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Editado en Bogotá D.C.

Los derechos humanos

Mucha agua ha corrido bajo los puentes desde la publicación del papel entitulado "Los Derechos del Hombre", traducción de "Los derechos del hombre y del ciudadano" aprobados por la Convención Francesa de 1789.

En aquellos tiempos, tanto en Colombia como en muchos países del mundo, estos derechos fueron enarbolados para derribar estructuras sociales obsoletas que, cual barrotes de prisión, contenían a una burguesía pujante y deseosa de libertad de mercado, libertad de acción y libertad de pensamiento.

Pero Los Derechos del Hombre no surgieron en realidad de la declaración, sino que surgieron en ésta por ser un necesidad creada durante muchas décadas, como consecuencia del progreso económico y social de las ciudades, del desarrollo del comercio y de las comunicaciones y, a partir de las nuevas formas de trabajo y conocimiento generadas por la actividad urbana.

En las últimas décadas ha surgido en Colombia, al igual que en el resto de Latinoamérica una situación similar a la acaecida en Europa a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Como consecuencia precisamente de un etapa de enorme progreso económico y social de las ciudades, del desarrollo del comercio y la revolución de las comunicaciones, pero también a partir de las nuevas formas de trabajo y conocimiento generadas por la actividad urbana.

Estas nuevas formas de trabajar y convivir en la ciudad, generan una nueva forma de pensar sobre las relaciones económicas y sociales y sobre los derechos de los ciudadanos, forma de pensar que particularemente se desarrolló en la Constitución de 1991. El avance logrado en la carta fundamental, respecto a la concepción de los derechos de los ciudadanos y las obligaciones del Estado, fué tan dramático y arrollador como el citado de la Constitución Francesa.

Esta revolución no requirió curiosamente de barricadas ni de guillotinas para ser acordada, y parece que tampoco para ser defendida. Se va abriendo camino con el tiempo y la fuerza de la Ley, simple y llanamente porque reune cada día un mayor consenso a su alrededor. Como consecuencia, paulatinamente se exige con mayor énfasis su cumplimiento, a fin de que los derechos ya formulados se vuelvan realidad para un mayor número de ciudadanos.

Lo demostrado por la Corte Constitucional recientemente, en relación con el derecho a una vivienda digna, o lo demostrado continuamente mediante los fallos relacionados con el derecho a la salud y la seguridad social, no dan lugar a equivocación. El país después de la Constitución de 1991 es definitivamente otro, donde hay esperanzas para la mayoría de los ciudadanos.

En el sector salud específicamente, el avance en la concepción de los derechos de los ciudadanos fué tan espectacular como la socorrida transición de la mula al jet. Los derechos de los ciudadanos y las obligaciones del Estado que prácticamente no existían antes de la Ley 10 de 1990, la Constitución de 1991 y la Ley 100 de 1993, son hoy tan claros que, si por falta de recursos se le niega a algún habitante de Colombia la atención médica frente a una enfermedad y este lo acepta, es simplemente porque ignora sus derechos o porque no tiene capacidad o mínima ayuda para redactar una simple carta ante cualquier juez de la República.

Así las cosas, la duda que nos queda es si la reforma que venimos implantando avanzará lo suficientemente rápido para garantizar, a través del incremento de cobertura del aseguramiento, el derecho que ya tienen todos los colombianos a la salud y la seguridad social; o si será la justicia la que obligue a los distintos organismos del Estado a cumplir sus obligaciones bajo la fuerza de la Ley; o si será que los acuerdos de paz, es decir la guerrilla, van a obligar al cumplimiento de la Constitución y la Ley. Curiosa paradoja.

 


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