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La crisis hospitalaria: muchas causas y pocas soluciones

La crisis de los hospitales públicos del país sigue avanzando estrepitosamente, debido a los múltiples factores que desencadenan la problemática financiera de estas instituciones. Entre tanto el Gobierno insiste en mostrar principalmente una cara de la situación, la relacionada con los gastos excesivos de personal y aborda el problema fundamentalmente desde esta perspectiva, aunque en la práctica busca incrementar también los ingresos del sector por concepto de impuestos y fuerza traslados presupuestales para apagar incendios. Sin embargo, es evidente que de no abordar integralmente la situación, no aparecerá la luz al final del tunel.

Para que no se piense que existe intención de ser derrotistas o alarmistas en este análisis, simplemente se transcriben en primer lugar apartes de la exposición de motivos del proyecto de ley 35 de 1999, sobre el monopolio de juegos de suerte y azar para financiamiento de la salud, suscrita en Septiembre por los Ministros de Hacienda y Salud, reproducidos de la Revista Cabildo Nuúmeros 92 y 93, donde se afirma:

"En la actualidad el sector salud atraviesa la peor crisis de su historia. Con un déficit reconocido de más de 400.000 millones de pesos. Esta cifra es el resultado de la acumulación de muchos años de déficit operativo y de endeudamiento, hasta el punto en que hoy la viabilidad del sector salud colombiano es dudosa, si no se obtienen de forma urgente recursos para su financiación permanente, con consecuencias nefastas para los catorce millones de colombianos que aún no están cubiertos por el sistema de seguridad social integral en salud."

"La crisis financiera del sector es un hecho público y notorio; en todos los departamentos la operación de servicios de salud pública se encuentra en déficit; por ejemplo, solo en el departamento de Santander el déficit es cercano a cien mil millones de pesos".

"Así mismo, la situación financiera de los hospitales de mayor importancia y trayectoria en el país es calamitosa; resultan ilustrativas de esta realidad las siguientes magnitudes del déficit financiero de los siguientes hospitales para el presente año:

Hospital Rosario Pumarejo de Valledupar ($15.456.000.000)
Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta ($14.233.000.000)
Hospital Universitario de Cartagena ($9.203.000.000)
Hospital San Diego de Cereté ($9.392.000.000)

Las demás instituciones de la red hospitalaria pública se encuentran en una situación similar, razón por la cual es imperioso obtener fuentes permanentes de recursos para financiar los servicios públicos de salud, hasta el punto en que hoy depende la vida de muchos colombianos de las alternativas que encontremos para la financiación de este servicio público"

Estas frases revelan en primer lugar la magnitud de la crisis. En segundo, demuestran que el Gobierno reconoce como parte del problema de financiamiento del sector tiene que ver con la escasez de ingresos y no sólo con el exceso de gastos. Revelan igualmente un gravísimo desánimo e impotencia, si no incapacidad, al señalar que "la viabilidad del sector salud colombiano es dudosa", frase por demás absurda en boca de cualquier autoridad y máxime en la de los Ministros de Salud y Hacienda, pues no se están refiriendo a una institución en particular, ni a la función estatal siquiera, sino a un sector que, como tal, siempre existirá, independientemente de cómo se dirija y cómo se financie, independientemente de quien organice o preste los servicios e independientemente de quien gobierne o si los gobernantes lo consideren viable o no.

Ahora bién, si la desafortunada expresión no tenía otra intención que señalar que el Sistema de Seguridad Social en Salud (no el sector), así como va, no es financiable para justificar el proyecto de ley por el cual se pretenden triplicar los ingresos al sector salud provenientes del monopolio del Estado sobre los juegos de suerte y azar, no cabe duda que se debe estar de acuerdo, y las cifras que se agregan son suficiente demostración.

En lo que no hay necesariamente acuerdo es en la visión global sobre las causas de la crisis actual y por tanto en las posibles soluciones, por lo cual conviene revisar todos los factores que desencadenan la problemática financiera de las Empresas Sociales del Estado.

1.- El exceso de gastos de personal: El incremento de 18.632 empleados en el Sector Salud oficial del país entre 1994 y 1997, contribuyó a originar, junto con la nivelación salarial iniciada en 1995, el déficit sostenido de los hospitales públicos del país.

La nómina oficial de los departamentos ascendió de 86.693 funcionarios en 1994 a 105.235 en 1997. En tiempos completos el incremento fué de 84.504 en 1994 a 102.325, es decir 17.821 tiempos completos equivalentes, según reveló el "Censo del Recurso Humano y Dinámica Salarial del Sector Salud Oficial", publicado por el Ministerio de Salud y difundido en la XXVII edición de Salud Colombia.

