Testimonio

 

 

 

SALUD DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS

Y OTRAS ETNIAS: MESA REDONDA

 

 

En esta mesa redonda se trata el tema de la Salud de las comunidades indígenas y otras etnias en Colombia simultáneamente para Salud Colombia y Salud Andina

Tenemos como invitados a esta reunión a la Dra. SOLEDAD AGUILAR, quién se encarga de la problemática relacionada con las comunidades indígenas en la Secretaría de Salud de Bogotá, al Dr. JAIRO TERNERA,  con gran experiencia en el tema, pues viene trabajando hace muchos años en pro de la problemática de salud de las comunidades indígenas y a ALVARO TORRES, representante de la etnia Arhuaca.


 

Septiembre de 2009

 

SALUD DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y OTRAS ETNIAS

 

S.C.-- Recientemente ha habido noticias muy preocupantes, provenientes de distintas regiones del país, relacionadas con una grave situación de vida y de salud de algunas comunidades indígenas, situación que incluso desembocó en la llegada del Relator Especial de Naciones Unidas. ¿Qué pueden decir al respecto?

A.T.- Voy a hablar específicamente de la Sierra Nevada de Santa Marta,  y más concretamente de la situación en la Comunidad Arhuaca. Como todos saben son 4 etnias que pertenecemos a todo el Macizo de la Sierra Nevada de Santa Marta. Para hablar de la situación de salud hoy, necesariamente tenemos que hacer un poco de historia; primero el abandono de que han sido objeto las comunidades indígenas en todo tiempo, de parte del Estado, de la falta de presencia del estado en las comunidades, y todo el proceso de extinción de la cultura por parte de los que en su época ejercieron a nombre del gobierno, primero los misioneros en el caso de nosotros. Viene una larga historia, nosotros estamos en este momento tratando de enfrentar una situación grave en la comunidad, como se ha visto a raíz de los escándalos de muertes de niños  por desnutrición, grave, grave, y realmente tenemos que replantear las acciones, en la medida que se puede comprobar que, desde que comenzó a funcionar el nuevo sistema de salud -hasta estas alturas-, no ha respondido a las necesidades de las comunidades indígenas;  la situación y la calidad de vida de la gente o miembros de la comunidad no ha mejorado.

Si hay la presencia, y se pensó en un principio que por el hecho de haber creado unas empresas de salud indígena la situación mejoraría, pero hasta el presente no está dando respuesta adecuada, con unas connotaciones muy grandes en el caso de la comunidad; vemos que el sistema tal cual como está responde a algunas cuestiones indígenas, un nombre indígena, unas políticas indígenas, pero de todas maneras esta condicionado por una visión del sistema, una normatividad ajena a nuestra realidad, y no da lugar a que se empiecen a gestar propuestas del interior de la comunidad que verdaderamente respondan. Tendríamos que decir que las comunidades estamos soñando o estamos aspirando a que se abra un proyecto de medicina propia, de medicina tradicional indígena, que el sistema trate de incorporar esa concepción de salud de la vida a la normatividad, pero no es posible;  lo que creemos es que hay la necesidad de concretar la complementariedad y la interculturalidad en salud, pero a partir de la conformación de políticas desde el interior de la comunidad. 

En cuanto al grave problema de la desnutrición en este momento, y sus consecuencias, la tuberculosis y otras enfermedades, estamos proyectando un trabajo de soberanía alimentaria de las comunidades indígenas y tratamos de orientarlo desde la concepción ancestral de los pueblos indígenas. Es lo que en estos momentos creemos que hay que retomar, tratar de concretar, estructurar una propuesta y concretarla porque el sistema podrá complementar en muchas cosas, pero no está dando la respuesta que necesitan las comunidades indígenas.

