos por ejemplo asesores de 40, 50 y
100 millones de pesos, en una institución en la que se dice que no tiene
para pagar las enfermedades de alto costo, que no tiene para pagar a los
pacientes de quimioterapia, o que incluso se han muerto pacientes, por
efecto de que está en trámites de tutela el derecho y el Seguro no tiene
plata. Tenemos el caso de Antioquia, 19 pacientes que el mismo gerente
relata que se le han muerto porque la E.P.S. de Bogotá no le envía los
recursos oportunamente. Tenemos el caso del Valle del Cauca donde hay otros
34 o el de Bogotá donde superan los 60. Y eso es algo permanente que a
ellos no los conmueve, a ellos los conmueve más el querer mostrar que el
Seguro Social está en complicaciones por la carga laboral cuando la verdad
reitero que no es ésa, que el Seguro Social está en complicaciones porque
no se ha modernizado cuando la verdad es que el Instituto es de las
instituciones más modernas en muchos aspectos.
Y
se tiene, repito, el afán de favorecer ante la opinión pública, de
argumentar ante la opinión pública que el Seguro Social lo mejor sería
liquidarlo. Nosotros estamos demostrando, con nuestros estudios, todo lo
contrario. Próximamente vamos a dar a conocer a los medios de comunicación
algunos elementos que incluso rayan con la corrupción al interior del
Instituto. Queremos tener los soportes y las pruebas para que, cuando se
haga la denuncia, pues se tenga de una vez el elemento que prueba que lo que
decimos es cierto, y que realmente es lamentable que una administración que
se expone públicamente como la más dedicada a cuidar los recursos haya
sido la que más los haya descuidado.
