Reportaje

 

Jesús Enrique Piñacué

Senador Indígena

 

Nuestro Personaje en la 51 Edición de Salud Colombia es Jesús Enrique Piñacué Achicué. Cuando se pregunta al Senador Piñacué por su hoja de vida, responde: Lo único importante de todo lo que haya ocurrido en estos 34 años es que he trabajado con las organizaciones indígenas, me he dedicado a tratar de conseguir que el Estado entienda que hay una oportunidad de convivencia en la medida en que se reconozcan nuestros derechos. Hoy, estoy tratando de completar esto que tenía como convicción desde el  Congreso, y en eso estoy. Yo soy un colombiano del margen de la nación que como todos no ha tenido mayores oportunidades o casi escasas posibilidades. No obstante, yo hice mis cursos de filosofía, me ocupé en la tarea de tratar de terminar mi formación secundaria en mi comunidad, y ahora me dedico a tratar de concretar estos conocimientos en la medida en que permitan a las comunidades resolver sus inquietudes.

El Senador Piñacué lidera actualmente el proyecto de ley que reglamenta y garantiza el derecho de acceso y la participación de los pueblos indígenas en los servicios de salud. Por ello es nuestro invitado en Salud Colombia.


SC.- Ha habido cambios muy importantes en materia de salud desde la expedición de la Ley 100 del 93. Anteriormente había un régimen especial, un decreto, el 1811, que simplemente normaba el acceso gratuito a la salud para las comunidades indígenas. Sin embargo, en la práctica, este decreto no venía funcionando. Cuando entró en vigencia la Ley 100 y se determinaron los subsidios del Régimen Subsidiado en Salud también hubo una resistencia inicial de las comunidades indígenas a cambiar las reglas de juego del 1811, hacia la constitución de los subsidios de salud. Problemas que tuvieron que ver con la identificación, con los criterios individualistas que maneja el sistema y no colectivos, como son los que funcionan en las comunidades indígenas, pero finalmente se constituyeron una serie de administradoras del Régimen Subsidiado que les permitieron autogestionar en alguna parte, con algún desarrollo, sus propios servicios de salud a muchas de estas comunidades. ¿Podría usted hacer una panorámica de cómo han ido estos desarrollos del 93 hasta ahora?

 

JP.- Un antecedente importante,  nosotros somos los únicos colombianos que nos resistimos a que el servicio público de la salud se privatice. Otros lo están haciendo pero no con el suficiente éxito y el llamado va entonces a que los colombianos no renuncien a la gratuidad del servicio de la salud. El Estado está obligado a darle un margen de oportunidad a la gran mayoría de colombianos en condiciones de inequidad, desigualdad, de falta de acceso a este servicio. Un segundo elemento, muy importante como antecedente, por subrayar es que, hace muchos años, hemos venido intentando conseguir el reconocimiento en la medida en que se nos debe respetar como pueblos diferentes, distintos. En ningún caso pueblos pobres y hundidos en la mayor condición de miseria. No, somos pueblos diferentes y la Constitución del 91 así lo recoge. En su preámbulo señala con mucha claridad que no es posible la oportunidad de un país en tanto no se reconozca la convivencia como un factor importante. Y desde luego, el reconocimiento de un país, como lo ha hecho también en su 7º Artículo la Constitución, pluriétnico y multicultural. En ese mismo margen nos están dando la opción a que existamos como tales, diversos, diferentes, plurales en la concepción de la salud y de la enfermedad en este particular caso.