 

S.C.-- Cuando hubo el escándalo, hace dos años, por la muerte de muchos niños en el Norte del Chocó de la comunidad Emberá, por desnutrición, abandono, etc., en una reunión en la O.P.S., se debatía la situación y cuando solicitaron mi opinión sobre lo que estaba sucediendo, respondí que en realidad me extrañaba que no hubiera situaciones peores, porque el Sistema de Seguridad Social en Salud, como lo demostraron sucesivas investigaciones de FEDESALUD, no está atendiendo a la población dispersa en el país, en la medida que paga un per cápita que se queda en las capitales de las regiones, donde éstas comunidades y poblaciones dispersas no tienen acceso y por tanto, en la práctica, no reciben ningún servicio. Tenemos el grave problema de un Sistema que no se adapta a las particularidades ni de las poblaciones dispersas ni de las comunidades indígenas, que pretende una uniformidad y unas condiciones de mercado que tampoco operan en la mayoría de territorios del país.  Tal es el problema fundamental que tiene que ver con esta situación. Como se acaba de señalar, para contrarrestar esta situación se intentó crear una Ley para darle cierta autonomía a las comunidades indígenas en el manejo de su salud, pero sólo a las más grandes y a las más organizadas.

J.T.- Se puede observar que en la Costa Pacífica y en los Llanos Orientales ha habido una gran presión de grupos armados, tanto paramilitares como de la guerrilla y narcotráfico sobre los indígenas, para volverlos jornaleros agrícolas. Esto ha terminado rompiendo la seguridad alimentaria de las comunidades porque se les prohibía cultivar para que se volvieran jornaleros. Toda esta zona de conflicto armado termina generando problemas muy complejos en la posibilidad de reproducción social y cultural de esos grupos y el mantenimiento de sus normas de salud y sus posibilidades de inserción a una vida nacional. En la Costa Pacífica y los Llanos Orientales el modelo de atención de aseguramiento no conjuga con procesos que tienen que ver con poblaciones dispersas, necesidades de manejo de mayor número de trabajadores de la salud en grupos itinerantes para acompañar los procesos de atención en salud y la necesaria adecuación sociocultural de esos procesos. Un asunto complejo es que los indígenas ganan una Ley que les permite, en teoría, que en esas zonas haya un sistema de atención en salud basado en los servicios públicos vía oferta; sin embargo, lo que hicieron, fue darle el monopolio de estos servicios en esas zonas a la E.P.S. pública CAPRECOM, que sigue operando los servicios en un esquema de aseguramiento, con unos modelos de atención de espaldas a la realidad, y aunque están llevando médicos, que resultan costosos, los ubican en puntos donde no hay condiciones de operación ni demanda de servicios, pues las comunidades no pueden pagar los costosos transportes. Realmente no generan posibilidades de incidir en la mejoría de las condiciones de salud, por cuanto no se ofrecen equipos o centros de salud móviles para llevar la prestación de servicios hacia las comunidades, ubicadas en viviendas palafíticas a la orilla de los ríos, a lo largo de enormes extensiones, poblaciones de difícil o imposible acceso por otras vías.

Ya para la zona Andina,  la zona Andina en el norte, donde está el grupo Arhuaco o en el sur donde se ubican los Wuayúu, en el Cauca y en Nariño, las condiciones han sido muy diferentes, por las posibilidades de estos pueblos de controlar, a través de las empresas propias los recursos de aseguramiento, y han tratado de desarrollar modelos de gestión. Sin embargo, también ha habido presión de grupos armados ilegales frente a los recursos de la salud, y dificultades y atentados a la misión médica en las zonas donde viven los indígenas, así como dificultades globales para que el proceso de mejora de sus condiciones generales de salud y bienestar en realidad se de con los recursos públicos;  después también hay complejidades porque el plan de beneficios es un plan de beneficios para la atención médica de las patologías prevalentes y realmente los indígenas tienen como enfermedad de base la desnutrición y (entonces) para solucionar y prevenir el problema de la desnutrición no hay opciones reales. Entonces todo el ejercicio de la soberanía alimentaria que tienen que hacer los pueblos es el esfuerzo hacia ser autónomos dentro de unos sistemas bien complejos de inserción en las economías locales y nacionales y poder amalgamar esos recursos del sector público y fortalecer su propia gestión, para ser capaces de responder a su particular problemática de salud y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones en sus zonas.