La publicación, entre cuyos autores figura la exministra de salud, Maria Teresa Forero de Saade, revelaba igualmente que el salario básico promedio de los funcionarios del sector ascendió en el periodo 1994-1997 de 223.418 pesos a 546.166. En pesos constantes de 1997, el aumento va de 397.957 a 546.166 pesos, es decir significa el 37.24% en términos reales, (48,5% menciona el estudio) sin contar las prestaciones ni la prima de productividad implantada, como tampoco la nivelación de 1998.

Es necesario precisar, sin embargo, que la conversión en de los hospitales públicos en Empresas Sociales del Estado y el énfasis y desarrollo de los sistemas administrativos y de facturación, generó necesariamente un incremento de la planta de personal de las instituciones a partir de 1995. Igualmente la bonanza de recursos de 1993 a 1995 había generado incrementos de personal.

Sin duda, la descentralización y autonomía para los nombramientos, sin mayores responsabilidades en un comienzo, y los intereses clientelistas, que han operado y siguen operando sobre las instituciones de salud, fueron igualmente las causas del crecimiento exagerado de las nóminas.

2.- La reducción de los aportes tradicionales del Estado: La disminución en pesos constantes de la Rentas Cedidas comenzó a partir de 1996, por el mal comportamiento de loterias y licoreras departamentales. La reducción del Situado Fiscal comenzó en 1997, pero ha sido especialmente dramática la reducción de la disponibilidad de estos recursos para la prestación de servicios.

Tres objetos específicos del gasto que deben extraerse previamente del Situado Fiscal total para salud son responsables de esta reducción. El principal es el Situado Fiscal Prestacional, para el pago de los aportes patronales, que para 1999 ya absorve el 37% del total del rubro. Esta obligación, que ha sustraido tan importante porcentaje de recursos antes dedicados a los pacientes, se deriva precisamente de la Ley 100 y su efecto no fué debidamente estimado.

En segundo lugar se encuentra la transformación de recursos de oferta a la demanda, que absorve para 1999 el 16% del Situado Fiscal. Este porcentaje, muy inferior al del mandato legal inicial, pero ajustado a la reglamentación expedida posteriormente, ha podido ser compensado por la venta de servicios a las EPS y ARS, aunque no por igual en los distintos niveles de complejidad.

En tercer lugar se cuentan los recursos para Promoción y Prevención, que por Ley deben representar el 10% del Situado Fiscal, los cuales sólo alcanzaban un 4% en 1996 y superan el 8% a partir de 1998.

3.- El incumplimiento de los nuevos recursos: La Ley 100 de 1993 destinó nuevos recursos al financiamiento del Régimen Subsisiado de Seguridad Social en Salud. El primero de ellos el 1% que aportan todos los cotizantes del Régimen Contributivo, el único que se está cumpliendo a cabalidad. El segundo, los recursos que el Gobierno debía girar a la Cuenta de Solidaridad, en igual cuantía al aportado por los trabajadores, para el financiamiento del Régimen Subsidiado, que se vienen esfumando progresivamente, sin importar las presiones en sentido contrario, de los sindicatos en el Plan Nacional de Desarrollo, o de la Corte Constitucional.

En la práctica se vienen acercando a cero, pues aún si por orden de la Corte se deben incorporar al presupuesto, siempre queda el recurso de aplazar el compromiso o, cumplirlo nominalmente, incluyendo tales dineros en el presupuesto, pero retirándolos posteriormente como recursos no ejecutados. Recientemente, en la aprobación de la Ley de Presupuesto , se contracreditaron 63.780 millones, es decir el 75% de los aportes del presupuesto nacional en 1999 a dicha cuenta (84.500 millones).

El tercer aporte contemplado en la Ley, derivado de la riqueza petrolera de Cusiana y Cupiagua ha sido burlado en su totalidad, a pesar de que se atraviesa por una bonanza en el precio internacional del crudo.

4.- La transición de recursos de la Oferta a la Demanda sin criterio: Si bien la transición de recursos de la oferta a la demanda, es decir la reducción de un porcentaje del situado fiscal y las rentas cedidas que pasaron a financiar el Régimen Subsidiado han podido ser compensadas globalmente por las ventas de los hospitales a las Administradoras del Régimen Subsidiado y por mayores ventas a las EPS del Régimen Contributivo, existen grandes diferencias entre las instituciones y por regiones.