  Con el paso del tiempo para la institución del Gobierno se ha constituido en un gran problema la oportunidad de concretar, en términos prácticos, estos postulados políticos constitucionales. Por esta razón hoy nos hemos visto obligados a tratar de forzar la institucionalidad del Estado para que nos den la oportunidad de reconocernos como unos pueblos con oportunidades, como he subrayado insistentemente de diversidad. Hemos presentado una iniciativa de ley que, en primer término, busca aterrizar la Ley 100 dentro del margen de la Constitución que acabo de señalar y no que se entienda que los colombianos todos somos iguales y, por lo tanto, todos debemos ser medidos en la oportunidad que nos ofrece la Ley 100 sin discriminación, en términos positivos, alguna.  Ahora, esta iniciativa en el primer momento se hundió porque pedíamos que al tiempo que existe el Régimen Contributivo y el Régimen Subsidiado, existiese el Régimen Especial Indígena. Y es bueno señalar aquí que los mismos indígenas, y lo cuento con mucho dolor, se han constituido en un obstáculo a la posibilidad de concretar esa posibilidad que es muy importante, la de crear un tercer Régimen. Desde luego, dentro del marco de la Ley 100. Por esto esta iniciativa se hundió. Nuevamente la presento. Esta vez se ponen de acuerdo los indígenas y ya nos toca presentar una iniciativa muy tímida, digo yo. Muy tímida en  la medida en que por fin hay un relativo consenso entre el Ministerio de la Salud y las organizaciones indígenas. Y busca tres elementales aspectos que subrayo hoy, entre otros. El primero, reconocer que existen las administradoras indígenas y, en esa medida, estas ARS no podrían ser sujetas de la liquidación como el Estado con un decreto lo está ordenando. En segundo lugar, buscamos atender a la mujer indígena y a sus niños, de manera que, las condiciones de desnutrición, siendo tan graves y las causas de tantas enfermedades graves sean atendidas mediante un subsidio alimentario.

De esta manera, creo que estamos evitando profundizar la crisis en salud que hay en estas comunidades. Alimentemos a la mujer y al niño indígena a través de un subsidio que debe existir para este fin. En tercer lugar, esta misma iniciativa está buscando atender de manera urgente, prioritaria e inmediata a  las víctimas de las catástrofes. Y entre las víctimas de las catástrofes estamos localizando precisamente a los desplazados por la violencia y la guerra que estamos viviendo. Luego entonces, la Ley está ordenando que todos estos indígenas, e incluso los negros, porque la Ley tiene una intención más étnica que indigenista. De manera que aquellos desplazados por la violencia puedan ser atendidos de manera urgente por este mandato, el de la Ley que está en trámite que, por fortuna, lo aprobó la Cámara con el número 199 y en el Senado con la denominación 067. Pasaron los 2 debates. Tenemos la objeción del Gobierno que, entre otras cosas, no entiendo. Me parece que es una objeción que obedece a una actitud absolutamente ilusa e ignorante de los caracteres fundamentales de ese acuerdo político que se llama la Constitución. No obstante, guardo la fe y la esperanza en que esa objeción será negada por el Congreso.

 

SC.- Hablemos algo de las Administradoras del Régimen Subsidiado creadas en las comunidades indígenas. ¿Ha sido positiva la experiencia?, ¿Han dado buenos resultados, en su opinión?

 JP.- Tienen muchas limitaciones estas Administradoras porque a la larga el Régimen, el orden que les imprimen, es un Régimen que no permite atender algunos casos excepcionales. El POS, por ejemplo, no está incluyendo algunas enfermedades de gran ocurrencia entre nosotros. Por ejemplo, el tema de la dentadura, éste es un tema delicadísimo. Porque es que, a la larga, los Gobiernos ven el problema de la dentadura como un asunto muy secundario y resulta que entre los indios éste es el problema que está generando el mayor nivel de desnutrición y esto hay que atenderlo con urgencia, con prontitud. Parece que no está convenido así  por este ordenamiento. Por ejemplo, enfermedades de cirugía complicadísima como el de los ojos, que he visto muchos casos entre los indígenas, y no obstante, la OIC por ejemplo, en el caso del Cauca, no puede atenderlos porque el ordenamiento que hay no permite que se atienda este tipo de enfermedades. Pero, a la inversa, los indígenas, sobretodo, los que aún tenemos prácticas ancestrales de la medicina tradicional, no hacen uso, por ejemplo, de la clínica para ser atendidos en las urgencias de partos porque nosotros lo podemos hacer, y sin costo alguno. Tenemos unos costos que son muy elementales pero no tan cuantiosos como los que requiere la comunidad de Occidente. Así que estas diferencias hay que conciliarlas porque aquí hay un derroche, un desaprovechamiento de los recursos. Y lo único que nosotros procuramos es que pudiéramos acompasarlas de manera que el factor diversidad permita un buen uso de los recursos que el Estado tiene.