S.A.-  Yo quiero decir al respecto que estaba en el Chocó, en el momento en que salió el escándalo a los medios de comunicación y era muy curiosa la actitud que tenía la gente, porque allá es normal escuchar que los Emberá, que los indios se mueren y se mueren de estas cosas. Digamos que, en el imaginario de la gente, ya está incorporado como normal que los indígenas se mueran y que se mueran de cosas como la desnutrición o que se mueran, por ejemplo de una gripa. Un aspecto que me llamaba mucho la atención es que, digamos, para quién tiene que generar o tiene que hacer la rectoría en salud, la gobernación o la entidad de salud, para ellos el indígena se murió porque quiso, porque no accedió al sistema de salud o porque no entienden, porque no hablan el idioma y porque definitivamente un indio menos no es ningún problema. Por eso, en la medida que se regula la salud, se incluyen políticas, políticas que tampoco leen al otro, no leen a la persona, no leen al indígena y en esa medida, digamos que los indígenas en este contexto no parecen ser tan “importantes”.

 

S.C.-- Pero eso implica una posición racista..

S.A.- Claro, totalmente discriminatoria.  

J.T.- Otro asunto es que el Gobierno no contempló que ésta Ley puede servir en la zona del litoral pacífico, para que las comunidades afro-colombianas, que viven en territorios colectivos, o que en últimas se benefician de esta Ley 691 para grupos étnicos, el gobierno sólo la aplicó para comunidades indígenas, porque lo que le importa es mostrar cifras de aseguramiento, así a la gente no se le está dando cobertura, no se le esté prestando ningún servicio y no se esté mejorando la red pública general del pacífico colombiano. Resulta doloroso ver como grupos étnicos, con condiciones de vida muy difíciles, en medio del conflicto armado, ni siquiera cuentan con asistencia sanitaria regular.

 

S.C.-- Cuatro veces en los últimos seis años se ha sabido que el Ministerio de Protección Social, antes de Salud, ha intentado un proyecto de análisis y formulación de política concertado con las comunidades indígenas y nunca se escuchó sobre los resultados. Finalmente ¿Alguna vez se dio el proceso de hacer el análisis específico y crear la política  especialmente dirigida a estas poblaciones?

A.T.- En la comunidad Arhuaca, la comunidad de la Sierra, yo diría que en teoría, incluso normativamente se habla de la medicina tradicional, de la particularidad de la empresa de salud indígena, pero a la hora de la verdad impera la norma general, no da la oportunidad; entonces es muy difícil en esas condiciones, por ejemplo trabajar más con el Mamo, la parte no oficial de la salud, buscando un poco concretar lo qué sería en la práctica la medicina propia. Esto no es posible mientras la normatividad no de los espacios, no asigne los recursos para que realmente pueda surgir una propuesta desde las comunidades; cuento con la experiencia propia y es lo que estamos cuestionándonos a nivel interno: ya es hora que dejemos de pensar que del Gobierno van a salir algunas directrices, algunas cuestiones  concretas  para esto. Tienen que salir desde interior de las comunidades ¿Cómo? Tendrá que ser abierto el Sistema porque ahora te dice qué y cómo se debe hacer y no da más espacio.

 

S.C.-- Indiscutiblemente el no haber hecho la dirección del sistema un análisis, una formulación de política seria, dirigida a las comunidades indígenas y otras étnias, el no tener formulada o no tener una ley propia, no en los términos  exclusivamente de la Ley 691 de permitirles manejar su propia entidad promotora de salud, sino en términos de toda la gestión de la salud, del reconocimiento de la diversidad cultural y de la necesidad de que el mismo sistema se adapte en lo pertinente. El hecho mismo de que no se haya formulado ni trasformado en regulación dicha política, pareciera manifestar una intención de no hacerlo, de no reconocer esa diversidad, de no reconocer las diferencias,  que supone graves implicaciones.

S.A.- El tema de reconocer la diversidad va en contravía del Sistema que está planteado por la Ley 100. Digamos que en la Ley 100 meten en una economía de mercado todo lo concerniente al sector salud, medicamentos etc., una serie de cosas, mientras que lo que plantea el resto de la normatividad legal para el tema de comunidades étnicas es un proceso un poco más de reconocimiento de derechos. Digamos que ahí se genera una tensión y cuando uno ve las experiencias que tienen unas comunidades étnicas, para tratar de adecuarse a esos sistemas de salud, toda la confrontación se da porque son formas de pensamiento distinto.

 

S.C.-- ¿Y por qué la Dirección del Sistema no ha permitido que haya un acercamiento de sus políticas a las normas propias de las comunidades indígenas?

