Editorial

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Editado en Bogotá D.C.

No se trata de excluir, sino de incluir

La reciente tendencia a excluir grupos de personas de los beneficios de la seguridad social en el Régimen Contributivo es francamente preocupante y, miradas en conjunto las últimas normas expedidas, revelan todo lo opuesto a los principios de equidad y universalidad, que son la esencia de la Ley 100 de 1993 y el mandato de la Constitución de 1991.

Se comenzó por decretar la suspensión el pago de la licencia de maternidad a las mujeres que no estuvieran afiliadas al Sistema durante todo el período de gestación. El efecto de la medida es que ningún patrón puede dar trabajo a una mujer embarazada, pues en tal caso tendrá que asumir el pago de la licencia de maternidad. El resultado se traduce en un grave problema social de discriminación de la mujer embarazada, o posiblemente embarazada.

En segundo lugar, se decretó el no pago de la incapacidad en todos aquellos casos en que los tratamientos estén excluídos del Plan Obligatorio de Salud. El efecto de la medida es que los trabajadores con trastornos mentales u otras patologías o procedimientos de larga duración que no están cubiertos por el POS, dejarán de recibir el salario mediante la seguridad social, es decir que se acaba con la garantía existente hace muchos años de continuidad del ingreso familiar. El resultado es otro grave problema social, que sin duda generará un conflicto entre empresas y trabajadores, y de seguro acabará forzando a los patronos a deshacerse de trabajadores con problemas mentales u otros problemas graves que no correspondan a los absurdos criterios de prevalencia o de costo contenidos en el POS.

En tercer lugar, se decreta el incremento de la base de cotización para el servicio doméstico, de medio a un salario mínimo. El efecto de la medida, frente a una evasión conocida del 80% de los patronos de la responsabilidad de afiliar al servicio doméstico, no será distinto de una mayor evasión. El resultado, otro grave problema social de desprotección de este grupo, que repercute también en los posibles aportes para pensión, para ratificar la característica de servilismo, cuando no de esclavitud, en esta supuesta relación laboral.

En cuarto lugar, se incrementan de nuevo los requisitos para que las parejas de trabajadores puedan afiliar a los padres de uno de los cónyuges. El efecto de la medida, que ascendió al 150% de la UPC del grupo familiar los aportes mínimos de los cónyuges para poder afiliar a los padres será el retiro de más ancianos de la seguridad social. El resultado, otro grave problema social consistente en la desprotección progresiva de los ancianos no pensionados.

Se podrían seguir enumerando otra serie de medidas generales destinadas a reducir los costos de salud e incapacidades para las EPS y el Sistema, que acaban por generar desprotección social, generar violencia social y, en muchos casos, trasladar los costos de atención al Estado. Algunas de ellas se justifican sobre la base de unas supuestas "reglas para el control de la evasión" (Artículo 3o. Decreto 47 del 2000), pero el efecto real es la exclusión de las personas del Régimen Contributivo y de la seguridad social entendida fundamentalmente como la garantía de continuidad y estabilidad del ingreso familiar ante los riesgos de enfermedad e incapacidad.

Se trata, además, de la exclusión progresiva de los más débiles: mujeres embarazadas, enfermos mentales, muchachas del servicio doméstico, ancianos. En fin, si este es el camino para "defender el Sistema de Seguridad Social en Salud" como alegan quienes impulsan tales medidas, quizás no estemos seguros de querer defender un sistema (con minúscula) excluyente y violento, en el que nos han querido convertir aquel otro Sistema (con mayúscula) destinado hacia la igualdad de todos los colombianos en el derecho a la salud.

 


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