 

SC.- Senador, en ese sentido, primero quiero aclarar que la Ley 100 habla de un POS igual para todos los colombianos, cosa que no está pasando ahora con las diferenciass entre el Contributivo y el Subsidiado. El Subsidiado se quedó en un POS limitado. Pero, lo que usted ha dicho significaría la posibilidad de generar también y normar un POS propio para las comunidades indígenas que, por ejemplo, incluya estas prioridades de salud oral que en muchos aspectos no hacen parte siquiera del POS contributivo, de modo que se repartan, evidentemente, los costos en otra forma distinta. O sea, no necesariamente implica un costo per cápita distinto sino una adecuación  de este POS que debería ser parte de la norma que adecúa tanto la administración de los servicios como la prestación y los mismos servicios.

  JP.- Absolutamente de acuerdo, yo espero que nos vaya bien en esta iniciativa que está en trámite de manera que si hay que seguir avanzando en la reglamentación, en el aterrizamiento de la Ley 100, pues vamos a tener que hacerlo y en ese sentido es que el tema de la salud oral requiere un tratamiento muy, muy particular que habrá que revisarlo con el cuidado debido y, además, instituciones como la que ustedes están agenciando permiten que nosotros podamos alcanzar los elementos técnicos, científicos para sustentar, porque es que a la larga, a pesar de que se dice que el Congreso es de lo más atrasado que hay en materia de conocimientos y de desarrollo, de manejo científico, los conceptos, a la larga, no están así. Allá se requiere una sustentación muy madura, muy evolucionada, muy objetiva, de manera que no de margen a polémicas innecesarias. Y en esa condición, en ese ambiente, perfectamente nos podemos mover y allí es donde tenemos una de nuestras mayores carencias.

 

SC.-Dos preguntas más, Senador. La primera tiene que ver con un movimiento de las comunidades indígenas por el intento de algunas trasnacionales de patentar medicina indígena y sustancias indígenas. Hay un movimiento latinoamericano. Inclusive hubo en Washington el año pasado protestas porque ciertas firmas internacionales querían patentar el yagé y algunas otras sustancias de la medicina indígena. ¿Usted tiene alguna información al respecto ?

  JP.- En algún momento decíamos que nosotros lo único que teníamos ahora era el conocimiento y la palabra. Todo lo demás nos lo robaron e incluso hasta la propia dignidad. Porque con una visión autocrítica sí que es bueno decir que muchos de los indígenas de Colombia a falta de dignidad se están prestando para ese tipo de trueques, de negociaciones, que facilitan a las grandes trasnacionales oportunidades grandísimas de acabarnos de aplastar. En ese marco es bueno señalar que nosotros intentamos desde todas las posibilidades que tenemos, y con todos los esfuerzos posibles, evitar que haya ese robo. Y creo que aún no ha llegado con toda la fuerza con que deberían haber llegado ya porque, ciertamente, los conocimientos ancestrales, para el avance de la ciencia, ya es un terreno muy avanzado, y no necesitarían gastarse los años que necesitaran para concluir las bondades de algunas plantas medicinales porque nosotros ya las tenemos. Ese conocimiento es nuestro, nos lo deben respetar. Pero, claro, necesitamos ponernos a la altura del manejo del argumento y de la palabra, con conciencia del derecho, para que sean respetados. Yo creo que ése es el escenario al que aspiramos algún día llegar con toda la fuerza necesaria.