J.T.- En teoría uno encuentra los documentos y encuentra las leyes; nosotros fuimos al Congreso y tenemos la Ley, y tenemos una sentencia de constitucionalidad, que en teoría es mandataria y obligatoria, pero a los indígenas les pasa lo de siempre, lo que pasó desde la conquista con las Leyes de Indias, las leyes se acatan pero no se cumplen, entonces al no cumplirlas, y el mismo gobierno el que impulsó el modelo a través de CAPRECOM en zonas no rentables. Entonces en zonas donde la economía de mercado, el sistema de mercado no opera, que son los territorios indígenas, los territorios afro-colombianos de población dispersa. La ley está,  y entra CAPRECOM (entidad manejada desde el Gobierno) a implantar un modelo de aseguramiento, a vincular al indígena ya no por el trabajo forzado, al indígena y al negro, no a través del trabajo forzado sino por la vía del aseguramiento, para tratar de meterlo a la sociedad nacional desconociendo las realidades socio-culturales, económicas y geográficas donde esos servicios de salud no operan bajo esquemas de demanda, sino que operan bajo esquemas de oferta, mediante servicios con plena responsabilidad de lo público, que ofrecen la disponibilidad y la suficiencia del servicio médico, como garantía de derechos ciudadanos. Entonces es el mismo Estado el que vulnera los derechos, porque la única posibilidad que les ofrece es el aseguramiento, violando esa norma que tiene sentencia de constitucionalidad, y viene otro problema, en la asistencia, en el trabajo en salud con grupos étnicos, sean ellos gitanos, raizales o afro- colombianos, no se sabe donde termina la asistencia sanitaria y donde se inicia la protección social. Entonces es necesario, así lo planteaba la norma, la Ley 691 de los indígenas, frente a los problemas alimentarios trabajar sobre la seguridad alimentaria. En su momento -es una ley de hace 10 años-, planteaba que permitiera trabajar seguridad alimentaria sobre esquemas sostenibles de producción, en el entendido que a futuro se podría avanzar con apoyo público hacia la soberanía alimentaria y que en las fases agudas haya asistencia alimentaria externa, pero que la inyección de recursos permita a las comunidades reconstruir su seguridad alimentaria y ser autónomas, y eso Bienestar Familiar tampoco lo cumple. Nosotros hemos ganado allí, por ejemplo frente a la desnutrición de los niños, garantía de que este acompañamiento para la seguridad alimentaria llegara a cubrir hasta los niños de 5 años, porque la ayuda alimentaria que se da a los niños en Colombia no va mas allá de 1 o 2 años y la ley plantea de ahí en adelante lo que ha desarrollado Bienestar Familiar, los restaurantes escolares, pero los niños indígenas no van a la escuela sino que en los procesos de endo-culturación  el niño está hasta los 5 o 6 años en la casa. Los niños indígenas, en su formación básica no van a guarderías, los niños 8 o 9 años están en casa, entonces el esquema de ayuda alimentaria tiene que estar pegado a la estructura familiar.

 

S.C.-- Hay dos aspectos a considerar: las comunidades más grandes y organizadas que tienen acceso a una porción de los ingresos corrientes de la nación transferidos a los municipios, y pueden hacer algo con esos recursos,  mientras otros grupos pequeños definitivamente no tienen acceso y los pocos recursos que les llegan están amarrados al aseguramiento manejado por instituciones ajenas a las comunidades, lo que tampoco les deja opción alguna.

A.T.- Algo más, para el caso nuestro sí se le otorga a la comunidad la posibilidad de decidir si los recursos de la comunidad se van a invertir en esto, pero es igual, van muy condicionados por las alcaldías. En nuestro caso se ha optado por dedicar un 70% de esos recursos para la compra de tierras para el saneamiento de los resguardos y seguro que ya muchas hectáreas se han legalizado, pero si no hay una política de tierra en cuanto a que esos beneficios realmente traten de dar respuesta a un problema como la desnutrición, no se logra nada. Como decía antes falta también que (es el papel que estamos ahora), replanteemos que nosotros los indígenas también tenemos que decirle al gobierno “PARE” porque si seguimos las directrices, los condicionamientos, la presión de la normatividad no vamos a salir de esa problemática.

 

S.C.-- El extremo de todas estas presiones económicas y de la guerra acaban en el fenómeno más terrible de todos, que es el desplazamiento, la extradición de la tierra propia, que los pone en condiciones mucho más difíciles, y las comunidades desplazadas están llegando a Bogotá en este momento.