Resultó poco menos que absurda la decisión plasmada en la ley 344 de 1996 de aplicar a rajatabla porcentajes de reducción de los presupuestos de oferta que financian los hospitales en todos los departamentos, sin contemplar la muy diferencial e inequitativa cobertura del Régimen Subsisiado en el país, sin considerar igualmente las inequidades previas en la disponibilidad de recursos de oferta frente a la población con necesidades básicas insatisfechas.

Finalmente, sin tener en cuenta la diferencia entre las instituciones de salud en a la posibilidad de vender servicios al Régimen Contributivo y al Subsidiado, pues el medio seguro del Régimen Subsidiado no cubre la mayor parte de las atenciones especializadas que desarrollan los hospitales de segundo y tercer nivel y cubre todas las de primer nivel. Este hecho, significó mayor posibilidad de venta de servicios a los hospitales pequeños y menor a los especializados y universitarios. A partir de 1998 fué tenido en cuenta por el Ministerio, que recomendó a los departamentos reducir en mayor grado el presupuesto de oferta a los hospitales de primer nivel, aunque el daño a los hospitales de segundo y tercer nivel ya estaba hecho para entonces.

Aunque el proceso de transformación aplicado sin criterio alguno fué finalmente detenido por la Ley del Plan, dejó sensibles heridas especialmente en los hospitales de la Costa Atlántica y los departamentos con altos niveles de pobreza y baja cobertura del Régimen Subsidiado. También generó excesos presupuestales y de gasto en algunas regiones, especialmente en instituciones del primer nivel, verdadero doble pago por la atención a la población pobre que después es dificilmente reducible.

5.- La baja cobertura de la Seguridad Social: La cobertura de la seguridad social en salud debía haber alcanzado el 80% de la población para 1999, conforme al plan trazado inicialmente, con 21 millones en el Régimen Contributivo y 12 millones en el subsidiado, e incluso establa planeado el incremento final de cobertura del Plan Obligatorio de Salud a partir de 1999.

La realidad es que sólo contabamos 12.5 millones de afiliados en el Régimen Contributivo y ocho y medio millones en el subsidiado hasta el mes de Octubre (incremento a nueve millones), es decir con una cobertura del 50%, 30% en el contributivo y 20% en el subsidiado, por lo que continúa sin seguridad social cerca de la mitad de la población colombiana. Aún separando al 5 o 10% con mayores ingresos de este grupo poblacional que vive alrededor del sector informal y cerca de un millón de personas afiliadas a regímenes especiales, quedan más de 17 millones de colombianos, que se definen como vinculados por Ley, a cargo de los hospitales públicos o Empresas Sociales del Estado.

El presupuesto de oferta disponible per cápita en los hospitales públicos del país para estos 17 millones de colombianos (aportes por 2.1 billones), es inferior a los 100.000 pesos, si se descuentan al menos otros 50.000 per cápita para los 8.5 millones de afiliados al Régimen Subsidiado en las atenciones no cubiertas por el Plan Obligatorio de Salud. Sabido que la atención anual de una persona cuesta cerca de 300.000 pesos (pago que se le hace a las EPS por el POS completo en el contributivo), es facil advertir que los recursos no permiten cumplir con la demanda de esta población, aún si existiera plena eficiencia.

Si la cobertura de la seguridad social hubiese alcanzado las metas previstas, los hospitales tendrían que atender tan sólo a ocho millones de colombianos con los recursos de oferta y lograrían duplicar las actuales cifras de venta de servicios (un billon estimado para 1999).

6.- El bajo nivel de desarrollo administrativo: Sin duda, pese a los esfuerzos desarrollados desde el Ministerio de Salud, a través del Programa de Mejoramiento y el truncado Programa de Sistemas Municipales de Salud, el grado de desarrollo administrativo de muchas instituciones hospitalarias sigue dejando mucho que desear.

Consituyen aún verdaderas islas o excepciones las instituciones con buen manejo gerencial y alto desarrollo administrativo. Las razones tienen que ver con muchos aspectos, desde la inercia de viejas entidades públicas, que simplemente gastaban los recursos enviados por la nación, pasando por el componente político de los nombramientos, a pesar de la mejoría en la estabilidad de los gerentes, hasta la constitución de Juntas Directivas sin capacidad real de supervisar y asesorar a la gerencia. También con el bajísimo nivel de exigencia y formación de los gerentes en muchos de los actuales postgrados de administración y gerencia hospitalaria.

