Editorial

Una publicación de Inversiones MARCHA Ltda
Editor Félix León Martínez Martín
Administración
Isabel Chaparro Leal
Servidor by Axesnet
Fotografía: Juan José Martínez Gonzalez
Consejo Editorial:

Carlos Eduardo Castro Hoyos
Alonso Restrepo Restrepo
Julio Cesar Carrillo Fonseca
Abel Fernando Martínez
Comunicaciones E.mail
Editado en Bogotá D.C.

Los pobres y sus pruebas

Se ha propagado un escándalo sobre supuestos enormes irregularidades en la afiliación de los ciudadanos pobres al Régimen Subsidiado de Seguridad Social, alboroto que si bien puede basarse en algunos hechos reales, graves sin duda, se ha sobredimensionado por falta de rigor en la evaluación de cifras aisladas.

Sin estudios serios sobre el problema, los más altos funcionarios se han apresurado a señalar primero que cuatro millones de personas no pobres se han introducido en el Régimen Subsidiado fraudulentamente, quitando la oportunidad a otros tantos pobres de recibir atención en salud. Después han afirmado incluso que cinco millones de no pobres se han colado en el Régimen, que reune un total de 8.5 millones de personas.

El primer dato corresponde a la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 1997, que calculó en 3.999.931 el número de no pobres en el Régimen Subsidiado. Sin embargo esta misma encuesta calculaba en 7.800.000 los afiliados al Régimen Subsidiado en Septiembre de 1997, cuando la afiliación total contratada a esa fecha no alcanzaba los siete millones de afiliados.

Más aún, se sabía y se denunciaba en las mismas fuentes que un porcentaje importante de los siete millones no había recibido aún el carnet de afiliación o desconocía sus derechos. Nadie se preguntó, como resultaba lógico de tales inconsistencias, que errores podría haber cometido el DANE. Fué uno muy sencillo: no preguntó por afiliación al Régimen Subsidiado sino si el ciudadano había recibido beneficios en salud por el SISBEN.

El mismo Ministerio había decretado el derecho a recibir servicios de salud con descuentos del 90 y el 95% a los pobres no afiliados al Régimen Subsidiado y del 70% al nivel 3 SISBEN que no tenía derecho a la afiliación, es decir a 11 millones de personas adicionales a los afiliados al Régimen Subsidiado, con sólo la identificación del SISBEN.

Sin rigor y sin temor alguno se apresuraron a endilgar las culpas al Gobierno anterior y a la etapa de transición supuestamente relizada sin el rigor del SISBEN, lo que no fué cierto. Si se hubieran molestado siquiera en buscar otras cifras del mismo DANE, encontrarían que la Encuesta Nacional de Hogares de Diciembre de 1996 reportó que el 69.8% de los ocupados afiliados al Régimen Subsidiado devengaban menos de un salario mínimo y que el 23.8% devengaban entre uno y dos salarios mínimos, 93.6% que corresponde estrictamente a los Niveles SISBEN 1 y 2.

No sobra señalar que el Consejo Nacional de Seguridad Social autorizó también la afiliación del nivel de pobreza o SISBEN 3 en los municipios que tuvieran excedentes de ingresos corrientes de la nación para cubrir a la totalidad de la población de niveles 1 y 2. Igual conviene aclarar que los únicos beneficiarios de recursos de demanda que no cumplieron con el requisito del SISBEN fueron en la primera etapa los de las Empresas Solidarias de Salud y que la determinación de retirarlos a mediados de 1996 no fué estrictamente cumplida.

Aparte de esta realidad, basada en las mismas decisiones de las autoridades del Gobierno y del Sistema, que implicó un bajo porcentaje de no pobres en el Régimen Subsidiado, por supuesto se detectaron algunas fallas en la aplicación de la encuesta de pobreza a nivel de los hogares, algunas irregularidades cometidas por autoridades locales y políticos inescrupulosos, hasta incluso amenazas de muerte a los alcaldes por parte de grupos guerrilleros si no incluían a muchas personas pobres que la encuesta había dejado en el borde del límite de pobreza.

Un sistema no basado en subsidios graduales, que daba todo al que tenía 48 puntos y negaba todo al que tenía 49, lógicamente origina descontento y presiones de los aún pobres en realidad (aunque no por definición numérica), que eran excluídos.

Posteriormente se ordenó no pagar los subsidios hasta la entrega y revisión exhaustiva de las bases de datos, con el fin de no cancelar lo correspondiente a millones de afiliados inexistentes y, cosa curiosa, los afiliados aparecieron en las bases de datos, de modo que lo único que se consiguió fué retardar los giros y agravar la crisis financiera de las administradoras y los hospitales.

Finalmente se tiene la absurda pretensión de conocer la identidad, con documento de identificación preciso de cada pobre adulto o niño en el Sistema y se denuncia la existencia de un porcentaje de cédulas inexistentes o que no corresponden (en el caso de Bogotá un 10% según estudio reciente).

En verdad, deberían preguntarse primero el por qué millones de adultos no cuentan con cédula para votar o por que otros tantos millones de niños no cuentan con identificación. Por supuesto no son los ricos. Y si los pobres requieren, aparte de la pobreza de su hogar, tal grado de identificación para demostrar que son pobres y obtener derechos en salud, podemos apostar que muchos de los más miserables quedarán sin ningún subsidio.

Es evidente que se requiere un proceso de actualización permanente del SISBEN en cada municipio, barrio o vereda, con participación de las mismas comunidades en pobreza, para incluir en el subsidio a los pobres que no están y sacar a quienes no deben estar, pero si los tecnócratas pretenden negar el derecho a la salud porque no tenga documento de identidad uno o todos los miembros de la familia, ojalá reciban en contestación, una vez más, un número inventado con malicia por parte de quienes en la pobreza sólo pretenden sobrevivir, o por parte de los encuestadores que llenaron tal vacio a fin de superar un requisito imposible para un porcentaje nada despreciable de colombianos pobres.


Regresar a portada