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Editado en Bogotá D.C.
La crisis del ISS, del aseguramiento a la prestación
La severa crisis financiera del Instituto de Seguros Sociales (surgida a partir de la administración de Carlos Wolf Isaza, que llevó a la entidad a perder cerca de medio billón de pesos al año), comenzó siendo un problema de todo el Instituto, cuando se evidenció que los ingresos, en grave descenso, ya no permitían cubrír todos los gastos, si se presupuestaban y apropiaban debidamente las reservas para las pensiones patronales (cinco años de pensión anticipada que paga el ISS por convención a sus trabajadores), y estas dejaban de ser pagadas injustamente con los recursos del seguro de Invalidez, Vejez y Muerte de todos los colombianos.
Posteriormente, la crisis financiera dejó de ser un problema global del ISS, cuando las pérdidas se atribuyeron a la EPS del ISS, y se le cargaron contablemente los grandes gastos laborales de la institución. Por eso en el "Presupuesto de la Verdad", el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda recomendaban "Reestructurar el sistema salarial o prestacional del Seguro Social o liquidar la EPS que hoy tiene un déficit de más de un billón de pesos y cuyos costos administrativos representan cerca del 40% de sus ingresos, cuando para estar en equilibrio no debería ser superior al 16%."
Pero como señalara Salud Colombia en esa oportunidad, "La segunda de las inconsistencias (del documento justificatorio del presupuesto del año 2000) se centra en que el alto costo salarial y prestacional del ISS no corresponde a la EPS sino a las IPS, así como el alto costo administrativo tiene también relación con el manejo de personal y suministros de las IPS. La falta de separación de los negocios es la culpable de tales confusiones. Adicionalmente, la subida de 18 puntos en los costos administrativos de la EPS desde el informe de la OIT de Marzo de 1998 no resulta creible sin los soportes correspondientes."
Efectivamente, el problema aterrizó finalmente en las IPS, a las que se traslada ahora contablemente el pasivo prestacional, pero a las cuales se les exige responder de un momento a otro descentralizadamente por las enormes nóminas y la alta carga prestacional, ambas negociadas y decididas centralmente durante muchos años en la presidencia del ISS. Por supuesto que esto no evidencia precisamente un proceso de descentralización saneado, sino una forma de trasladar el problema y ponerlo en cabeza de los directivos de las clínicas, que ahora serán los responsables de enfrentar una grave crisis no ocasionada por ellos, estrategia de desplazamiento que se utilizó también con los hospitales públicos.
Realizado el desplazamiento de responsabilidades, se amenaza con el cierre de las instituciones que no resulten rentables considerando la totalidad de la carga prestacional, o que no se reestructuren (presenten el plan de reducir la nómina en 15 días) para hacer compatibles los ingresos con la estructura de gastos. Las cinco clínicas más grandes del Instituto, comenzando con la San Pedro Claver, son desde luego las que presentan mayores excesos de personal e imposibilidad absoluta de mostrar en las condiciones ahora exigidas una operación rentable.
Sin duda la reestructuración es necesaria, pues aprovisionando todos los pasivos, las pérdidas de la clínica más grande de Bogotá y del país superarían 50.000 millones de pesos por año y los de las cinco clínicas más grandes cerca de 200.000 millones de pesos. Las restantes clínicas en el país sumarían otros 200.000 millones de pesos, según el presidente de la institución, Jaime Arias. Hay que reconocer, por tanto, que el Gobierno y la administración del ISS decidieron enfrentar finalmente el grave problema institucional, que antes nadie quiso enfrentar, por supuesto por consideraciones políticas.
Es necesario igualmente aclarar que el exceso de personal y la baja productividad ha sido la característica de muchas de las grandes clínicas del ISS, especialmente de la San Pedro Claver, desde muchos años atrás, donde los profesionales de la salud y los sindicatos se consideraban intocables y no aceptaban ninguna exigencia de productividad, acudiendo adicionalmente a denunciar a los directivos que pretendieran racionalizar la institución, o recortar privilegios, so pretexto de que pondrían en riesgo la ciencia y la vida de los pacientes si no se les permitía trabajar con los más altos estándares internacionales.
Por el contrario, en los centros de atención básica del ISS, en Bogotá y muchas otras ciudades del país, profesionales y empleados trabajaban sin descanso, en horarios estrictos, con mínimos recursos y sin la infraestructura adecuada para enfrentar la gran demanda de servicios ambulatorios. La inequidad, pues, existió siempre al interior del ISS y está en el trasfondo de la crisis que finalmente se enfrenta. Ella fué posible en la medida que políticos y sindicalistas se pusieron implícitamente de acuerdo para no pisarse los callos y conservar sus privilegios.
Jaime Arias, en un foro a mediados de 1995, acusaba al presidente del sindicato de base del ISS, Saul Peña, de no haber permitido que el Gobierno se retirara de la institución en la reforma de 1993, para que en manos de trabajadores y patronos se volviera una entidad más eficiente, alejada de los compromisos clientelistas. Explicaba que, por terquedad del sindicato -cuando ya la Comisión Séptima había logrado convencer al Congreso y al Gobierno-, no se logró tal propósito, lo que tarde o temprano iba a significar el fin de la institución.
Este enfrentamiento ha pasado ahora del foro a la realidad, pues ambos están dentro de la instituciín y deben remediar una crisis que se vuelve insostenible. Sin duda las alternativas planteadas por el Gobierno y la administración no son de buen recibo para los sindicatos, pero de seguro estos se verán obligados a ceder en parte sus privilegios en la inminente negociación de la convención colectiva, dando paso a algún grado de racionalización del gasto en las clínicas, pues de lo contrario la alternativa no es otra que la continuación de la tragedia que significa para los ciudadanos el contínuo cierre de hospitales en el país.