 

SC.- La última pregunta tiene que ver con un debate que alguna vez se tuvo con el Ministerio de Gobierno sobre el Régimen Subsidiado. Es decir, las normas que protegen a las poblaciones indígenas se dan, fundamentalmente, en razón de una forma de vida y una organización social y económica distinta. Es decir, se trata de que no se pueden aplicar normas individuales a agrupaciones que tienen una forma social, cultural y económica de funcionar colectivas. En ese sentido, siempre he tenido la duda de si se debe considerar el respeto a la diferencia y la vulnerabilidad porque viven en comunidad, en una sociedad distinta, con una economía distinta o el problema se debe mirar exclusivamente desde el punto de vista genético. Es decir, para hablar de los subsidios en salud, ¿Los subsidios en salud se deben dar a una persona porque pertenezca biológicamente a la etnia indígena, así sea una persona rica, que tenga su propio negocio, que este desvinculado de su sociedad y cultura; ¿o se deben otorgar al grupo que vive en comunidad, en una organización económica y social distinta?.

  JP.- Ha hecho carrera una pregunta categórica:  ¿Quién es indígena en Colombia? Para llegar al alegato del Derecho y de los derechos fundamentales de estos pueblos. Y, personalmente, entre tantas respuestas que hay para ella, yo me quedo con la respuesta ésta de que el indígena es aquél que acata, reconoce y propicia el desarrollo del derecho que los indígenas tienen, de la Ley que los indígenas tienen, de la norma que ancestralmente han proveído y han mantenido. Ése es un indígena. Ése es miembro de un pueblo indígena, cualquiera sea su nombre con que en el camino pudiéramos reconocer. Si la Ley es la que nos permite a nosotros reconocernos como tal, las que ancestralmente hemos tenido; además, habrá que adicionarle el resto de respuestas que podamos encontrar para esta pregunta. Me parece a mí importante rescatar la figura del colectivo como un derecho fundamental. Nosotros hemos conseguido oponernos, hemos conseguido resistir con relativo éxito a la violencia de la invasión en todos sus matices. Precisamente porque hemos sido capaces de vivir en comunidad. Y viviendo en comunidad necesariamente tenemos que entender que tenemos unas leyes ancestrales que respetamos y procuramos cumplir en todo momento. Así entonces, por más que yo sea un senador, y por más que en algunos momentos tenga que vivir en Bogotá, yo soy sujeto del derecho de los pueblos indígenas, primero, y, después del derecho a ser colombiano. Primero mi identidad fundamental y, en segundo lugar, la identidad que, por razones políticas, a nosotros nos han impuesto. Yo creo que, si nos movemos en este marco, vamos a tener una oportunidad brillantísima de podernos entender entre colombianos.

 

SC.- Senador, ¿Hay alguna cosa que quisiera adicionar respecto a los problemas de salud de las comunidades indígenas?

  JP.- Importante sería decir que, en América Latina, somos algo así como el 14% como masa representativa de la población humana. En Colombia, somos el 2%. Ese 2% no se ve representado en términos que permitan a esta comunidad conseguir alcanzar un nivel de igualdad al resto de los colombianos. Por esto, la discriminación positiva es una necesidad, es una urgencia, y hay que tutelar hasta donde más se pueda esa figura política que es muy importante, Si así es, conviene que el tratamiento especial en salud sea una oportunidad para que alcancemos algún día el nivel de vida que tienen los colombianos, porque es que además, por muy graves que sean muestras condiciones de vida en Colombia, definitivamente la esperanza de vida de cualquier colombiano es muy superior a la esperanza de vida de los indios. Así que sí queremos subrayar esa parte del tratamiento especial como un elemento muy importante que permite nuestra vida, si no en felicidad, porque en Colombia está muy difícil vivir en felicidad, sí por lo menos en condiciones de acceso real a los derechos que tenemos.

 


Regresar a portada