El modelo único de dirección y administración de las Empresas Sociales del Estado, así como el modelo único de gestión, implantados desde el nivel nacional no sirven para estimular a las regiones. La competencia de modelos de gestión hospitalaria, como se da entre regiones de otros países, podría generar alternativas y desarrollos válidos, con colaboración de las universidades, de los gremios, de las empresa privada o de los mismos trabajadores organizados, esquemas capaces de superar las dificultades del modelo actual, impuesto por la normatividad central. Los departamentos y distritos deberían ser progresivamente liberados para reestructurar totalmente estas instituciones, según sus circunstancias y posibilidades.

8.- Los Problemas de Liquidez: No se requieren muchas explicaciones para comprender que el atraso en los pagos de cientos de miles de millones a los hospitales por parte de las Empresas Promotoras de Salud y Administradoras del Régimen Subsidiado, agrava la situación de las instituciones, incorporando al déficit presupuestal un serio problema de liqudez.

Cuentas de cobrar que equivalen al 20% del presupuesto anual de la institución u ocho meses de venta de servicios en promedio, de acuerdo con la evaluación realizada por la Superintendencia Nacional de Salud en el primer semestre de 1999, sin duda afectan el funcionamiento de las instituciones.

8.- La crisis financiera: Por último, aunque aún puedan citarse otras causas menos importantes, es necesario señalar que llevados los hospitales a complicadas situaciones dé déficit (400.000 millones según señalaban los Ministros de Salud y Hacienda, además de grave situación de iliquidez (aprox 300.000 millones en cuentas a más de 90 días), las posibilidades de operar de los hospitales se vuelven realmente difíciles.

Ante la disminución de recursos, se ven afectados los rubros de suministros y servicios generales, dada el inelástico comportamiento de los gastos de personal. Entre 1996 y 1997 se redujeron del 27 al 24% en promedio y la crisis siguió profundizándose. Algunos hospitales, en peor situación, han visto cerrarse definitivamente las puertas de los proveedores, por lo cual todos los principios de eficiencia en los servicios y todas las posibilidades de aumentar los ingresos por venta de servicios se van a pique.

Cuando los hospitales llegan a este punto de crisis, la situación se torna irreversible con las medidas normales, deviene el cierre progresivo de los servicios de la institución, hasta llegar al no pago de salarios y, entonces, deben entrar en juego medidas de emergencia.

Llevados progresivamente a situaciones más profundas de crisis, los hospitales públicos perderán progresivamente la capacidad de competir (de la que partieron) con las instituciones privadas, frente a los usuarios y a las Empresas Promotoras de Salud y Administradoras del Régimen Subsidiado, lo que significará la imposibilidad de subsistir a mediano plazo.

Señalados los ocho puntos, cabe concluir que el problema de los hospitales públicos es en última instancia el problema del Sistema y debe ser abordado desde esta compleja perspectiva, de modo que el hecho de recortar el gasto de personal o el de conseguir partidas presupuestales, pueden servir para solucionar la crisis inmediata, pero no se constituyen en la verdadera solución, definitiva y de largo plazo, para las Empresas Sociales del Estado.

 

Los indicadores de gestión hospitalaria 1998

Los hospitales de segundo y tercer nivel del país no tuvieron un buen 1998 y posiblemente tampoco tengan un buen 1999, pues al parecer, todos los esfuerzos por mejorar su gestión resultan opacados por la crisis financiera estructural que afecta a estas instituciones.

De acuerdo con las cifras mostradas en el informe anual del Programa de Mejoramiento de los Servicios de Salud, del Ministerio de Salud, mientras entre 1996 y 1997 los hospitales lograron un resultado excelente, al incrementar su productividad en un 5% (y disminuir en igual porcentaje sus costos, pues no aumentaron sus recursos en dicho período), entre 1997 y 1998 redujeron su producción global moderadamente.

El número total de egresos disminuyó de 1.079.747 a 1.073.918, mientras que el número de consultas externas se redujo de 5.173.703 a 5.123.393, las cirugías de 518.721 a 514.643 y los partos de 276073 a 260703. El número de consultas de urgencia, en cambio presentó un incremento, de 4.026.885 a 4.169.412, que evidencia una situación de crisis.

Analizados por grupos, los 26 hospitales de III Nivel que hacen parte del grupo, mientras aumentaron 240 camas entre 1997 y 1998 (de 8.037 a 8.271), redujeron el número de egresos de 430.032 a 429.616, el giro cama se redujo de 53.51 a 51.94 y el promedio de estancia subió de 5.64 días a 5.75, en conjunto una caída importante de la productividad en hospitalización. el porcentaje ocupacional se redujo en consecuencia del 84.88% al 83.09%, aunque sigue siendo un alto nivel de ocupación.