S.A.- Gran porcentaje de la población que vive en Bogotá en situación de desplazamiento forzado, pertenece a grupos étnicos, mayoritariamente a población afro-colombiana. Desde la secretaría hemos identificado que grupos étnicos tenemos: primero a los afro-colombianos,  después vienen comunidades indígenas. Aproximadamente hemos identificado 50 pueblos indígenas que están aquí ubicados. Digamos que una de las grandes dificultades del Sistema, hablo del sistema de atención a la población desplazada, es que se queda corto frente a las necesidades específicas que tiene la gente que está llegando acá, teniendo en cuenta la pertenencia étnica, teniendo en cuenta pues todas las tristes condiciones de las personas desplazadas. Este tema de la atención diferencial, que supuestamente está tan normada, resulta algo muy utópico, pues la gente no encuentra respuestas, no encuentra condiciones para el retorno, ni atención humanitaria de emergencia, y menos va a encontrar una ciudad cálida que brinde una respuesta acogedora a esta población. En este momento el tema es muy crítico, la gente llega con toda su carga de pobreza, también con todo ese bagaje cultural, a ubicarse en un espacio que resulta muy difícil y hostil; es una situación muy compleja.

J.T.- Hay otro problema con los indígenas y el desplazamiento, que constituye en realidad un desarraigo total. Otro de tantos problemas que casi no se registra es el desplazamiento al interior de los resguardos, que depende de las características de los grupos. Por ejemplo, no se encuentra en Bogotá mucho caucano, mucho indígena Paéz desplazado. El Paéz, con su construcción política y social en el Cauca, ha logrado moverse al interior de los resguardos y hacer desplazamientos internos que no son reconocidos oficialmente como tales. La gran comunidad se soporta solidariamente y protege a los líderes y a los comuneros y ellos están impulsando mediante las mingas de la solidaridad el hecho de que en los territorios indígenas no debe haber actores armados; es una sociedad civil fortalecida.

En otras zonas del país, como  las zonas de frontera agrícola, donde está el peso del narco-paramilitarismo y los cultivos de drogas,  la capacidad de resistencia de los pueblos y las organizaciones indígenas es muy baja, y su única salida es emigrar, es ser desplazado con infinidad de problemas. Estas comunidades no se desplazan a la cabecera del departamento, sino que llegan a la capital, y son pueblos en su gran mayoría provenientes de zonas cálidas, con vestidos no adecuados para la ciudad en la altura de la cordillera, y entonces la dignidad de su vestido termina en la indignidad de los harapos, y la dignidad de su vida en la mendicidad, porque la asistencia humanitaria no incluye siquiera ropa decente ni zapatos y se ven sometidos a unas condiciones de vivienda precarias, en inquilinatos, y su futuro no es otro que el trabajo en el semáforo, la mendicidad es un problema real en el futuro inmediato de estos grupos étnicos desplazados. Esto está llevando hacia un verdadero etnocidio, es decir lo que está ocurriendo con el indígena desplazado es todo un fenómeno de etnocidio, causado por los  grupos armados de derecha y de izquierda, por ejemplo el caso que tienen los Nucad Macú en el oriente, donde la zona del resguardo fue minada por las Farc y ahí tienen problemas muy serios la gente para poder volver a la selva y sobrevivir en ella.

S.A.- Aquí por ejemplo nos hemos dado cuenta que mucha de la población desplazada perteneciente a grupos étnicos, cuando llega, no es su primer desplazamiento, cuando la gente llega a Bogotá es porque ya ha hecho 3 o 4 desplazamientos. Bogotá no es la primera opción para desplazamientos, es la tercera o la cuarta opción, porque la gente empieza un proceso de migraciones en las ciudades intermedias, en los pueblos cercanos y continúa moviéndose hacia las capitales de departamento, hasta que finalmente llega acá. Tenemos gente hasta del Amazonas, gente desplazada que no se entiende como ha realizado todos esos procesos de movilidad y ya se encuentran ubicados en la capital.