Las caídas de producción y eficiencia más importantes en este grupo corresponden a los Hospitales San Juan de Dios, Materno Infantil y Santa Clara de Bogotá, seguidos de los hospitales General y San Vicente de Paul de Medellín y el Hospital San Juan de Dios de Armenia. Los peores indicadores, sin embargo, siguen siendo por mucho los del Hospital Universitario de Cartagena.

En el área de consulta muestran una ligera reducción del número de consultas externas, de 1.317.226 a 1.314.818 e incluso una reducción de las consultas de urgencias de 1.097.682 a 1.045.202.

El número de cirugías se reduce de 243.242 en 1.997 a 235.724 en 1.998 y el porcentaje de cirugías canceladas asciende del 13.62% al 14.46%. El número de partos se reduce de 100.943 a 91.826, justamente a expensas de los hospitales que redujeron su producción, salvo el Hospital San Juan de Dios de Bogotá que no desarrolla esta actividad. Entre tanto, los partos por cesarea aumentaron del 32.59% al 33.61%.

La única cifra que pareció subir del 1997 a 1998 fué el número de funcionarios, que ascendió de 22.470 a 22.581, aunque conservan la misma relación de funcionarios por cama ocupada.

Los 47 hospitales de II Nivel con más de 80 camas, que hacen parte del segundo grupo, redujeron 226 camas (de 5.893 a 5.667) entre 1997 y 1998, redujeron igualmente el número de egresos de 378.964 a 357.307, el giro cama se redujo de 64.31 a 63.05 y el promedio de estancia también se redujo de 3.83 a 3.76 días, en conjunto una caída importante de la productividad en hospitalización. El porcentaje ocupacional se redujo en consecuencia del 69.24% al 66.87%, bajando del nivel aceptable del 70%.

Las caídas de producción y eficiencia más importantes en este grupo corresponden a los Hospitales de Quibdó, Valledupar, Cereté, Aguachica, Lorica, Rioacha , Espinal, Buga, Palmira y Tulua. Los peores indicadores, sin embargo, siguen siendo con ventaja amplia los del Hospital San Pablo de Cartagena.

En el área de consulta muestran una reducción del número de consultas externas, de 1.741.782 a 1.696.243, pero un aumento ligero de las consultas de urgencias de 1.503.346 a 1.513.815.

El número de cirugías se reduce de 163.491 en 1.997 a 156.854 en 1.998 y el porcentaje de cirugías canceladas asciende del 14.41% al 15.65%. El número de partos se reduce de 110.876 a 105.641. Entre tanto, los partos por cesarea aumentaron porcentualmente del 24.21% al 24.70%.

En este grupo de hospitales, mucho más afectado por la crisis financiera, se redujo el número de funcionarios enbtre 1997 y 1998, de 16.571 a 16.257, aunque aumenta misma relación de funcionarios por cama ocupada y disponible.

Los 70 hospitales de II Nivel con menos de 80 camas, que hacen parte del tercer grupo, aumentaron 198 camas entre 1997 y 1998 (de 3.360 a 3.558, pero 130 camas corresponden a nuevos hospitales en el grupo) . Estas instituciones aumentaron el número total de egresos de 227.342 a 240.198 por la misma causa, pero puede observarse de los indicadores que el incremento de productividad no obedece a un incremento de eficiencia, pues el giro cama se redujo de 67.66 a 67.50 y el promedio de estancia aumentó ligeramente de 3.33 a 3.34 días, en conjunto una continuidad en las cifras de hospitalización. El porcentaje ocupacional se redujo también ligeramente, del 63.58% al 62.83%.

No se observan caídas de producción y eficiencia tan notorias en este grupo, que se frena o estabiliza después de una gran mejoría de los indicadores entre 1996 y 1997, correspondiente a su mayor posibilidad de venta de servicios de primer nivel de atención al régimen subsidiado, estabilidad que, por otra parte, podría ser indicativa de lo señalado por algunos directivos seccionales, en el sentido de que la crisis comienza a afectar a los hospitales pequeños.

En el área de consulta muestran una pequeña reducción del número de consultas externas, de 1.769.319 a 1.768.532, pero un aumento muy importante de las consultas de urgencias de 1.227.977 a 1.402.177, evolución poco recomendable para la calidad de los servicios.