S.C.-- Aparte de lo que hace el Relator de Naciones Unidas, para ver que está sucediendo con las comunidades indígenas en el país, porque ya es una situación de alerta máxima a nivel internacional; específicamente en salud ¿Cómo se puede presionar la exigencia de una política sanitaria? Porque aún con la Ley 100 habría posibilidades -se ha planteado en varias estudios-, de que se destinen los recursos adicionales del Plan Obligatorio de Salud otorgados a las regiones con poblaciones dispersas, para atenciones mediante equipos móviles que lleguen activamente a las comunidades. También se ha planteado que el primer nivel de atención puede ser autónomo y manejado por las mismas comunidades, eso planteaba incluso la política de empresas solidarias. Entonces, ¿Por qué no se puede hacer una adaptación? Pues ni siquiera es la ley, es la reglamentación, la que ahoga permanentemente estas posibilidades, la que no deja operar frente a las diferencias, pero eso requeriría que el Ministerio tenga clara una política dirigida a discriminar positivamente a estas comunidades.

S.A.- Si, es un tema de voluntad política. En esta coyuntura en la que estamos, por ejemplo,  no hay un reconocimiento del conflicto armado y en la medida en que yo no reconozco que hay conflicto armado, difícilmente puedo legislar sobre algo que entre comillas “no existe”.

 

S.C.-- Y si no hubiera conflicto armado, igual sería tremendo el abandono de estas poblaciones y también el no reconocimiento de las necesidades propias y de la necesidad de una política específica para las distintas agrupaciones étnicas, las poblaciones postergadas y las comunidades dispersas, y la necesidad por tanto de unos servicios de atención distintos.

S.A.- En este momento, como un caso puntual, pongo el ejemplo de la comunidad Emberá que se encuentra en Bogotá. No son reconocidos como población desplazada. Son Emberás que vienen del Chocó empujados por la presión de la extensión de los cultivos de palma, bueno por la cuestión territorial allá. Se han presentado estas dos últimas semanas y ya tenemos el caso de la muerte de una niña Emberá. Ha sido muy difícil para el Distrito brindar la atención, precisamente porque no hay un marco jurídico que reconozca que estas poblaciones están en desplazamiento y que hay que hacer unas atenciones de emergencia y todo un procedimiento, un protocolo para la atención a la población recientemente desplazada, sencillamente porque las poblaciones no son reconocidas oficialmente como poblaciones desplazadas hasta que se cumplan un sinnúmero de formulismos, entonces están en un limbo.

 

S.C.--  Pues claro, ese protocolo es complejísimo y burocrático para llegar a ser afiliados finalmente al Régimen Subsidiado de salud. En un foro hace un par de años en el diario El Tiempo un funcionario de la Secretaría contaba como una gran cosa todos los pasos y revisiones para cumplir con la norma, ante lo que manifesté que el procedimiento era absolutamente “kafkiano” para la pobre gente que llega desplazada de cualquier parte del país. ¿Alguna anotación final?

 

J.T.- Lo que pasa es que un Sistema que le entrega a la gente 120 dólares más o menos, 125 dólares persona, un sistema de demanda orientado al mercado, no sirve a las organizaciones indígenas. Los subsidios alienan, los subsidios también han llevado a que las organizaciones indígenas que tienen Entidades Promotoras de Salud (EPS),  estén también en el juego de la competencia por tener más afiliados, y en ese juego de la competencia se presentó, -yo trabajé con ellos mucho tiempo-, una dispersión organizativa y no hay una conducción desde la minga, desde las organizaciones centrales indígenas, que sea capaz de articular la política pública indígena para poder sentar el Estado a negociar colectivamente. Cuando uno les dice a los indígenas que debía existir una sóla EPS indígena, capaz de recoger todos los dineros y hacer la gestión, eso no resulta posible, y esgrimen el argumento de las autonomías y por tanto la unión no es posible y resulta una dispersión de recursos que no es solidaria entre las zonas de mayor atraso como las de la selva y llano, con sus comunidades indígenas, y la zona andina, porque también hay diferencias al interior de los grupos étnicos y algunas fuertes se terminaron convirtiendo en operadoras de la salud de los más débiles y alejados, de los más dispersos, pero bajo la lógica del aseguramiento y con el fin de obtener excedentes financieros a costa de sus propios hermanos indígenas, y no hay verdaderamente al interior de las mismas organizaciones una distribución equitativa y solidaria de los recursos de salud.

             

 

 


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