El número de cirugías, sin embargo, aumenta un 10%, al pasar de 91.487 en 1.997 a 100.255 en 1.998, lo que coincide con la ampliación del POS Subsidiado en el campo quirúrgico y el porcentaje de cirugías canceladas desciende del 13.21% al 12.07%. El número de partos se reduce de 110.876 a 105.641, y los partos por cesarea aumentaron ligeramente del 23.50% al 23.61%.

En este grupo de hospitales se redujo el número de funcionarios enbtre 1997 y 1998, de 12.060 a 12.039, disminuyendo igualmente la relación de funcionarios por cama ocupada y disponible.

Dos pequeños grupos de hospitales especializados, los pediátricos y los psiquiátricos, hacen parte de la evaluación del Programa de Mejoramiento y son los únicos que presentan en conjunto un incremento de productividad y eficiencia entre 1997 y 1998, a partir de los indicadores estudiados..

 

Recursos para aliviar la crisis

Mediante las leyes 529, 530 y 531 de 1999 (Noviembre 2), el Gobierno y el Congreso de la República tratan de aliviar la crisis financiera de los hospitales, utilizando para ello los mecanismos de cambios de destinación y traslados presupuestales de recursos del propio sector salud o correspondientes al situado fiscal de libre destinación.

Por la Ley 530, especificamente, "los recursos excedentes de la vigencia 1998 de la subcuenta de seguros de riesgos catastróficos y accidentes de tránsito del Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud, se destinarán a financiar el programa de reestructuración de las instituciones prestadoras de servicios de salud de la red pública con el fin de garantizar su sostenibilidad financiera. El Ministerio de Salud y las entidades territoriales suscribirán convenios de desempeño, que incluirán entre otros, indicadores de gestión, en las áreas de producción, calidad, eficiencia administrativa, técnica y financiera".

Estos recursos son destinados exclusivamente al "proyecto de mejoramiento, fortalecimiento y ajuste institucional de los hospitales públicos", que incluye por supuesto la liquidación de funcionarios y "serán manejados a través de convenios con entidades financieras públicas", señala el Artículo 1o. de la Ley.

Mediante el Artículo 2o. de la misma Ley se destina el cincuenta por ciento (50%) de los excedentes de la vigencia 1998 de la subcuenta de solidaridad y garantía en salud al pago de facturas de atención en salud a la población vinculada no amparada por los regímenes contributivos y subsidiados y los eventos no cubiertos por el POS-subsidiado. Estos recursos serán distribuidos en forma progresiva y en respuesta a cumplimientos por parte de los hospitales públicos de convenios de eficiencia firmados con el Ministerio de Salud.

El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, en sesión de la última semana de Noviembre, fijó como criterio de destinación de los recursos el pago de la atención a vinculados que no haya sido cubierto por otras fuentes de financiamiento, lo que en principio señala que los hospitales deben haber demostrado una facturación superior a lo que reciben por recursos de oferta.

Lo inusual en este caso es que los excedentes de la vigencia de 1998 no corresponden con lo reportado en el informe anual al Congreso de la República, pues aparte de los rendimientos financieros y de los excedentes de la vigencia anterior, aparece un nuevo rubro de "excedentes financieros" que se incorpora por Acuerdo del Consejo al Presupuesto del Fondo de Solidaridad para posteriormente ejecutarlo conforme a lo señalado en esta Ley. En realidad se trata de mayores recaudos por concepto del 1% de solidaridad que no fueron incorporados en el presupuesto nacional, pero tal denominación origina confusión para la evaluación del Sistema.

Finalmente el Artículo 3o. de la Ley ordena que los recursos provenientes del reaforo del Situado Fiscal para la vigencia de 1998 y que se asignaron al sector Salud mediante el documento Conpes Social 047 del 17 de agosto de 1999 y aquellos del Situado Fiscal de libre asignación de la presente vigencia que no hayan sido comprometidos, serán aplicados en subsidio a la oferta a los hospitales que hacen parte de la red pública de acuerdo con la situación financiera de los mismos, una vez garantizada la transformación de subsidios para el mantenimiento de la cobertura en este último caso.

Las Leyes 529 y 531 modifican el presupuesto para hacer posibles estos ajustes y otros correspondientes al sector salud y a otros sectores. El paquete en conjunto asciende a 210.000 millones de pesos, y según señaló el Presidente Pastrana al sancionar la Ley, "Este plan es el comienzo de la reingeniería para todos los hospitales del país. El proyecto está diseñado para un billon 100.000 millones".

 


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